La información preliminar indica que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus iniciales en inglés) tuvo encuentros con 210.000 personas migrantes indocumentadas en julio de 2021, el mayor registro en un solo mes desde el año 2000. Debido al elevado número de intentos repetidos de cruzar la frontera, la cifra real de encuentros con personas distintas es menor.
Aunque el número de personas migrantes individuales aún no representa un nuevo récord, sí podría hacerlo pronto. Estamos entrando en un momento histórico de migración a gran escala. Los próximos meses exigirán de Estados Unidos una respuesta determinada, respetuosa de derechos, e innovadora —y no más represión.
En América Latina, así como en el resto del mundo, la pandemia de COVID-19 ha devastado la economía de una manera no vista desde la década de los treinta. En muchos Estados ha devastado la gobernabilidad, empeorado la seguridad pública y dejado a sus ciudadanos desprotegidos y, en algunos casos, a la merced de regímenes autoritarios. A medida que las restricciones de viaje comienzan a ser levantadas, Estados Unidos, como muchos otros países, se ha vuelto a convertir en un destino migratorio importante.
La evidencia anecdótica apunta a un aumento en el número de personas que transitan por las rutas migratorias desde México —que a finales de agosto superará su propio récord anual de solicitantes de asilo— hasta el trampolín entre Colombia y Panamá. En mayo y junio, alrededor de una cuarta parte de las personas migrantes encontradas en la frontera entre Estados Unidos y México —aproximadamente la mitad de quienes llegaron en familia— procedían de países diferentes a México, El Salvador, Guatemala u Honduras. Esto nunca antes había ocurrido.
A corto plazo, es poco lo que la administración del presidente Biden puede hacer para reducir este aumento de la migración. Sin embargo, actualmente la política estadounidense parece ir en dos direcciones opuestas.
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Por un lado, a finales de julio, la Casa Blanca publicó una serie de estrategias que establecen, en términos generales, las prioridades de la administración en materia de seguridad fronteriza, aplicación de la ley de migración, acceso al asilo, cooperación regional y abordaje de las causas estructurales de la migración de personas en la región. Basadas principalmente en las órdenes ejecutivas emitidas durante las primeras semanas de la presidencia de Joe Biden, las estrategias incluyen la Estrategia de Gestión Colaborativa de la Migración, una estrategia para abordar las causas fundamentales de la migración centroamericana y un plan para reformar el sistema migratorio de Estados Unidos.
Para complementar el desarrollo de estas estrategias, durante los últimos siete meses de la administración de Biden se han promulgado varias medidas para corregir el daño causado por las crueles e inhumanas políticas migratorias del expresidente Donald Trump, incluyendo: poner fin al programa “Quédate en México” y los acuerdos de cooperación de asilo (“tercer país seguro”); el restablecimiento y la ampliación del Programa de Menores Centroamericanos (CAM, por sus iniciales en inglés), creando un equipo para reunificar a familias separadas; y el retorno de asistencia a Centroamérica.
Por otro lado, los anuncios realizados en los últimos días sugieren un cambio en la frontera para regresar más familias de personas migrantes a su país de origen, sin garantizar que tengan la oportunidad de pedir asilo u otra forma de protección en Estados Unidos. Y mientras el “plan” de la administración de Biden afirma que el “asilo y otros métodos legales de migración deben seguir disponibles para aquellos que buscan protección”, la administración también ha permitido mantener Título 42, la política fronteriza de la era Trump que busca expulsar lo más rápido posible a adultos y familias de Estados Unidos, en ocasiones, a México.
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El Título 42, una medida promulgada por la administración de Trump debido a supuestas preocupaciones de salud pública, y que fue rechazada por expertos en la materia por no tener “ninguna base científica como medida de salud pública”, evita que la mayoría de personas migrantes puedan solicitar asilo u acceder a otras formas de protección. A principios de julio, informes de prensa indicaron que era probable que para final de mes la administración dejará de implementar el Título 42 en casos de familias solicitantes de asilo. Sin embargo, la administración abandonó ese plan, aduciendo a la variante delta de COVID-19 y a su temor por un nuevo aumento del número de personas migrantes. Actualmente, los adultos que viajan solos y las familias siguen siendo expulsados en grandes cantidades.
