13 May 2015 | Análisis | Noticias

Suspender la fumigación de coca en Colombia es la decisión correcta

¿Puede Colombia aprovechar del momento para reducir el cultivo de coca con políticas más humanas y sostenibles?

Pronunciamiento de WOLA

El 9 de mayo, el presidente colombiano Juan Manuel Santos tomó la decisión de anunciar la suspensión del programa de fumigación aérea de cultivos de coca. El programa, que ha durado 21 años y fue respaldado por Estados Unidos, busca erradicar los arbustos de coca, cuyas hojas se usa para hacer cocaína, mediante el uso de aviones para rociar herbicidas que contienen el químico glifosato. Desde 1994, con un costo estimado a los US $ 2 mil millones, los aviones han rociado glifosato sobre 4.350.000 hectáreas de territorio colombiano, una zona más o menos igual a los estados estadounidenses de Connecticut y gran parte de Rhode Island. Colombia es el único gobierno que permite la aspersión aérea de coca con herbicidas.

En marzo, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (International Agency for Research on Cancer, IARC), que forma parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), determinó que el glifosato es “probablemente cancerígeno para los seres humanos.” Ante la posibilidad de que su gobierno podría estar rociando carcinógenos sobre sus propios ciudadanos, el presidente Santos tomó la medida éticamente correcta de invocar el “principio de precaución”, que sostiene que la fumigación no puede ocurrir si existe una duda razonable de que podría perjudicar a la salud humana. La decisión del Presidente se hará oficial en una reunión del 14 de mayo del Consejo Nacional de Estupefacientes de Colombia; el gobierno ya ha comenzado a considerar otras opciones de control de los cultivos. Colombia debe aprovechar esta oportunidad para adoptar un enfoque de medias de vida alternativa —uno basado en la mejora de la calidad de vida y oportunidades de ingresos para los campesinos— que ha tenido éxito en la reducción de los cultivos de coca y amapola en Tailandia y Bolivia.

Poner fin a la fumigación es la mejor opción no solo por razones de salud o ética. Rociar con glifosato simplemente no ha funcionado. Por cada hectárea de coca reducida en Colombia, más de 16 son rociadas. Entre 2004 y 2007, el período de las operaciones de fumigación más intensos en “Plan Colombia”, las estimaciones de Estados Unidos de los cultivos de coca en Colombia aumentaron. No comenzaron a bajar hasta que Colombia comenzó a abordar el problema en el terreno, a través de programas de erradicación manual más intensos (que aunque no es una solución de “medias de vida alternativa”, hacen erradicar las plantas más a fondo y requieren por lo menos un mínimo de presencia del gobierno), esfuerzos del gobierno para aumentar el control en el terreno, y otras actividades, como la minería ilegal, que resultaron más lucrativas en comparación con el cultivo de coca.

Los últimos 20 años han demostrado que la intensa fumigación con glifosato puede reducir el cultivo en áreas específicas para un tiempo limitado. Pero las comunidades, a falta de otras alternativas económicas viables, eventualmente se adaptan a las fumigaciones y los cultivos regresan.

La historia frustrante de la fumigación no es ningún misterio. Desde el 1997, WOLA ha visitado con frecuencia las partes de Colombia donde el programa de fumigación ha operado, y ha conversado con las comunidades que han sido afectadas por el programa. La mayoría de los cultivadores de coca, que encontramos no son los capos ricos de la droga. Son familias pobres, y el comercio de la coca no las ha enriquecido mucho. El ingreso promedio de familias que cultivan coca y han experimentado la fumigación con glifosato es alrededor de US $ 1.220 por persona cada año, según estimaciones de la ONU.

Esa es una vida mejor que lo que es posible con casi cualquier otro cultivo en las regiones de Colombia, donde la ausencia del gobierno es casi total. Muchos habitantes de zonas rurales como el Guaviare, Caquetá, Putumayo o Catatumbo vinieron de otro lugar, desplazados por la violencia o atraídos por la promesa de la tierra—pero el gobierno de Colombia no los siguió. Sin seguridad, ni carreteras de la finca al mercado, o la titulación de tierras o crédito, la coca ha sido normalmente una de únicos cultivos que ofrecen ingresos por encima de los niveles de pobreza extrema.

