(AP Photo/Fernando Vergara)
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Mientras la mayoría de los países del hemisferio priorizan respuestas nacionales a la pandemia de COVID-19, se ha prestado poca atención a las necesidades de las poblaciones de refugiados y migrantes del mundo. Esto es particularmente cierto para los más de 5 millones de venezolanos que han huido a países vecinos desde 2015, la mayoría de los cuales no tienen un estatus regular en sus países de acogida.
Los principales países de acogida para los venezolanos en América Latina, la mayoría de los cuales asumieron compromisos audaces para ampliar el acceso al estatus formal en la Declaración de Quito 2018, han comenzado a mirar hacia adentro a medida que la crisis se prolonga. Aunque el año pasado comenzó con signos de interés en la coordinación regional sobre temas como la propuesta de un permiso de trabajo regional, dicho progreso se ha ralentizado. La propuesta se diluyó en el transcurso de 2019, y el resultado final fue una hoja de seguimiento de vacunación en papel anunciada en octubre. En lo que va de 2020, a medida que las prioridades han cambiado para enfrentar la pandemia de coronavirus, hay pocas señales de que la región esté buscando dar seguimiento a sus compromisos pasados.
El 16 de marzo, la Agencia de la ONU para los Refugiados publicó una serie de recomendaciones para los estados con respecto a comunidades de refugiados en medio del brote de coronavirus, instando a los líderes a honrar el derecho a solicitar asilo y protección contra la devolución mientras implementan políticas para mitigar la propagación del virus.
Incluso antes del brote de coronavirus, los sistemas de atención médica en los países vecinos ya estaban bajo presión debido a la afluencia de migrantes y refugiados de Venezuela. A medida que los líderes regionales navegan por sus sistemas limitados de salud pública para tratar a los pacientes afectados, grupos de defensa como Dejusticia de Bogotá han expresado su preocupación por la necesidad de garantizar el acceso equitativo a los servicios de salud entre ciudadanos y migrantes.
El factor más importante que hace que los refugiados venezolanos sean particularmente vulnerables es el hecho de que la gran mayoría de los venezolanos que viven en el extranjero no tienen el estatus legal regular en sus países de acogida, lo que significa que tienen acceso limitado a empleo formal, refugio confiable o servicios de salud pública. Por ejemplo, tanto en Colombia como en México, los venezolanos sin estatus regular solo pueden acceder a los servicios de salud de emergencia, lo que significa que es posible que no se les hagan pruebas o se les trate el coronavirus hasta que ya sea demasiado tarde.
Se espera que estas circunstancias empeoren en los próximos meses a medida que los países del hemisferio mantengan las restricciones a los viajes internacionales. Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Perú y Ecuador han cerrado fronteras y suspendido vuelos. Estos cierres de fronteras no detendrán la migración entrante, solo incentivarán a los migrantes a cruzar la frontera a través de rutas informales, poniéndolos en riesgo de explotación o tráfico de personas. Por ejemplo, la decisión abrupta de Colombia de cerrar su frontera el 13 de marzo solo ha llevado a cruces fronterizos más irregulares. Además de aumentar estos riesgos, tales cierres de fronteras pueden ser contraproducentes para las estrategias de contención de COVID-19 de los países, ya que aquellos que cruzan informalmente no estarán sujetos a pruebas, lo que deja a los gobiernos incapaces de rastrear efectivamente la propagación del virus.
Mientras los líderes de toda la región han incorporado la necesidad de asistencia a los venezolanos en su retórica pública, no han ofrecido un plan más integral para incorporar a los migrantes venezolanos en paquetes de estímulo u otros esfuerzos de mitigación.
Otra realidad es que la mayoría de los migrantes y refugiados venezolanos no tienen la opción de trabajar desde casa. A medida que los países de la región promulguen toques de queda y cuarentenas, esto deja a quienes trabajan en el sector informal, cuyas encuestas sugieren que representan el 75% de los venezolanos en Colombia y el 90% en Perú, sin ninguna fuente de ingresos. Incluso en países como Perú, donde los gobiernos están entregando dinero en efectivo a sus residentes, los migrantes venezolanos no están incluidos en estas medidas. En cambio, el gobierno peruano ha dicho que la “comunidad internacional” financiará un apoyo a menor escala dirigido a las comunidades migrantes vulnerables, aunque ha ofrecido pocos detalles.