El “plan” de la administración de Biden también hace referencia a un anuncio del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus iniciales en inglés) de que reanudaría la deportación acelerada (expedited removal) de aquellas familias en la frontera que no pueden ser expulsadas en virtud del Título 42, lo que ha suscitado la preocupación de que los solicitantes de asilo puedan ser deportados ilegalmente si los agentes de CBP les niegan la oportunidad de solicitar protección.
Mantener el Título 42 seguirá perjudicando a los solicitantes de asilo, exponiéndolos al peligro de las ciudades fronterizas mexicanas. La deportación acelerada y la tramitación rápida de los casos de asilo a través de las cortes para las familias que llegan a la frontera, también corren el riesgo de regresar a las personas que necesitan protección precisamente de las amenazas que huyen.
A largo plazo, la administración de Biden ha desarrollado estrategias que representan un paso bienvenido para revertir el daño infligido por la administración de Trump, aumentando el acceso para protección en la región, y abordando los factores que impulsan la migración. Pero a corto plazo, las políticas de la administración actual están basadas en la disuasión y envían el mensaje “no vengan” a futuras personas migrantes y solicitantes de asilo.
A medida que la migración aumenta en toda la región durante un momento histórico difícil, nos preocupa que las estrategias de corto plazo basadas en la disuasión, podrían incrementar y hacerse más intensas. Ese sería un grave error, ya que se perdería la oportunidad para forjar un nuevo camino para otros países en el mundo que enfrentan emergencias humanitarias. Ese camino está previsto en nuestras leyes migratorias, que consagran el derecho de las personas bajo amenaza a solicitar protección en Estados Unidos.
El momento actual, al igual que los meses y años venideros, presentan un reto desalentador para los países más propensos a recibir un gran número de personas que huyen de sus propios países. Este también podría ser un punto de inflexión hacia un enfoque migratorio más humano y acogedor, lo cual dependerá de la voluntad de la administración de Biden para demostrar su liderazgo en política migratoria.
Lo anterior requiere establecer un sistema eficiente para recibir y procesar un número elevado de personas migrantes y solicitantes de asilo para así resolver de forma justa y pertinente sus casos, sin la necesidad de detenerlos. Administraciones estadounidenses anteriores de ambos partidos, se han resistido a esta solución, pero la realidad migratoria lo demanda.
Para entender este momento hay que examinar las dinámicas actuales en la frontera, la posibilidad de que la migración aumente aún más, la futilidad de la disuasión a corto plazo, y la forma en que las políticas de la administración de Biden pueden impactar las decisiones que tomen las personas migrantes y solicitantes de asilo.
Lo que vemos en la frontera entre Estados Unidos y México representa un retroceso a los patrones vistos en 2014 y 2016, y especialmente entre 2018 y 2019. En gran medida a causa de los cuatro años que pasó la administración de Trump tratando de simplemente bloquear toda la migración, el gobierno estadounidense no logró ajustar su aparato fronterizo y migratorio para adaptarse a estos patrones.
Ahora hay un elemento nuevo: un gran aumento en encuentros con adultos que viajan solos en la frontera. La devastación económica de la pandemia, y la facilidad de repetir cruces como resultado de las expulsiones rápidas bajo Título 42, ha causado un aumento en el número de personas migrantes que intentan evadir la detención.
Si bien es cierto que hay muchos casos de encuentros dobles y triples con adultos que viajan solos —algunos de los cuales son solicitantes de asilo que quieren presentar un reclamo con oficiales estadounidenses, pero que al tiempo buscan evitar encuentros con agentes fronterizos— actualmente esta población se ha casi que quintuplicado, en comparación con antes de la pandemia. Si se pone fin al Título 42 los adultos detenidos terminarían pasando más tiempo en custodia estadounidense, y podríamos anticipar menos cruces repetidos y una reducción de adultos que viajan solos.
Así mismo, desde marzo las llegadas de familias y jóvenes han aumentado considerablemente. Datos preliminares de julio de 2021 indican que 80.000 miembros de familia y 19.000 menores no acompañados fueron detenidos —ambas cifras alcanzan o se aproximan a niveles récord—. Grandes oleadas de niños y familias han aparecido de manera constante en Estados Unidos desde la primera “crisis de jóvenes personas migrantes” en la primavera de 2014, hasta la llegada de COVID-19 en 2020.
