13 Jan 2011 | Análisis | Noticias

“Tenemos Fe Que Luchando Legalmente Vamos a Llegar a la Justicia”

Grupos ilegales y intereses económicos han cometed los territorios biodiversos Afrocolombianos localizados en las cuencas de los rios Curvaradó y Jiguamiandó en el Chocó por décadas. El olvido institucional histórico por parte del gobierno nacional y la corrupción política en esta región combinado con la presencia de fuerzas armadas ligadas al narco-tráfico han creado un ambiente donde la impunidad reina y diferentes formas de ilegalidad operan. Desde los años 1990s los paramilitares y sus grupos sucesores han violentamente implementado su voluntad e expandido sus economías ilegales en esta zona. El conflicto interno armado entre las fuerzas armadas colombianas y los grupos insurgentes continúan impactando las vidas y el sostenimiento de los civiles quienes habitan la zona.

En el medio de todos estos obstáculos y pese a asesinatos de sus líderes y amenazas constantes contra sus vidas los lideres desplazados de las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó con el apoyo de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y el acompañamiento internacional de Brigadas Internacionales de Paz y la otras organizaciones internacionales continúan resistiendo el desplazamiento interno para permanecer en sus territorios. Ellos han desarrollado modelos de auto-proteccion denominados las zonas humanitarias y zonas de biodiversidad para garantizarse su seguridad física y alimentaria. Adicionalmente, estos desplazados internos están trabajando para que se les entregue sus territorios colectivos que han sido violentamente e ilegalmente usurpados y que son controlados por estructuras criminales poderosas y que haya justicia contra el alto número de abusos de derechos humanos cometidos contra ellos. Desde el fin de diciembre 2009, estas comunidades han logrado mucho como la orden de la Fiscalía contra 24 industriales de palma por vínculos con el paramilitarismo y otros crímenes. Estos pasos adelante, también les ha costado un precio muy alto a estos campesinos. Desde entonces han sido asesinados tres miembros de sus comunidades.

La oficina sobre asuntos latinoamericanos en Washington (WOLA) aprovechó la visita de líderes del Bajo Atrato chocoano a los EEUU de la cuenca de Rio Curvaradó del Departamento del Chocó (Colombia) para preguntarles acerca de su caso que sirve como ejemplo emblemático de debates que se están realizando en el momento en Colombia a raíz de la propuesta ley de tierras.

WOLA: Como sucedió que terminaron desplazados de sus tierras?

Líder 1: Yo vivía en la comunidad de Guamo a lo largo de la cuenca del rio Curvaradó con mis cuatro niños y mi compañera cuando un día nos enteramos que se había cometido una masacre en un sitio cercano llamado Brisas. En esa masacre, que sucedió el día 8 de octubre del año 1996, paramilitares conjunto con miembros de la Brigada 17 asesinaron seis personas. Unas dos personas mas fueron desaparecidas por ellos y sus cuerpos se encontraron al costado de río y puente de Caño Seco. El que era en ese momento el Presidente de la Junta Comunal del Guamo organizó una comisión que bajara a Riosucio e investigue el asunto. Cuando llegó esa comisión a Riosucio fue advertida que “quien denuncia no puede retornar mas al territorio.” Desde ahí fue que empezó el miedo porque sentíamos que no teníamos ningún tipo de protección.

Luego unos meses después los paramilitares llegaron a Guamo con el ejército. Lo primero que hicieron fue asesinar al Presidente de la Junta Comunal. Los pobladores comenzaron a recibir amenazas de miembros de ejército que nos decían que era mejor que salgamos del área porque “los que venían detrás de ellos eran los mocha cabezas.” Ahí el 50% de las personas se empezaron a desplazar a otras partes del país. Otra mitad incluyendo mi persona y familia se quedó para resistir el desplazamiento pero empezamos a ver cuerpos pasando por el rio Curvaradó y que aves se los iban comiendo. Frecuentemente se escuchaba combate, bombardeos y disparos. Es así que se asesinaron y desaparecieron a más de 143 personas en las cuencas de los riosCurvaradó y Jiguamiandó.

