2 Jul 2013
En su campaña electoral y después de ser elegido el 2 de julio de 2012, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto prometió una nueva dirección para México. En los primeros siete meses de su mandato, ¿cuánto ha cambiado la trayectoria de México?
En este artículo, la coordinadora principal del programa de México y Centroamérica de WOLA, Maureen Meyer, contesta preguntas sobre la seguridad, la violencia relacionada con las drogas, los derechos humanos, y la cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos.
¿Qué es la estrategia de seguridad de Peña Nieto?
Desde que asumió el cargo en diciembre de 2012, Peña Nieto ha enfatizado que sus prioridades son de reducir la delincuencia y la violencia en México, particularmente el asesinato, el secuestro, y la extorción. Junto con esto, Peña Nieto prometió centrar la atención en las causas fundamentales de la violencia. Esto fue claramente establecido en el lanzamiento en febrero del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Este programa, dirigido por la Subsecretaría para la Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) abarca acciones de nueve de las secretarias del gobierno federal. Al comienzo, este programa funcionará en 57 entidades (48 municipios, 2 delegaciones del Distrito Federal, y 7 zonas metropolitanas de la Ciudad de México) que necesitan atención urgente debido a sus altos niveles de violencia. Actividades relacionadas con la prevención—incluyendo programas para mantener a los niños en la escuela y combatir la adicción a las drogas—se llevarán a cabo en otros 251 municipios. Es un cambio positivo que hay más discusión sobre la prevención de violencia (a diferencia del enfoque del gobierno anterior en la interdicción de drogas y la matanza o captura de narcotraficantes de alto nivel). Sin embargo, hay indicaciones que algunos de las iniciativas del gobierno de Peña Nieto representan una mera nueva presentación de programas sociales ya existentes dentro de las varias secretarias del gobierno federal, en lugar de financiamiento para nuevas iniciativas que se dirigen específicamente a la prevención de la violencia.
Uno de los cambios más dramáticos que ha hecho Peña Nieto a las instituciones de seguridad en México fue la eliminación de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del gabinete y la subsiguiente delegación de todas las tareas de seguridad pública a la SEGOB. Con este cambio, la Policía Federal, la cual experimentó un aumento de 200 por ciento en sus filas durante el sexenio de Calderón, está ahora bajo el mando de la recién creada Comisión Nacional de Seguridad. Cumpliendo con su promesa de campaña, Peña Nieto también anunció la creación de una Gendarmería Nacional, una fuerza policiaca con entrenamiento militar, que, según todos los reportes, es todavía un trabajo en curso. Reportes sobre el tamaño inicial de la Gendarmería varían, pero es claro que por lo menos al comienzo, el personal constará de miembros del Ejército y la Marina (aunque bajo dirección civil) y que funcionará como una fuerza de respuesta para recuperar los espacios públicos que están actualmente controlados por grupos criminales. Si todo resulta según lo planificado, Peña Nieto tendrá, como mínimo, una fuerza federal de seguridad de 100.000 agentes al llegar a los finales de su sexenio, con 50.000 miembros de la Policía Federal y 50.000 miembros de la Gendarmería Nacional. Como WOLA y otros han indicado, hay muchas preocupaciones sobre la creación de la Gendarmería, especialmente dado el carácter militar de la fuerza y la falta de consultación con el Congreso mexicano y la sociedad civil sobre su creación. No es claro cuál sería el perfil del personal que estas fuerzas van a emplear, o cómo el gobierno de Peña Nieto va a asegurar un proceso adecuado de reclutamiento, capacitación, y fuertes controles, tanto internos como externos, en tan poco tiempo.
¿De qué manera difiere la estrategia de seguridad de Peña Nieto de la del presidente anterior Felipe Calderón?
Si bien los cambios mencionados anteriormente son significativos, hasta aquí la estrategia de Peña Nieto para abordar la violencia relacionada con la delincuencia organizada varía muy poco de la de su predecesor. Las fuerzas armadas están todavía liderando los operativos para combatir la delincuencia organizada, y no ha habido indicaciones sobre cuándo estas responsabilidades serán transferidos completamente a las fuerzas de seguridad civiles. Asimismo, si bien es cierto que el gobierno mexicano ha cambiado su estrategia mediático con respeto a la violencia—los sospechosos ya no se desfilan ante los medios de comunicación y los periódicos ya no están llenos de informes diarios sobre la incautación de drogas y armas—las actividades contra el tráfico de estupefacciones han continuado sin cesar. La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) informó que entre el 1 de diciembre de 2012 y el 30 de abril de 2013, se detuvieron como promedio 21 sospechosos cada día y se incautaron como promedio un poco más de ocho kilos de cocaína y 1.888 kilos de marihuana cada día. Frente a la crisis de seguridad en partes de Guerrero y Michoacán en los últimos meses, la respuesta del estado fue de seguir los pasos del gobierno de Calderón y enviar los militares y la Policía Federal. Para diferenciarse del gobierno anterior, el gobierno de Peña Nieto anunció que el operativo en Michoacán también enfatizaría el desarrollo económico de las regiones afectadas, pero solo el tiempo dirá si es en realidad una estrategia diferente y “más integral”, o solamente más de lo mismo.