Estas llegadas disminuyeron, temporalmente, como resultado de la represión, incluyendo: el “Programa Frontera Sur” de México de 2014 y 2015, apoyado por Estados Unidos; un descenso en la migración durante los primeros meses de 2017 tras el nombramiento de Donald Trump; el cruel programa de la administración de Trump “Quédate en México”; y finalmente el cierre de la frontera por la pandemia en 2020. La migración consistentemente se recupera después de estas represiones de corto plazo, las cuales violan el derecho a pedir asilo, ignoran los problemas que causan la migración, y desconocen la realidad de que la región entera ha entrado en una etapa de migración históricamente alta.
Aun después de siete años con números elevados de personas migrantes pidiendo protección, el gobierno estadounidense no ha podido modificar la doctrina, el personal, o la infraestructura de sus agencias fronterizas, las cuales fueron diseñadas para abordar la migración económica, principalmente de los adultos que viajan solos.
Estados Unidos todavía carece de la capacidad para controlar y tramitar de manera eficiente grandes números de solicitantes de asilo no detenidos, especialmente familias y niños no acompañados.
Como resultado, cada vez que los números de personas migrantes suben, la infraestructura fronteriza estadounidense es agobiada por una “crisis”. Lo estamos viendo ahora mismo.
En marzo del 2020, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus iniciales en inglés) bajo la administración de Trump, establecieron por primera vez las disposiciones del Título 42.
Desde entonces, WOLA junto con cientos de otras organizaciones, miembros del Congreso, expertos en salud pública y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), ha pedido que se ponga fin a la política de expulsiones y que se adopten medidas para salvaguardar la salud pública mientras se mantiene la frontera de Estado Unidos abierta a solicitantes de asilo, en consonancia con la orientación legal emitida por la ACNUR y las recomendaciones de expertos en salud pública.
El Título 42 ha enfrentado múltiples desafíos legales, ya que expulsar rápidamente a las personas migrantes en la frontera sin la oportunidad de buscar protección viola el principio de no devolución —las leyes y normas internacionales que prohíben a los países devolver a los solicitantes de asilo a situaciones de peligro—. En noviembre del 2020, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus iniciales en inglés) ganó un fallo judicial preliminar que impugnaba la expulsión de niños no acompañados en la frontera en virtud del Título 42; aunque un tribunal federal de apelación emitió una suspensión del mandato judicial en enero, la administración de Biden ha permitido que los niños que no están acompañados de países no contiguos, busquen protección en el país. En enero, ACLU presentó otra demanda colectiva en nombre de las familias, que impugnaba las expulsiones del Título 42. Aunque la administración de Biden estaba en conversaciones con ACLU para poner fin a la demanda, debido a que la administración se negó a dejar de expulsar a las familias antes del 31 de julio, ACLU y otras organizaciones demandantes anunciaron el 2 de agosto que volverían a los estrados y buscarían una orden preliminar para detener su implementación. Los funcionarios de la administración insisten en que no están utilizando el Título 42 como estrategia disuasoria, y en su lugar lo presentan como una medida del CDC para evitar la propagación del COVID-19. Pero los hechos indican lo contrario.
Los funcionarios de la administración insisten en que no están utilizando Título 42 como estrategia elemento disuasoria, y en su lugar lo presentan como una medida del CDC para evitar la propagación del COVID-19. Pero los hechos indican lo contrario.
Los medios de comunicación han revelado que la decisión de adoptar el Título 42 fue inapropiadamente política: el entonces vicepresidente Mike Pence ignoró a los científicos del CDC que dijeron que “no había pruebas de que la medida frenaría el coronavirus.” La lista de expertos que insisten en que las expulsiones no son necesarias ni eficaces para frenar el COVID-19 incluye a ACNUR, Médicos por los Derechos Humanos (PHR, por sus iniciales en inglés), Harvard Public Health Review y una extensa lista de profesores de salud pública. Efectivamente, un informe de PHR de finales de julio sostiene que la aplicación del Título 42 podría empeorar la situación: “Todos los aspectos del proceso de expulsión, como el hecho de mantener a las personas en condiciones de hacinamiento durante días sin someterlas a pruebas y luego transportarlas en vehículos abarrotados, aumentan el riesgo de propagación y exposición al COVID-19”.
