El 2 de agosto, un tribunal guatemalteco condenó a cuatro ex integrantes del grupo élite de los Kaibiles del ejército guatemalteco a más de 6,000 años de prisión por la masacre de más de 200 personas ocurrida en Dos Erres en diciembre de 1982. Tras asaltar a la comunidad, 17 Kaibiles torturaron, violaron y mataron a niñas y mujeres, y cometieron brutales asesinatos. Los cadáveres de las víctimas fueron apilados en un pozo hasta llenarlo y luego sepultados allí. La dura condena representa una reparación simbólica para las victimas y los sobrevivientes de la masacre.
El fallo histórico forma parte de un número creciente de casos de integrantes del ejército guatemalteco que han sido enjuiciados por las masacres ocurridas durante la guerra interna que vivió el país entre 1960 y 1996 y que causó la muerte de más de 200,000 personas, la mayoría de las cuales eran de indígenas mayas. En 1998, tres militares fueron condenados por el asesinato de tres personas durante la masacre de 177 personas en 1982 en la localidad de Río Negro. Al año siguiente, cada uno fue sentenciado a cincuenta años de prisión. En 2004, un oficial y 13 soldados fueron condenados por cargos similares, pero el veredicto fue apelado y subsecuentemente anulado. En diciembre de 2009, un ex coronel del ejército y tres comisionados fueron condenados a 53 años de cárcel por la desaparición de seis personas en El Jute en 1981, siendo la primera vez que un militar de alto rango es condenado por crímenes cometidos durante el conflicto interno. Excepto por este último caso, la mayoría de los casos contra miembros militares responsables por actos de genocidio durante el conflicto interno han sido en contra de ex militares de bajo rango en vez de los oficiales que ordenaron los asesinatos y pocos han logrado condenas sustentables en el tiempo. Muchos testigos, incluyendo a Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, han prestado testimonio en contra de ex generales, incluyendo al ex dictador Efraín Ríos Montt, acusados de participación en la torturas y el genocidio. Sin embargo, estos casos no han avanzado.
Debido a este preocupante precedente, es aún prematuro declarar que se ha hecho justicia completa en este caso. El ex teniente Carlos Antonio Carias, acusado de ser uno de los autores intelectuales de la masacre de Dos Erres, tiene intenciones de apelar su sentencia, señalando que no estuvo físicamente presente en la masacre.
La condena de los cuatro ex militares del grupo élite del ejército guatemalteco abre el paso para que otros ex integrantes kaibiles detenidos en Estados Unidos y Canadá sean extraditados a Guatemala para que sean juzgados por su participación en ésta y otras masacres.
Históricamente, los casos en contra de oficiales de alto rango por su participación en las masacres han enfrentado una serie de obstáculos, incluyendo amenazas a aquellos que han hecho esfuerzos para que los casos lleguen ante los tribunales. Además, a pesar de la reciente desclasificación de más de 11,000 documentos de los archivos militares de 1960 a 1996, es preocupante la falta de documentos desclasificados del periodo entre 1980 y 1984, los peores años de la guerra civil. El criterio para mantener 55 documentos clasificados ha sido ambiguo. Por lo tanto, es posible que algunos de los documentos pertinentes a estos casos de violaciones de derechos humanos permanezcan inaccesibles para el público. El gobierno guatemalteco debería conceder el acceso a documentos militares requeridos por las victimas y juzgar a aquellos responsables para rectificar los daños sufridos por la población durante el conflicto interno. La consolidación del Estado de Derecho en Guatemala depende de la capacidad del gobierno para poner fin a la cultura de impunidad que ha impedido la sanción de aquellos responsables por crímenes tanto pasados como presentes. La reciente condena es un paso en adelante para traer justicia a las miles de victimas de las atrocidades ocurridas durante el conflicto armado en Guatemala.
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