Por Carla Álvarez Velasco, Consultora de WOLA
Definitivamente Ecuador ha dado un paso adelante en la racionalización de penas aplicadas a los delitos vinculados con drogas. Asuntos como la despenalización del consumo, la despenalización del autocultivo, la proporcionalidad de las penas en relación a otros delitos y en función del papel desempeñado en la división del trabajo dentro del narcotráfico, sin duda aliviarán la presión que existe en las prisiones ecuatorianas, permitirán la liberación de miles de personas injustamente apresadas, y permitirán la penalización adecuada de los ciudadanos según su nivel de responsabilidad.
Si bien un sector importante del Estado ha trabajado para concretar estos avances mencionados, otro sector dentro del mismo Estado ha seguido un camino con una dirección opuesta, es decir, se ha esforzado por el mantenimiento del status quo punitivo-represivo. Adicionalmente, si bien se puede sostener que no existió un debate entre la sociedad y el Estado, también se puede afirmar que no existió un debate riguroso dentro del propio Estado. Se podría sostener entonces que, en Ecuador no han existido diálogos serios respecto de las reformas a la ley de drogas y a sus implicaciones. La ausencia de reflexiones, socialización y debate ha generado muchas contradicciones en la consolidación de los cambios normativos, especialmente en el sistema penal ecuatoriano.
En conclusión, en Ecuador no existió un diálogo ampliado respecto de las reformas a la ley de drogas y/o de sus implicaciones, y que los avances conseguidos fueron el resultado de la apertura de una ventana de oportunidades políticas por parte del Estado, la cual podría volverse a cerrar, razón por la cual es de gran relevancia el activismo de la sociedad civil como protector y garante de logros obtenidos.