Los argumentos de salud pública en los que se basan las expulsiones de Título 42 tienen poco sentido. Los ciudadanos estadounidenses y viajeros “esenciales” que llegan por tierra son admitidos en la frontera sin aportar ninguna prueba negativa de COVID-19 y no hay ninguna razón para creer que tengan menos probabilidades de estar infectados. Lo mismo ocurre con los viajeros que llegan por aire, que no están sujetos a los cierres fronterizos. Durante la última semana de julio en Texas, el 11,6 por ciento de las pruebas de COVID-19 fueron positivas. Entre los personas migrantes que llegan a la frontera en la concurrida región del Valle del Río Grande de Texas, la tasa de positividad fue mucho menor (alrededor del 7 por ciento). Además, las redes de grupos humanitarios pusieron en cuarentena a las personas migrantes que salían positivo, mientras que más del 85 por ciento de todas las personas migrantes que llegaban eran vacunados por estos grupos. La administración también anunció el 3 de agosto que comenzaría a vacunar a las personas migrantes que están esperando ser procesadas por CBP en la frontera.
La aplicación inconsistente del Título 42 a lo largo de la frontera y en personas de diferentes nacionalidades también resta autoridad a la supuesta justificación de salud pública que mantiene la medida. Mientras todos los menores no acompañados de países no contiguos son procesados dentro de Estados Unidos, en este momento no es claro que existan procesos para determinar quién puede entrar al país. Las decisiones parecen muy arbitrarias o basadas solamente en la zona por donde las personas migrantes cruzan la frontera.
Las familias que vienen de México son expulsadas casi desde todos los puntos de acceso, aunque por alguna razón las expulsiones ocurren con menos frecuencia en los distritos de la Patrulla Fronteriza en el Valle del Río Grande, Del Río, y Yuma. Las familias que vienen de El Salvador, Guatemala, y Honduras son expulsadas con frecuencia en todos los puntos, excepto cuando cruzan por Tamaulipas, México, donde algunas familias (presuntamente con niños pequeños) usualmente pueden evadir la expulsión, que no es muy común para las familias de otros países, aunque una gran cantidad de familias ecuatorianas han sido expulsadas por El Paso.
Por el otro lado, los adultos que viajan solos pueden anticipar ser expulsados desde cualquier parte de la frontera, ya sea que vengan de México, El Salvador, Guatemala u Honduras. Si vienen de otros países, tienen poca posibilidad de ser expulsados, con la excepción de las zonas de El Paso y Big Bend, donde el Título 42 ha sido aplicado sobre un gran número de adultos ecuatorianos que viajan solos. Estos individuos probablemente habían tenido algún tipo de estatus migratorio en México —pero también lo han tenido muchos adultos venezolanos, quienes rara vez son expulsados—.
Tomando todo esto en cuenta, podemos ver una gran variación de resultados con respecto a las expulsiones, señalado por esta gráfica:
Tal vez por esas circunstancias, así como por el malestar político y la debacle económica regional, la frontera está experimentando un gran aumento en la migración procedente de países distintos a México y Centroamérica. Mientras representan casi la mitad de las familias, en el mes de mayo las familias de estos países “distintos” representaron justamente un poco más de la mitad de las familias no expulsadas:
Esta composición distorsionada de la población migrante puede ser un resultado directo de la aplicación inconsistente del Título 42, una incongruencia que despierta dudas sobre la pretensión de la política de que la expulsión pueda ser una medida de salud pública.
Como parte de las negociaciones de ACLU con la administración de Biden, las personas migrantes más vulnerables —aquellas que están en peligro en México, tienen problemas médicos o enfrentan otras dificultades— podían solicitar una exención de las disposiciones del Título 42 a través de un consorcio de organizaciones que trabajan en la frontera y ayudan a identificarlas y solicitar su admisión. Aunque este proceso permitió la admisión de 16.000 solicitantes de asilo, protegiendolos de un peligro inmediato, incluso las organizaciones implicadas reconocieron que el verdadero problema es que Título 42 continúe vigente.