Comenzando en el 1996 empezamos a no poder aguantar más la situación de inseguridad porque habían bloqueos económicos donde el ejercito y los paramilitares no dejaban que miembros de nuestra comunidad podía cultivaran nuestro pan coger que incluye plátanos, arroz y otros cultivos. Al mismo tiempo ellos no dejaban que nosotros podamos salir para conseguir alimentos. En el medio esta dura situación fuimos informados el día 14 de diciembre 1997 de que el ejército y paramilitares situados en Bajirá mandaron a decirnos que saliéramos de la zona porque ellos no respondían por las personas que se quedaban dentro del territorio. Nos tocó salir en una canoa porque no había gasolina. Un cuarto de las personas que estaban en el territorio no pudieron salir debido a los bloqueos y combate.

Yo y mi familia llegamos a Bajirá luego seguimos a una finca que tenían mis padres. En Bajirá pasamos un puesto de control del ejército donde nos preguntaron si éramos desplazados. Teníamos mucho miedo de decirles la verdad porque sabíamos que ellos podían pasar la información a los paramilitares. Llegamos a la finca de mi padre pero no duró la paz. Los paramilitares iban continuamente hacia el presionando para que les vendiera su finca. Mi padre que tenia 80 años de edad les decía que el había estado en la zona desde los 18 años que la finca era una herencia para sus hijos y nietos. Como el no vendía los paramilitares le comenzaron a meterle el terror diciendo que el era guerrillero y que el estaba auxiliando a la guerrilla. Ellos lo siguieron intimidando y comenzaron a entrar en la finca y comerle los cultivos como coco para asustarlo. El finalmente no aguantó y decidimos salir.

Salimos todos para Cartagena y estuvimos ahí por tres meses. Nos fue muy mal y estaba ahí responsable por mis cinco hijos. En ese sitio se escuchaba diariamente que iban a llegar los paramilitares para hacer masacres y teníamos mucho miedo porque como personas que no eran de ahí teníamos miedo que iban a ver mí cédula y acusarme de guerrillero por no ser de la zona. Decidimos que lo mejor era regresarnos a Belén de Bajirá y volvimos a una vereda situada cerca de la finca de mi padre. Esa zona también estaba controlada por los paramilitares. Ahí nosotros escuchábamos lo que los paramilitares hacían porque ellos cometían masacres en el Jiguamiandó y luego llegaban a esta área a celebrar. Ellos hablaban de los combates y las masacres que cometían contra los campesinos. Ellos comentaban sin pesar en cómo los niños chillaban y salían corriendo cuando cometían sus atrocidades. Nosotros quienes los escuchábamos no podíamos decir nada debido al miedo que nos pasara lo mismo. Duré trabajando ahí en esa vereda como un campesino pobre por unos tres años y medio hasta que finalmente logré regresar al Guamo.

Líder 2: Yo soy de la comunidad del Cetino. Un día cuando yo tenía 6 años estaba toda mi familia bañándose en el río y mi madre lavando la ropa. Estando ahí escuchamos un helicóptero que pasa. Ese helicóptero luego regresa una hora mas tarde y bombardea nuestra casa. Gracias a Dios ninguno de mis hermanos estaba en la casa en ese momento. La casa fue destruida con el techo roto y todo dañado. Nos mudamos a otra casa y dos días después llegan los paramilitares como a las seis de la tarde preguntando por mi padre y si el no estaba que le den un hermano mayor. Ellos amenazaron que si no estaba ningún hermano mayor o mi padre que ellos iban a llevarnos a todos. Ahí los paramilitares recogieron todo el ganado y mucha de la ropa de la comunidad (gallinas, pavos, ropa, caballos y como 100 reces). Ellos reunieron todo esto y se lo llevaron tipo 4 de la mañana. Dos horas después tipo 6 de la mañana volvieron y recogieron lo que quedaba de ropa. Mi familia salió hacia Bajirá y en el camino en la carretera nos encontramos con
un coronel de la Brigada 17. El detiene a mi madre y le pregunta porque estábamos ahí. Ella le explicó lo que había pasado y el dijo que iban a ver que hacían para solucionar eso pero nunca se hizo nada.

Una vez en Belén de Bajirá mi familia se asentó ahí como desplazados. La situación era muy insegura. Ahí había una casa donde paramilitares traían todos los muertos que resultaban debido a combates. Teníamos mucho miedo de tener que convivir en un área donde vivían también los paramilitares. La policía también estaba presente ahí y ellos sabían de la casa del paramilitar con el alias “Palillo” donde llevaban los cuerpos. Pero ellos no hicieron nada. Este paramilitar es quien vendió tierras que son del titulo colectivo a la familia Argote para que pueda implementar su proyecto económico de ganadería extensiva sin el consentimiento de nuestra comunidad. Este paramilitar hasta hoy se encuentra libre.