En lugar de suministrar los servicios básicos, el gobierno por lo general ha respondido con avionetas de fumigación de glifosato. Dado que las personas usualmente cultivan la coca cerca de sus pequeñas casas de construcción propia, junto a sus cultivos de alimentos, los productos químicos de fumigación penetraron sus residencias y las dejaron sin nada que comer. La mayor parte del tiempo, no hubo esfuerzo del gobierno para ayudar a los que habían sido rociados, ni siquiera con la seguridad alimentaria básica. Numerosos agricultores han contado a los investigadores de WOLA cómo no tienen comida para sus hijos en los meses después de que vinieron los aviones fumigadores.

Muchos de ellos han respondido de una manera que es previsible en ausencia de gobierno y de alternativas económicas viables: encontraron nuevas formas de cultivar la coca. Plantaron en parcelas más pequeñas y más difíciles de detectar, a veces a la sombra o mezcladas con otras plantas. Adoptaron variedades de mayor rendimiento. Lavaron las hojas o recortaron las plantas después de la aspersión, a fin de salvar las plantas. O simplemente salieron de sus casas y cultivaron en otros lugares. Es por ello que el cultivo de coca ha resultado tan resistente, recuperándose de incluso los más intensos ataques de fumigación.

El cultivo de coca es un síntoma de la ausencia del gobierno colombiano de una región y el fracaso de apoyar su pueblo. Como tomar una aspirina para combatir una enfermedad grave, la fumigación —sin importar cuál químico que se usa— es un intento para aliviar un síntoma al tiempo que permite la causa, la falta de gobernabilidad y de oportunidades económicas, que se siga.

Mientras que la suspensión de la fumigación es el camino correcto, el resultado será amargo si Colombia suspende la fumigación y no toca estas causas fundamentales. Si no hay un esfuerzo para establecer y mejorar la presencia de las instituciones estatales civiles en el territorio nacional de Colombia, se puede esperar que el cultivo de coca florezca.

Uno de los acuerdos preliminares entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC ofrece un modelo potencial para poner fin a la ausencia estatal en las zonas cocaleras. Requiere acuerdos de erradicación voluntaria con las comunidades cocaleras, reforzados por la amenaza de la erradicación manual si esos acuerdos no se respetan.

Esto es parecido a la política de control de coca de Bolivia en los últimos años, lo que ha producido reducciones constantes desde 2010. Una característica clave de la política boliviana cocalera, sin embargo, es que el gobierno permite a cada agricultor cultivar una pequeña cantidad de coca—reconoce que crear las condiciones para lograr reducciones sostenibles del cultivo de coca tomará tiempo. El acuerdo de Colombia corre el riesgo de crear expectativas poco realistas, con la opción de usar la erradicación forzosa antes de que haya fuentes de ingreso alternativos. Un enfoque en medias de vida alternativas para la reducción de los cultivos de coca se basa en el trabajo con las comunidades locales para poner en práctica, la reducción de coca cooperativa gradual.

Colombia hizo un esfuerzo limitado, pero digno de mención para llevar la presencia del gobierno en una región cocalera: aunque confió demasiado en su componente militar, el “Plan Nacional de Consolidación” entendió el cultivo de coca como un problema de gobernabilidad, en vez de un problema de política de drogas. Entre 2007 y 2009, logró reducir el cultivo de coca en un 75 por ciento en la región de La Macarena en el sur de Colombia.

Sin embargo, ese programa no se mantuvo, lo que plantea dudas acerca de si el gobierno de Colombia estará presente para los ciudadanos de las zonas de cultivo de coca, incluso después de que se detenga de rociar sus comunidades con herbicidas. La suspensión de la fumigación, junto con la posible firma de un acuerdo de paz, ofrece a Colombia una oportunidad de poner fin a esta historia de abandono estatal y el cultivo ilícito que ha acompañado la misma. Instamos a Colombia, con el apoyo de Estados Unidos, usar la voluntad política y los recursos para aprovechar esta oportunidad.

Ver: Entrevista con Adam Isacson de WOLA sobre la historia de la política y cuál debe ser el rol hacia el futuro.