El 30 de julio, dos de las organizaciones que formaban parte del consorcio anunciaron que dejarían de participar en el proceso, ante la incapacidad de la administración de Biden de justificar por qué continuaba con un programa que considera viola la ley internacional. Ante la reanudación del litigio dirigido por ACLU para impugnar Título 42, la administración anunció que pondría fin a las exenciones del Título 42 el 9 de agosto, pero que seguiría respetando las citas pendientes para entrar al país.
Bajo Título 42, es casi imposible que un solicitante de asilo solicite protección en un puerto de entrada terrestre. De hecho, la mayoría de solicitantes de asilo que son detenidos entre puertos de entrada por agentes de la Patrulla Fronteriza son expulsados.
Esto crea un incentivo para tratar de evitar la aprehensión, obligando a las personas a viajar por peligrosos desiertos y áreas silvestres. Como se ha señalado anteriormente, la población de personas migrantes que tratan de evitar la aprehensión,muchos de ellos adultos que viajan solos, ha aumentado durante la pandemia.
Todo esto significa que un número mucho mayor de personas está tratando de migrar a través de regiones fronterizas gravemente inhóspitas, en la época más calurosa del año. No cabe duda de que la región fronteriza está experimentando un aumento en la cantidad de personas que mueren en territorio estadounidense en estos momentos.
Un canal de televisión de San Antonio obtuvo de la Patrulla Fronteriza el recuento más reciente de restos de personas migrantes encontradas muertas en territorio estadounidense, hasta mayo de 2021. Desde 1998, la Patrulla Fronteriza ha encontrado los cuerpos de 8.258 personas que murieron por deshidratación, exposición, ahogamiento, ataques de animales y otras causas mientras viajaban por zonas desérticas. Es una cantidad enorme de muertes para un fenómeno que recibe tan poca atención.
En los primeros ocho meses del año fiscal 2021 (de octubre del 2020 a mayo del 2021), la Patrulla Fronteriza reportó el hallazgo de 203 restos. Esto es una cifra bastante alta, dado que los meses más calurosos y mortíferos del año —de junio a septiembre— no se han contabilizado, y que el suroeste de Estados Unidos ha estado registrando temperaturas más altas de lo normal. Según los datos de la Patrulla Fronteriza, para el 31 de septiembre que termina el año fiscal 2021, el actual podría terminar siendo el año más mortífero desde por lo menos el 2013.
Desde 1998, las regiones donde la Patrulla Fronteriza ha encontrado más restos humanos ha ido cambiando, desde California hasta Arizona hasta el sureste de Texas y ahora, cada vez más, por el sur del centro de Texas. En lo que va del año, la Patrulla Fronteriza ha encontrado el mayor número de restos humanos en la zona del Río Grande, una región despoblada entre el Parque Nacional Big Bend y Laredo.
La Patrulla Fronteriza es la única entidad que lleva un recuento nacional de las muertes de personas migrantes, pero “sólo incluye a las que atiende durante el curso de su trabajo”, explica The Guardian. Las organizaciones locales suelen encontrar un número más alto de personas muertas en sus comunidades.
Al mapear los datos de la oficina del médico forense del condado de Pima, el grupo Humane Borders con sede en Arizona, reportó 127 hallazgos de restos durante la primera mitad de 2021, muy por encima de los 96 registrados durante la primera mitad de 2020. Por el contrario, la Patrulla Fronteriza informó haber encontrado sólo 22 restos humanos en sus sedes de Arizona (Tucson y Yuma) desde octubre del 2020.
En el sector rural de Big Bend, en el oeste de Texas, la Patrulla Fronteriza ha encontrado 32 restos de personas migrantes en lo que va del año fiscal 2021, muy por encima de los 15 en todo el 2020 y mucho más que el máximo de 10 en el 2018.
En el condado de Brooks, Texas, a unas 80 millas al norte de la frontera entre la región del Valle del Río Grande de Texas y México, un gran número de personas migrantes mueren al tratar de eludir un extenso control de carretera de la Patrulla Fronteriza. Allí, el alguacil del condado informa haber encontrado 50 cuerpos en el año 2021, más que en cualquier año completo desde el 2017. La oficina del alguacil encontró 16 en solo junio del 2021, lo que hace que este sea el peor junio en el condado de Brooks desde el 2012.
