Desde marzo de 2021 el gobierno del estado de Texas, bajo el mandato del gobernador Greg Abbott (Republicano), ha llevado a cabo la “Operation Lone Star” o OLS, una severa ofensiva contra la migración a lo largo de la frontera de Texas con México. Aunque los aspectos políticos, financieros y jurídicos de esta operación han recibido mucha atención, una cuestión igualmente alarmante ha sido relativamente ignorada: el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y miembros de la guardia nacional de Texas contra civiles en la frontera.
Las acciones cometidas a lo largo del Río Grande, que van desde disparar proyectiles a migrantes desarmados hasta empujarlos físicamente al otro lado de la frontera, violan casi cualquier estándar de instituciones de seguridad pública y sienta un precedente peligroso para las relaciones cívico-militares en suelo estadounidense.
El gobernador Abbott y los oficiales que llevan a cabo la OLS clasifican a las personas migrantes—muchas de ellas infantes, familias y personas en busca de refugio o asilo—como “invasores”, validando la operación como una manera para el estado de Texas de defenderse. Con un costo de más de US$11 mil millones de fondos estatales, la OLS ha desplegado a miles de policías estatales y miembros de la guardia nacional, cuyos números aún no han sido revelados.
La operación ha dado como resultado:
A pesar de estas medidas, la OLS no ha disuadido la migración hacia Texas, en comparación a otros estados fronterizos con México.
A WOLA le preocupa un aspecto de la OLS que se ha vuelto más alarmante desde mediados de 2023 especialmente en Eagle Pass y El Paso. Las fuerzas armadas de Texas estacionadas en las orillas del Río Grande,a unos metros del muro fronterizo y la patrulla fronteriza federal, han estado utilizando fuerza “menos letal” en contra de las personas migrantes y personas en busca de refugio desarmadas incluso cuando no existe una justificación de defensa propia.
Este comportamiento es inaceptable y peligroso . Tiene un gran potencial para el abuso de los derechos humanos. Ignora las prácticas adecuadas para el manejo de disturbios y multitudes, escalando innecesariamente situaciones que no tienen porqué ser causa de conflicto y representa un peligroso uso de las fuerzas armadas en una democracia.
Los informes de abuso por parte de los cuerpos policiales y miembros de la guardia nacional de Texas bajo la “Operación Lone Star” incluyen disparos de balas de goma y bolas de gas pimienta, golpes y empujones a las personas hacia los alambres de concertina. A menudo,. las personas objetivo se encuentran en el lado mexicano de la frontera de EE. UU., o apenas en el lado estadounidense pero separadas de las fuerzas texanas por capas de alambre de concertina afiladas. Frecuentemente, se trata de familias con infantes y personas que viajan solas en busca de entregarse para solicitar protección en los Estados Unidos.
Algunos casos notables incluyen:
WOLA no ha podido verificar este incidente, que merece una investigación por parte del gobierno de Texas y, de ser necesario, por las autoridades federales. En caso de que los testigos estén del lado mexicano de la frontera, deben colaborar con las autoridades mexicanas. Han pasado varios meses: si las pesquisas iniciales resultaron en una investigación, las autoridades estatales y federales deben informar al público si permanecerá abierta y si se publicarán los resultados. Aclarar esto debería ser de máxima prioridad porque de ser cierto, sería la primera vez en décadas que un soldado o guardia asesina a un civil en suelo norteamericano.
Aunque no siempre ocurre justo en la frontera, es importante señalar que miembros de la guardia nacional de Texas, asignados a la OLS, han disparado contra civiles en tres ocasiones conocidas desde que comenzó la operación:
Esta situación es intolerable y plantea cuestiones sobre derechos humanos y civiles que requiere una intervención de las agencias federales con responsabilidades de supervisión: esto es, el Departamento de Justicia de EE UU, el Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina de la Guardia Nacional.
WOLA solicita una intervención federal por varios motivos.
