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AP Photo/Matilde Campodonico

10 Nov 2016 | Informe

Entendiendo la regulación: un análisis de la ley histórica sobre cannabis en Uruguay

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Después de casi tres años de la aprobación de la ley de cannabis en Uruguay, se espera que la venta comercial comience en pocas semanas. Si bien los avances han sido lentos y deliberados, Uruguay no es el único en aplicar un enfoque cauteloso del tema. En Estados Unidos, el estado de Maryland, por ejemplo, aprobó un programa de cannabis medicinal en el año 2013, pero una serie de cuidadosos ajustes pospuso la venta hasta 2017.

Ahora que se está por introducir progresivamente la fase de venta comercial de la ley, el gobierno del presidente Tabaré Vázquez se enfrenta a un momento clave de oportunidad. Con las estructuras básicas creadas por la ley que pronto estarán funcionando, el gobierno debe garantizar que también se instale un sistema sólido de monitoreo y evaluación para estudiar si la ley del cannabis realmente logra sus objetivos, y debe identificar los problemas que puedan surgir e indicar dónde y cómo ajustar el nuevo régimen.

Este informe, “Entendiendo la regulación: un análisis de la ley histórica sobre cannabis en Uruguay”, esboza el progreso realizado por las autoridades uruguayas en la introducción de la ley a la fecha, las medidas actuales de monitoreo y evaluación, y las oportunidades de responder a posibles obstáculos hasta el momento. El gobierno de Uruguay no pretende que esta ley sirva de ejemplo para otras leyes, pero los líderes uruguayos también saben que, como primer país en legalizar y regular cada nivel del mercado del cannabis, su nuevo sistema será sometido a un minucioso examen a nivel doméstico y extranjero. Mientras ciudadanos y líderes de otros lugares reflexionan si se debe legalizar el cannabis en sus propios países, y cómo, las lecciones que se puedan aprender de Uruguay van a contribuir al diseño de la política del cannabis mucho más allá de las fronteras del país.

Sobre la implementación:

La implementación de la ley histórica del cannabis en Uruguay avanza con cautela. Esto le ha permitido a las autoridades poder pensar las consecuencias de cada elemento de la ley. Al momento de este informe, dos de los tres métodos de acceso legal al cannabis (cultivo doméstico y clubes de cannabis) han empezado a funcionar, y el tercero (venta comercial) comenzará en las próximas semanas. En Uruguay actualmente hay más de 5.300 cultivadores domésticos registrados y 22 clubes de cannabis autorizados.

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Como resultado del plan presupuestal del gobierno recientemente aprobado para los próximos cinco años, se espera que el presupuesto previsto para la principal agencia regulatoria de la ley, el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA), aumente de unos US$ 650.000 en 2016 a casi US$ 1.200.000 en 2020. No obstante, aún quedan importantes desafíos para la implementación. Si bien recibirá más fondos con el nuevo presupuesto, la cantidad relativamente pequeña del personal del IRCCA podría obstaculizar la capacidad de la agencia para demostrar su poder de regulación y, por lo tanto, la capacidad del gobierno para regular adecuadamente el mercado legal del cannabis. Más adelante, el gobierno tendrá que asegurarse de que las campañas de educación pública tengan un diseño inteligente y una financiación adecuada.

Durante el proceso de la implementación quedó claro que algunos elementos del experimento de Uruguay con el cannabis pueden necesitar modificaciones. Por ejemplo, hay motivos para cuestionar el plan del gobierno de vender cannabis comercial al precio único de unos US$ 1,20 por gramo, independientemente de su potencia. Las encuestas también demuestran que los consumidores de cannabis uruguayos pueden estar reticentes a atenerse por completo a las regulaciones que los restringen a uno de los tres métodos de acceso legal (cultivo doméstico, clubes de cannabis o compra comercial). El futuro de los clubes de cannabis uruguayos, al menos hasta donde lo permite la ley actualmente, también es complicado debido a las restricciones financieras y organizativas de la norma.

La implementación de la ley hasta el momento ha sido obstaculizada por una falta de coordinación y de intercambio de información entre las instituciones asociadas con la regulación del cannabis, así como con la población. Aunque la estructura del IRCCA estaba prevista para unir un amplio rango de pericia técnica para abordar problemas burocráticos, ocasionalmente da lugar a embotellamientos.

Monitoreo y evaluación:

El gobierno de Uruguay ha expresado un compromiso serio con el monitoreo del impacto de un mercado de cannabis legal y regulado. Desde que fue electo en octubre de 2014, el presidente Vázquez ha prometido que la ley será sujeta a un estrecho proceso de monitoreo y evaluación. A estos efectos, una unidad especial de investigación del Ministerio de Salud Pública enviará informes anuales al Parlamento, que hará un seguimiento de los efectos de la ley en una serie de indicadores detallados por un “Comité Científico Asesor” designado.

En la práctica, no obstante, el gobierno de Vázquez puede hacer más que esto para cumplir su compromiso. Las medidas oficiales para monitorear y evaluar la ley no se han hecho públicas hasta ahora, dificultando las acciones académicas y de la sociedad civil para llevar a cabo el monitoreo y la evaluación. Esto ha traído dificultades innecesarias para que las autoridades se beneficien de análisis independientes de tendencias y políticas del cannabis en el país.