La Patrulla Fronteriza también ha reportado un gran aumento en los rescates de personas migrantes en peligro.
Este es un año trágico para las muertes de personas migrantes en la frontera, exacerbadas por la política de expulsiones del Título 42.
Además de mantener el Título 42, la administración de Biden recientemente anunció una nueva política que está provocando indignación por parte de organizaciones humanitarias y de derechos humanos: la deportación acelerada para las familias excluidas de las provisiones de Título 42.
La deportación acelerada permite a los agentes de CBP poner a las personas migrantes en proceso de deportación en un par de horas, sin derecho a apelar la decisión ante una corte de inmigración. Prácticamente, es una tramitación rápida para el proceso de selección,una entrevista breve donde los agentes, con frecuencia, incumplen el deber de distinguir e identificar a los solicitantes de asilo que deberían ser remitidos a una entrevista de ‘temor creíble’. El hecho de que los agentes de CBP se encarguen exclusivamente de estos procesos de selección ha suscitado desde hace mucho tiempo preocupaciones sobre las garantías del debido proceso y ha aumentado el riesgo de que se realicen deportaciones erróneas.
El uso de la deportación acelerada contra familias vulnerables en la frontera implica que algunas serán deportadas de manera rápida, y serán devueltas a los peligros de los que huían, sin haber tenido la garantía del debido proceso.. Los solicitantes de asilo de raza negra e indígena corren un riesgo especial de ser deportados sin las garantías del debido proceso, dado que existen barreras lingüísticas y prejuicios raciales. Estas preocupaciones han llevado a más de 80 grupos religiosos, de immigración y de derechos humanos a pedir al actual secretario de DHS Mayorkas, que rechace el uso de la deportación acelerada.
Aún no está claro el alcance de la aplicación de la deportación acelerada por parte de la administración de Biden en la frontera, ni qué poblaciones serán su objeto principal. El DHS afirma que “determinadas unidades familiares que no pueden ser deportadas bajo Título 42 serán sometidas a procedimientos de deportación acelerada.” Un artículo publicado por The New York Times sugiere que estas “determinadas unidades familiares” probablemente serán las familias que están cruzando por el Valle del Río Grande donde, debido a la cantidad de personas y sus nacionalidades, que incluyen Brasil, Venezuela e India, el gobierno mexicano ha decidido no aceptar familias deportadas. El 30 de Julio, el DHS anunció los primeros vuelos de familias que fueron devueltas a Guatemala, El Salvador, y Honduras; sin embargo, muchas de las familias que estaban programadas para estar en estos vuelos fueron retiradas después de dar positivo en las pruebas de COVID-19, y sólo 73 miembros de estas familias fueron devueltos a sus países de origen.
El plan publicado por la administración afirma que está intentando mejorar el proceso de deportación acelerada “para determinar de manera justa y eficiente qué individuos tienen solicitudes legítimas para el asilo y otras formas de protección.” Sin embargo, no existen detalles sobre cómo piensa hacerlo.
Todavía no está claro en qué medida el uso de las deportaciones aceleradas en la frontera cambiaría el número de personas migrantes expulsadas a México a través de Título 42.
Se seguirá deportando a las personas de nacionalidad mexicana, bloqueando su posibilidad de solicitar el asilo (de hecho, el gobierno mexicano informó haber recibido 109.553 personas de nacionalidad mexicana que fueron deportadas de Estados Unidos entre enero y junio de 2021). Y mientras el gobierno de Biden sigue manteniendo los puertos de entrada cerrados a los solicitantes de asilo, miles de ellos siguen esperando en ciudades fronterizas mexicanas, frecuentemente en condiciones dramáticamente miserables, todo solo para tener la oportunidad de entrar a Estados Unidos por la “vía correcta” para solicitar protección.
