1 May 2015 | Análisis | Noticias

Un legado a seguir: Nueva fiscal general de EE.UU. tiene oportunidad de avanzar reformas de las políticas de drogas

Por Adam Schaffer

El lunes 27 de abril, Loretta Lynch fue juramentada como Fiscal General de la Nación. Lynch, una ex-Fiscal Federal para el Distrito Occidental de Nueva York, se convierte en la primera mujer afroamericana que ocupa el cargo. Su mandato comienza en un momento prometedor y crucial para la reforma de las políticas de drogas. Lynch reemplaza a Eric Holder y hereda un panorama cambiante de la política de drogas, tanto en los Estados Unidos como en el extranjero. Durante su mandato de 2009-2015, Holder adoptó reformas limitadas pero importantes para hacer frente a un exceso de encarcelamiento por delitos de drogas y las desigualdades raciales en el sistema de justicia penal. El Departamento de Justicia de Holder también proporcionó espacio a los estados para implementar mercados legales y regulados de cannabis legal. En el pasado, Lynch ha expresado preocupación sobre las desigualdades raciales en las leyes de drogas; ahora tiene la oportunidad de continuar las reformas de Holder.

En los últimos años de su mandato, Holder adoptó una serie de iniciativas federales con la meta de reducir la población carcelaria y frenar el exceso de encarcelamiento de las personas que han cometido delitos no violentos relacionados con drogas. Reconoció que las leyes de drogas existentes ni han  promovido la seguridad pública ni  han protegido los derechos civiles fundamentales, y en su lugar han perjudicado en gran medida los sectores más marginados de la sociedad. En 2013, el Departamento de Justicia presentó "Inteligencia contra el Crimen", una iniciativa para revisar el sistema de justicia penal para asegurar que las leyes federales se apliquen de manera eficiente y justa. La iniciativa dio instrucciones a los fiscales federales que eviten dar cargos de alto delito a las personas que son arrestadas por crímenes no violentos de bajo nivel y que no sean condenados con penas mínimas obligatorias y severas. Para aquellas personas que ya están encarceladas por cargos federales (muchos de ellos relacionados con las drogas), el departamento presentó la Iniciativa de Clemencia en el 2014. La iniciativa propone que los individuos que no hayan podido tener sentencias menores, apelar al presidente por una sentencia reducida o conmutada. El 31 de marzo de 2015, el presidente Obama conmutó a 22 personas encarceladas con penas excesivamente largas por delitos de drogas no violentos. Esto es sólo el comienzo de lo que la Iniciativa de Clemencia puede lograr. A los finales de febrero del 2015, más de 35.000 presos federales habrían solicitado alivio bajo esta iniciativa. Antes de convertirse en fiscal general, Lynch expresó su preocupación por el impacto racial de las leyes de drogas —particularmente agrietarse las discrepancias entre crack y cocaína— ahora tiene la oportunidad de reforzar y ampliar las iniciativas de Holder. (Para obtener más información sobre la amplia gama de reformas de sentencia en los últimos años, clic aquí.)

Las reformas de Holder representaron un cambio importante en las prioridades federales, pero siguen siendo incipientes y los logros concretos aún no han alcanzado a los avances retóricos. La población carcelaria federal se redujo ligeramente en 2013, el año más reciente del que se dispone de datos. Sin embargo, la población carcelaria del estado aumentó ligeramente desde 2012 hasta 2013, lo que significa que la población carcelaria nacional también habría aumentado. Algunos estados han resistido las tendencias bipartidistas para acabar con la encarcelación masiva y ahora encarcelan a más personas (ver mapa abajo para los cambios en la población carcelaria). Además, puesto que la mayor parte de las recientes reformas han reducido las penas de prisión en lugar de eliminarlos por completo, grandes reducciones en la población penitenciaria federal tomará años para lograr. Los avances liderados por Holder eran claramente un paso en la dirección correcta, pero aún queda mucho por hacer.

