Por: Luis Vicente Leon, originalmente publicado en El Universal
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Fui invitado por el Washington on Latin American (WOLA) para participar en un evento público que analizaba los posibles impactos (no necesariamente deseados) de la potencial aplicación de sanciones a un grupo específico de funcionarios públicos venezolanos acusados de violar derechos humanos.
Ya había escrito antes mi opinión sobre el tema. Para mí, las sanciones unilaterales no tienen sentido y pienso más bien que los apoyos se deben canalizar por otras vías institucionales. Pero además considero que la historia del conflicto venezolano es mucho más compleja que lo que plantean los discursos convencionales de los radicales de ambos lados y que conducen a interpretaciones foráneas simplistas y sesgadas. Finalmente, una acción unilateral del gobierno de EEUU no va a ser bienvenida por las mayorías en Venezuela por su percepción de acción intervencionista y sólo generará argumentos más sólidos al gobierno para "demostrar" que hay una conspiración para tumbarlo, la perfecta excusa para justificar la actual crisis, generando empatías con los independientes, unificando al chavismo y logrando que la comunidad internacional latina reaccione con solidaridad primaria.
Esa sigue siendo mi opinión, pero en esta oportunidad no vine sólo a expresar lo que pienso, sino a compartir lo que piensan los venezolanos sobre el tema y para eso usamos los resultados de la última encuesta nacional Datanálisis terminada el 27 de mayo.
Arranquemos por decir que el 70 por ciento de la población cree que la situación del país es negativa y, sin embargo, el 73 por ciento no está de acuerdo con que el gobierno norteamericano tome alguna acción unilateral y esto incluye al 55 por ciento de quienes se consideran opositores y el 64 por ciento de los independientes. El 70 por ciento de los entrevistados considera inadecuado que se apliquen sanciones contra Venezuela, pero incluso cuando hicimos la prueba ácida de preguntar sobre sanciones específicas contra funcionarios acusados de cometer violaciones contra derechos humanos, conseguimos que el 54 por ciento está en contra, frente a 38 por ciento a favor.
El tema más relevante lo conseguimos cuando preguntamos cuáles podrían ser las motivaciones de EEUU para aplicar sanciones contra funcionarios venezolanos. La respuesta fue demoledora. El 44 por ciento cree que esta sería una excusa para provocar un golpe de Estado y quedarse con el control del petróleo, mientas un 16 por ciento piensa que es un mecanismo encubierto para atacar a Maduro. Sólo 20 por ciento cree que es simplemente un mecanismo de castigo a funcionarios públicos que han violado los derechos humanos.
Estoy convencido que la propuesta de sanciones no tiene la intención de quedarse con nuestro petróleo ni intenta provocar un golpe de Estado. Es más bien una combinación de factores que incluye la real preocupación de muchas personas decentes en EEUU sobre violaciones de derechos humanos en Venezuela mezclado con los clásicos intereses políticos electorales internos, que juegan un papel importante para algunos políticos de zonas de alta concentración migratoria antichavista (venezolana y cubana) en vísperas de las elecciones del Congreso. Pero la percepción en Venezuela es distinta y su efecto secundario es contrario al objetivo deseado por quienes en realidad lo hacen con un genuino interés de ayudar.
Es importante que estos temas se lleven al seno de los organismos multilaterales y especializados en derechos humanos y lograr que se pronuncien y denuncien cualquier violación que en efecto haya ocurrido y presionen al gobierno a castigar y rectificar. Tomar la ruta individual del "big brother" suele terminar siendo más bien un "big mistake" o como dice Marino Alvarado de Provea, un autogol desde la media cancha.
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