(AP Photo/Marco Ugarte)

23 Sep 2021 | Análisis

Séptimo aniversario de las desapariciones de Ayotzinapa en México: Avances y desafíos en la búsqueda de la verdad y la justicia

Este domingo 26 de septiembre se cumplen siete años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero. Para sus familias, este séptimo aniversario significa un año más sin sus seres queridos, sin verdad y sin justicia: los hechos de la desaparición de los 43 estudiantes no han sido plenamente esclarecidos y, aunque hay procesos penales abiertos contra diversas personas implicadas, aún no existen condenas por los hechos.

Sin embargo, el caso sigue avanzando. La Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República (FGR) ha logrado avances que incluyen la identificación de estudiantes y nuevos procesos penales y órdenes de aprehensión contra autoridades federales. Estos pasos contrastan marcadamente con la investigación inicial del caso durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, la cual estuvo plagada de abusos como la tortura, la manipulación de los hechos y la difusión pública de información falsa.

Ahora, las autoridades deben consolidar los avances al tiempo que garantizan que la falsa investigación de la administración anterior no retrase aún más el acceso a la justicia para las familias de los estudiantes. Esclarecer plenamente y sancionar los hechos de Ayotzinapa es crucial no sólo para brindar verdad y justicia a las familias de los 43 normalistas, sino también porque este caso puede servir como punto de referencia para la investigación de otras de las decenas de miles de desapariciones en México.

Estos son algunos acontecimientos significativos del caso Ayotzinapa en el último año:

Septiembre de 2020: El presidente López Obrador reafirma el apoyo del gobierno a la investigación

El 26 de septiembre de 2020, en el sexto aniversario del caso, el presidente Andrés Manuel López Obrador participó en una ceremonia pública con las familias de los 43 estudiantes, en la que reafirmó el apoyo del gobierno a la investigación en curso. A nombre del Estado, ofreció disculpas por las desapariciones, y las declaró “una gran injusticia cometida por el Estado”, asegurando que no habría impunidad para los actores implicados. Como reseñamos hace un año, López Obrador ha creado la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa para coordinar acciones entre las diferentes instancias gubernamentales, espacio que incluye a familiares de los estudiantes y organizaciones de la sociedad civil.

2020-2021: Nuevos procesos penales contra funcionarios federales

La Unidad Especial del caso logró iniciar procesos penales contra un capitán del Ejército en noviembre de 2020 y contra un exmando de la Policía Federal en enero de 2021. Estos pasos para responsabilizar a integrantes de instituciones federales son significativos dado el intento de la administración pasada de presentar los crímenes de Ayotzinapa como obra de dos cuerpos policiales municipales, en lugar de reconocer la participación de agentes de todos los niveles de gobierno.

En abril de 2021, se emitió una nueva orden de aprehensión contra Tomás Zerón de Lucio, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal de la entonces Procuraduría General de la República, por la tortura de una persona detenida durante la investigación original en 2015, que posteriormente fue liberada porque las pruebas en su contra se generaron ilegalmente. En 2020 fue filtrado al público un video en el cual se ve a Zerón de Lucio supervisando la tortura, y también enfrenta cargos por la tortura de otras personas, así como por desaparición forzada (por obstaculizar la investigación). Actualmente permanece en Israel, a donde huyó para eludir la justicia, y es solicitado en extradición por el gobierno mexicano.

Para consolidar estos avances, será esencial llevar a juicio de manera efectiva a todos los autores federales relevantes, así como esclarecer las responsabilidades de otras autoridades municipales y estatales, tales como funcionarios policiales y ministeriales, con el fin de presentar los cargos correspondientes. Enjuiciar exitosamente a los actores clave de los diferentes niveles de gobierno y a los integrantes del crimen organizado implicados —algunos identificados desde 2015— también requiere tomar todas las medidas necesarias para superar el impacto y los retrocesos causados por la manipulación inicial de la investigación. En particular, las autoridades deben asegurarse de que todos los cargos estén plenamente respaldados por pruebas lícitas y objetivas, así como judicializar aquellos casos en los que ya se cuente con tal evidencia.

Enero de 2021: Un testimonio filtrado genera confusión

En enero de 2021, el testimonio confidencial de un testigo colaborador en la investigación fue divulgado en medios nacionales. Esto fue preocupante porque recordó el patrón de filtraciones que ocurrió durante la administración de Peña Nieto. La filtración presentó públicamente una versión de la desaparición de los 43 estudiantes que no se puede tomar como comprobada; como señaló el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), una de las organizaciones representantes de las familias, ninguna declaración puede ser considerada suficiente para probar lo que sucedió con los estudiantes sin que sea corroborada con otras pruebas, particularmente científicas.

