(Foto AP/Moises Castillo)
(Foto AP/Moises Castillo)
Guatemala está en medio de la renovación de su Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Corte de Apelaciones. Garantizar la presencia de jueces imparciales, profesionales y honestos en los tribunales superiores de Guatemala es fundamental para el Estado de derecho, la independencia del sistema de justicia y el avance de la lucha contra la corrupción.
Lamentablemente, el proceso, el cual comenzó en 2019, se ha visto empañado por irregularidades y un nuevo intento por grupos corruptos e ilícitos de manipular el mismo y sus resultados. Al buscar influir en el proceso de la elección de jueces, estos actores criminales buscan encontrar aliados corruptos dispuestos a garantizar su protección y la impunidad de sus fechorías.
Ahora, como parte de su esfuerzo por cooptar a las instituciones de justicia, van tras los jueces, fiscales y actores de la sociedad civil que han protegido el Estado de derecho y apoyado la lucha contra la corrupción.
La batalla por el control del sistema de justicia de Guatemala determinará la capacidad del país para luchar contra la corrupción que está debilitando sus instituciones, drenando las arcas del Estado, impactando la capacidad del gobierno de poder enfrentar una crisis como la del COVID-19 y el cambio climático, y dejando a muchos guatemaltecos con la sensación de que su mejor alternativa para tener una vida digna y oportunidades económicas es migrar.
De conformidad con la Constitución de Guatemala, 13 magistrados de la CSJ y los 135 magistrados de la Corte de Apelaciones son reemplazados cada cuatro años. El proceso de nombramiento se encomienda a grupos conocidos como comisiones de postulación, integradas por jueces de apelación, decanos de facultades de derecho y representantes del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala que presentan una lista de candidatos al Congreso. El Congreso se encarga entonces de seleccionar entre la lista de nominados.
En 2009 se aprobó la ley que rige el proceso de selección con miras a que este fuera más transparente y regulado y para permitir una mayor supervisión de la sociedad civil. Sin embargo, en la práctica, el proceso ha estado plagado de conflictos de intereses e injerencia de intereses privados, políticos y delictivos que tratan de controlar la composición de las comisiones y, por consiguiente, la composición de los tribunales. La competencia por quién obtiene un puesto en las comisiones, por ejemplo, ha dado lugar a la creación de un número cada vez mayor de facultades de derecho como vehículos para garantizar una silla en la mesa de decisiones. Al mismo tiempo, el proceso también ha dado lugar a que los propios candidatos judiciales compitan por el apoyo político para ser elegidos o mantener sus cargos.
La manipulación del proceso de nombramiento fue evidente en la elección de jueces de la CSJ y de la Corte de Apelaciones en 2014, que supuestamente fue el resultado de un acuerdo bajo la mesa entre el Partido Patriota (PP) de Otto Pérez Molina y el Partido Libertad Democrática Renovada (LÍDER) de Manuel Baldizón. En 2015, Pérez Molina se vio obligado a renunciar a su cargo en medio de un gran escándalo de corrupción y actualmente se encuentra en prisión preventiva mientras los casos avanzan en los tribunales. En 2018, Baldizón fue arrestado en Miami por corrupción en un caso que involucraba a la empresa constructora brasileña Odebrecht. Se declaró culpable y fue condenado a 50 meses de prisión. Un año después, fue procesado en los Estados Unidos en un caso aparte y acusado de aceptar contribuciones del narcotráfico para su campaña electoral.
El actual proceso de selección comenzó en junio de 2019, pero se ha enfrentado a numerosas irregularidades y fallos de procedimiento. Por ejemplo, observadores han notado que jueces calificados fueron excluidos del proceso sin causa y que las comisiones de postulación no aplicaron procedimientos básicos como la entrevista y la evaluación de los candidatos. No se facilitó información básica, como decisiones judiciales pasadas o información financiera, para ayudar a evaluar la calificación de los candidatos.
En febrero de 2020, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) desenterró uno de los mayores escándalos de injerencia en el sistema de justicia por parte de grupos ilícitos.