WOLA: Cuando finalmente regresaron a sus territorios que fue lo que encontraron?

Líder 1: Lo que encontramos es que toda el área estaba controlado por paramilitares. Ellos pedían a todos los civiles que paguen “impuestos de guerra” que ellos justificaban que se merecieran por “haber combatido la guerrilla” en la zona. Cuando me pidieron dinero a mi yo les dije que era un desplazado y dinero no tenía que lo único que tenía eran hijos y necesitaba cultivar mi tierra para poder sostenerlos. En junio 2004 la comunidad que regresó me eligió como el representante legal de la comunidad y es así que empezamos a luchar. Nos basamos en la ley 70 de las comunidades negras y empezamos a ver como podíamos aplicarla. Desde entonces hemos tenido dificultades y amenazas porque los empresarios que usurparon nuestros territorios no querían cesar las actividades que están haciendo. En el 2005 me nombran como el vice presidente del consejo mayor y empezamos a organizar otras comunidades en la zona que también querían que se les respete sus derechos e empiezan a aumentar las amenazas contra nosotros. En el año 2007 los empresarios y paramilitares me buscan y me preguntan de que “con cuanto me conformo” para no ser mas líder. Yo les respondí que no me iba a vender porque mi comunidad confiaba en mí y no iba a traicionar a mi comunidad. Ahí seguí y las cosas en términos de mi seguridad solo han deteriorado desde entonces. En noviembre del 2009 un señor de mi comunidad me informó que cuando yo estaba en el campo cultivando mi terreno que vinieron hombres a buscarme para asesinarme. Esto sucedió tres veces y como resultado de eso terminé en Bogotá denunciando esos hechos. Pero después de un tiempo decidí que quería volverme pero no podía regresar al mismo sitio y es por eso que decidí irme a vivir en la zona humanitaria de Camelias y llevo ahí mas de dos años. Por lo menos estoy cerca de mi tierra.

Líder 2: Cuando tenía 15 años mi familia decidió regresar a la zona humanitaria de Caracolí. Lo que notamos es que había muchos campesinos regresando. Estábamos todos muy contentos de estar en nuestras tierras nuevamente. Pero al mismo tiempo hubo mucho llantos de todos nosotros por lo que habíamos pasado. Por primera vez todos empezamos a denunciar las violaciones que habíamos sufrido y no teníamos miedo de denunciar. Durante el periodo de regreso las compañías lograron obtener órdenes de desalojo de parte de la municipalidad que es muy corrupta y habían conseguido con el aval de una jueza en Riosucio. Pero el ejército llegaba y nos informaba de las órdenes pero no ponían en marcha los desalojos que habían puesto los empresarios con la jueza de Riosucio. Lo otro que notamos es que en la mayoría del territorio de Caracolí empresarios estaban implementando proyectos económicos de ganadería extensiva y en otra parte proyectos de palma africana.

WOLA: Nos pueden explicar como funciona el modelo de auto-proteccion denominado “zonas humanitarias”?

Ambos: Estas zonas humanitarias funcionan de la siguiente manera: Primero se delimita una zona. Por ejemplo, en Camelias se designó 3 hectáreas y en la finca de Enrique Petro se designo 5 hectáreas. En esas áreas designadas se pusieron vallas con letreros que dicen que estas zonas son solamente exclusivamente para la población civil. En dichas “zonas humanitarias” no pueden ingresar ninguno de los grupos armados—ejercito-paramilitares y guerrilla. Los habitantes de estas zonas humanitarias todo nos hemos comprometidos a seguir una serie de principios de no-violencia y conducta. Cada uno que vive en la zona humanitaria es responsable de quienes pueden entrar en la zona. Todos tenemos que asegurar de que no entren ninguna persona armada o vinculada con los grupos armados. Se avisa con tiempo al consejo si va a visitar a la zona humanitaria un familiar o un amigo y cuando sucede que hay alguien que quiere entrar de quien no hubo aviso previo esa persona tiene que esperar en la puerta de entrada porque no puede ingresar sin autorización de la comunidad.

