(AP Photo/Dario Lopez-Mills)
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En el otoño de 2020, en menos de dos semanas, los huracanes Eta e Iota azotaron Centroamérica , el sur de México y partes del norte de Suramérica. Respectivamente, fueron la 27º y 29º tormenta Atlántica más importantes de la temporada 2020, con fuertes impactos y dramáticas consecuencias a lo largo de la región, particularmente en Honduras, Guatemala y Nicaragua. Cientos de personas murieron, más de 100.000 familias perdieron sus hogares o fueron desplazadas de alguna u otra manera, y más de 6 millones de personas fueron afectadas por inundaciones, deslizamientos de tierra y otros impactos del clima extremo.
A medida que comienza la temporada de huracanes de 2021, el daño duradero de Eta e Iota sirve como el más reciente ejemplo de los efectos desastrosos del cambio climático en una de las regiones más pobres y vulnerables del mundo. A medida que las tormentas continúan representando graves amenazas a Centroamérica, y con el lanzamiento reciente del informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus iniciales en inglés), que ilustra cómo el cambio climático afectará una región que ya ha sufrido un impacto desproporcionado por el cambio climático, los gobiernos deben buscar soluciones para los problemas a largo plazo.
Las estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) apuntan a casi US $3 mil millones en daños como resultado de Eta e Iota, muy por encima de los US $2.160 millones en daños registrados solo en Honduras.Las inundaciones masivas abatieron los rendimientos agrícolas comerciales y de subsistencia. y los expertos pronosticaron que las tormentas crearían condiciones de inseguridad alimentaria que podrían perdurar hasta el 2021.
Varios donantes como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han prometido hasta US$1.200 millones en asistencia, US$2.500 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (CABEI, por sus iniciales en inglés), casi US$31 millones de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus iniciales en inglés), más $310 millones de apoyo humanitario), y un estimado de US$21 millones de la Unión Europea. El apoyo internacional es bienvenido—pero el reto más grande es prepararse para mitigar el impacto de tormentas futuras—.
Los expertos en cambio climático del gobierno federal de EE UU y la comunidad académica dicen que estas tormentas son apenas un “adelanto” de lo que está por venir. Sin bien aún no es claro si el cambio climático implica más o menos huracanes, los expertos predicen que las tormentas actuales sólo ganarán más fuerza y volatilidad, con intensos vientos y lluvias que expandirán su potencial para afectar comunidades y economías vulnerables. Además, se pronostica que el clima se volverá cada vez más volátil como resultado de El Niño, (un fenómeno climático que causa clima extremo) y se espera que ocurra con mayor frecuencia como resultado del cambio climático. Durante largos períodos de tiempo, esto podría traducirse en ecosistemas cambiantes, difícilmente habitables por humanos.
Estos factores impulsarán a muchas personas centroamericanas a condiciones intolerables en sus países natales, causando más migración de la región. Pero para entender la magnitud del impacto del cambio climático sobre la migración, precisamos investigar las emergencias climáticas que ya han provocado graduales, pero irrefutables, daños a comunidades a lo largo de la región, más allá de Eta y Iota.
Uno de los impactos más severos del cambio climático es la escasez de alimentos relacionados con la sequía devastan a las comunidades pobres, rurales e indígenas. Los impactos del cambio climático se han sentido desde hace mucho tiempo en muchas comunidades de la región. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus iniciales en inglés), la inseguridad alimentaria relacionada con la sequía en el corredor seco de Centroamérica ha dejado a 3,5 millones de personas necesitadas de asistencia humanitaria. En 2019, 2,2 millones de personas en Centroamérica perdieron sus cosechas debido al clima errático, y 1,4 millones necesitaron asistencia alimentaria urgente. También se cree que el cambio climático ha agravado los brotes de roya del café —una enfermedad que ha costado más de mil millones de dólares de daño económico desde 2012—.