Según la investigación, conocida como el caso de las “comisiones paralelas 2020”, Gustavo Alejos Cámbara, un poderoso operador político y empresario que se encuentra actualmente en prisión preventiva por corrupción, había elaborado un plan para influir en el proceso de selección. Para ello, celebró reuniones y llamadas telefónicas con posibles candidatos a las cortes, funcionarios y diputados. Debido a supuestos problemas de salud, Alejos había obtenido permiso para seguir cumpliendo la prisión preventiva en una clínica privada donde se realizaron muchas de las reuniones. Los registros del teléfono celular incautados por los investigadores revelaron que Alejos tuvo contacto con al menos 41 personas involucradas en el proceso de selección de las altas cortes; incluyendo 10 diputados, dos de los cuales forman parte de la actual Junta Directiva. Los investigadores también encontraron en la clínica un refrigerador bien surtido de carnes, cerveza y licores finos y con los nombres de los diputados de la actual legislatura fijados con imanes.
Alejos es un empresario que hizo su fortuna utilizando sus conexiones políticas para obtener contratos gubernamentales. Ha financiado varios partidos políticos, entre ellos el Partido de Avanzada Nacional (PAN), la Gran Alianza Nacional (GANA), la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y el Partido Patriota (PP). En 2008, se desempeñó como secretario privado del expresidente Álvaro Colom (2008-2012). Alejos ha sido implicado en varios casos de corrupción (ver el cuadro para más detalles). El 8 de junio de 2020, el Departamento de Estado designó a Alejos por su involucramiento en actos de gran corrupción y por lo tanto se le consideró inelegible para entrar en los Estados Unidos.
Antes de que se revelara el caso de las comisiones paralelas 2020, el empresario Gustavo Alejos había estado implicado en cinco casos distintos de gran corrupción:
| En 2015, el Ministerio Público (MP) de Guatemala acusó a Alejos Cámbara de ser el principal arquitecto de una red de corrupción que operaba dentro del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGGS), el cual provee servicios de salud, pensiones, beneficios de protección de ingresos y asesoría laboral para empleados asalariados. Según la investigación, la red manipuló el sistema de contratación médica a favor de ciertos distribuidores, que a su vez obtuvieron ganancias millonarias.
En 2016, en un caso relacionado con el financiamiento electoral ilícito y la contratación pública, Alejos Cámbara fue acusado de soborno. La investigación del MP descubrió una red dirigida por el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti. La red recibió fondos ilícitos de varios contratistas estatales, entre ellos Gustavo Alejos, para ayudar a financiar la campaña presidencial de 2011 de Molina y Baldetti a cambio de trato preferencial en la obtención de contratos estatales. En 2018, Alejos Cámbara estuvo implicado en un caso de malversación de fondos asignados a un sistema de transporte público en la Ciudad de Guatemala, conocido como el Transurbano. En un acuerdo aprobado por la administración de Colom sin la supervisión jurídica adecuada, se pagaron Q269 millones (US$35 millones) en fondos estatales a una asociación de empresas privadas de autobuses que habían ganado el contrato para gestionar el sistema de transporte. Casi un tercio del dinero se gastó en equipos que nunca fueron utilizados. Alejos Cámbara fue acusado de recibir algunos de los fondos. En 2019, Alejos Cámbara estuvo implicado en un segundo caso de financiamiento electoral ilícito. Según la investigación, durante la campaña presidencial de 2015, el Partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) recibió aportes de campaña por más de Q19.5 millones ($2.5 millones) que nunca fueron registrados por el Tribunal Supremo Electoral. Debido a su involucramiento en este caso, se dictó una orden de detención contra Alejos Cámbara por asociación ilícita y financiamiento electoral no registrado. Ese mismo año, Alejos Cámbara fue acusado de recibir Q56 millones ($7.2 millones) en sobornos del empresario José Maynor Palacios Guerra como parte de una red de corrupción que involucraba el lavado de dinero y el cohecho en los contratos estatales de construcción. Para ocultar el origen de estos fondos, Alejos Cámbara compró sociedades offshore en Panamá y Belice. Luego, utilizando contratos de préstamo suscritos de manera ficticia con bancos nacionales e internacionales, compró casas y apartamentos que más tarde fueron regalados a funcionarios a cambio de favores políticos. La FECI emitió una orden de arresto contra Alejos Cámbara por asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos, cohecho activo y cohecho pasivo. |
Entre los diputados que tuvieron contacto con Gustavo Alejos se encuentra Felipe Alejos Lorenzana, uno de sus aliados principales. Felipe Alejos es un poderoso negociador que ha formado parte del Congreso desde el 2011 (del 2016 al 2020 ocupaba el cargo de vicepresidente y actualmente es el primer secretario del Congreso). Gustavo Alejos y Felipe Alejos Lorenzana no son parientes, sin embargo, su relación se remonta a muchos años atrás. En 2012, Felipe Alejos fundó el partido político Todos junto con el hermano de Gustavo Alejos. Eventualmente, Felipe Alejos logró tomar control del partido.
