Régimen de excepción en El Salvador: de una medida de seguridad a una política de estado

El 16 de noviembre marcó el 35 aniversario del asesinato de los seis sacerdotes jesuitas de la Universidad Centroamericana (UCA), su ama de llaves y la hija de ella. El Congresista Jim McGovern viajó a El Salvador para conmemorar el legado de éstos mártires. WOLA tuvo la oportunidad de acompañarle durante su visita, recopilando información sobre la situación de los derechos humanos y la democracia en el país. 

El Salvador enfrenta una alta concentración del poder, falta de independencia judicial y un deterioro de las instituciones democráticas, así, la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos recobra importancia debido a los fuertes vínculos de Bukele con el partido republicano y a círculos cercanos del presidente electo. 

A continuación, algunos de los principales hallazgos de la visita: 

1. Posible reforma constitucional frente a los poderes legislativos y judiciales erosionados y cooptados

Recientemente la Asamblea Legislativa eligió a dos tercios de magistrados, más dos plazas vacantes de la Corte Suprema de Justicia, en un proceso carente de transparencia, participación ciudadana, ni evaluaciones técnicas, como lo estipulan los estándares nacionales e internacionales. La Asamblea Legislativa es controlada por el partido Nuevas Ideas del presidente Nayib Bukele con una supermayoría de 54 escaños de 60. El proceso legislativo en lo general, así como la elección de funcionarios públicos, se da sin ningún debate, discusión, y participación ciudadana, lo que supone una amenaza seria a las reglas propias de un estado democrático. 

En este mismo contexto, en enero de 2025 la Asamblea Legislativa debe elegir una nueva persona para Fiscal General, cuyo rol es indispensable para la investigación criminal y el acceso a la justicia, que no ha sido cumplido debido al desborde del sistema en el marco del régimen de excepción. Sin embargo solo dos personas han presentado su candidatura, y es probable que el actual Fiscal General, Rodolfo Delgado, permanezca en el cargo.

No hay certeza sobre el tipo de reformas a la constitución que podría promover Nayib Bukele. Existe el temor de que busque institucionalizar las medidas de seguridad estipuladas bajo el régimen de excepción las cuales son violatorias a los derechos humanos y/o reformar el sistema republicano de separación de poderes y modificar la estructura organizativa del Estado, eliminando una parte de la institucionalidad y reemplazándola con otro esquema. De momento el estado de derecho se ha roto y no existe respeto y pleno cumplimiento a la constitución.

2. Al menos una de cada diez personas privadas de libertad bajo el régimen de excepción son inocentes

El Presidente Bukele reconoció recientemente que 8,000 personas detenidas bajo el régimen de excepción son inocentes y que han sido puestas en libertad. A la fecha, según datos oficiales, se encuentran 80,000 personas privadas de la libertad, producto del régimen de excepción, lo que supone que por lo menos 10 por ciento de las personas detenidas son inocentes. La puesta en libertad de estas personas es difícil de corroborar ya que la falta de transparencia, datos confiables y acceso a la información es un problema grave. 

Las fuerzas de seguridad del estado, la fiscalía y el poder judicial actúan sin ningún control ni contrapeso, operando bajo un manto de total confidencialidad. Ahora bien, el reconocimiento público que realizó el Presidente Bukele debería de ser objeto de responsabilidad estatal internacional, incluyendo crímenes bajo el derecho penal  internacional, ya que hay una aceptación expresa de violaciones a los derechos humanos, al acceso a la justicia, y al debido proceso. Por otro lado, el trabajo de documentación de organizaciones de derechos humanos y denuncias de muchas personas familiares de las personas detenidas sugieren que podría haber muchas otras personas inocentes que han sido detenidas bajo el estado de excepción. 