Este mecanismo asegura que en la zona humanitaria quienes habitan ahí solo son civiles y que no estamos involucrados en el conflicto. Esto nos brinda un nivel de protección física y minimiza que nos involucren los grupos armados en su conflicto. También somos acompañados por organizaciones grupos nacionales e internacionales quienes alertan a la comunidad internacional si hay algún atentado contra nuestra comunidad y eso genera presión internacional para protegernos.

Es importante destacar que las zonas humanitarias son protegidas por las Corte Inter-Americana de Derechos Humanos. Las zonas en si están basadas en el derecho internacional humanitario que es un acuerdo entre países del mundo de minimizar los efectos de los conflictos internos armados a la población civil. La OEA nos otorgó a las comunidades afrocolombianas medidas de protección debido a las violaciones que ocurrieron y siguen ocurriendo en esta zona de Colombia.

WOLA: Cual es la diferencia entre las “zonas humanitarias” y las “zonas de biodiversidad”?

Ambos: Nosotros consideramos que las “zonas de biodiversidad” son como las “hijas” de las “zonas humanitarias” porque tienen los mismos criterios. En ellas también hay vallas que dicen que son “zonas de biodiversidad.” Los letreros ayudan a delimitar la zona para que sepan donde no pueden ingresar grupos armados. La diferencia es que estas son zonas que nosotros hemos designado para sembrar el pan coger que requerimos para el sustento de nuestras familias. Utilizamos dichas zonas para asegurar no solo nuestra seguridad alimentaria como comunidades pero también conservar nuestras reservas ecológicas. Las zonas humanitarias sirven como un mecanismo de auto-proteccion para nosotros los desplazados y nuestras familias. Las zonas de biodiversidad sirven como zonas donde nosotros aseguramos la protección de nuestra seguridad alimentaria y el medio ambiente que queremos dejar para nuestros hijos. En las zonas de biodiversidad sembramos plátano, yuca, arroz, maíz, llame, cacao, coco y otros alimentos pero lo hacemos de forma ecológicamente sostenible. En ellas queremos construir lo que los empresarios acabaron cuando ellos ocuparon nuestras tierras. Entonces estamos impulsando proyectos de reforestación en ellas para recuperar el patrimonio de la tierra que fue destruido durante nuestro desplazamiento.

WOLA: En sus presentaciones en EEUU Uds. mencionaron que ha habido varias estrategias para sacarlos de sus tierras para que estas puedan ser utilizadas para proyectos de monocultivos y ganadería intensiva. Cuales han sido estas estrategias?

Ambos: Ha habido muchas estrategias para quitarnos el territorio:

La primera fue de decir que iban a sacar la guerrilla del territorio. Bajo una supuesta estrategia militar
contra la guerrilla lo que se hizo fue desplazar a la población civil de sus tierras y ocuparlas para proyectos económicos.

La segunda estrategia fue de intentar de aumentar las hectáreas que pertenecieran a títulos individuales que existían antes del año 1992 y que se pase la ley 70 de las comunidades negras del 1993 Quitar lo subrayado, sobra. Esos títulos que existían previamente crecieron de forma descarada utilizando métodos fraudulentos. Por ejemplo, un señor Lino Antonio Diaz quien había fallecido hogado en el Rio Curvaradó en el 1996 y era dueño de dos predios individuales fue “resucitado” en el año 2000 dando un poder a una señora a vender casi 6,000 hectáreas. Luego se pudo comprobar que esta transacción era una falsedad porque se le hizo un estudio forense al cuerpo del señor Diaz y se comprobó que era ilegal. También se incrementó el número de hectáreas que están bajo títulos privados que existían antes del año 1992 y sirvió como otra manera para decir que el territorio era de ellos e utilizarlo para el cultivo de palma aceitera.

La tercera estrategia fue de intentar de comprarles la conciencia a campesinos con el repoblamiento de otros campesinos a nuestras tierras. Comenzando en el año 2006 se empezó a meter personas de diferentes partes del país incluyendo Córdoba y San Pedro de Urabá. Estas personas fueron engañadas por personas vinculadas a las compañías y los paramilitares diciéndoles que iban a ganar buen dinero y se mudaban a nuestras tierras. Los incentivaron a que venga a nuestras tierras con la impresión que estas tierras eran de ellos y que ellos les dejaban trabajarla. Estas personas, los “repobladores” nos dicen que el “patrón” los dejo a ellos los trajera ahí para cuidaran sus tierras y el les debe plata a ellos. En algunos casos, nos hemos informados que los mismos palmeros les han dado a estos repobladores un documento de uso de la tierra que supuestamente es de ellos como pago de servicios.

