(AP Photo/Marco Ugarte)

9 Sep 2021 | Análisis

México debe cesar la violencia contra personas migrantes y ofrecer soluciones para evitar crisis humanitaria en su frontera sur

El gobierno de Biden debe apoyar una respuesta a la migración que respete los derechos humanos y terminar con la nociva externalización de la frontera

Ante la serie de redadas militares y detenciones violentas de personas solicitantes de asilo y migrantes en Chiapas la semana pasada, urge que las autoridades mexicanas cesen los abusos y resuelvan el problema estructural subyacente: la insostenible política de mantener a las personas migrantes y solicitantes de protección en una frontera sur que está mal equipada para atender sus necesidades básicas. En un momento de aumento de la migración en todo el hemisferio, esta situación empeorará si no se aborda. El gobierno de Biden puede ayudar apoyando una respuesta a la migración regional que sea sostenible y respetuosa de los derechos humanos, como ha establecido en su Estrategia de Gestión Colaborativa de la Migración, en lugar de instar a México a bloquear o contener a las personas migrantes en su frontera sur.

La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) recibió un récord de 77.559 solicitudes de protección de enero a agosto de 2021. La mayoría (más de 55.000) se presentaron en Tapachula, Chiapas, el estado con mayores índices de pobreza del país. La política de refugio mexicana requiere que las personas solicitantes permanezcan en el estado en el que solicitaron protección mientras se tramitan sus casos. Por lo tanto, debido al elevado número de casos actualmente pendientes, las personas solicitantes de la condición de refugiado se enfrentan a esperas de muchos meses varadas en la frontera sur de México. Muchas se encuentran en condiciones precarias debido a la discriminación y la explotación, así como a la falta de acceso al trabajo y a la vivienda.

Buscando una salida a estas problemáticas, en los últimos días cientos de personas han intentado reubicarse y encontrar trabajo en otras partes de México caminando hacia el norte de Tapachula. La respuesta del gobierno mexicano la semana pasada consistió en la detención de una serie de grupos de estas personas por parte de elementos militares (integrantes de la Guardia Nacional) y agentes del Instituto Nacional de Migración (INM).

Estas detenciones frecuentemente fueron violentas. Vídeos grabados por personas periodistas —algunas de las cuales también fueron víctimas de la violencia y de intentos de obstaculizar su trabajo— muestran a agentes del INM derribando a familias con niñas y niños pequeños y pateando a un hombre detenido en la cabeza mientras es sujetado por otros agentes. Estos incidentes brutales confirman que un enfoque militarizado y centrado en la contención de la migración es una receta para abusos. También llaman la atención sobre lo que las organizaciones de la sociedad civil mexicana identifican como un patrón de abusos y falta de rendición de cuentas en el INM. En respuesta a la indignación provocada por los vídeos, el INM anunció la suspensión de dos agentes.

Más allá del deber de detener la violencia contra las personas migrantes y contra quienes defienden sus derechos humanos, como han pedido la sociedad civil y múltiples órganos de la ONU, estos acontecimientos apuntan a la necesidad de que el gobierno mexicano levante las restricciones al tránsito de personas migrantes dentro de México. Además de las repercusiones en materia de derechos humanos que supone mantener a familias e individuos en una zona que no está preparada para garantizarles condiciones dignas de vida en el contexto actual, simplemente no es realista creer que las personas puedan ser contenidas mediante la violencia física o atrapadas en la frontera sur de forma indefinida en tales condiciones insostenibles. Por el contrario, de no permitirles reubicarse dentro de México tomando carreteras y otras rutas visibles, las personas se verán obligadas a buscar caminos clandestinos, generando lo contrario a una migración ordenada y segura. A medida que las personas solicitantes de protección continúen llegando a México durante las próximas semanas y meses, el insostenible escenario en su frontera sur sólo empeorará de no ser abordado adecuadamente ahora.

Grupos específicos enfrentan situaciones de vulnerabilidad que requieren respuestas adecuadas. Un porcentaje importante de la población migrante en Tapachula, por ejemplo, son personas haitianas y de ascendencia haitiana. De hecho, en lo que va de 2021, hay registro de 18.883 solicitudes de protección de personas haitianas, superadas únicamente por las solicitudes de personas hondureñas. Además de carecer de oportunidades laborales y de vivienda adecuada, así como de ser víctimas de múltiples expresiones de racismo, la población haitiana enfrenta una batalla especialmente difícil para recibir protección. El titular de la COMAR ha declarado que la mayoría de las personas haitianas probablemente no califiquen para el reconocimiento de la condición de refugiado bajo el derecho mexicano, al tiempo que las condiciones en Haití hacen impensable deportarlas. Esto indica la necesidad de explorar otras opciones para ellas, incluyendo visas humanitarias y permisos de trabajo.

Las reacciones de algunas instituciones mexicanas hacia la población haitiana son preocupantes: el INM propuso instalar un campamento para solicitantes de protección de nacionalidad haitiana en Chiapas, lo que reforzaría el paradigma de contención y plantea interrogantes por buscar agrupar a personas en un campamento con base en su nacionalidad —tanto la Agencia de la ONU para los Refugiados como representantes de la iglesia que trabajan con la población migrante se distanciaron rápidamente de esta propuesta—. La situación de las personas haitianas deja en claro que hacen falta soluciones más integrales para responder a la población migrante y solicitante de asilo, así como para combatir la discriminación agravada que sufren las personas migrantes afrodescendientes.

Por su parte, el gobierno de Biden debería dejar de presionar a México para que actúe como una frontera exteriorizada de Estados Unidos para bloquear, contener o deportar a todas las personas migrantes posibles —un enfoque bilateral que ha llevado a una serie de prácticas que violan derechos—. Las políticas actuales han producido resultados tan peligrosos como absurdos: tanto migrantes como organizaciones de la sociedad civil informan que incluso personas con una estancia migratoria regular en el sur de México, incluido el estatus de refugiado, han sido deportadas a Guatemala en fechas recientes. El secretario de la Defensa Nacional declaró a fines de agosto que el principal objetivo militar en la zona fronteriza sur es “detener toda la migración“. En lugar de reforzar este modelo disfuncional, es esencial que Estados Unidos trabaje conjuntamente con México para ampliar el acceso a la protección internacional, uno de los objetivos anunciados por la propia administración estadounidense.

Abordar adecuadamente los patrones migratorios modernos requiere garantizar el acceso a los sistemas de asilo y mejorar la capacidad para procesar las solicitudes. También requiere reconocer que muchas personas que no necesariamente encajan dentro de la definición tradicional del asilo también se ven obligadas a migrar. Ofrecer la condición de refugiado como el único camino hacia un estatus migratorio, entonces, es ineficiente e insuficiente como estrategia de gestión de la migración, especialmente cuando el sistema de refugio en cuestión no cuenta con recursos suficientes y está abrumado, como es el caso actualmente en México.

Como han señalado la sociedad civil y COMAR, se necesitan caminos alternativos para un estatus regularizado en México, así como permitir que las personas migrantes se alejen de la frontera sur de México mientras se tramitan sus casos. La cooperación regional también es necesaria para atender a aquellas personas solicitantes de protección que enfrenten peligro en México y a niñas y niños no acompañados cuyo mejor interés podría ser reunirse con familiares que viven en Estados Unidos. De no ser abordadas estas temáticas —persistiendo con represiones violentas como la que vimos la semana pasada en Chiapas— se corre el riesgo de aumentar la crisis de necesidades humanitarias insatisfechas en el sur de México, con graves impactos en las familias e individuos migrantes, así como para la gestión de la migración en la región.