Otras investigaciones destacan la vulnerabilidad de Centroamérica mientras el cambio climático acelera. Un informe difundido por la CEPAL señala que entre 1994 y 2013, el riesgo climático afectó a Honduras más que a cualquier otro país del mundo, y Nicaragua, Guatemala y El Salvador estuvieron entre los 15 países más afectados por el riesgo climático en ese mismo período, a pesar de que la región produce menos del 0,8 por ciento de las emisiones globales netas.
Hay otro factor que aumenta la vulnerabilidad de Centroamérica, que obliga a muchos a huir de sus hogares en medio del clima cambiante: respuestas inadecuadas (y a veces negligentes) de gobiernos regionales al cambio climático.
En Honduras, el país más afectado por Eta e Iota, el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández no logró mitigar el daño causado por las tormentas. Inmediatamente antes del impacto de Eta, el gobierno promovía una campaña de turismo, a pesar de las advertencias sobre la situación de riesgo. Y una vez pasaron las tormentas, la respuesta fue “improvisada y desorganizada”, según un socorrista en tierra. Un alcalde local dijo a los periodistas que los funcionarios no respondían a las repetidas solicitudes de ayuda, a pesar del colapso casi total de la infraestructura comunitaria. Incluso meses después de los hechos, el gobierno no ha realizado reparaciones a la infraestructura ni protegido comunidades cercanas a los ríos, lo cual ha provocado manifestaciones de grupos ciudadanos.
La negligencia vista en la respuesta del gobierno Hondureño a Eta e Iota es solamente una de las manifestaciones del cambio climático sobre el país. Bertha Zúñiga Cáceres, una prominente activista indígena Lenca e hija de Bertha Cáceres (una activista ambiental asesinada por su oposición a un proyecto de desarrollo hidroeléctrico)ha argumentado que la minería y el monocultivo promovidos por el Estado debilitan la resiliencia del ecosistema para enfrentar grandes eventos climáticos, un hipótesis respaldada por investigaciones científicas.
En Nicaragua, algunos ciudadanos que sobrevivieron a un deslizamiento de tierra mortal afirman que nadie del gobierno del presidente Daniel Ortega advirtió a sus comunidades antes del huracán. También denunciaron la mala infraestructura y las interrupciones en los servicios de comunicaciones que retrasaron la llegada de los voluntarios a la comunidad para tratar de recuperar a las personas enterradas en el lodo. Los funcionarios locales a cargo de la gestión del desastre ocultaron información sobre personas muertas y desaparecidas y prohibieron a los periodistas independientes ingresar a una zona de desastre.
El gobierno también fue insensible en sus declaraciones públicas, como demuestran los alegatos de la vicepresidenta Rosario Murillo de que residentes habrían declinado una oferta de reubicación debido a su ubicación en una zona de riesgo, y su renuencia a aceptar cualquier inacción por parte de funcionarios.
La respuesta del gobierno guatemalteco, donde las tormentas afectaron principalmente a comunidades indígenas en zonas rurales con índices de pobreza extrema, no fue nada mejor. Líderes de las comunidades indígenas han señalado que no hubo apoyo federal para las operaciones iniciales de búsqueda y rescate que ocurrieron inmediatamente después de las tormentas, y que el apoyo de los gobiernos municipales se habría retrasado.
Eta e Iota exacerbaron una crisis migratoria previa a su llegada a Centroamérica. La migración centroamericana hacia Estados Unidos comenzó a aumentar de manera constante entre 2012 y 2013, con fluctuaciones a lo largo de los años debido a diferentes esfuerzos y políticas de aplicación de la ley en Estados Unidos y México. Las tendencias migratorias a fines de 2020 indicaron un aumento de migrantes que precedió a las tormentas, quienes, a medida huyen, aumentan su exposición a delitos y violaciones de derechos humanos causadas por el gobierno y grupos criminales.
A medida que cambian los patrones de precipitación y se prevé que aumenten las sequías y las olas de calor, un número creciente de personas no podrá depender más de la agricultura de subsistencia y se verá obligada a abandonar sus hogares, ya sea como desplazados internos o refugiados climáticos en otras naciones. La urbanización aumentará, con proyecciones de poblaciones urbanas que crecerán de 90 millones en 2010 a 140 millones en 2050. Dado que algunos centros urbanos importantes como Ciudad de México ya no pueden brindar servicios básicos a los residentes, esto podría significar un mayor estiramiento de los recursos, una expansión de la desigualdad, y más migrantes dirigiéndose a Estados Unidos y a otros lugares.
