El gobierno del presidente Joe Biden alcanzó hoy un triste y sorprendente hito. A bordo de su vuelo 198º de deportación o expulsión de personas a Haití de esta mañana se contó a la persona migrante número 20.000 en ser enviada de vuelta a la nación caribeña desde la inauguración de la administración en 2021.
Según Witness at the Border, un grupo que rastrea los vuelos de expulsión y deportación del gobierno estadounidense, en los cinco meses transcurridos desde el 19 de septiembre, se han concentrado 161 de esos 198 vuelos, con 17.900 personas. La fecha marca también el momento en que 10.000 personas migrantes, en su mayoría provenientes de Haití, fueron vistas en las orillas del Río Grande en Del Río, Texas, clamando por asilo u otras formas de protección.
Todos recordamos las inquietantes imágenes de los agentes de la Patrulla Fronteriza, montados a caballo arremetiendo contra personas migrantes haitianas que intentaban cruzar el río. Aunque el presidente Biden calificó la escena de “horrible” y el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas aseguró que la investigación “se completaría en días y no en semanas”, no hemos oído aún sobre ningún resultado o de un proceso de rendición de cuentas.
Sin embargo, lo que sí ha funcionado con una eficacia devastadora son los vuelos. El Departamento de Seguridad Nacional concedió un contrato sin licitación de US$15 millones a Geo Group —un operador de centros de detención de inmigrantes con fines de lucro bastante controvertido— para gestionar los primeros vuelos a Puerto Príncipe y Cabo Haitiano. El ritmo de los vuelos de expulsión ha crecido vertiginosamente.
Alrededor de dos tercios de las personas enviadas de regreso a Haití han sido expulsadas en virtud del “Título 42”, la política de la administración Trump que, bajo una cuestionable base, ha utilizado los riesgos de pandemia como un pretexto para expulsar a los migrantes lo más rápidamente posible, incluso cuando han solicitado asilo o protección contra daños. El gobierno de Biden ha mantenido el Título 42 en vigor, sin modificaciones, y lo ha utilizado para expulsar personas migrantes de manera acelerada en más de 1,1 millón de oportunidades.
Entre marzo de 2020 y diciembre de 2021, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) expulsó a 13.783 haitianos aprehendidos en la frontera entre Estados Unidos y México, sin darles la oportunidad de pedir protección. Casi una cuarta parte de todas las personas haitianas aprehendidas en la frontera han sido colocadas en estos vuelos. De quienes han sido expulsados, algo más de la mitad han sido personas menores de edad, o padres y madres que viajaban con ellas.
“Una madre haitiana expulsada a finales de septiembre de 2021 suplicó a los agentes estadounidenses que le quitaran las esposas para poder consolar a su hija pequeña que lloraba durante el viaje en avión”, según un informe de Human Rights First.
En la abrumadora mayoría de los casos, el DHS ha venido dejando a las personas provenientes de Haití en una pista de aviación ubicada en un país que no habían visto durante muchos años. La mayoría de personas que abandonaron el país en el período posterior al terremoto de 2010 que devastó a la isla caribeña, y que habían encontrado trabajo y reconstruido sus vidas en Brasil, Chile y otros lugares, vieron como les fue retirada la bienvenida en medio de la pandemia. Las noticias desde el aeropuerto de Puerto Príncipe han documentado las lágrimas, el dolor y la desesperación de las personas haitianas expulsadas al encontrarse de nuevo en una nación de la que habían huido hace muchos años.
La administración ha devuelto a estas 20.000 personas a las terribles condiciones de Haití, donde la violencia de las pandillas es tan generalizada que todas han sido expuestas al peligro. “Los secuestros y tiroteos relacionados con las pandillas han impedido que grupos de asistencia visiten partes de la capital, Puerto Príncipe”, informó Associated Press en diciembre. “Una grave escasez de combustible también ha impedido que las agencias operen a plena capacidad”. Una advertencia de “nivel 4” del Departamento de Estado dice: “No viajar a Haití debido a los secuestros, la delincuencia, los disturbios civiles y el COVID-19.” En reconocimiento de la situación en Haití, el gobierno de Biden amplió el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los haitianos que ya estaban en el país antes del 29 de julio de 2021).
El presidente de Haití fue asesinado el pasado mes de julio y actualmente el país carece de un gobierno que pueda ser considerado verdaderamente legítimo. Desde entonces el país también sufrió un terremoto y una tormenta tropical. Las tasas de vacunación de COVID-19 (alrededor del 1 por ciento en enero) se encuentran entre las más bajas del mundo. “Las tensiones políticas y la polarización siguen poniendo en duda un camino claro hacia una mayor estabilidad,” señaló en enero el vicesecretario general de la ONU.
Aproximadamente 1 de cada 575 personas que viven hoy en Haití han estado en un avión de expulsión o deportación de la administración Biden durante los últimos 13 meses. Esta práctica de enviar a personas muy vulnerables de vuelta a uno de los países más pobres e inseguros del mundo tiene que terminar. Las expulsiones bajo Título 42, que utilizan una pandemia de hace dos años como pobre pretexto para evitar el debido proceso, tienen que terminar.
“Haití simplemente no puede aceptar una repatriación segura de sus nacionales, por lo que estamos tan profundamente preocupados por las expulsiones y remociones a gran escala de individuos de vuelta a Haití,” reza una detallada carta del 16 de febrero firmada por 100 senadores y representantes de EE.UU. “Con ese fin, nos preocupa que el uso de la autoridad del Título 42 por parte de la Administración esté privando a solicitantes de asilo legítimos de la oportunidad de llevar a cabo sus reclamaciones, en contra de nuestras obligaciones, y en virtud del derecho internacional y nacional.”
La carta concluye con un llamado del cual la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) se hace eco: “Además de detener las expulsiones a regiones como Haití, donde se enfrenta una grave inseguridad, también instamos a tomar medidas para abordar los desafíos sistémicos a los que se enfrentan los migrantes negros para recibir un trato igualitario”.