Mayo de 2021: Los gobiernos de Estados Unidos y México refuerzan canales para compartir información relevante para la investigación

Puesto que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha judicializado acusaciones por narcotráfico contra miembros de Guerreros Unidos, el principal grupo criminal implicado en la desaparición de los 43 estudiantes, López Obrador aprovechó una reunión con la vicepresidenta Kamala Harris en mayo de 2021 para solicitar que las autoridades estadounidenses compartan información adicional sobre el grupo con las autoridades mexicanas. Dicha solicitud ha permitido agilizar el intercambio bilateral de información potencialmente relevante para esclarecer el caso.

Junio de 2021: La búsqueda de las víctimas lleva a otra identificación

Después de la identificación en julio de 2020 del estudiante Christian Alfonso Rodríguez Telumbre a partir del análisis de restos descubiertos en la zona conocida como Barranca de la Carnicería, otros hallazgos del mismo sitio fueron enviados a la Universidad de Innsbruck en Austria en febrero de 2021. El análisis de ADN realizado por dicha Universidad llevó a la identificación en junio de 2021 del estudiante Jhosivani Guerrero de la Cruz. Estas identificaciones son notables porque la zona de ambos hallazgos es distinta de la supuesta escena del crimen descrita en la investigación original, confirmando nuevamente la falsedad de la teoría del caso inicialmente presentada al público. Las identificaciones también demuestran que es posible descubrir nueva información relevante a pesar de los años transcurridos.

Julio de 2021: Nuevas revelaciones sobre el uso de spyware contra las víctimas 

Una investigación realizada por diversos medios de comunicación y publicada en julio de 2021 confirmó que familiares de los 43 estudiantes estaban en la lista de potenciales objetivos de vigilancia del infame programa de espionaje Pegasus, utilizado por el gobierno mexicano para espiar a activistas de derechos humanos, periodistas y otras personas durante la administración de Peña Nieto. Entre los objetivos previamente conocidos de dicha vigilancia se encuentran integrantes del Centro Prodh y del Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI), el grupo de cinco reconocidas personas expertas en derechos humanos y justicia, nombradas en 2014 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para brindar asistencia técnica en la investigación del caso Ayotzinapa. La investigación de la FGR sobre la vigilancia ilegal con Pegasus aún no ha dado resultados.

Septiembre de 2021: Continúa la asistencia técnica internacional

El 6 de septiembre de 2021, personas funcionarias del gobierno mexicano se reunieron con la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, relatora para México de la CIDH, y acordaron mantener la asistencia técnica de la CIDH en el caso, proponiendo además seguir con el apoyo del GIEI. El GIEI jugó un papel fundamental no sólo en la investigación del caso durante sus etapas iniciales, sino también particularmente en evidenciar los abusos y manipulación de la investigación penal original. El regreso del grupo de personas expertas para continuar con la asistencia en el caso durante el gobierno de López Obrador se produjo a petición de las familias.

Los papeles de la CIDH y del GIEI se suman a otras formas de apoyo técnico y colaboración de actores internacionales. Además de los ejemplos mencionados anteriormente, el Equipo Argentino de Antropología Forense ha brindado asistencia crucial en la materia desde 2014.

La lucha por la verdad y la justicia por las desapariciones en México: más allá de Ayotzinapa

Todavía queda mucho por hacer para garantizar el acceso a la verdad y la justicia para las víctimas del caso Ayotzinapa. Al mismo tiempo, los avances en el caso Ayotzinapa apuntan a prácticas que deberían replicarse en la investigación de otros patrones de desaparición. En este sentido, el Centro Prodh identifica la voluntad política, la coordinación entre diferentes instituciones en la búsqueda e investigación, la apertura del Estado a la asistencia técnica internacional, el diálogo con las víctimas y el reconocimiento del papel de la sociedad civil como factores clave que han posibilitado los avances en el caso Ayotzinapa.

Teniendo en cuenta que más de 92.000 personas siguen desaparecidas y no localizadas en México —una cifra en aumento—, hay una necesidad urgente de mejorar la investigación de las desapariciones. México cuenta con un marco legal destinado a hacer precisamente eso: la histórica Ley General contra la desaparición, vigente desde enero de 2018. Sin embargo, diversas instituciones no cumplen plenamente con sus obligaciones bajo la Ley General.