Ninguna agencia de las fuerzas de seguridad en EE. UU. tiene directrices sobre el uso de la fuerza que permite disparar proyectiles a personas que no representan una amenaza inminente, a menos que su presencia viole gravemente la ley y se hayan agotado los medios pacíficos.
El Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP), una agencia federal de la cual es parte de la patrulla fronteriza, tiene una política sobre el uso de la fuerza que indica que un oficial “debe de tener una creencia razonable de que el sujeto representa una amenaza inminente de muerte o lesiones corporales graves para el oficial o para otra persona”. La mayoría de los departamentos de policía locales y estatales adhieren a un estándar similar.
En todos los casos conocidos que involucran la Operación Lone Star en la frontera, las personas atacadas han estado desarmadas. En muchos casos, aquellas que fueron objetivo estaban del otro lado de una barrera difícil de penetrar, compuesta por capas de alambre de concertina. En algunos casos, ni siquiera estaban en suelo estadounidense. Por ende no representan una amenaza de muerte o lesiones graves y no justifican un nivel de fuerza de tal magnitud.
El simple hecho de estar en suelo estadounidense, no representa un delito que justifique el uso de la fuerza. Si las personas presentes expresan temor a regresar, es ilegal devolverlas a México.
La Sección 208 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), basada en compromisos de EE. UU. bajo la Convención sobre Refugiados, establece claramente que las personas en suelo estadounidense tienen derecho a solicitar asilo si temen regresar a su país, y tienen este derecho independientemente de si llegaron a suelo estadounidense en un puerto de entrada oficial o entre puertos. Esto sigue siendo cierto incluso bajo la reciente norma de la administración Biden, anunciada en junio, que limita el acceso al asilo entre puertos de entrada (la cual enfrenta varios desafíos legales). Las personas sujetas a la norma ahora deben demostrar un mayor nivel de temor al retorno mientras son procesadas.
Rechazar a alguien que solicita protección se llama “devolución” y es una violación derecho internacional de los derechos humanos. Es particularmente ilegal rechazar a personas de manera violenta cuando están desarmadas y no representan una amenaza. El estado de Texas tiene una obligación bajo este compromiso y no puede crear su propia política de derechos humanos en la frontera.
Las fuerzas de seguridad en los EE UU y en otros lugares han pasado décadas refinando enfoques para disturbios y control de multitudes.
Las medidas más efectivas usan la violencia sólo como último recurso y usan varios métodos de desescalamiento antes de cruzar el umbral hacia la violencia. Lo que estamos viendo en la frontera en Texas parece ignorar completamente las lecciones y mejores prácticas para disminuir y evitar conflictos.
Estos incidentes son preocupantes porque las fuerzas armadas están llevando a cabo presuntos abusos.
Bajo el título 32 del código de EE UU., miembros de la Guardia Nacional de Texas están movilizados bajo el mando del gobernador Abbott, no del gobierno federal. No obstante, son soldados que reciben el mismo entrenamiento de combate del Departamento de Defensa y utilizan gran parte del mismo equipo que el personal militar activo regular. Sus uniformes llevan parches que dicen “Ejército de los EE. UU.”
Es muy raro ver al personal militar de EE. UU. en una posición en la que pueda verse obligado a usar la fuerza contra civiles en territorio estadounidense. La ley “Posse Comitatus” de 1878 lo prohíbe, excepto en circunstancias de emergencia. Episodios como la masacre de Kent State en 1970, donde murieron estudiantes manifestantes, han hecho a las autoridades más reacias a usar soldados o miembros de la Guardia Nacional en este rol. Cuando algunos presidentes han solicitado que lo hagan—como durante los disturbios de Los Ángeles en 1992 o las protestas por la muerte de George Floyd en 2020—las autoridades militares han buscado terminar con los despliegues lo antes posible o se han opuesto a los líderes civiles, como Donald Trump, que los ordenaron.