3. Prensa independiente y sociedad civil bajo acoso

Persiste un clima adverso que dificulta a periodistas, activistas sociales y líderes de sociedad civil ejercer su labor de veeduría y fiscalización. Detenciones como la del periodista Víctor Barahona en 2023, generan temor y demuestran que el régimen de excepción no se diseñó únicamente para perseguir y desarticular a las maras y pandillas sino también como un instrumento de represión a las voces críticas. Según la organización Cristosal, al menos 24 personas activistas han sido detenidas. La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) ha registrado 136 ataques a periodistas desde marzo a agosto de este año. Las organizaciones con las que WOLA tuvo oportunidad de conversar durante su visita condenaron la censura, el cierre de espacio cívico y la persecución de la que son objeto. Muchas personas manifestaron ser víctimas de acoso digital lo que ha provocado autocensura y zozobra. Asimismo, WOLA nota un temor generalizado de que el espacio cívico se siga reduciendo gradualmente y evolucione hacia un régimen autoritario como el de Nicaragua, donde una pareja controla los tres poderes del estado que criminaliza a las voces críticas, para quienes la única opción es el exilio o el encarcelamiento. 

4. Despidos masivos en el gobierno aumenta descontento ciudadano

Los despidos masivos que se han dado en el sector público como la Procuraduría General de la Nación, Ministerio de Cultura, personal de salud y Tribunal Supremo Electoral han generado descontento ciudadano ya que no se han respetado las garantías laborales de muchos servidores públicos. Diversos sindicatos han expuesto con preocupación su grave situación y muchos temen que debido a sus voces críticas puedan ser criminalizados bajo el régimen de excepción. Según la información brindada, existen al menos 17 sindicalistas en prisión, 50 sindicatos disueltos y más de 519 líderes sindicales despedidos, 80 de ellos después de una manifestación pacífica. 

5. El Fondo Monetario Internacional es un actor clave

La situación económica – y financiera de El Salvador se encuentra deteriorada, afectando directamente a su población y poniendo en juego la enorme popularidad del presidente Bukele. El Gobierno de El Salvador ha hecho esfuerzos para promover la inversión extranjera, así como una intensa negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la aprobación de préstamos que alivien la asfixia financiera que atraviesa. Según un reciente anuncio de altos funcionarios del gobierno anónimos, un programa de tres años que incluye un préstamo de $1.400 millones de dólares tiene una alta probabilidad de ser aprobado en diciembre. De hecho, los despidos masivos son aparentemente el resultado de uno de los requisitos del FMI, ya que éste habría exigido un ajuste entre gasto e ingreso. Para algunas personas, el presupuesto presentado es muy bueno en forma, pero no en fondo, ya que recorta importantes áreas sociales como la salud y la educación, e incrementa fondos para el Ministerio de Defensa de una manera notable. Vale recordar que para el FMI recortar la masa salarial es positivo.  

Por otro lado, en su declaración más reciente, el FMI informa de que ha llegado a acuerdos preliminares con las autoridades salvadoreñas sobre una «estrategia global plurianual» en cuestiones que incluyen la gobernanza y la transparencia. Si bien la declaración menciona la legislación propuesta sobre el lavado de dinero, corrupción y mejoras en el proceso de contratación pública, actores de la sociedad civil expresaron su preocupación de que la concepción del FMI sobre la gobernabilidad y la transparencia no parece abordar la concentración de poderes y las prácticas cada vez más autoritarias por parte del gobierno que amenazan la estabilidad financiera y el orden democrático.

Recomendaciones

Frente a este preocupante panorama, hacemos un llamado a la comunidad internacional para seguir vigilando la situación en El Salvador. 

A tomadores de decisiones en Estados Unidos:

El papel de Estados Unidos continúa siendo relevante pero la administración de Biden no ha adoptado una postura firme para denunciar las violaciones a derechos humanos cometidas en el marco del régimen de excepción ni el deterioro democrático que ha sufrido el país. Recientemente, el gobierno de Biden ha mantenido una actitud pasiva mientras que miembros del partido repúblicano han respaldado la gestión del presidente Bukele. 

El futuro Secretario de Estado de la administración de Trump, el actual Senador Marco Rubio, ha visitado El Salvador y se ha reunido con el presidente Bukele, felicitándolo por la situación de seguridad en el país. Por otro lado, varios congresistas han formado un caucus sobre El Salvador en la Cámara de Representantes para apoyar al presidente Bukele y el estado de excepción.  