¿Desde la elección de Peña Nieto, ha subido, bajado o quedado igual el nivel de la violencia?
El discurso público sobre la violencia en México ha cambiado drásticamente durante el último año. La cobertura mediática sobre México en Estados Unidos ha enfatizada el tema de la economía, y ha sido mucho más positiva. En México, la cobertura de los medios de comunicación acerca de la violencia y la delincuencia organizada se ha reducido dramáticamente, y los términos, “la delincuencia organizada” y “el narcotráfico” aparecen con mucho menos frecuencia en las principales agencias de noticias. El gobierno de Peña Nieto ha fomentado esta tendencia, centrando su mensaje público, tanto en el ámbito internacional como en el ámbito nacional, en el crecimiento económico, la reforma energética y el comercio, en lugar de la violencia, el narcotráfico o la delincuencia organizada. La falta de información sobre las acciones del gobierno para combatir la delincuencia organizada ha hecho más difícil para medios de comunicación a informar sobre la violencia, porque no tienen la información oficial para respaldar sus notas, y los ataques abiertos contra los medios de comunicación y los periodistas para que no informen sobre la delincuencia y la violencia han efectivamente silenciado el reportaje en algunas áreas. Como resultado, los ciudadanos a menudo están recurriendo a las redes sociales para obtener información sobre la violencia en sus comunidades.
Aunque hay menos cobertura por parte de los medios de comunicación, la violencia en México se mantiene a niveles inaceptablemente altos. Después de alcanzar un máximo de 68 asesinatos por día en 2011, la tasa de homicidios se redujo a lo largo de 2012 a aproximadamente 50 asesinatos por día al comienzo de 2013. La violencia continuó en este nivel durante todo el primer trimestre de la administración de Peña Nieto.
Al mismo tiempo, la medición de los homicidios relacionados con el narcotráfico y la delincuencia organizada sigue siendo polémica y problemática. El gobierno de Peña Nieto dice que hubo una reducción de 17 por ciento en los homicidios dolosos vinculados al crimen organizado en el primer trimestre de 2013 frente al trimestre anterior, y una reducción de 14 por ciento frente al primer trimestre de 2012. Esto sería una reducción muy significativa. Sin embargo, el número total de homicidios dolosos (incluyendo ellos que no fueron vinculados al crimen organizado) se redujo mucho menos: 8,5 por ciento frente al trimestre anterior y 7,8 por ciento frente al mismo trimestre en 2012. Parece probable, entonces, que el gobierno de Peña Nieto está aplicando criterios nuevos para determinar cuáles homicidios dolosos son clasificados como “vinculados al crimen organizado”.
Aunque Peña Nieto anunció que priorizaría a los delitos que más afectan a los ciudadanos comunes, no ha habido una reducción significativa en los otros tipos de delincuencia violenta durante los primeros meses de su sexenio. Aunque los robos violentos han disminuido en los últimos años, la tasa del secuestro y la extorsión subió en el primer trimestre de 2013; los dos están en niveles casi récord.
¿Qué sabemos sobre el estado de la cooperación entre Estados Unidos y México bajo el gobierno de Peña Nieto?
La visita del Presidente Obama a México, que se realizó en abril, se presentó como una oportunidad para cambiar la conversación, quitando perfil al tema de seguridad que había dominado la relación entre Estados Unidos y México durante el gobierno de Calderón; esta reunión tuvo por objetivo enfatizar sobre todo en el crecimiento económico y las oportunidades económicas. No obstante, si bien no fue el tema más discutido, la seguridad sí quedó como parte de la agenda. Durante su visita, el Presidente Obama reconoció los graves problemas de seguridad que enfrenta México y el carácter cambiante de la cooperación entre los dos países. Afirmó que “depende del pueblo mexicano determinar sus estructuras de seguridad” y que los Estados Unidos “espera continuar su buena cooperación en cualquier manera que el gobierno mexicano estima apropiada”.
A pesar del cambio anunciado en el enfoque de la cooperación binacional, los oficiales de los dos gobiernos han dejado en claro que el marco actual de los “cuatro pilares” seguirá siendo la directriz para la cooperación de seguridad. Esto sugiere que habrá ajustes, particularmente dado el interés del gobierno de Peña Nieto en dar más enfoque a la prevención del delito y el estado de derecho, pero que la base de la cooperación seguirá siendo igual. Mientras el gobierno de Peña Nieto aún no ha especificado exactamente qué tipo de cooperación con Estados Unidos quiere, ha sido claro que toda la cooperación ahora será llevada a cabo a través de la SEGOB—un enfoque denominado por el gobierno mexicano “la ventanilla única”—para controlar mejor el intercambio de inteligencia y para dar más orden a la cooperación entre Estados Unidos y México. En parte debido a retrasos burocráticos (porque todas las solicitudes para cooperación deben ser ahora a través de la SEGOB) y en parte debido a la falta de especificidad por parte del gobierno mexicano sobre lo que quiere de Estados Unidos, actualmente hay más que US$600 millones de dólares en fondos de la Iniciativa de Mérida que todavía están por entregar.
