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El 23 de mayo iba a ser el final de un capítulo vergonzoso en la historia reciente de los derechos humanos en Estados Unidos. El 1 de abril, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) de Estados Unidos habían determinado que la pandemia de COVID-19 había remitido lo suficiente como para hacer innecesaria la política fronteriza denominada “Título 42“.
A partir del 23 de mayo, personas migrantes indocumentadas detenidas en la frontera entre México y Estados Unidos dejarían de ser expulsadas rápidamente y los pasos fronterizos oficiales (puertos de entrada) volverían a abrirse a migrantes que temieran por su vida. Las personas solicitantes de asilo ya no serían expulsadas violando la legislación estadounidense e internacional: tendrían la oportunidad de presentar sus solicitudes de protección.
Eso no sucedió. Veinticuatro fiscales generales estatales republicanos presentaron una demanda ante el tribunal de un juez de distrito designado por Trump en Luisiana, quien el 20 de mayo dictaminó que el gobierno de Biden no puso fin correctamente a la medida de emergencia del CDC. Debido a que el fallo requeriría que el CDC se sometiera a un proceso de notificación y comentarios públicos para emitir otro fallo para terminar el Título 42, ahora puede estar en vigor hasta 2023 como mínimo.
Los puertos de entrada siguen cerrados a las personas solicitantes de asilo. Aunque hoy entra en vigor otra sentencia judicial (Huisha-Huisha contra Mayorkas) que obliga al gobierno de Biden a examinar a las familias migrantes para comprobar si necesitan protección, otras personas migrantes que se entregan a las autoridades estadounidenses pidiendo protección corren el riesgo de ser conducidas de nuevo a la frontera con México, o de ser devueltas en avión a sus países de origen, para enfrentarse a las amenazas de las que huyeron.
En lo que va de 2022, los tribunales de inmigración estadounidenses han concedido asilo u otro tipo de ayuda en el 48,4% de los 23.590 casos que han visto. El Título 42 ha impedido que se presenten otras decenas de miles de casos. Esto significa que hay una gigantesca probabilidad de que la medida pandémica, que no expiró el 23 de mayo, haya devuelto a muchas personas a un daño grave o a la muerte.
Esta es la consecuencia más grave de mantener el Título 42 en vigor. Pero hay otras.
A pesar de su duro impacto sobre las personas solicitantes de asilo, el Título 42 no ha hecho nada para limitar la migración general en la frontera entre Estados Unidos y México. De hecho, esta migración está cerca de alcanzar máximos históricos, y es probable que el mantenimiento del Título 42 haga que las cifras continúen siendo altas durante algún tiempo.
Para entender por qué, debemos considerar quiénes vienen y qué significa el Título 42 para esas personas. Este gráfico muestra todas las personas migrantes encontradas por las autoridades estadounidenses cada mes desde octubre de 2011, desglosadas según sean adultos solos (azul), niños no acompañados (marrón) o miembros de unidades familiares (verde).
El gráfico muestra que la migración mensual se encuentra en los niveles más altos de los últimos diez años (de hecho, los niveles más altos desde el año 2000). Sin embargo, si se consideran estos datos demográficos por separado, se puede ver una historia importante sobre el Título 42. En primer lugar, se trata de migrantes que viajan como adultos solteros, a los que las agencias fronterizas estadounidenses encuentran cinco veces más a menudo que antes de la entrada en vigor del Título 42.
Parte de este fuerte aumento se debe a un gran número de cruces repetidos. Algunos migrantes adultos solos son solicitantes de asilo que se entregan a las autoridades estadounidenses. Pero los adultos solos tienen más probabilidades que las familias o los niños de ser migrantes que no solicitan asilo, sino que buscan evitar ser detenidos.
Para la población migrante no solicitante de asilo que es devuelta a México, el Título 42 ha sido un beneficio. Si la Patrulla Fronteriza los atrapa, pasan muy poco tiempo bajo custodia antes de ser devueltos a la línea fronteriza. Incluso si han sido capturados más de una vez, no hay ninguna sanción añadida. Son libres de volver a cruzar, y muchos lo hacen. En abril, el 28% de las personas que la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP por sus siglas en inglés) capturó en la frontera ya habían sido capturadas al menos una vez desde octubre. Entre 2014 y 2019, esta “tasa de reincidencia” fue solo del 15 por ciento. El Título 42 proporciona un fuerte incentivo para volver a intentarlo, y la cifra de “encuentros” de un solo adulto lo refleja.
En segundo lugar, este gráfico muestra a migrantes que viajan como unidades familiares, o como hijos sin padres.
Obsérvese que la migración familiar e infantil, aunque es elevada, se reduce a partir de 2019. Este es el impacto del Título 42: es probable que las familias y los niños soliciten asilo, y las autoridades estadounidenses están utilizando el Título 42 para negar el derecho a solicitar asilo, expulsando a muchos. (El gobierno de Biden no está aplicando el Título 42 a los niños no mexicanos no acompañados). Para las familias solicitantes de asilo, especialmente las procedentes de México y Centroamérica, el Título 42 ha supuesto una dificultad.
