AP Foto/Esteban Felix

16 Aug 2021 | Análisis

Represión autoritaria del gobierno de Ortega busca reprimir todo disenso

Carolina Jiménez Sandoval, Felipe Puerta Cuartas y Geoff Thale

La represión de largo alcance por parte del gobierno del presidente Daniel Ortega en Nicaragua, que incluye la detención de más de tres decenas de figuras de la oposición, entre ellas siete candidatos presidenciales, socava gravemente el Estado de derecho y las instituciones democráticas del país, e imposibilita que las elecciones de noviembre sean realmente libres y justas.

Con la decisión del Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua de negar la personería jurídica a Ciudadanos por la Libertad (CxL), ya son tres los partidos políticos a los que se les ha cancelado su participación en las elecciones presidenciales del 7 de noviembre. El hostigamiento judicial subsecuente obligó a la principal lideresa del CxL a huir del país. Las autoridades pusieron a la candidata vicepresidencial de ese partido bajo arresto domiciliario, y la policía detuvo a otro líder del partido acusado de supuestamente “lesionar los intereses supremos de la nación” ­—en virtud de una ley de 2020, que según lo observado por los organismos internacionales de derechos humanos, se ha venido utilizando para perseguir a los opositores del gobierno de Ortega—.

Desde finales de mayo, el gobierno cada vez más autoritario de Daniel Ortega ha detenido a más de 32 figuras de la oposición, incluyendo políticos, activistas de derechos humanos, estudiantes y otros líderes de la sociedad civil, según un recuento del Departamento de Estado de Estados Unidos. Los detenidos abarcan todo el espectro político, e incluyen desde políticos y líderes empresariales con vínculos de larga data con partidos políticos conservadores y centristas, hasta líderes campesinos y prominentes exsandinistas que se han distanciado de Ortega.

Más que investigaciones penales independientes, los cargos presentados parecen tener motivaciones políticas, y en muchos casos, la policía ha utilizado o una serie de leyes represivas para justificar las detenciones. También preocupa la ausencia del debido proceso para los detenidos, así como las violaciones al derecho a elegir su propio abogado y a que se les garantice un juicio justo.

La ola de capturas parece no solo tener la intención de eliminar a los contrincantes para asegurar la cuarta presidencia de Ortega, sino la de acabar con todas las formas de disidencia.

La ola de represión tampoco se limita a los arrestos: la semana pasada, Ortega aprobó un decreto que impone que cualquier gobierno o institución extranjera que planee otorgar un premio a un nicaragüense ahora deberá solicitar permiso al gobierno. Se trata claramente de un intento de silenciar a periodistas e intelectuales reconocidos internacionalmente, que a menudo son invitados a recibir premios en otros países, y que son muy críticos con su gobierno.

El decreto de Ortega se implementó en medio de otras presiones y ataques a la prensa, más recientemente enfocados en contra del diario impreso más antiguo del país, cuyo editor fue arrestado el 14 de agosto. El 16 de agosto, el gobierno también anunció sanciones contra 16 ONGs internacionales que ya no podrán operar más en Nicaragua, las cuales se suman a las 34 organizaciones locales que han visto su personería jurídica cancelada desde 2018.

La reacción internacional

Los actores internacionales se han pronunciado para condenar la intensificación de la represión del gobierno de Ortega. El portavoz del Secretario General de la ONU señaló: “Estos acontecimientos socavan gravemente la confianza del público en el proceso democrático antes de las elecciones de noviembre”. Haciendo eco de estos comentarios, el Departamento de Estado de Estados Unidos calificó la represión como “el golpe final a las perspectivas de Nicaragua de unas elecciones libres y justas a finales de este año”, agregando que “ese proceso electoral, incluidos sus eventuales resultados, han perdido toda credibilidad”. Por su parte, el jefe de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, afirma en un comunicado que: “La oposición ha sido eliminada. Los nicaragüenses están siendo privados del derecho humano y civil básico al voto en una elección creíble, inclusiva y transparente”.

Como respuesta adicional a la represión del gobierno de Ortega, el gobierno de Estados Unidos impuso restricciones de visa a 50 legisladores, fiscales y jueces, incluidos familiares directos de altos funcionarios nicaragüenses. Además, el Senado de Estados Unidos aprobó una legislación bipartidista con múltiples iniciativas sobre Nicaragua, incluyendo el aumento de las sanciones y la revisión de casos de corrupción y de abusos de los derechos humanos. La Unión Europea también impuso sanciones a la vicepresidenta Rosario Murillo (esposa de Daniel Ortega) y a otros siete altos funcionarios, para un total de 14 funcionarios que han sido acusados ​​de graves violaciones a los derechos humanos o de socavar la democracia desde mayo de 2020. Otros países como Canadá también anunciaron sanciones recientes contra 15 funcionarios de Ortega, entre ellos su hija y altos mandos de la policía.

A pesar de las condenas y sanciones pasadas, el gobierno de Ortega ha continuado insistiendo en su arremetida represiva, y aún está por verse si las más recientes sanciones podrán tener algún impacto en el comportamiento de los funcionarios de su gobierno o de sus familiares.

El impacto de la represión intensificada de Ortega

El gobierno de Ortega está inmerso en un agresivo ataque contra la gobernabilidad democrática, el respeto de los derechos humanos y el Estado de derecho. Con esta última ola de represión, el gobierno de Nicaragua está negando directamente los derechos de sus ciudadanos a participar en elecciones libres y justas. El resultado es un clima político que consagra aún más la impunidad, agudiza el autoritarismo y obliga al exilio a los defensores de la democracia y los derechos humanos.

De hecho, desde el estallido de las protestas de 2018, más de 108.000 nicaragüenses han huido del país, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Si bien actualmente dos tercios buscan refugio en Costa Rica y una fracción llega a la frontera para buscar asilo en Estados Unidos, la nueva ola de represión puede alimentar este flujo de migración forzada de personas, a medida que los nicaragüenses continúan escapando de la crisis política del país en medio de la pandemia de COVID-19.

En este contexto, la comunidad internacional, incluyendo a los socios comerciales de Nicaragua y sus vecinos, debe seguir una estrategia clara y coherente que incluya tanto la diplomacia como las sanciones; que apoye el retorno a las normas democráticas y el respeto de los derechos humanos; y que busque garantizar la rendición de cuentas por graves casos de violaciones a los derechos humanos. Esto incluye presionar para la plena implementación de las recomendaciones de un informe de 2018 de un panel independiente de investigadores, respaldado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que concluyó que las autoridades nicaragüenses perpetraron crímenes de lesa humanidad, y llamó a investigar y sancionar a los responsables.