Felipe Alejos ayudó a liderar el Congreso durante un periodo sacudido por escándalos de corrupción. Además de ser un feroz opositor de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una entidad independiente respaldada por la ONU y creada para ayudar a combatir la corrupción, apoyó una agenda legislativa regresiva encaminada a beneficiar a aquellos bajo investigación por corrupción.
Felipe Alejos estuvo implicado en una red de corrupción que se benefició con el cobro de sobornos de alrededor de Q19 millones (US$2.6 millones) a cambio de agilizar a empresas la tramitación de expedientes de devolución de crédito fiscal. El Ministerio Público (MP) pidió a la CSJ que se le retire la inmunidad legislativa a Felipe Alejos, pero en una serie de de fallos controversiales (el más reciente el 29 de junio) la corte ha rechazado repetidamente la solicitud. (En respuesta a estos fallos, la Corte de Constitucionalidad ha ordenado a la CSJ reconsiderar el caso).
A mediados de febrero, la Fiscal General solicitó un amparo en torno del proceso de elección de las cortes. El MP argumentó que las listas de candidatos presentadas por las comisiones de postulación habían sido manipuladas por individuos que enfrentan denuncias penales, quienes buscan ejercer influencia sobre el proceso. En respuesta, y en medio de las preocupaciones sobre el tráfico de influencias, la Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió provisionalmente el proceso de elección de las altas cortes por tercera vez desde finales de 2019.
El 6 de Mayo de 2020, la CC emitió su resolución final, la cual incluyó parámetros claros para que el Congreso guatemalteco seleccione jueces capaces, idóneos, honestos y honorables para formar las cortes y conforme los requerimientos de la constitución. En su resolución, la corte ordenó al MP a presentar un informe circunstanciado al Congreso sobre la investigación, explicando los posibles conflictos de interés de postulantes a las cortes del país. La CC también ordenó al Congreso a tomar en cuenta el informe y excluir del proceso a aquellos postulantes que no cumplen con los requisitos de idoneidad y honorabilidad.
El 28 de Mayo, el MP presentó su informe al Congreso. El informe contiene información sobre 22 candidatos involucrados en el caso “comisiones paralelas 2020”- cinco candidatos a la CSJ y 17 a las Cortes de Apelaciones. El informe también describió cómo otros 109 postulantes se encuentran implicados en otras investigaciones del MP.
A mediados de Mayo 2020, un abogado y candidato a la Corte de Apelaciones presentó una solicitud de antejuicio ante el CSJ contra cuatro magistrados de la CC: Boanerge Mejía, Gloria Porras, Neftaly Aldana y José de Mata Vela. En la solicitud, el abogado argumenta que los magistrados actuaron fuera de los límites de su autoridad al otorgar el amparo al MP en el proceso de elección de las altas cortes. Según el abogado, el acto de excluir a postulantes a magistrados – debido a supuestas reuniones o conversaciones con Gustavo Alejos o por encontrarse bajo investigación – viola la constitución. Esta es por lo menos la cuarta vez que han habido esfuerzos para remover a magistrados de la CC, en lo que los grupos de sociedad civil consideran como represalia por los fallos de la corte en defensa del Estado de derecho.