La posición en la que Texas está colocando al personal militar—actuando como policía, en contacto regular con una población civil—debería ser una excepción a la regla, tanto en los Estados Unidos como en América Latina, donde vemos una tendencia igualmente alarmante de expansión de los roles internos de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, Texas planea mantenerlo vigente: el Departamento Militar del estado está pidiendo a su legislatura $2.3 mil millones para financiar la participación de la Guardia Nacional en la Operación Lone Star en 2026 y 2027.
La misión de despliegue en la frontera de OLS, con tantos incidentes alarmantes que involucran a guardias y civiles, no tiene comparación en los últimos 50 años. Al desplegar tropas en un rol de aplicación de la ley civil, durante tanto tiempo y con directrices aparentemente vagas, Texas está estableciendo un terrible precedente para las relaciones civil-militares en EE. UU.
Esto requiere que el gobierno federal actúe. WOLA hace un llamado al Departamento de Justicia para que abra una investigación sobre las violaciones del uso de la fuerza cometidas por el personal de Texas, especialmente su Guardia Nacional entrenada federalmente.
Este departamento ha actuado anteriormente para frenar otros excesos del gobierno estatal de Texas en la frontera, como la instalación de un «muro de boyas» en el Río Grande y la aprobación de una ley que otorgaría a las autoridades estatales el poder de arrestar y deportar a personas que consideran que han cruzado la frontera ilegalmente. El comportamiento de las fuerzas de seguridad de Texas a lo largo de la frontera alcanza un nivel similar de gravedad.
Al hacer este llamado al Departamento de Justicia, hacemos eco a llamados anteriores para que se realice una investigación, por parte de grupos estadounidenses de defensa de los derechos humanos. En diciembre de 2021, varias organizaciones presentaron una queja bajo el Título VI de la Ley de Derechos Civiles pidiendo al departamento que investigara los arrestos de personas migrantes en Texas basados en perfilamiento racial y vigilancia sesgada. En junio de 2024, Human Rights Watch presentó una queja citando algunos de los incidentes de uso excesivo de la fuerza que enumeramos anteriormente, incluida la muerte no resuelta del hombre hondureño.
El hecho de que estos incidentes involucren a soldados bajo el mando de un gobernador que confunde a las personas solicitantes de asilo con “invasores” amplifica enormemente la urgencia de iniciar una investigación.
En los últimos meses, los incidentes de uso de la fuerza en la frontera de Texas se han reducido junto con una disminución temporal en la población migrante en general. El 4 de junio de 2024, la administración Biden proclamó una norma que hace más difícil para las personas que cruzan entre puertos de entrada acceder al sistema de asilo de EE. UU. El número de personas en la línea entre Ciudad Juárez y El Paso ha caído drásticamente, al menos por el momento.
Pero como advirtió un análisis de WOLA en agosto de 2024, lo que no ha disminuido es el número de personas migrantes que mueren mientras intentan cruzar la frontera en el sector de El Paso donde se encuentra la Patrulla Fronteriza. Incluso en medio de una disminución de la migración, las recuperaciones de restos de personas migrantes por parte de la Patrulla Fronteriza ya han batido un récord en dicho sector para el año fiscal 2024. La gran mayoría de esas muertes han ocurrido en el desierto dentro de un radio de 20 millas de El Paso, según un proyecto de mapeo de No More Deaths. Las causas son agotamiento por calor y deshidratación, junto con algunas caídas fatales desde el muro fronterizo.
El uso de la fuerza por parte del gobierno estatal de Texas es una preocupación urgente en términos de derechos humanos, pero está lejos de ser la única causa de muertes y sufrimientos evitables y prevenibles en la frontera. La insistencia del gobierno federal en el enfoque de “disuasión”, mientras mantiene un sistema de asilo sin recursos, también tiene una gran culpa. La próxima administración de los Estados Unidos necesita repensar esta estrategia de manera drástica
Nos gustaría reconocer la asistencia invaluable de Jocelyn Vasquez-Tax en la creación de este comentario.