La campaña de 2021 de WOLA Terminar con las desapariciones empieza por la justicia analiza la investigación de las desapariciones en México entre 2018 y 2020, es decir, durante los primeros tres años de vigencia de la Ley General. Al recopilar y contrastar datos de fuentes oficiales, WOLA encontró que sólo el 3,5 por ciento de las más de 23.000 personas desaparecidas en esos tres años estaban reconocidas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas como víctimas de los delitos de desaparición tipificados en la Ley General. Lo anterior refleja tanto omisiones de las autoridades a la hora de suministrar información al Registro —lo cual impide que dicha base de datos alcance su potencial como herramienta de búsqueda e investigación—, como brechas reales entre el número de desapariciones y de investigaciones. En varios estados, el número de personas desaparecidas entre 2018 y 2020 supera por mucho el número de investigaciones iniciadas por las fiscalías estatales por delitos de desaparición, lo que significa que muchas desapariciones están clasificadas como delitos distintos o no están siendo investigadas como delitos. Además, diversas fiscalías carecen de la infraestructura de investigación ordenada por la Ley General o no están cumpliendo con otros aspectos de la Ley en las investigaciones. El hecho de que la mayoría de las desapariciones en México queden impunes perpetúa las desapariciones.

La crisis de desapariciones en México va acompañada de una crisis forense. Un informe reciente del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) registró más de 52.000 personas fallecidas sin identificar en cementerios públicos y otras instituciones del Estado. El recién inaugurado Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), propuesto por las familias y la sociedad civil y creado por el gobierno mexicano, aprovechará los conocimientos de personas expertas independientes y la asistencia de organismos internacionales para hacer frente al enorme rezago en materia de identificación forense. Este modelo representa el potencial de la colaboración entre actores nacionales e internacionales en este ámbito, pero su éxito final dependerá de que reciba la plena cooperación de las autoridades pertinentes, en particular de las fiscalías. Simultáneamente, continúa la necesidad de mejorar la capacidad forense de las instituciones mexicanas más allá de las acciones del MEIF.

Por último, y motivo de especial preocupación este año, las familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos, lideradas especialmente por mujeres y a menudo agrupadas en los numerosos colectivos de familiares que han surgido a lo largo y ancho del país, están sufriendo cada vez más ataques. En los últimos meses se ha producido el asesinato de múltiples familiares de personas desaparecidas. Otras familias han denunciado amenazas e intimidaciones, incluso recientemente por parte de las fuerzas de seguridad. Estos casos ponen de manifiesto la obligación de las autoridades de proteger a las familias (que son tanto víctimas como defensoras de los derechos humanos) y evidencian los riesgos a los que se enfrentan muchas familias que buscan verdad y justicia.

Conclusión

Esclarecer plenamente lo sucedido hace siete años a los 43 estudiantes de Ayotzinapa requiere seguir avanzando con voluntad política, acciones contundentes por parte de los fiscales y atención y apoyo de actores internacionales. Todavía queda un camino importante por recorrer: si bien avances como la identificación de algunos estudiantes fueron posibles gracias a los recursos, la coordinación y la asistencia internacional que caracterizan la actual investigación penal, la mayoría de los estudiantes desaparecidos aún no han sido encontrados y los responsables no han sido castigados.

A pesar de los retos, la investigación del caso Ayotzinapa contiene varios ejemplos importantes de cómo podría y debería ser una investigación, un mensaje crucial en un país en el que cientos de miles de familiares buscan respuestas sobre el paradero y la suerte de sus seres queridos desaparecidos. Tomando en cuenta el potencial del caso para contribuir al mapeo y persecución de las desapariciones en México, es aún más importante que la FGR y otras instituciones refuercen sus acciones para garantizar el acceso a la justicia para las familias de los 43 estudiantes.

Las familias de las personas desaparecidas en México han liderado los esfuerzos de búsqueda, han propuesto y construido herramientas legales para enfrentar la crisis de desapariciones y continúan trabajando cada día para descubrir la verdad detrás de las desapariciones. La investigación del caso Ayotzinapa demuestra que cuando el Estado responde a las desapariciones con voluntad, recursos, asistencia técnica y diálogo con las víctimas, es posible avanzar hacia la justicia. Es una lección que debería aplicarse en todo el país.