WOLA: Advocacy for Human Rights in the Americas

(Foto AP/Eduardo Verdugo)

20 Sep 2019 | Informe

WOLA e IUDPAS lanzan informe sobre las capacidades del sistema de justicia en Honduras

El Estado de Honduras ha enfrentado en la última década una grave crisis de criminalidad y violencia hasta alcanzar la tasa más alta de homicidios a nivel mundial en 2012. Si bien esta cifra se ha reducido en los últimos años, la tasa actual es cuatro veces mayor al estándar internacional indicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Esta inseguridad genera en la ciudadanía una elevada demanda de justicia, pero la respuesta estatal habla de una impunidad estructural, causada, sobre todo, por la corrupción generalizada, la falta de independencia y la debilidad institucional del sistema de justicia.

El presente análisis parte del fundamento que un sistema de justicia eficaz es esencial para fortalecer el Estado de derecho y sus instituciones, para ganar la confianza de la ciudadanía, dar seguridad jurídica, promover el desarrollo humano, además de la inversión; por lo que debe ser un sistema equitativo, responsable, ético, y eficiente, en apego a la ley y al respeto a los derechos humanos.

Este informe examina los hallazgos de la primera área del Monitor Centroamericano que comprende el fortalecimiento de la capacidad e independencia del sistema de justicia en Honduras. El estudio se basa en un grupo de indicadores cualitativos y cuantitativos para evaluar el nivel de avance o retroceso en el fortalecimiento del sistema de justicia hondureño. Cubre información correspondiente al periodo 2014 a 2017, sobre el Poder Judicial, la Dirección Nacional de la Defensa Pública, así como el Ministerio Público y la Dirección General de Medicina Forense.

Concretamente, el documento proporciona información y análisis sobre tres áreas principales:

  1. La capacidad del sistema de justicia, incluyendo el recurso humano y distribución geográfica de las instituciones de justicia, la eficiencia, y el nivel de confianza pública.
  2. El nivel de independencia judicial o la existencia de operadores de justicia independientes e imparciales que puedan actuar en estricto apego a las leyes y tratados internacionales. Esto abarca la existencia e implementación de procesos rigurosos, transparentes y basados en estándares internacionales de selección de personal, así como mecanismos de evaluación de desempeño y disciplinarios permanentes y efectivos.
  3. La independencia externa entendida como la asignación, distribución y uso de los recursos económicos con los que cuentan las instituciones y los mecanismos empleados para garantizar la seguridad de los operadores de justicia. Los indicadores desarrollados se entrelazan con los indicadores definidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA), quienes evalúan los sistemas de administración de justicia penal en cuanto a su eficacia, calidad de los servidores e independencia interna y externa.

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