Tendencias en poblaciones carcelarias por estado
 

El mapa de arriba muestra las tendencias divergentes en la población carcelaria estatal en los últimos años. Los aumentos (en rojo) son en relación con el año 2008, y las reducciones (en verde) son en relación con el año pico de cada estado. Estos datos fueron compilados por The Sentencing Project basado en cifras de la Oficina de Estadísticas Judiciales y el mapa fue creado por WOLA.

Para aprovechar el impulso de la reforma, Lynch debe jugar un papel central, ya que las ganancias existentes siguen siendo no sólo limitada, pero tenues. Muchas de las reformas dependen de "guías" a los fiscales cuando buscan cargos y sentencias; y las decisiones finales quedan en manos de cada fiscal. Además, las conmutaciones quedan a discreción del presidente, y mientras Obama ha apoyado algunas reformas a las leyes de drogas, ni él ni su sucesor en la Casa Blanca, están obligados a continuar con ellas. Nuevas reformas legislativas, como el acto REDEEM de los Senadores Cory Booker y Rand Paul, que busca facilitar la reintegración y reducir la reincidencia, todavía son necesarias para hacer incursiones más grandes a reducir la enorme población carcelaria en Estados Unidos. En su nuevo cargo, Lynch debe trabajar con aliados y adversarios en el Congreso, la administración y en los estados para buscar reducciones duraderas de la población carcelaria.

La Fiscal General Lynch también hereda  la posición del Departamento de Justicia de acomodar a los mercados regulados de cannabis. Holder, a través de la directriz establecida por el Fiscal General Adjunto James Cole en agosto de 2013, insta a los fiscales federales de usar sus “limitados recursos de investigación y enjuiciamiento” sólo en los casos que cumplen con ciertas prioridades, entre ellas la distribución a menores de edad, el enriquecimiento de las empresas criminales y el uso de la violencia. Fundamentalmente, esta guía reconoció que el enfoque regulador de los estados podría abordar positivamente las prioridades federales, incluida la “sustitución de un comercio ilícito de marihuana que financia empresas criminales con un mercado fuertemente regulado en el que los ingresos se registran y contabilizan.” En los 20 meses desde que se emitió la guía, Coloradoy Washington han dado pasos importantes hacia la creación de mercados de marihuana recreativa bien regulados, y los votantes de Alaska y Oregón también han aprobado iniciativas electorales similares. Al acomodar sabiamente los estados que han optado por legalizar el cannabis, el Departamento de Justicia ha proporcionado a estos estados la oportunidad de ver si sus innovaciones pueden ofrecer una alternativa atractiva a la prohibición del cannabis y la miseria que éste ha creado.

Sin embargo, como muchos de las reformas de Holder, esta guía representa un avance de política pública importante, pero todavía no es la ley. En su audiencia de confirmación en el Senado, Lynch, evidentemente, no estaba de acuerdo con la propia visión del Presidente Obama de que el cannabis no es más peligroso que el alcohol. (Por un amplio margen, la mayoría de los estadounidenses consideran que el alcohol  más perjudicial que la marihuana.) Pero cuando se explicó cómo sus puntos de vista pueden ser implementados en la práctica, Lynch no se opuso a la política de la actual administración; dijo que continuaría oponiéndose a la legalización (como Holder y Obama) y que llevaría a cabo las prioridades de control similares a las que actualmente están en vigor. Cómo Fiscal General, Lynch procesará los delitos relacionados con el cannabis —particularmente los relacionados con los mercados legales y regulados del mismo— queda por ver, pero ella aún no ha propuesto un cambio radical en la política.

Loretta Lynch se está convirtiendo Fiscal General en un momento crítico en la historia de las políticas de las drogas. La mayoría de los estadounidenses apoya la legalización del cannabis y el apoyo bipartidista para la reforma de la ley de drogas está creciendo. Como Fiscal General, tiene la mejor oportunidad, en décadas, para avanzar reformas a las sentencias por delitos de drogas y establecer, a través de sus palabras y sus políticas, que la encarcelación masiva no es ni una manera justa ni una manera eficaz de implementar la justicia penal.

Adam Schaffer es un Oficial de Programas en WOLA.