Pronunciamiento de WOLA
16 de abril de 2014
El 16 de abril de 2014, bombas incendiarias fueron lanzadas contra la sede de SINTRAEMCALI, el sindicato del sector público en Cali, Colombia. El ataque se produce pocos días después de una decisión judicial importante del 11 de abril que ordenó que el presidente colombiano Juan Manuel Santos y el vicepresidente Angelino Garzón pidan perdón por los crímenes cometidos en contra de los sindicatos SINTRAEMCALI, SINTRAUNICOL y SINTRATELEFONOS durante el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe.
Estos últimos ataques se producen tan sólo una semana después del tercer aniversario del Plan de Acción Laboral (PAL) entre Estados Unidos y Colombia, en el que ambos países aplaudieron los "avances importantes" en materia de derechos laborales. El acuerdo bilateral fue diseñado para bajar los altos niveles de violencia antisindical en Colombia y reducir las violaciones de los derechos laborales antes de la firma de un acuerdo de libre comercio. Sin embargo, según un nuevo informe, el PAL ha fracasado en gran medida a mejorar la situación de los trabajadores organizados en Colombia. En 2013, 26 sindicalistas fueron asesinados por su trabajo, y la tercerización laboral y los despidos masivos ilegales siguen siendo ampliamente utilizados para violar el derecho a la libre asociación.
SINTRAEMCALI ha sido sujeto a amenazas y ataques de grupos paramilitares por su oposición al despido masivo de trabajadores del sector público caleño en 2004. En la última década, por lo menos 15 miembros de SINTRAEMCALI se han visto obligados a exiliarse, 8 han sido asesinados y más de 100 más han recibido amenazas. El sindicato también fue el blanco de la "Operación Dragón", un intento de asesinato respaldado por el gobierno contra el entonces presidente de SINTRAEMCALI (y actual senador Alexander López Maya) y otros defensores de los derechos humanos en la región. El juicio en contra de varios miembros de las fuerzas armadas de Colombia se encuentra actualmente en curso.
WOLA pide que el gobierno colombiano, y particularmente la Unidad Nacional de Protección (UNP), investiguen estos hechos y garanticen protección adecuada a los líderes sindicales de conformidad con sus compromisos en el marco del Plan de Acción Laboral. Sin embargo, las medidas de protección en sí mismas no son suficientes para garantizar la seguridad duradera ni para abordar las causas subyacentes de la violencia antisindical. El Fiscal General debe investigar estos crímenes y garantizar que se los llevan ante la justicia tanto a los autores materiales como los autores intelectuales. Como destacaron los congresistas estadounidenses McGovern y Miller en una carta reciente, las amenazas y los ataques se deben tomar más en serio y se los deben investigar de manera inmediata para asegurar que no se traduzcan en homicidios. Por último, las declaraciones políticas tienen el poder de proteger las vidas; el presidente Santos debe acatar la orden del juez del 11 de abril y pedir disculpas en nombre del gobierno colombiano por los crímenes cometidos durante el gobierno de Uribe, así como condenar a este último ataque.
Para ver un video del ataque, por favor haga clic aquí.