El repoblamiento está causando tensiones entre ellos y nosotros y forma una estrategia de crear tensiones por parte de los palmeros. Pero nosotros reconocemos que ellos son campesinos pobres de otros sectores del país que también están siendo engañados por intereses económicos. Los empresarios están utilizando firmas de trabajadores para presentarlos ponerlos como socios de ellos quienes están en el territorio. Luego los empresarios presentan las firmas de estas personas para obtener créditos del gobierno, ante FINAGRO, diciendo que los pobladores necesitan prestamos para poder implementar la siembra de palma aceitera. Una vez que les sale el préstamo estos mismos empresarios sacan a estas personas.

La cuarta estrategia ha sido de crear confusión para la comunidad internacional diciendo que las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó están divididas. Para crear esta situación ellos han buscado la creación de consejos comunitarios “paralelos” y la legalización fraudulenta de ellos. Esta estrategia no es nueva y vienen tratando de implementarla desde el 2004 cuando Manuel Moya firmó un compromiso con palmeros. Manuel Moya era un campesino afrodescendiente originario de Curvaradó que comos todos nosotros fue desplazado a Carmen del Darién. En el se reunió en Belén de Bajirá con las empresas palmicultoras. El luego nos informó que el firmó dicho acuerdo debido al miedo, debido a toda la presión que habían puesto sobre el de hacerlo. Se pudo tumbar este acuerdo de hacer parecer que la comunidad con dicho compromiso estaba a favor con la siembra de palma aceitera en una asamblea que nuestras comunidades organizamos en el Guamo en noviembre 2005.

Pero ellos no dejaron de buscar formas de implementar esta estrategia. En el 2009 crean un consejo comunitario paralelo y ponen como líder a Germán Marmolejo. Esta y otras personas, no están habitando las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó. El 12 de septiembre de 2009 con la participación de Adán Córdoba Palacios (Alcalde de Carmen del Darién) y la Exdirectora de Etnias Rosa Carlinas Garcia se realizó una asamblea supuestamente hecha por nuestras comunidades. Dicha asamblea fue financiada por los empresarios de palma aceitera y la ganadería extensiva. El transporte y comida fue dado por familias empresariales en la zona. En esa asamblea participó Fabio Gil, familiar del fallecido fundador de las AUC Carlos Castaño y de Vicente Castaño. En esa asamblea, Germán Marmolejo fue impuesto como representante legal consejo afrodescendiente de la cuenca de Curvaradó.

Luego el 7 de marzo del 2010, el anterior Ministro del Interior Fabio Valencia Ocossio avaló esa decisión. El Ministro estuvo en Carmen del Darién y donde había participación de 19 comunidades de la cuenca de Curvaradó y ahí el Ministro anunció que ellos reconocían que el representante legal de las comunidades era Germán Marmolejo y que eso “no tenia reversa.” Las 19 comunidades nos pronunciamos contra esta decisión y dijimos que no reconocíamos a Germán Marmolejo como nuestro representante. El Ministro nos contesto que teníamos solo dos opciones. La primera era de impugnar la decisión que el estaba tomando como ministro y segunda de realizaran otra asamblea y nombraran un nuevo representante legal. Nosotros como comunidades tomamos decisión de hacer nueva asamblea. Esta asamblea se realizo el 25 de abril del 2010 y ahí quedo Raúl Palacios como nuestro representante legal. La alcaldía de Cármen del Darién no quiso reconocer esta decisión.

Después de que se conformó un consejo comunitario paralelo y el gobierno formalmente le dio el aval a ellos nos enteramos que iba haber una entrega de nuestro territorio al consejo paralelo. Ahí se pronunciaron las comunidades a diferentes órganos del gobierno que no estaban conformes con que se le entregan las tierras a este consejo paralelo. El 18 de mayo 2010 la corte constitucional paro este fraude y ordenó que se realice la construcción de un censo para que se defina de una vez quienes son los verdaderos dueños del territorio y se le de paso a una asamblea donde se nombre un representante legal elegido por las comunidades.

