Photo by Hector Vivas/Getty Images
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El presidente Andrés Manuel López Obrador ha propuesto un paquete de reformas constitucionales que contempla transformar la composición del poder judicial, entre otros cambios. Dicha reforma podría ser votada a partir de septiembre por el Congreso federal entrante, dominado por la coalición oficialista liderada por MORENA.
A continuación, resumimos algunos aspectos y probables impactos de la reforma judicial, enfocándonos en la propuesta de elección popular de autoridades judiciales.
Elección popular de autoridades judiciales: ¿democratización o captura política?
La reforma judicial propone la elección popular de todas las personas juezas y magistradas del Poder Judicial de la Federación. Así, se cambiaría de un modelo basado en exámenes profesionales a un sistema de votación. Las personas ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), actualmente nombradas con participación del ejecutivo y del Senado, también serían elegidas por voto popular, así como las personas magistradas electorales.
Además, la reforma contempla replicar el mismo modelo en los 32 estados de México. Tal sistema de elección popular de autoridades judiciales de todos los niveles no tiene paralelo en la región.
En este nuevo esquema, las candidaturas a los cargos judiciales serían postuladas por los tres poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. De acuerdo al dictamen actual de la reforma, después de una convocatoria pública, cada poder integraría un Comité de Evaluación compuesto por personas expertas para seleccionar a un listado corto de aspirantes; dicho listado sería depurado mediante insaculación y los nombres finales serían remitidos al poder correspondiente para su aprobación.
Así, si un grupo político dominara los poderes ejecutivo y legislativo (como es el caso actual de MORENA), dicho partido tendría un papel preponderante en la integración de los Comités y/o la aprobación de las nuevas candidaturas, lo que podría resultar en un poder judicial más alineado con el partido en el poder, perpetuando, a su vez, el riesgo de influencia política en futuras nominaciones. Por esta razón, el modelo propuesto podría facilitar la captura política del poder judicial.
Asimismo, la reforma establecería un Tribunal de Disciplina Judicial, también electo por voto popular, con facultades amplias para supervisar y sancionar al personal judicial, y que estaría a cargo de evaluar el desempeño de las personas juezas y magistradas durante su primer año de ejercicio. El grupo político que captara a ese órgano contaría con una herramienta fuerte para ejercer presión sobre el resto del poder judicial.
Retroceso en el combate a la impunidad, profundización del populismo penal
Durante los últimos años, López Obrador e integrantes de su gobierno han señalado al poder judicial como responsable de la impunidad. Han exhibido continuamente a jueces y juezas por liberar personas, dando a entender que las liberaciones son producto de prácticas corruptas o formalistas y promoviendo la idea que el castigo debe prevalecer por encima del debido proceso.
Sin embargo, tal como lo analizamos en nuestro informe Transformación Militarizada, la abrumadora mayoría de los casos de impunidad en México no son atribuibles a las autoridades judiciales. Esto no significa que no haya corrupción en el poder judicial o que no sea urgente abordarla con mecanismos eficaces. Pero si se trata de ubicar dónde ocurre la impunidad en los delitos reportados por la población, esta ocurre principalmente en la etapa de investigación por parte de las fiscalías. Por su parte, del pequeño porcentaje de delitos que sí llegan ante la autoridad judicial, los jueces y las juezas suelen ratificar las detenciones en flagrancia; la imposición de la prisión preventiva es la regla; y las personas sentenciadas son condenadas en la gran mayoría de los casos.
En este contexto, la reforma judicial daría lugar a la continuación y profundización de prácticas de impunidad y abusos contra la población. Si el mensaje del gobierno es que un ‘buen juez’ es aquel que no libera a personas, lógicamente se incentiva la elección de aquellas personas candidatas percibidas como menos dispuestas a dictar liberaciones, lo cual podría debilitar aún más el control judicial sobre el actuar de las fiscalías y las fuerzas de seguridad. El resultado sería un sistema penal con incluso más margen para omisiones en las investigaciones penales y prácticas ilegales como detenciones arbitrarias, afectando desproporcionadamente a las personas más vulnerables.
En la misma línea, otra de las reformas constitucionales propuestas es una nueva ampliación del catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa (PPO). Es decir, se ampliaría nuevamente la lista de delitos en los que la autoridad judicial ni siquiera tiene la posibilidad de no encarcelar a la persona durante su proceso penal, sin que las fiscalías tengan que justificar la privación de la libertad. La PPO es de por sí una violación de los derechos humanos y trastoca seriamente el funcionamiento del sistema penal. Lejos de ampliarse, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha determinado que el Estado mexicano tiene la obligación de eliminar esta práctica.
Conclusión
El problema de la reforma judicial no radica en que la elección popular de jueces y juezas otorgue ‘demasiado’ poder a la población. El problema, por el contrario, es que la elección popular de autoridades judiciales, filtrada por intereses políticos y las fallas ya mencionadas, debilitaría la protección de los derechos humanos y la seguridad, dejando a las personas expuestas a la impunidad y el abuso.
México merece un poder judicial independiente, comprometido con los derechos humanos, así como un sistema de procuración de justicia con una mayor capacidad para esclarecer delitos y perseguir a quienes los cometen, basándose en pruebas sólidas. La reforma actualmente propuesta está lejos de avanzar hacia esos objetivos, imprescindibles para garantizar el acceso a la justicia en México