La ONU ha tardado en reconocer oficialmente a los refugiados climáticos: aquellos que son desplazados o pierden sus hogares debido a los desastres naturales y el cambio climático. Si bien existen protecciones para las personas en países donde la hambruna relacionada con la sequía causa conflictos armados, no existen protecciones establecidas para aquellos cuyos medios de vida se han visto afectados negativamente debido al cambio climático: una población de más de 10 millones de personas en todo el mundo, que solo podría crecer en un clima cambiante. El Banco Mundial estima que sólo México y Centroamérica tendrán entre 1,4 a 2,1 millones de migrantes climáticos para 2050.
Un fallo reciente de la ONU sugiere que existe un cierto impulso en el reconocimiento de la realidad de que las personas están siendo desplazadas debido al clima. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, ha declarado que “Si alguien tiene una amenaza inmediata a su vida debido al cambio climático [y entra a otro país] no debería ser enviado de regreso porque correría el riesgo de su vida, como en una guerra o en una situación de persecución”. Si bien sus palabras y el caso no establecen un marco legal para que las personas reclamen el estatus de refugiado sobre la base del clima, sí representan un paso en la dirección correcta para garantizar que los desplazados por el clima cuenten con el apoyo del derecho internacional.
Sin embargo, todavía existen importantes lagunas internacionales en el apoyo a las personas desplazadas debido al clima. Muchos centroamericanos desplazados buscan migrar hacia el norte, pero actualmente, ni México ni Estados Unidos tienen un sistema de apoyo para los refugiados climáticos. El senador Ed Markey y la representante Nina Velásquez han presentado una legislación que crearía una vía de reasentamiento para las personas desplazadas por el clima, pero el gobierno del presidente de Estados Unidos Joe Biden aún tiene que opinar al respecto. Otros miembros del Congreso también han pedido al gobierno de Biden que trabaje con otros líderes internacionales para abordar a las personas desplazadas por las crisis climáticas
El gobierno de Biden debe ser un líder en la comunidad internacional y establecer buena voluntad en la región, pidiendo a la ONU que reconozca a los refugiados climáticos y protegiendo migrantes climáticos de países vecinos. El gobierno también debería considerar el acceso a la protección para los migrantes climáticos de los países vecinos. Las acciones podrían incluir aumentar el número de personas desplazadas por el clima que son elegibles para programas como visas de trabajo, así como otorgar una expansión del estatus de Estado Temporario de Protección (TPS, por sus iniciales en inglés), un programa humanitaria que protege a las personas viviendo en EE UU después de huir de catástrofes en sus países natales.
Después del huracán Mitch, la peor tormenta que afectó Centroamérica antes de Eta e Iota, el gobierno de Estados Unidos respondió ofreciendo cientos de millones de dólares en apoyo, así como TPS a cientos de miles de migrantes centroamericanos. El gobierno de Trump intentó poner fin al programa, pero el año pasado el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus iniciales en inglés) extendió el TPS a los migrantes de los países afectados. Después de las tormentas, el gobierno de Honduras pidió una extensión de TPS para sus ciudadanos en EE UU, y el gobierno guatemalteco pidió protección del TPS para sus ciudadanos.