Adicionalmente, el gobierno ha buscado crear otras divisiones entre miembros de las comunidades para decir que estamos divididos y con eso buscar que se entreguen las tierras a campesinos ilegítimos quienes avalan el uso de dichas tierras para los proyectos económicos que se han desarrollado de forma violenta e ilegal en nuestro territorio.

La quinta estrategia y la más reciente ha sido de desacreditar a nuestros líderes con judializaciones basadas en información falsas provenientes de personas que se han desmovilizado de los grupos ilegales y se encuentran en las cárceles. Esta estrategia busca que cuando se da el censo ordenado por la corte constitucional que nuestros líderes queden fuera. Hace poco fuimos informados que aproximadamente 20 miembros nuestras comunidades estaban con ordenes de captura. Cuando nos enteramos de esto lo denunciamos y esto generó mucha presión desde los EEUU. Apreciamos todo el esfuerzo que se hizo por parte de organizaciones en los EEUU para generar esta presión. Debido a esa presión el gobierno debió buscar de qué se trata y respondió que no existían órdenes de captura. Respondieron que lo que ellos tenían es una lista de guerrilleros para capturarlos. En esa lista tenemos entendido que hay lideres de nuestras comunidades como María Ligia Chaverra, ex representante legal del Consejo Mayor del Curvaradó, Manuel Denis Blandón, actual representante del Consejo Mayor del Jiguamiandó, Martha Cecilia Vargas Navas, vocal de la junta directiva del Consejo Mayor de la cuenca del rio Jiguamiandó, Wilson Mena Romaña, Himber Aurelio Barrios Puentes, Jaime Romaña Palomeque, Alejandro Martínez Piedrahita, Francisco Mena Murillo, Jerónimo Vergara, Nelson de Jesus Gomez Manco, Ovidio González Cabrera, Juan Bauista Diaz Agamez (ya fallecido), Jhon Jaime Romaña Denis, Roberto Antonio Delgado Murillo y Willi
nton Cuesta Córdoba. Todos son miembros de nuestras comunidades. Nosotros que conocemos esas personas sabemos que no son guerrilleros y que esto es un montaje contra ellos para desacreditarlos. Lo interesante es que los que están en la lista incluyen líderes destacados de las zonas humanitarias y otros que no conocemos. Esta es una estrategia para sacar a los líderes de esas zonas para que no queden en el censo y crear obstáculos para impedir la devolución del territorio a sus dueños originarios.

WOLA: Una crítica contra Uds. ha sido que hay mestizos en este territorio y que las tierras colectivas son de las comunidades Afrocolombianas. Como responden Uds. A esto?

Ambos: Esta acusación fue hecha por Rosa Carlina Garcia de la Dirección de Minorías Étnicas, del gobierno anterior. El 7 de marzo de 2010 ella dijo que si los mestizos tenían reconocimiento. Pero luego en Quibdó en una reunión con miembros de las comunidades ella dijo que los mestizos no tenían derechos porque la tierra colectiva era de los Afrocolombianos. Nuestras comunidades respondieron que mestizos venían ocupando el territorio ancestralmente con las comunidades afrocolombianas. Mestizos fueron desplazados conjuntamente de estos territorios durante los operativos militares de la brigada 17. Mestizos vienen conviviendo con los Afrocolombianos por varias generaciones y algunos han formado familias con los afrodescendientes y tenido hijos. Los mestizos han compartido la cultura afrodescendientes y sus costumbres con los afrodescendientes del Chocó por mas de tres-décadas. La Corte Constitucional falló que los mestizos si tienen reconocimiento dentro de la ley 70 de las comunidades negras por estas razones.

La Corte en el auto del 18 de mayo de este año expresó que: "Se entiende que hace parte de las comunidades afrocolombianas de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, la población mestiza que ha mantenido por décadas una estrecha relación familiar, cultural y social con la población afrocolombiana, de tal manera que son reconocidos como parte de las mismas por dichas comunidades y dados los estrechos vínculos existentes, es imposible hacer una escisión de las mismas sin afectar su autonomía. Esta situación ya ha sido reconocida en los distintos procesos de titulación colectiva" (Pag Nro 1).