El 26 de Junio, un pleno extraordinario de la CSJ dio trámite a la solicitud de antejuicio y remitió el caso al Congreso para que resuelva el retirarle o no el derecho de antejuicio a los magistrados. Llama la atención que cinco de los 13 jueces que aprobaron el trámite son candidatos a puestos en las altas cortes y cuatro fueron nombrados en la investigación de la FECI en Febrero 2020- indicando que tienen un interés personal en el caso ante ellos.
| Wilber Estuardo Castellanos Venegas | Candidato a la Corte de Apelaciones. Castellanos fue mencionado en la investigación del Ministerio Público por haber mantenido comunicaciones con Gustavo Alejos. Presentó una denuncia contra la jueza Ericka Aifan y el fiscal Francisco Sandoval en relación con dicha investigación. |
| Edgar José López Espaillat | Candidato a la Corte de Apelaciones. Grabaciones hechas públicas por el programa de radio ConCriterio revelan a Espaillat negociando con Gustavo Alejos sobre su liberación de prisión. En la grabación, se escucha a Alejos mencionar que está coordinando el traslado de López con Gustavo Herrera, un importante operador político en los procesos de selección judicial. Además de acusaciones de delitos financieros, Herrera ha sido acusado de estar involucrado en el tráfico de drogas. Mientras prestaba servicios en la Sala de Femicidio, López Espaillat emitió un fallo favorable a Gustavo Alejos. |
| Franc Armando Martínez Ruiz | Candidato a la Corte de Apelaciones. Martínez es uno de los candidatos que tuvo contacto con Gustavo Alejos. Cuando se desempeñó como juez de la Corte de Apelaciones de Primera Instancia, preparó un proyecto de ley de amnistía que habría beneficiado al exdictador Efraín Ríos Montt. |
| Rosamaría de León Cano | Candidata a la Corte de Apelaciones e implicada en el caso conocido como “Comisiones Paralelas 2020”. De León es la aprendiza del ex magistrado y Fiscal General Héctor Hugo Pérez Aguilar, quien estuvo implicado en la decisión de anular la condena por genocidio contra Montt, reducir el mandato de la fiscal general Claudia Paz y Paz y aprobar la elección de jueces para 2014 a pesar de las pruebas de corrupción. |
| Henry Alejandro Elías Wilson | Acusado de obstrucción a la justicia. Sin embargo, nunca se le retiró la inmunidad judicial. La fiscal a cargo de su caso tiene un hijo con Elíias Wilson. La última investigación de la Fiscalía reveló que su hermano, Manuel José Elías Wilson, fue uno de los que visitó a Gustavo Alejos en la clínica privada. |
| Roaldo Isaías Chávez Pérez | Hermano de Luis Chávez, ex miembro del Partido de la Libertad Democrática Renovada (LÍDER), acusado y condenado por tráfico de influencias. Roaldo Chávez votó en contra de retirar la inmunidad jurídica de Adrián Rodríguez, quien fue implicado en el caso de los llamados “traficantes de influencia”, en el que funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y otros operaban una red de corrupción que involucraba el cobro de comisiones ilícitas de alrededor de Q19 millones ($2.5 millones) para agilizar la tramitación de devoluciones de créditos fiscales. |
| Leonnel Rodrigo Sáenz Bojórquez | Acusado en un caso de adopción irregular que también involucró a la ex Ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel. |
| Artemio Rodolfo Tánchez Mérida | Acusado por el capítulo de Transparencia Internacional en Guatemala de otorgar amparos de manera indebida a candidatos a cargos públicos para que pudieran obtener el finiquito en la Contraloría General de Cuentas. |
| Horacio Enríquez Sánchez | Candidato a la Corte de Apelaciones. Según los medios de comunicación, participó en las negociaciones con el operador político Roberto López Villatoro (el llamado “Rey del tenis”) sobre la selección de magistrados a las altas cortes en 2014. |
| Alberto Mis Ávila | Se dice que Ávila es uno de los operadores judiciales de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti. |
| Karina Gonzalez Escobar | Candidata a la Corte de Apelaciones. |
| Nicolas Cuxil Guitz | Miembro de una comisión de postulación y candidato a la Corte de Apelaciones. |
El 26 de junio, el Procurador de Derechos Humanos y varios individuos privados presentaron un amparo contra la resolución de la Corte Suprema de Justicia. Conforme el amparo, el artículo 167 de la Ley de Amparo establece que los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad no podrán ser perseguidos por las opiniones expresadas en ejercicio de su cargo.