Según un estimado de mayo de 2021, hay aproximadamente 18.680 solicitantes de asilo en listas de espera en ocho ciudades fronterizas mexicanas. (Es posible que no todas las personas que figuran en una lista todavía estén esperando en la frontera, y hay una gran posibilidad de que las listas estén mal contadas, pues los solicitantes de asilo podrían no querer incluir sus nombres en la lista. Los campamentos en ciudades fronterizas mexicanas como Tijuana y Reynosa evidencian el gran número de personas a la espera en tales ciudades con la esperanza de que, muy pronto, la administración de Biden reabra la frontera a los solicitantes de asilo.
Esta población es extremadamente vulnerable y es presa fácil para las organizaciones criminales que con frecuencia les roban, extorsionan y secuestran. Entre enero y junio de 2021, Human Rights First y organizaciones asociadas registraron 3.250 secuestros y otros ataques contra las personas migrantes y solicitantes de asilo expulsadas o varadas en la frontera.
Al igual que ocurrió con los solicitantes de asilo devueltos a México bajo el programa “Quédate en México“, y tras más de una década de casos documentados en los que se han cometido crímenes contra las personas migrantes y solicitantes de asilo en México, el gobierno mexicano no ha aplicado políticas para proteger a esta población vulnerable, ni ha investigado o perseguido de manera efectiva a los responsables de estos crímenes. Al mantener la frontera cerrada a la mayoría de los solicitantes de asilo y expulsar a otros de Estados Unidos, la administración de Biden sigue impulsando las políticas de disuasión perjudiciales de administraciones estadounidenses del pasado, y como consecuencia, también comparte responsabilidad frente a los riesgos que atraviesa esta población migratoria.
En años recientes, hemos visto como países alrededor del mundo manejan eventos migratorios de maneras profundamente inhumanas. La administración de Clinton detuvo a solicitantes de asilo haitianos en un campo en Guantánamo Bay y se negó a permitir que se establecieran en Estados Unidos. A mediados de la década de 2010, muchos países europeos cerraron fronteras y restringieron las leyes de asilo en respuesta a los personas migrantes que huían de Siria, Afganistán e Irak, muchos de los cuales fueron forzados a quedarse en Turquía y Libia. Actualmente, países como Chile, Ecuador y Perú han puesto límites severos al estatus legal para los venezolanos que están huyendo de su país.
La administración de Biden tiene una oportunidad histórica de demostrar que hay una manera más humana y adecuada para abordar los eventos migratorios de gran escala de la búsqueda de protección, un fenómeno que se está volviendo más común en todo el mundo. Esto significa romper el ciclo de las “crisis migratorias” y la represión fronteriza que el sistema aduanero de Estados Unidos ha protagonizado durante los últimos siete años. Requiere que la realidad guíe la política, construyendo la infraestructura necesaria para recibir, procesar y tramitar a un gran número de personas migrantes con necesidades humanitarias, y a la vez centrarse en estrategias para el acceso regional a la protección y abordar las causas estructurales de la migración.
Estados Unidos debe construir este modelo mejor, aún en un momento en el que el mundo está luchando por responder y recuperarse de la pandemia, y frente a una oposición entre una minoría que se manifiesta abiertamente en contra de las personas migrantes en su propio país. La administración de Biden ha tomado algunos pasos durante sus primeros seis meses, pero su enfoque bifurcado e inconsistente crea dudas sobre si está aprovechando esta oportunidad para modificar la estrategia de Estados Unidos frente a la migración que busca protección, particularmente en la frontera.
El primer paso hacia una estrategia nueva, consistente y respetuosa con los derechos humanos es acabar con la implementación del Título 42. Como las elevadas cifras de migración indican, la política de expulsión no está sirviendo las metas de sus partidarios: ni disuade personas migrantes, ni contiene el COVID-19.
Es probable que de levantarse el Título 42 se genere un incremento en la migración de niños y familias en el corto plazo, aunque tal vez se reduzca el número de adultos que cruzan la frontera de forma repetida. Esto puede poner a prueba la infraestructura fronteriza de una manera en que las autoridades competentes de Estados Unidos ya han enfrentado en el pasado; pero por ahora, la respuesta debe consistir en aumentar la capacidad de procesamiento, las alternativas a la detención y el procesamiento de casos.
Como WOLA expuso en un análisis a mediados de 2020, Estados Unidos tiene la capacidad de manejar un gran número de casos de personas migrantes de manera respetuosa con los derechos humanos. Y esto empieza por entender un aumento en el número de casos de personas migrantes y solicitantes de asilo como un reto administrativo, más que como una emergencia fronteriza.