WOLA: El Presidente Santos está impulsando una nueva ley de tierras y victimas? Que opinan Uds. de este esfuerzo y piensan que la relación con el gobierno va ser diferente con la administración de Santos?

Las asociaciones de las zonas humanitarias y las cuencas de rios de Curvaradó y Jiguamiandó nota una diferencia con la nueva administración de Juan Manuel Santos. El gobierno anterior del Presidente Alvaro Uribe Vélez no quería reconocer los derechos de victimas del conflicto y sus derechos territoriales. En ese aspecto el Presidente Santos ya ha reconocido que existen victimas y esas victimas tienen derechos territoriales. Ojalá que la propuesta ley no se quede solo en el papel. En el pasado hemos visto como leyes como la ley 975 de justicia y paz se utilizaron para efectos nefastos. En ese caso en vez de ser una ley que desmontaba el paramilitarismo y aseguraba la no-repetición resulto en una situación donde no se desmovilizaron realmente los paramilitares en nuestra región y se legalizaron sus actividades. Podemos decir que pese al propósito de dicha ley que lo que sucedió fue cosas ilegales. En una reunión reciente en Buenaventura nuestras comunidades nos enteramos que las comunidades negras no somos parte de esta ley de tierras debido a la consulta previa. Luego en una comisión de gobierno que estuvo en Camelias el 21 de noviembre, esos oficiales dijeron que habrá medidas para las comunidades negras. Estamos esperando para ver exactamente que van hacer los pasos tomados para las comunidades negras.

Vemos como problemático que la ley se refiere a la gente que está en el listado de la ley 975, ellos son los beneficiarios. Nosotros no estamos incluidos, aunque dicen que estamos dentro del plan de choque que antes de entrar a regir esa ley, el gobierno adelantará para restituir tierras.

WOLA: El gobierno colombiano le ha dicho a políticos en los EEUU que las tierras de Uds. se las han devuelto?

Ambos: Eso es falso. Nuestras comunidades hemos apenas recibido documentos. La resolución 2424 del 10 de septiembre del 2007 donde que dice que si las tierras nos pertenecen pero no se ha dado el paso a la devolución material de las tierras. En nuestras tierras siguen operando ilegalmente compañías empresariales de palma aceitera y ganadería extensiva. Adicionalmente los empresarios y paramilitares han traído personas de otras partes del país a cultivar nuestro territorio en monocultivos de yuca, plátano, piña y caucho, etc. Las empresas de UNIBAN, Banacol y Banur que fueron las empresas que también financiaron el paramilitarismo han estado en el Curvaradó desde el año 2008.

WOLA: El gobierno colombiano ha dicho al mundo que se han desmovilizado los paramilitares. Como fue la desmovilización en su área?

Ambos: Los paramilitares de la AUC quienes operan en el Chocó usaron una estrategia de ofrecerles a algunos jóvenes que no eran paramilitares que se ganaran 600,000 pesos o hasta un millón de pesos para que se entregan a las autoridades como fingiendo que eran miembros del Bloque Elmer Cardenas (BEC). La mayoría de los reales paramilitares no se desmovilizaron. Después que se dio ese proceso de supuesta desmovilización se ve que estos mismos paramilitares siguen “legalizados.” Ellos mismos formaron nuevos grupos paramilitares que operan en la zona llamados las Águilas Negras, los Rastrojos y las Auto-Defensas Gaitanistas. Antes cuando estos hombres eran de la AUC estaban vestidos de militares con ropa de camuflaje y un letrero en los brazos que decía AUC. Ahora están vestidos de civil usando armas cortas. El 2 de septiembre 2010 un miembro de la comunidad nuestra vio a 20 de ellos vestidos con los uniformes que ellos utilizaban anteriormente. Los paramilitares siguen con el mismo nivel de intimidación a la población y asesinando campesinos de la región y administrando y cuidando las fincas de los empresarios de palma aceitera y ganadería extensiva. Ellos también cobran vacunas a los residentes del área. Ellos piden vacunas en las compras de madera, plátano y otros productos que entran y salen en los rios. En Pavarandó, tienen un control de un peaje donde los dueños de la mercancía que sale de la cuenca tienen que pagar 30,000 pesos y los dueños de los carros que transportan la mercancía tienen que pagar 10,000 pesos.