La Corte de Constitucionalidad otorgó el amparo provisional y dejó en suspenso el procedimiento en contra de los cuatro magistrados.
Pocas horas después de la decisión de la CSJ, y con una velocidad sin precedente, la Junta Directiva del Congreso conformó la comisión pesquisidora que se encargaría de conocer el antejuicio contra los magistrados de la CC. La comisión está compuesta por diputados que tienen un claro conflicto de interés (ver cuadro).
A pesar del amparo provisional a favor de los magistrados de la CC, el Congreso desafió la decisión de la corte en una clara violación del Estado de derecho y ha continuado con el tramite de antejuicio. La comisión pesquisidora ha dicho que espera presentar su informe al Congreso dentro de unas semanas. Según los medios de comunicación locales, el pacto oficialista en el Congreso está buscando conseguir los 107 votos necesarios para retirarle el derecho de antejuicio a los magistrados.
| Allan Estuardo Rodríguez Reyes | Presidente del Congreso. Allan Rodríguez pertenece al Partido Vamos, el cual es conocido por apoyar iniciativas de poco beneficio para los ciudadanos de Guatemala. Ha sido señalado informalmente de haber comprado su elección en la Junta Directiva en enero de 2020 y recientemente fue criticado por gastar Q14 millones ($1.8 million) de fondos públicos para proyectos de remodelación, incluyendo una ducha personal y un jardín, en medio de la pandemia. |
| Sofía Jeaneth Hernández Herrera | Primera vicepresidenta del Congreso y miembro del Partido Unidad del Cambio Nacional (UCN). El partido UCN fue fundado por Mario Estrada, quien fue arrestado en Miami en 2019 y acusado de solicitar entre US$10 y US$12 millones al Cártel de Sinaloa para financiar su campaña presidencial, de intentar arreglar el asesinato de dos de sus rivales políticos y de conspirar para transportar cocaína a los Estados Unidos. Hernández fue uno de los diputados que visitó a Gustavo Alejos en la clínica privada. En 2016 fue acusada de tráfico de influencias, luego de ser denunciada por el gobernador de Huehuetenango de haberlo presionado para utilizar recursos públicos para proyectos inacabados e inexistentes (implicó unos Q45 millones o US$5,8 millones). Con base en estas acusaciones, se le retiró su inmunidad legislativa en marzo de 2017. |
| Luis Alfonso Rosales Marroquín | Miembro del partido Valor. Fue abogado de Ríos Montt. Rosales encabeza la comisión pesquisidora contra los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. La esposa de Rosales fue candidata a la Corte de Apelaciones. Actualmente, ella se desempeña como suplente en la Corte de Apelaciones del Departamento de Jalapa, donde otro actor clave en el escándalo de las comisiones de postulación, Romeo Monterrosa, se desempeña como magistrado. Romeo Monterrosa es miembro de la comisión de postulación encargada de seleccionar candidatos para la Corte Suprema de Justicia. Antes de asumir el cargo en la Corte de Apelaciones, Monterrosa fue abogado defensor de narcotraficantes y fue denunciado en 2018 por haber rechazado una audiencia preliminar contra dos personas, una de las cuales fue condenada en Estados Unidos a 15 años de prisión por narcotráfico en febrero de este año. La FECI encontró pruebas de conversaciones telefónicas entre Alejos y Romeo Monterrosa como parte de la investigación de la comisión paralela 2020. |
| Armando Damián Castillo Alvarado | Tercer vicepresidente del Congreso y miembro del partido VIVA. Según el portal Nómada, mientras se desempeñaba como director de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (COVIAL) en 2016, hubo siete hallazgos en su contra por parte de la Contraloría y una denuncia ante el Ministerio Público por un posible acto de corrupción. El informe de la Contraloría demostró muchos casos en los que Castillo Alvarado no proporcionó la documentación necesaria para el gasto público, no cumplió con las normas y procedimientos adecuados para los contratos y no justificó las cotizaciones de hasta 10 proyectos de obras públicas, entre otras cuestiones. |
| Carlos Santiago Nájera Sagastume | Tesorero del Congreso y miembro del partido UNE. Nájera fue acusado de tráfico de influencias en un caso de corrupción masiva que involucra al Ministerio de Salud. El Ministerio Público solicitó que se le retirara la inmunidad legislativa, pero la Corte Suprema de Justicia rechazó la solicitud en junio de 2020. Actualmente está en proceso de ser expulsado del partido presuntamente por haber aceptado dinero a cambio de apoyar la elección de la actual Junta Directiva del Congreso. |
