El 9 de febrero, la administración de Obama presentó su solicitud presupuestaria para el año fiscal 2017, que por segundo año consecutivo incluye una cantidad sustancial en asistencia para Centroamérica, principalmente para los países del Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras). El año pasado, la solicitud para el año fiscal 2016 de la administración incluyó una histórica petición de US$1 mil millones para ayudar a los gobiernos de Centroamérica atender la violencia generalizada, la débil gobernabilidad y la falta de oportunidades económicas que impulsan la migración de la región. La solicitud de este año, la cual es un poco más modesta, refleja los $750 millones de dólares que el Congreso estadounidense finalmente aprobó en diciembre. El monto aprobado aumentó más del doble el nivel de asistencia a Centroamérica e incluyó condiciones específicas sobre el fortalecimiento de las instituciones, la lucha contra la corrupción y la impunidad, y la protección de los derechos humanos.
En general, la solicitud de este año envía una fuerte señal del compromiso a largo plazo de los Estados Unidos a ayudar a Centroamérica abordar los factores subyacentes que provocan la inseguridad, impiden el desarrollo y hacen que muchos jóvenes, familias e individuos en El Salvador, Guatemala y Honduras dejar sus comunidades. El éxito o el fracaso de la asistencia, sin embargo, serán determinados por la estrategia detrás de la ayuda y por el compromiso y la voluntad de los gobiernos centroamericanos de cumplir su parte del trato.
¿Qué contiene la solicitud de ayuda para Centroamérica?
Según el Departamento de Estado, la solicitud de este año incluye $750.6 millones de dólares para el Departamento de Estado y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (U.S. Agency for International Development, USAID), “como parte de la inversión de la administración de $1 mil millones de dólares para continuar apoyando la estrategia de Estados Unidos hacia Centroamérica”. De la información que WOLA ha podido recabar, el presupuesto incluye los $750.6 millones de dólares para el Departamento de Estado y la USAID, $49 millones de dólares para el Departamento de Defensa (Department of Defense, DOD), $40.7 millones de dólares para el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (U.S. Department of Agriculture, USDA), y montos adicionales para varias cuentas pequeñas. La administración también pidió $2 millones de dólares para la Corporación para la Inversión Privada en el Extranjero (Overseas Private Investment Corporation, OPIC) para incentivar la inversión del sector privado. Por lo tanto, la cantidad solicitada para Centroamérica en realidad más cerca de los $885 millones (la administración estima que una modesta inversión en la OPIC y DCA incentivarán recursos privados adicionales, elevando el total que beneficiaría a la región a poco más de mil millones de dólares).
En términos generales, la solicitud demuestra que la administración se toma en serio la importancia de hacer frente a los desafíos que enfrenta la región. Por otra parte, la solicitud mantiene altos niveles de asistencia para el Departamento de Estado y la USAID para apoyar una agenda integral que va más allá del enfoque de seguridad del pasado, y en su lugar busca invertir en la gobernabilidad y en el desarrollo económico. Dentro de los fondos solicitados para el Departamento de Estado y la USAID, alrededor del 67 por ciento es para Asistencia para el Desarrollo (Development Assistance, DA) y para los Fondos de Apoyo Económico (Economic Support Fund, ESF), y sólo el 27 por ciento es para programas del Control Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley (International Narcotics and Law Enforcement, INCLE). Algunos fondos del ESF se canalizarán a través de la Oficina Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley (Bureau of International Narcotics and Law Enforcement, INL), alterando en cierto modo los porcentajes. Aun así, estas cifras significan un mayor énfasis en el desarrollo y en el fortalecimiento de las instituciones de Centroamérica, en lugar de centrarse exclusivamente en la seguridad.
Inversiones sabias son clave para la eficacia de la ayuda
Como WOLA enfatizó el febrero pasado, el gasto por sí solo no es suficiente. Al final de cuentas, los detalles y la aplicación de la asistencia determinarán si la nueva estrategia es eficaz en enfrentar las condiciones extremas en Centroamérica. Los planes de gastos plurianuales que el Departamento de Estado todavía tiene que presentar al Congreso para la asistencia del año pasado revelarán si los fondos están siendo estratégicamente dirigidos y sabiamente invertidos. Mejor información sobre los objetivos específicos, los niveles de ayuda y los programas a ser implementados en cada país, así como información sobre los indicadores de progreso que se están utilizando y sobre cómo los resultados se están definiendo, permitirán una mayor capacidad para evaluar si la asistencia de los Estados Unidos está logrando o no los resultados deseados.
Mientras el Congreso analiza la solicitud presupuestaria para el año fiscal 2017 a, junto con el plan de gastos del año fiscal 2016, debería tomar en consideración varios factores:
1. Suficiente atención se debe prestar a la expansión de programas a nivel comunitario y basados en la evidencia para reducir la delincuencia y la violencia juvenil, a la reintegración de jóvenes que buscan salir de la influencia de las pandillas callejeras y grupos criminales, y a la protección de la niñez y juventud víctima de la violencia. La evidencia sugiere que la inversión en iniciativas de prevención que busca juntar y coordinar el trabajo de grupos comunitarios, iglesias, policías, servicios sociales, y agencias gubernamentales pueden hacer una diferencia real en la reducción de la violencia juvenil y los niveles de victimización.
