AP Photo/Fernando Vergara
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El Senado de Colombia votará mañana—y probablemente aprobará—los ascensos de 39 oficiales militares y policías al rango de Brigadier General (o su equivalente naval) o más alto. A WOLA le preocupa el hecho de que algunos de estos candidatos para ascensos enfrentan acusaciones creíbles de haber estado involucrados en, o haber obstruido esfuerzos de rendir cuentas para, graves abusos de los derechos humanos.
WOLA advirtió, en una carta enviada el 13 de enero de 2016 [PDF] al ministro de defensa de Colombia cuando fueron nombrados a participar en el Curso de ascenso de Altos Estudios Militares, que las nominaciones de siete de los candidatos para ascensos enviaba “un mensaje muy desafortunado.” Notamos que cuatro de los nombrados para el curso ahora no aparecen entre los ascensos que considerará el Senado este martes. Sin embargo, a los tres restantes candidatos para ascensos, nuestros colegas en Human Rights Watch agregan dos más quienes no aparecían en nuestra lista original.
Los oficiales que nos preocupan son los siguientes:
Coronel del Ejército Marcos Evangelista Pinto Lizarazo: en 2008, el Col. Pinto comandaba el Batallón de Infantería Magdalena de la 9a Brigada en Huila. En ese ano, según informacion de la Fiscalía General de la República y de la organización jesuita de investigation CINEP recopilada por la Fellowship of Reconciliation, miembros de ese batallón bajo el mando del Col. Pinto habrían ejecutado extrajudicialmente a 26 civiles no-combatientes, varios de ellos ejemplos de los llamados “falsos positivos.”
Coronel del Ejército Edgar Alberto Rodríguez Sánchez: Col. Rodríguez antecedió al Col. Pinto al mando del Batallón Magdalena en 2007. En ese año, según información de la Fiscalía General de la Republica y del CINEP, recopilada por la Fellowship of Reconciliation, miembros de ese batallón bajo el mando del Col. Rodriguez habrían ejecutado extrajudicialmente a 16 civiles no-combatientes, varios de ellos ejemplos de los llamados “falsos positivos.”
Coronel del Ejército Adolfo León Hernández Martínez: un documento de la Corte Suprema de Colombia, disponible en línea.doc), indica que el Col. Hernández comandó el Batallón Popa en Cesar en 2008. Varios informes de derechos humanos han calificado al Batallón Popa como notorio por su participation desproporcionada en los homicidios llamados “falsos positivos” entre 2002 y 2008. En 2008, según información de la Fiscalía recopilada por Human Rights Watch, miembros del batallón bajo el mando del Col. Hernández habrían matado a siete civiles no- combatientes. Entre ellos Nixa Martinez, una joven de 15 anos quien desapareció de la ciudad de Valledupar después de salir de su casa para cumplir una cita odontológica, pero cuyo cuerpo sin vida fue presentado por el Batallón Popa como el de una combatiente del ELN abatida en combate en una zona rural.
Brigadier General del Ejército Emiro José Barrios Jimenez, quien está bajo investigación por la Fiscalía General de la República por asesinatos estilo “falso positivo” cometidos cuando él encabezaba la 8a Brigada del Ejército Colombiano. Human Rights Watch informa que “La Fiscalía General de la Nación ha abierto investigaciones sobre al menos 19 muertes presuntamente perpetradas por soldados de la Octava Brigada en 2008,” un año en el cual el General Barrios mandaba esa unidad.
Brigadier General del Ejército Jorge Enrique Navarrete Jadeth quien, según Human Rights Watch, “fue el segundo comandante de Barrios Jiménez en la Octava Brigada durante al menos parte de 2008. Navarrete Jadeth se encuentra bajo investigación penal por homicidios cometidos por la Octava Brigada, así como por su presunta cooperación con grupos paramilitares. ”
WOLA saluda enérgicamente a Colombia por los mejoramientos notables que ha experimentado el récord en derechos humanos de sus fuerzas armadas, especialmente durante los ocho años que han pasado desde que el escándalo de “falsos positivos” alertó al mundo de la gravedad del problema. Pero los mejoramientos verdaderos en el desempeño en derechos humanos tienen tres dimensiones:
1. Cifras: el número de nuevas acusaciones de participación militar en graves abusos de derechos humanos ha caído de manera importante. Esto representa progreso importante. Sin embargo, notamos que los grupos de defensa de los derechos humanos dentro de Colombia midieron 65 acusaciones de ejecuciones extrajudiciales en contra de las fuerzas de seguridad en 2015.
2. Rendición de Cuentas: El sistema de justicia colombiana a logrado 817 sentencias condenatorias en contra de 961 miembros de las fuerzas armadas en casos de “falsos positivos.” Según un informe de abril de la Fiscalía General de Colombia [PDF], en ese momento los condenados incluyeron cuatro coroneles y siete teniente coroneles. Un puñado de generales también está pagando penas carcelarias por haber colaborado en el pasado con grupos paramilitares. Mientras esto representa un nivel mayor de rendición de cuentas que ha logrado muchos países latinoamericanos, hay mucho camino que correr. Solo en el tema de ejecuciones extrajudiciales, para julio habían 2,242 casos abiertos involucrando a personal de la fuerza pública, con 4,190 víctimas.
3. Incentivos: Para garantizar que las violaciones masivas de derechos humanos no recurran en el futuro, Colombia necesita no solamente castigarlas, pero también evitar ascender y premiar a los oficiales que enfrentan acusaciones graves. Aunque todos son inocentes hasta probarse culpables, estos ascensos y premios envían un mensaje tóxico a la mayoría del personal militar, una mayoría que quiere una cultura institucional libre de cualquier tolerancia al abuso de derechos humanos o la corrupción. Las cuestionamientos persistentes sobre tantos nombrados para ascensos dejan claro que Colombia ha fracasado en esta dimensión de “incentivos.”