Nuestros puertos de entrada pueden acomodar solicitantes de asilo sin listas de espera, sin necesidad de hacerlos depender de traficantes de personas para evadir los puertos donde la Patrulla Fronteriza trabaja. Eso requiere modernizar y asignar personal adecuado en los puertos de entrada y si es necesario, abrir centros de procesamiento de solicitudes cerca de los puertos. No es necesario que estos cuenten con agentes formados por las fuerzas de seguridad.
Las personas con reclamaciones de protección ya procesadas no necesitan pasar tiempo en detención mientras esperan fallos de esas reclamaciones y pueden ser inscritas en programas alternativos, donde sus casos son encargados a personas que monitorean a solicitantes de asilo mientras viven en Estados Unidos, asegurándose que asistan a sus citas en la corte y facilitando acceso a asesorías y otros servicios. Casos así han probado ser muy efectivos en asegurar que los solicitantes de asilo asistan a sus citas, a una fracción del costo de la detención.
En la mayoría de los casos, las solicitudes de personas migrantes para asilo o protección no deberían requerir años de espera a que las cortes de immigración decidan actuar, especialmente mientras los solicitantes se quedan dentro de Estados Unidos con sus futuros inciertos. Reducir el tiempo de espera de los solicitantes de asilo requiere incrementar la capacidad de las cortes: aumentar los jueces y juzgados, para reducir el número de casos por juez. Contratar y entrenar agentes de asilo y capacitarlos para decidir los casos de las personas que hacen solicitudes en la frontera —manteniendo la garantía del debido proceso y la capacidad de apelar a la corte de immigración— podría reducir los casos de la corte. Todo ello, sin embargo, no se debe hacer por medio de un proceso de deportación acelerada.
Por su parte, el gobierno mexicano debería tomar medidas inmediatas para apoyar la población de solicitantes de asilo, personas migrantes expulsadas y mexicanos deportados que crece constantemente en las ciudades fronterizas de México, mientras Estados Unidos y México continúan discutiendo una cooperación más profunda para abordar las causas estructurales de la migración regional.
Aparte de no obstruir el trabajo de refugios y organizaciones de la sociedad civil, el gobierno mexicano al menos debería proveer seguridad en áreas donde se sabe que los personas migrantes corren peligro, como los puertos de entrada, campamentos y estaciones de autobús, y dedicarse de manera activa a la investigación y persecución de las redes criminales que se aprovechan de las personas migrantes en estas ciudades fronterizas. A cualquier persona migrante que sea liberada de una red de secuestros se le debería dar la oportunidad de solicitar una visa humanitaria en México, con el fin de presentar una denuncia penal contra sus agresores. La recién anunciada Fuerza de Tarea Conjunta Alpha del Departamento de Justicia (DOJ, por sus iniciales en inglés) y el DHS representa otra posibilidad para coordinar con las autoridades mexicanas la investigación de redes criminales transnacionales que se aprovechan de personas migrantes, incluyendo casos de secuestro y asalto sexual.
En una era históricamente alta de migración, los líderes de los países de destino y tránsito deben escalar sus capacidades de hacer lo que la ley dicta: garantizar el derecho a solicitar asilo o protección humanitaria.
En medio de su afán por buscar evitar una “crisis fronteriza”, algunos oficiales en el gobierno estadounidense se podrían ver tentados a ignorar o retrasar el cumplimiento de la ley, recurriendo a medidas últimamente inefectivas, dudosas y crueles, como las expulsiones del Título 42, o el alentar a países cercanos a militarizar su respuesta a la migración. WOLA urge a la administración de Biden a resistirse a esa tentación.
A año y medio de una pandemia persistente, el hemisferio y el mundo entran a un pico de la migración. Este momento le ofrece a Estados Unidos una oportunidad importante para demostrar liderazgo mundial. Y ese liderazgo implica rechazar la conveniencia política, honrar los principios humanitarios consagrados en la ley estadounidense y forjar un nuevo modelo para, de manera calmada y eficiente, administrar movimientos de migración de alta escala.