Mientras la cooperación avanza, el apoyo para los esfuerzos de la reforma policial, particularmente las que están centrado en más medidas de rendición de cuentas, y también el continuo apoyo para la reforma judicial, serán importantes. Como algunos miembros del Congreso de Estados Unidos expresaron recientemente en una carta al Secretario del Estado John Kerry, la defensa de los derechos humanos también debe de ser una parte central de la agenda bilateral entre Estados Unidos y México, particularmente dado la situación grave de los derechos humanos en México y las condiciones de los derechos humanos impuestas a la asistencia de seguridad de Estados Unidos al país.
¿Qué ha hecho la administración de Peña Nieto para abordar violaciones de derechos humanos en México?
Aunque Peña Nieto ha declarado su compromiso de asegurar que “los derechos establecidos en papel se convierten en realidad”, la situación de derechos humanos en México sigue siendo grave. Las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidos por parte del ejército mexicano siguen a niveles alarmantes. Durante los primeros cinco meses de 2013, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió 585 denuncias de abusos cometidos por el ejército, inclusive 15 matanzas ilegales y 15 desapariciones forzadas. Por gran parte, los casos anteriores de abuso también siguen impunes. Ninguna de las 7.441 quejas por violaciones de derechos humanos reportadas contra el ejército entre 2006 y 2012 haya resultado en una condena en un corte civil. En enero de 2013, el ejército mexicano reportó que desde 2006, solo 38 militares habían sido condenados por cortes militares para abusos de derechos humanos. El Congreso mexicano aún no ha reiniciado discusiones para reformar el código penal del ejército mexicano para que las violaciones de derechos humanos cometidas por militares sean investigadas y enjuiciadas en cortes civiles.
Ataques descarados a los migrantes y a las casas de migrante siguen, a pesar de la presión nacional e internacional. En mayo de 2013, un grupo armado abordó un tren, en que viajaban más de 500 migrantes, y exigió pago. Más de 16 migrantes fueron heridos como resultado. En junio de 2013, empleados de un albergue en Tenosique, Tabasco fueron forzados a dejar el albergue después de ser víctimas de frecuentes amenazas de muerte, presuntamente por parte de la delincuencia organizada. Estas amenazas ocurrieron después que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había ordenada medidas de protección para el albergue. Según organizaciones mexicanos de derechos humanos, estas medidas no fueron implementadas. Y abusos a los migrantes por parte de los funcionarios del gobierno han continuado. Más de 30 migrantes fueron detenidos en un albergue en el Estado de México en junio de 2013, cuando elementos de la Policía Federal y agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) entraron ilegalmente a una casa del migrante para detener a los migrantes.
En el contexto de la violencia relacionada con las drogas y la participación activa del ejército en tareas relacionadas con la seguridad pública, México ha visto un número alarmante de desapariciones. Una base de datos oficial recientemente hizo público en febrero de 2013 reveló los nombres de más que 26.000 personas que desaparecieron entre 2006 y 2012. El gobierno de Peña Nieto dice que este número es demasiado alto, y el jefe de la SEGOB, Miguel Ángel Osorio Chong, recientemente dijo a reporteros que los funcionarios estatales y federales estaban purgando la lista para remover a falsos positivos. Después de múltiples manifestaciones por parte de parientes de los desaparecidos, la Procuraduría General de la Republica anunció en mayo de 2013 la creación de una unidad especializada para investigar las desapariciones, la cual estará en manos de 12 agentes. El decreto para crear esta oficina fue publicado recientemente, y hasta ahora la unidad carece de oficina y presupuesto. Mientras, las desapariciones, incluso las desapariciones forzadas, continúan; la CNDH recibió 20 denuncias de desapariciones forzadas en los primeros cinco meses de 2013.
En enero de 2013, Peña Nieto firmó una ley que reconoció el derecho de las victimas del crimen y de las violaciones de derechos humanos a recibir asistencia, indemnización, y acceso a la justicia. También crearía varias instituciones oficiales para entregar asistencia e información a las víctimas. La ley fue previamente vetada por el Presidente Calderón, y la reversión de esta decisión por el Presidente Peña Nieto fue un cambio bienvenido. Modificaciones necesarias a la ley fueron aprobadas por el congreso mexicano en abril y la ley oficialmente entró en vigor en el 4 mayo de 2013.
Mientras tanto, los defensores de derechos humanos y los periodistas en México continúan a enfrentar amenazas, acoso y, con demasiada frecuencia, violencia. Un año después de que la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas entrará en vigor, la implementación del Mecanismo de Protección establecido en la ley ha estado incompleta. El Centro Nacional de Comunicación Social, Cencos, informe que en los primeros 100 días del gobierno de Peña Nieto hubo 56 ataques contra periodistas, entre ellos un asesinato y 37 ataques contra defensores de derechos humanos.
Clay Boggs, Oficial de Programa de WOLA, contribuyó a la redacción de este artículo.