WOLA: Que le sucede a las personas que denuncian las actividades de los paramilitares?

Ambos: Cuando una persona denuncia las actividades de los paramilitares al ejército o la policía es la misma fuerza publica que se encarga en decirles a los paramilitares quien los ha denunciado. Hay casos donde después de que la fuerza públicas les han informado a los paramilitares de la denuncia personas han sido asesinadas. Por ejemplo, hay un caso que sucedió a fines del año del 2009 en Brisas. Ahí un muchacho que vivía en ese pueblo denunció las actividades de los paramilitares al ejército. Los paramilitares lo sacaron de su casa. El gritaba que no lo maten y que la gente lo ayudara pero el miedo que tenían todos de los paramilitares hizo que no lo ayude nadie. Ellos lo amarraron y lo arrastraron en la carretera hasta matarlo. Esto lo hicieron para ponerlo como ejemplo para que otros no denuncien. El ejército estaba al frente donde los paramilitares tienen un puesto de control y hacen registro de la comunidad de Brisas pero no actuaron. Su cuerpo fue encontrado al costado del río. Estaba todo destruido debido a que arrastraron su cuerpo. Todos siguen con miedo porque no se ha hecho justicia en estos crím
enes y sigue la impunidad en el país.

WOLA: Uds. estuvieron reunidos con el Congreso de los EEUU esta semana. Que recomendaciones le hicieron a ellos frente su situación?

Ambos: Nuestra recomendación principal al Congreso de los EEUU es que sus miembros presionen al gobierno colombiano que se vea resultados en las capturas a las personas que nos han quitado el territorio y haya justicia en nuestro caso. Queremos que se cumpla con el radicado 3856 que es la orden de captura de la Fiscalía de 24 empresarios por vínculos con el paramilitarismo y el desplazamiento forzado de nuestras comunidades se implemente. Adicionalmente, hay unos empresarios de ganadería extensiva que no se encuentran en esa orden de captura que también deberían ser juzgados. EEUU financia a Colombia en sus esfuerzos contra el terrorismo. Pedimos que el Congreso de los EEUU investigue si o no ese financiamiento esto siendo utilizado para proteger a los civiles y desplazados campesinos. En nuestro caso, se pide una investigación en la conducta de miembros de la Brigada 15 y la policía en la región y sus vínculos con los grupos paramilitares. Es importante que los Congresistas EEUU sepan que si siguen apoyando el gobierno con dinero para fuerzas públicas que cometen estos crímenes ellos están indirectamente apoyando el desplazamiento y violaciones de derechos humanos. Nos preocupa que en nuestra zona veamos que las fuerzas públicas siguen moviéndose con los paramilitares y que la guerrilla sigue moviéndose en la zona también. Para nosotros esto quiere decir que el financiamiento de los EEUU no esta llevando a que se acabe con la guerrilla. Si el gobierno EEUU le quita el dinero militar a fuerzas públicas en Colombia que no hacen su trabajo así apoyaría mas a la paz y la resistencia que están haciendo ellos para que se acabe la guerra e impulsara la justicia.

WOLA: Como hacen para vivir con tanta injusticia y a su vez esperanza que su situación puede cambiar?

Ambos: Al ver como estaba la región en los años 2000 y 2001 se veía el ejercito y paramilitares actuando con total impunidad. Vemos que gracias a dios y los modelos de auto-protección que hemos construidos—las zonas humanitarias y las zonas de biodiversidad—que hemos podido luchar para el retorno de nuestros territorios. Las zonas nos han ayudo mucho y nos han fortalecido. Con estos modelos de protección y la esperanza que tenemos a la lucha legal hemos logrado estar nuevamente en nuestro territorio. Creemos que con estos mecanismos que hemos creado que se puede continuar hacia delante para que realice una devolución completa de nuestros territorios. No se nos ha quitado la fe. Tenemos fe que luchando legalmente vamos a llegar a la justicia. Nosotros les pedimos a Uds. de la sociedad civil en los EEUU que nos sigan apoyando para que nuestras tierras sean retornadas a nosotros legalmente y sin guerra. Con la guerra no se puede solucionar nada. La única manera de llegar a la justicia es con acciones de no violencia.

Para más información favor contactar a Gimena Sanchez-Garzoli, WOLA, [email protected]