Si el Título 42 terminara, el número de solicitantes de asilo, especialmente las familias, probablemente aumentaría. El número de no solicitantes de asilo, entre los que se encuentran muchos adultos solteros, probablemente descendería drásticamente, junto con los cruces repetidos. Los agentes de la Patrulla Fronteriza predijeron exactamente eso en un intercambio con el Secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés), Alejandro Mayorkas, el 17 de mayo. Si se toman estas poblaciones juntas, el número total de “encuentros” de migrantes cada mes probablemente disminuiría después del Título 42.
Dejar de poder expulsar a personas migrantes supondría para el personal del CBP más trabajo del que tiene ahora. La reapertura de los puertos de entrada obligaría a los funcionarios del CBP a procesar a solicitantes de asilo nuevamente. La Patrulla Fronteriza también tendría que procesar a más solicitantes de asilo de lo que hace actualmente. Y las personas migrantes no solicitantes de asilo ya no serían expulsadas rápidamente, sino que tendrían que ser procesadas. El DHS ha dejado claro que tratará de imponerles “consecuencias”, como prohibiciones de migración e incluso penas de cárcel, todo lo cual exigiría a la CBP hacer más papeleo. Pero así es como funciona la frontera, según la ley estadounidense, que sigue suspendida por la decisión del juez del 20 de mayo.
La ley estadounidense establece claramente que cualquier persona que tema ser devuelta a su país puede pedir asilo una vez que esté en suelo estadounidense. Una persona solicitante de asilo puede pedirlo tanto si ha llegado legalmente, acercándose a un puerto de entrada, como si ha cruzado entre los puertos de entrada, lo cual es un delito menor.
El Título 42 ha cerrado los puertos de entrada a solicitantes de asilo durante más de 26 meses. Esto ha creado un incentivo para que decenas de miles de solicitantes de asilo se entreguen cada mes a los agentes de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. “de la forma incorrecta”, a menudo escalando la valla fronteriza o cruzando el Río Grande. Estos cruces son muy peligrosos: los hospitales de San Diego han informado de un alarmante aumento de muertes y lesiones por escalar la valla fronteriza, mientras que los ahogamientos en el río fronterizo se han producido casi a diario. Es seguro que estos peligrosos cruces continuarán ahora, porque los puertos de entrada siguen cerrados para quienes buscan protección.
Mientras tanto, decenas de miles de migrantes que desean cruzar de la manera “correcta”, acercándose a los puertos de entrada aún cerrados, permanecen varados en las ciudades fronterizas mexicanas, donde los datos recogidos por Human Rights First muestran al menos 10.250 denuncias de asesinatos, secuestros, violaciones, torturas y otros ataques violentos contra migrantes desde enero de 2021.
El 99 por ciento de las veces, el Título 42 se aplica a ciudadanos de cuatro países. Estos son los países cuyos ciudadanos México permite expulsar por la frontera terrestre hacia su territorio: México, El Salvador, Guatemala y Honduras. (A principios de mayo, México aceptó acoger también a un número limitado de ciudadanos cubanos y nicaragüenses).
Esos cuatro países constituyeron sólo el 54% de las personas migrantes encontradas en la frontera en abril de 2022. (El 46% restante de la población migrante de abril procedía de países a los que es difícil que el gobierno estadounidense expulse.
Es “difícil” porque Estados Unidos puede tener malas relaciones diplomáticas con sus gobiernos, como es el caso de Cuba, Nicaragua y Venezuela, los países de origen del 37% de las personas migrantes no expulsadas en abril. También puede ser “difícil” expulsar a migrantes simplemente porque sus países están muy lejos, lo que hace prohibitivo el transporte aéreo. (La principal excepción en este caso es Haití: el gobierno de Biden ha transportado por avión a 21.300 haitianos desde septiembre a Puerto Príncipe y Cabo Haitiano, donde la inestabilidad política y la violencia descontrolada de las bandas hacen que quienes son devueltos sean muy vulnerables. El DHS ha expulsado al 46% de todas las personas migrantes de Haití encontradas en la frontera desde septiembre).
En cualquier caso, significa que si una persona inmigrante procede de un país distinto de México, El Salvador, Guatemala, Honduras o Haití, tiene pocas probabilidades de ser expulsada. En lugar de ello, se les procesa con arreglo a la ley de inmigración normal, y la mayoría son liberadas en Estados Unidos para buscar asilo u otras solicitudes de protección.
En abril, el gobierno de Biden utilizó el Título 42 para expulsar al 41% de las personas migrantes encontradas en la frontera. Ese porcentaje probablemente seguirá disminuyendo hasta convertirse en una minoría cada vez más pequeña, ya que cada vez más migrantes proceden de países distintos de México, El Salvador, Guatemala u Honduras, y a medida que más familias que huyen de la persecución y la tortura son examinadas y tienen la oportunidad de solicitar asilo en virtud de la sentencia Huisha-Huisha.
Éstas son algunas de las principales consecuencias de la decisión del juez Robert Summerhays de mantener el Título 42 en vigor a pesar de que los CDC consideran que la salud pública ya no lo justifica. Durante los próximos meses o más, una medida de salud pública servirá de puerta trasera para restringir el derecho de las personas migrantes amenazadas de ciertos países a solicitar asilo en Estados Unidos. Esta decisión tendrá consecuencias humanitarias devastadoras.
