El Papa Francisco llegará al Perú el 18 de enero, en medio de la crisis política más grave que ha visto el país desde que volvió a la democracia en el 2000. La crisis es el resultado directo del supuesto “indulto humanitario” concedido al ex-dictador Alberto Fujimori por el Presidente Pedro Pablo Kuczynski el día de Nochebuena.
El indulto fue anunciado sólo tres días después de que Kuczynski sobrevivió un proceso de remoción con el apoyo del hijo de Fujimori y miembro del Congreso, Kenji Fujimori, fue interpretado como un trato político por parte de Kuczynski para salvar su presidencia. El anuncio del indulto ha causado escándalo a nivel nacional e internacional y resultó en varios días de protestas callejeras. El 11 de enero, alrededor de 50,000 personas marcharon en Lima en contra del indulto, y hay otra protesta nacional programada para el final del mes.
El Presidente Kuczynski y sus ministros defienden el indulto como un gesto humanitario por causa del deterioro de la salud de Fujimori, y también como un paso esencial para superar las divisiones del pasado del Perú y progresar hacia la reconciliación. Ha surgido que Fujimori no parece cumplir con las condiciones requeridas para un indulto humanitario.
Las familias de las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen de Fujimori buscan la revocación del indulto, ya que lo consideran como un trato político inmoral que está en violación de la ley nacional e internacional. Hay tres caminos posibles para que esto pudiera ocurrir:
1) La Corte Interamericana de Derechos Humanos, una corte regional de la Organización de Estados Americanos, analizará el caso el 2 de febrero. La corte ha emitido condenas previas tanto en el caso de la masacre de Barrios Altos como en el caso de las desapariciones de La Cantuta. Por ende la Corte tiene un mandato para revisar las posibles violaciones de las condiciones de sus sentencias. Las decisiones de la corte son de cumplí obligatorio en el país.
2) Además del indulto humanitario, el Presidente Kuczynski también le ha concedido a Fujimori un derecho de gracia, o un indulto para un juicio en vigencia. Fujimori fue acusado en el caso de la masacre de Pativilca en Julio del 2017. Expertos en derecho constitucional afirman que Fujimori no cumple con las condiciones establecidas por el derecho peruano para ser elegible para el derecho de gracia.
3) El caso también podría ser visto ante el Tribunal Constitucional del Perú, el cual ha revocado indultos humanitarios que ha determinado como fraudulentos en el pasado.
El Papa Francisco ha hecho de la reconciliación una las estampas de su papado. La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) está preocupada que el gobierno y otros grupos conservadoras podrían utilizar la visita del Papa para legitimar el falso discurso de la reconciliación nacional. WOLA cree que no puede haber reconciliación a base de la negación de la justicia. La reconciliación implica reparaciones integrales para las víctimas y sus familias; acceso a la verdad, incluyendo un reconocimiento de la injusticia cometida contra la víctimas y sus familias; y justicia para los responsables de los crímenes.
El Perú ha tomado pasos importantes en sus esfuerzo para reconocer a las víctimas del conflicto armado interno a través de la labor de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, la cual ha determinado que 70,000 peruanos fueron asesinados entre el 1980 y 2000. Mitad fueron víctimas del grupo insurgente maoísta Sendero Luminoso, mientras que el 35 por ciento fueron víctimas del estado, incluyendo las víctimas de las fuerzas de seguridad y de grupos paramilitares irregulares. El Perú le ha proporcionado reparaciones a las víctimas de diferentes grupos armados y ha buscado enjuiciar a los responsables de los peores crímenes. La extradición, procesamiento y condena del ex-presidente Alberto Fujimori fueron una parte esencial de este proceso.
Luego de fugarse del Perú en el 2000 y vivir como fugitivo por varios años, Fujimori fue extraditado desde Chile en el 2007 y enjuiciado por violaciones graves de derechos humanos. Después enfrentó cargos de corrupción y abuso de autoridad. En abril del 2009, después de un largo juicio, el tribunal determinó que Fujimori fuera culpable por secuestro y homicidio agravados, delitos que según el tribunal determinó que constituyen crímenes contra la humanidad en el derecho internacional. Específicamente, la corte determinó que Fujimori era responsable por la creación y operación de un escuadrón de la muerte militar conocido como el Grupo Colina, y lo condenó como autor mediato de la masacre de 15 personas en Barrios Altos en el 1991, la desaparición y asesinato de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad de La Cantuta en el 1992, y los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Doyer en el 1992.
WOLA y otras organizaciones internacionales estaban en el Perú monitoreando de cerca este proceso, y todos llegamos a la misma conclusión: el tribunal que enjuició a Fujimori era independiente e imparcial, y además garantizó el derecho del acusado a un juicio justo. Fujimori y sus abogados de defensa tuvieron todas las oportunidades para presentar sus argumentos ante la corte, presentar testigos y otros tipos de evidencia, y de interrogar a los testigos presentados por los demandantes. Ya que se trataba del primer jefe de estado democráticamente electo a ser convicto por violaciones graves de derechos humanos en su propio país, el juicio y la condena de Fujimori fueron aclamados a través del mundo como una victoria histórica e importante para la justicia mundial.
Los juicios criminales son un mecanismo social y legal de reparación para las víctimas de violaciónes graves de derechos humanos. Hay otras formas de reconciliación fuera del ámbito legal, incluyendo el reconocimiento de responsabilidad por los crímenes. Hay que notar que Fujimori nunca reconoció su responsabilidad por los crímenes cometidos en Barrios Altos o La Cantuta. Nunca le pidió perdón a las familias de las víctimas. En el caso de La Cantuta, los restos de cinco estudiantes aún no han sido encontrados; sus familias no han podido darles un entierro digno. Fujimori tampoco le ha pagado la indemnización a las familias de las víctimas aunque fue ordenado a hacerlo por un tribunal que lo condenó en el 2009.
Es probable que el gobierno peruano espera que la visita del Papa Francisco le provea una oportunidad para justificar la decisión de indultar a Fujimori usando el lenguaje de la reconciliación. El Papa ha sido un defensor de la reconciliación y de la importancia de los procesos de paz, pero también ha afirmado que la justicia y el respeto por los derechos humanos deben ser el punto de partida para tales procesos. Durante una visita a Myanmar en noviembre del 2017, el pontífice afirmó que “el arduo proceso de construcción de paz y reconciliación nacional solo puede seguir mediante un compromiso con la justicia y el respeto de los derechos humanos”. En septiembre del 2014, el Papa le dijo al presidente de Albania: “¡Que nadie se considere la ‘armadura’ de Dios mientras planea y comete actos de violencia y opresión!”
Como el primer Papa latinoamericano, y como defensor de los procesos de la verdad y justicia en su país natal de Argentina y en Uruguay. La visita del Papa Francisco ofrece al Perú una oportunidad para esclarecer las justificaciones falsas y equivocadas del indulto a Fujimori con su viaje al Perú. Durante su viaje a Chile, el Papa se reunirá con víctimas del régimen Pinochet. Las familias de las víctimas de Fujimori también han solicitado una audiencia con el Papa. Aún no han recibido una respuesta, pero tenemos la esperanza sincera de que les concederá una reunión. Un mensaje de Papa Francisco reafirmando sus mensajes previos sobre la importancia de la justicia para la reconciliación sería bien recibido por muchos en el Perú.