En este contexto, parece poco probable que el gobierno de Estados Unidos, bajo cualquier presidente, inste a que se ponga fin al estado de excepción, a pesar de las graves violaciones a los derechos humanos que implica, aunque miembros del Congreso podrían seguir denunciando la situación, como algunos lo han hecho en los últimos años.  No obstante, hay acciones urgentes que los tomadores de decisiones estadounidenses deben considerar para atender la crisis de derechos humanos y democracia en el país: 

• Promover la rendición de cuentas mediante Instituciones Financieras Internacionales (IFIs): la corrupción y la falta de transparencia deberían ser de interés bipartidista. Dado que Estados Unidos es un mayor contribuyente financiero al FMI, Estados Unidos tiene la capacidad de vetar cualquier propuesta importante. Además, tiene su propio asiento en el Directorio Ejecutivo del FMI, que aprueba los préstamos, las decisiones políticas y otros asuntos.  En las negociaciones entre el FMI y El Salvador, Estados Unidos debe utilizar su influencia como un mecanismo de rendición de cuentas al gobierno de El Salvador.
• Imponer sanciones individuales: debido a la evidencia creíble de graves violaciones a los derechos humanos y altos grados de corrupción, el gobierno de Estados Unidos debe seguir considerando sanciones individuales bajo la Global Magnitsky Human Rights Accountability Act a oficiales del sistema de justicia. Hasta la fecha, solo se han sancionado a 6 personas salvadoreñas bajo este régimen de sanciones y este tipo de sanción es importante debido a que impacta la finanzas individuales.
• Instar a que se restablezca el debido proceso para los detenidos y oponerse a las reformas constitucionales que permiten la detención arbitraria, la prolongación de la prisión preventiva, entre otras posibles reformas.
• Llamar a la liberación de personas inocentes y que por cuestiones humanitarias deberían salir de prisión. 
• Promover a que se dispense un trato humano a las personas detenidas en virtud del estado de excepción, incluido el acceso regular a visitas familiares, específicamente a grupos vulnerables como mujeres y menores de edad.
• Instar a que se ponga fin al hostigamiento de periodistas y actores de la sociedad civil. A través de USAID y otros programas, seguir apoyando a las personas periodistas independientes y a los grupos de la sociedad civil que promueven el estado de derecho. 

Al Sistema de Naciones Unidas

• Dar seguimiento a las recomendación emitidas en el marco del Examen Periódico Universal a través de su mecanismo de coordinación interinstitucional es fundamental. Además, tener acceso a los tomadores de decisiones y establecer un diálogo con el gobierno de El Salvador resulta clave para exigir la protección del espacio cívico, el estado de derecho y la institucionalidad democrática. 

A la OEA y al Sistema Interamericano:

• Instar al Gobierno de El Salvador a abstenerse de acosar a la prensa independiente, personas defensoras de derechos humanos y la sociedad civil, por contravenir los derechos reconocidos en el Pacto de San José y otros instrumentos del sistema interamericano. 
• Otorgar medidas cautelares a periodistas y miembros de la sociedad civil en riesgo para poder proteger su integridad. 
• El Consejo Permanente de la OEA debería hacer una revisión de la situación política de El Salvador y determinar si ha habido una violación a la Carta Democrática. 

Al Fondo Monetario Internacional: 

• En las discusiones con el gobierno salvadoreño sobre un nuevo acuerdo de préstamo, buscar una mayor transparencia y acceso a la información por parte de los ciudadanos y organizaciones salvadoreñas, para permitir la supervisión de las asignaciones de préstamos y las decisiones presupuestarias relacionadas.
• La revisión de desempeño del Capítulo IV debe considerar el deterioro en la gobernanza y estado de derecho de El Salvador y servir como herramienta para instar al gobierno a adoptar medidas de mayor transparencia, anticorrupción y respeto de la institucionalidad democrática. 
• Pedir al gobierno que cumpla las normas internacionales mínimas sobre independencia judicial, necesarias para la estabilidad financiera y el clima de inversión favorable.