El gobierno actual ya ha mostrado un compromiso con este tema. El 4 de febrero de 2021, el presidente Biden emitió una orden ejecutiva sobre la reconstrucción y mejoramiento de los programas de reasentamiento de refugiados, a través de la cual solicita el asistente presidencial para asuntos de seguridad nacional presente un informe dentro de 180 días sobre el impacto del cambio climático en la migración, incluida la migración forzada, el desplazamiento interno y la reubicación planificada. Un informe lanzado por Refugiados Internacionales en Julio que pretende informar el informe oficial se enfoca en los impactos inevitables del cambio climático en la migración, mitigación de la necesidad migrar, y el desplazamiento, protección y formas de migrar para personas que huyen de desastres climáticos
En reconocimiento de la importancia de abordar el cambio climático, el gobierno también incluyó un enfoque en la “adaptación y resiliencia al cambio climático” como parte de la estrategia regional planificada de US$$4.000 millones para abordar las “causas estructurales” de la migración desde Centroamérica. La estrategia lanzada recientemente se centra en:
Si bien no es un “pilar” de la estrategia, se hace referencia al cambio climático como una amenaza general para la región y se hace referencia a éste en todo el documento, indicando, entre otras cosas que “Estados Unidos se asociará con gobiernos, bancos de desarrollo multilaterales, instituciones financieras internacionales y el sector privado para facilitar el desarrollo de prácticas agrícolas que garanticen que los agricultores puedan responder mejor a los impactos del cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos, que han contribuido a la inseguridad alimentaria”.
La mayoría de países centroamericanos no han abordado los retos de largo plazo del cambio climático. La construcción de la infraestructura necesaria para reducir el impacto de futuras tormentas probablemente será un proyecto de décadas. Esto implica cambiar dónde y cómo se construyen las comunidades, los tipos de cultivos que se cosechan y garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a sistemas de alerta temprana multirriesgos. Se requerirá un análisis de tendencias generales para identificar cuáles regiones tienen más probabilidades de recibir nuevos refugiados climáticos.
Un gran reto a largo plazo es la lucha contra la corrupción. Los gobiernos regionales son propensos a las acusaciones de corrupción y falta de transparencia —incluso durante la pandemia de COVID-19—, y la corrupción es especialmente común en las obras de infraestructura pública. Los organismos estatales encargados de administrar los fondos para la prevención y atención en casos de desastres naturales no han estado exentos de los escándalos de corrupción endémica. La corrupción también ha facilitado la deforestación, dejando áreas más vulnerables a inundaciones y deslizamientos de tierra. Se deben desarrollar mecanismos que aseguren que la asistencia y los préstamos terminen en las comunidades u ONG locales que los necesitan, y no en manos de funcionarios corruptos.
También se debe empoderar a las iniciativas de la sociedad civil para que asuman un papel de liderazgo tanto en el desarrollo como en la implementación de cualquier proyecto que pretenda aumentar la resiliencia al cambio climático en la región. Según la Iniciativa de Causas Raíces, un grupo que representa a actores de toda la región, menos del 5 por ciento de la ayuda extranjera de 2010-2020 se destinó a organizaciones de la sociedad civil locales y menos del 1 por ciento se gastó en proyectos clave de resiliencia como agua y saneamiento.
Muchos países centroamericanos tendrán que encontrar el balance en buscar reformas a largo plazo mientras abordan la necesidad de ayuda inmediata. Los pueblos enterrados en el lodo y decenas de familias que vivían debajo de los puentes por los efectos de las tormentas, en combinación con los impactos a mediano plazo de los huracanes, han llevado a algunas de las poblaciones más pobres de la región al borde de la desesperación.
El clima está provocando que tormentas como los huracanes Eta e Iota se vuelvan menos predecibles y probablemente más volátiles. Estas tormentas—así como otros desastres relacionados con el cambio climático, incluyendo sequías e inundaciones prolongadas—continuarán obligando a más y más personas a abandonar sus hogares.
Los gobiernos de todo el mundo aún tienen que adoptar políticas o convenciones que tengan en cuenta a los refugiados climáticos. Sin embargo, en el caso de las naciones centroamericanas que ya son vulnerables y necesitan estabilidad y resiliencia frente al cambio climático, Estados Unidos y otros países del hemisferio deben ampliar la oportunidad para que las personas desplazadas por el clima accedan a protección, mientras trabajan con organizaciones locales y nacionales y gobiernos socios para brindar asistencia técnica y financiera que ayude a las personas que enfrentan las consecuencias del cambio climático a adaptarse a la nueva realidad que presenta.