2. La ayuda para el desarrollo debe incluir una importante inversión en la creación de empleo, capacitación y la educación con el fin de crear nuevas oportunidades para los jóvenes.Los jóvenes con pocas oportunidades viables para estudiar y trabajar están particularmente en riesgo de reclutamiento por parte de las bandas criminales y la migración irregular.
3. Se deben respaldar programas robustos para para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, y para abordar la corrupción profundamente arraig
ada, la cual impide el acceso de los ciudadanos a servicios básicos, debilita la institucionalidad pública y erosiona el cimiento de la democracia. Comisiones internacionales contra la impunidad con la capacidad para llevar a cabo investigaciones independientes, como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), pueden desempeñar un papel crucial en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, y en fortalecer las capacidades de investigación de las instituciones nacionales.
4. El financiamiento relacionado con la seguridad debe centrarse en el fortalecimiento de cuerpos de policía civiles y las instituciones de justicia y en hacer estas instituciones más profesionales y transparentes.Los programas deben ser dirigidos hacia el fortalecimiento de la capacidad policial en general (como los mecanismos internos y externos de control, técnicas de investigación policial, el reclutamiento y la capacitación, etc.), en lugar de enfocar los recursos en unidades especiales depuradas y otros programas que tienen poco impacto en fortalecer la institucionalidad de los cuerpos policiales. También se debería prestar atención en programas encaminados a fortalecer la independencia y la capacidad de los fiscales y jueces. Los indicadores de éxito deben incluir medidas para evaluar avances en estos aspectos institucionales.
La solicitud de ayuda para el 2017 incluye financiamiento considerable para el Departamento de Defensa para operaciones en la lucha contra las drogas y la seguridad fronteriza. Se espera que este financiamiento apoye actividades relacionadas a la capacidad de interdicción aérea y marítima y el aumento en la detección y vigilancia del tráfico ilícito en Centroamérica. Preocupantemente, también apoyará unidades militares y policiales que participen en operaciones de seguridad pública. Estos recursos podrían ser mejor invertidos en apoyar programas comunitarios de prevención de la violencia, reformas de los sistemas de justicia y las policías, la lucha contra la corrupción y necesidades similares, en lugar del fortalecimiento de las capacidades de las fuerzas armadas de Centroamérica, cuyo papel en la seguridad interna está expandiendo mientras continúan evadiendo el tener que rendir cuentas por abusos de derechos humanos y actos de corrupción del pasado y del presente.
La ayuda debe estar vinculada a fuertes condiciones
Finalmente, para garantizar su eficacia, el paquete de ayuda debe ir acompañado de una vigilancia rigurosa y de la continuación de las condiciones que el Congreso sabiamente incluyó en el paquete de ayuda para Centroamérica en el 2016. La débil institucionalidad, la corrupción endémica y la impunidad generalizada son los principales factores detrás de los altos niveles de violencia e inseguridad en El Salvador, Honduras y Guatemala. A diferentes niveles, las instituciones de justicia y de aplicación de la ley en la región son ineficientes, no rinden cuentas, y con serios problemas de corrupción. La mayoría de las fuerzas policiales carecen de fondos suficientes, carecen de liderazgo, y a veces son cómplices de la actividad criminal. Hay evidencia sustancial que demuestra que las instituciones policiales y de justicia han sido infiltradas y cooptadas por grupos de criminalidad organizada. Los recientes esfuerzos para depurar y reformar las fuerzas policiales han progresado de forma limitada, y la impunidad sigue siendo la norma en los tres países.
La fragilidad de las instituciones de la región subraya la necesidad de garantizar que los gobiernos de Centroamérica cuenten con planes, presupuestos, y marcos de tiempo claros para la construcción de instituciones públicas profesionales, responsables y eficaces. El condicionar la erogación de fondos en avances medibles en materia de transparencia y rendición de cuentas, la lucha contra la corrupción en las instituciones y organismos públicos, el fortalecimiento de los sistemas de justicia y cuerpos policiales, y en la reducción de la pobreza asegurarán que la asistencia está siendo bien invertida y está abordando de manera efectiva los principales factores causas de la migración irregular.
Conclusiones
La continuación de los altos niveles de asistencia para Centroamérica es una señal de que los Estados Unidos está comprometido en tratar de abordar los factores que han hecho la región en una de las más violentas del mundo. Una inversión sabia, planes de gastos estratégicos y un enfoque prioritario en apoyar reformas institucionales, la lucha contra la corrupción y la impunidad, y la generación de empleo y oportunidades educativas para los jóvenes son factores esenciales al examinar el Congreso la solicitud presupuestaria de la administración para Centroamérica. Del mismo modo, la asistencia estadounidense no tendrá el impacto deseado si los gobiernos de Centroamérica no demuestran un firme compromiso con el fortalecimiento del Estado de derecho y no adoptan medidas decisivas para hacer frente a la corrupción, la pobreza y la inequidad. Por último, a medida que el gobierno de los Estados Unidos trabaja para implementar la asistencia del año pasado, y examina los planes de gasto de este año fiscal, se debe de hacer todo lo posible para trabajar activamente con la sociedad civil en los tres países, y desarrollar indicadores claros y pertinentes para evaluar los resultados.