Mientras los líderes de toda la región han incorporado la necesidad de asistencia a los venezolanos en su retórica pública, no han ofrecido un plan más integral para incorporar a los migrantes venezolanos en paquetes de estímulo u otros esfuerzos de mitigación. Hasta la fecha, cualquier esfuerzo para apoyar a las poblaciones migrantes de estos países durante el brote de coronavirus ha provenido en gran medida de las ONG y la comunidad internacional, e incluso estas iniciativas no brindan la asistencia financiera necesaria para los millones de venezolanos que viven en el extranjero.
De particular preocupación son los venezolanos vulnerables que viven en la calle o en refugios llenos de gente, quienes generalmente no tienen el lujo de practicar distanciamiento físico o lavarse las manos regularmente. La falta de acceso a un saneamiento adecuado o agua corriente deja a estas personas en mayor riesgo de contraer y propagar el virus. En algunos casos, los gobiernos están restringiendo o cerrando refugios para migrantes, lo que tendrá consecuencias para los más necesitados. Algunas autoridades municipales en Colombia, por ejemplo, han cerrado refugios, en el proceso aumentando las tensiones entre los residentes y los migrantes desplazados. El gobierno colombiano también ha ordenado a las ONG que operan en la frontera venezolana que reduzcan su actividad a la mitad, limitando aún más los recursos disponibles para los migrantes venezolanos en el país.
Ante tales condiciones adversas, algunos han decidido regresar a Venezuela ya que sus medios de vida se han agotado en el extranjero. Miles de personas ya han regresado a Venezuela desde mediados de marzo, y el gobierno de Maduro afirma que aproximadamente 500 más regresan cada día. Los funcionarios en Colombia abrieron un corredor humanitario y organizaron autobuses para facilitar el viaje de regreso a Venezuela, mientras que aquellos que no pueden pagar la tarifa deben viajar a pie.
Al regresar, los venezolanos están encontrando una grave bienvenida. Las fuerzas de seguridad venezolanas comenzaron a operar campamentos de cuarentena de 14 días para migrantes retornados en las zonas fronterizas, los cuales según los informes sugiere falta de agua corriente, alimentos suficientes o normas básicas de higiene.
Sin un estatus regular en los países de acogida, los venezolanos que viven en el extranjero se encuentran en una posición de vulnerabilidad e inestabilidad particulares sin acceso a los recursos o servicios de salud pública que tanto necesitan.
La cambiante composición demográfica de los migrantes venezolanos y el deterioro de la situación humanitaria en el terreno en Venezuela también son factores agravantes importantes. Al comienzo de la crisis de desplazamiento de Venezuela, la mayoría de los que huyeron eran hombres jóvenes de clase media. A lo largo de los años, a medida que avanzaba la situación humanitaria, el aumento de la desesperación llevó a un aumento de mujeres, familias y personas de un nivel socioeconómico más bajo que huían a otros países. Ahora, a medida que los hospitales en Venezuela luchan por satisfacer las necesidades de los afectados por el virus, más personas mayores o con afecciones médicas subyacentes, los grupos exactos que son más susceptibles a contraer COVID-19, están buscando ayuda en otros países. Esta tendencia solo se intensificará a medida que los hospitales venezolanos no puedan satisfacer las necesidades de los pacientes afectados.
A principios de marzo, el ACNUR expresó su preocupación por la seguridad de los migrantes y refugiados en todo el mundo y lanzó un llamamiento de $33 millones para proteger a las personas desplazadas del coronavirus. Sin embargo, el apoyo internacional podría no ser rápido. El llamamiento conjunto de ACNUR y la OIM para 2020 ha recibido hasta ahora solo el tres por ciento de los fondos necesarios para una respuesta regional a la crisis de Venezuela.
Aumentar la financiación para políticas migratorias más solidaria en todo el mundo es esencial, pero no será suficiente por sí solo. Sin un estatus regular en los países de acogida, los venezolanos que viven en el extranjero se encuentran en una posición de vulnerabilidad e inestabilidad particulares sin acceso a los recursos o servicios de salud pública que tanto necesitan. Como han señalado WOLA y los socios regionales, una respuesta humanitaria a los venezolanos que huyen debe incluir un acceso más amplio al estado regular. Y ante la creciente pandemia de COVID-19, se necesita más que nunca una respuesta regional integral a las necesidades de los migrantes venezolanos.