| Rudy Werner Pereira Delgado | Segundo secretario y representante del partido FCN-Nación. Pereira está siendo investigado por un caso de discriminación contra el ex gobernador del departamento de Alta Verapaz. |
| Douglas Rivero Mérida | Miembro del Partido Humanista, conocido por su apoyo a la controvertida ley de ONG. Se dice que Rivero está vinculado a Rudio Lecsan Mérida, secretario general del Partido Humanista y ex jefe de la Policía Nacional Civil de Guatemala en un momento en que el Ministerio de Gobernación (que supervisa la policía) fue producto de escándalos relacionados con desapariciones forzadas y malversación de fondos. |
En respuesta a las acciones de la comisión pesquisidora, un grupo de 50 diputados de varios partidos políticos enviaron una carta al Secretariado General de la OEA, solicitando su apoyo para resolver la crisis constitucional.
En la carta, los diputados describen la manera en que “en el marco del esfuerzo por contrarrestar la cooptación de las instituciones nacionales por parte de redes de corrupción, se ha desarrollado un conflicto entre poderes del Estado en el que se está atentando contra la independencia judicial’. La carta también subraya que la comisión pesquisidora está involucrada en una persecución política de magistrados de la CC, la cual pone en peligro el orden constitucional, el Estado de derecho y la naturaleza democrática de las instituciones guatemaltecas.
Más allá de los jueces de la CC, se han incrementado los intentos de desacreditar a Juan Francisco Sandoval, director de la FECI. Además de las campañas difamatorias en redes sociales, en un intento de cerrar las investigaciones lideradas por la FECI, más de 26 litigios maliciosos han sido presentados contra Sandoval.
Los jueces independientes también han sido atacados. El 3 de julio, la Corte Suprema de Justicia anunció que había dado trámite a una solicitud de antejuicio presentada en contra de la jueza Ericka Aifán. Aifán supervisa múltiples casos de corrupción que involucran a Gustavo Alejos y otros políticos y empresarios de alto perfil.
Los intentos de desacreditar al Procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, y debilitar su influencia en el país también han aumentado. Más recientemente, la Comisión Legislativa de DDHH aprobó la decisión de citar a Rodas Andrade en reacción a su solidaridad con el movimiento LGBT+. Varias organizaciones publicaron un comunicado conjunto rechazando los ataques contra el procurador por su apoyo público a los derechos LGBT+, especialmente el intento de usarlo como mecanismo de quitar atención a la corrupción en las cortes.
Después de una década de avances históricos en la lucha contra la corrupción, el sistema de justicia de Guatemala se encuentra nuevamente en alto riesgo de caer bajo control de grupos criminales. Desde el inicio del proceso de elección de la nueva Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones, grupos criminales y corruptos han tratado de manipular el proceso. Mientras casos importantes de corrupción están siendo procesados, estos grupos tienen un interés en garantizar la liberación de los implicados y detener cualquier investigación futura. Como parte de su estrategia, han iniciado procesos penales maliciosos en contra magistrados de la CC, jueces independientes, fiscales y activistas en lo que parece ser una represalia por su compromiso con la lucha contra la corrupción e impunidad.
El siguiente paso es asegurar el resultado de la elección de la próxima Corte de Constitucionalidad en 2021. Los magistrados de la CC son elegidos cada cinco años. Conforme la ley, el Congreso, la CSJ, la principal universidad pública, el Colegio de Abogados y el presidente con su consejo de ministros deben nombrar a un juez y a un suplente.
A través de sus acciones, está claro que la meta de estos grupos es imponer y mantener un sistema que beneficie las actividades ilícitas de redes de corrupción y crimen organizado en Guatemala. Tal resultado tendría repercusiones graves para la seguridad y estabilidad de Guatemala y la región.
