AP Photo/Rodrigo Abd
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En noviembre de 2016 Guatemala alcanzó el mes menos violento de los últimos diez años. Aunque son escasos los logros del Presidente Jimmy Morales al finalizar su primer año de gobierno, se pueden destacar los alcanzados en seguridad, entre ellos, la disminución sostenida de homicidios durante el 2016. Este año los homicidios han alcanzado la tasa más baja de los últimos quince, 27.3 por cada 100,000 habitantes, con un descenso de 258 muertes violentas, de 4,778 a 4,520, de acuerdo con cifras de la Policía Nacional Civil (PNC).[1] También hubo un descenso en muertes violentas de mujeres, de 601 en 2015 a 573 en 2016.
Si bien la disminución inició en el 2010, ya que el 2009 fue el año más violento de la historia reciente del país, es necesario destacar que la tendencia hacia la baja se ha mantenido en gran parte gracias a la continuidad de estrategias específicamente diseñadas para responder a los altos niveles de violencia. Una de estas ha sido el trabajo conjunto entre el Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación en la investigación y desarticulación de redes criminales vinculadas a extorsiones y homicidios. A esto se suma una mejora en la obtención de evidencia científica a través del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), especialmente, en medicina forense y balística. Esta coordinación facilitó tres grandes operativos en el 2016 en contra de la Pandilla 18 y la Mara Salvatrucha[2]. A través de los cuales se detuvo y puso a disposición de los tribunales a personas que, de acuerdo con las investigaciones, son responsables de extorsiones a empresas de transporte urbano y extra urbano y de asesinatos, entre otros, de pilotos de autobuses, integrantes de la pandilla rival y autoridades.
Otra estrategia implementada por el Ministro de Gobernación, Francisco Rivas Lara, fue la identificación de los 30 municipios más violentos en el país, a partir de la cual se diseñaron planes de prevención y disuasión enfocados en una mayor presencia policial en los días y horas críticas. El incremento sostenido de agentes policiales, se alcanzaron los 37,000 en diciembre de 2016 después de la graduación de 2,128 agentes de la PNC, ha contribuido a desarrollar esta estrategia. El mayor descenso en muertes violentas se registró en los Departamentos de Escuintla (19 por ciento), Santa Rosa (34 por ciento) y Chiquimula (20 por ciento), departamentos que concentran un número importante de los municipios seleccionados.
Si bien Guatemala aún se encuentra por encima de la media en América Latina y el Caribe de 22.5 homicidios por cada 100,000 habitantes y entre los diez países más violentos del continente, las políticas sostenidas en materia de justicia y seguridad han logrado que disminuya consistentemente la tasa de homicidios, al punto que presenta las mejores cifras de los tres países que conforman el Triángulo Norte, frente a 84.9 de El Salvador y 58.5 de homicidios por cada 100,000 habitantes de Honduras.
Sin duda queda camino por recorrer en materia de seguridad ciudadana en el país. Disminuir el hacinamiento y garantizar la seguridad en las cárceles deben ser prioridades para el 2017. También debe ser prioridad la implementación del plan para la desmilitarización de la seguridad interior, que significaría el retiro de más de cuatro mil soldados de las calles y su retorno a los cuarteles. También es preciso continuar con la profesionalización y especialización de la PNC y con el fortalecimiento del Ministerio Público en la investigación de delitos contra la vida.
Sin embargo es necesario reconocer los resultados de políticas efectivas, que incluyen la formación y especialización de equipos, el trabajo interinstitucional coordinado, la utilización de evidencia científica y el diseño de estrategias de intervención basadas en la priorización de lugares y situaciones para disminuir la violencia.
Estos esfuerzos deben evaluarse y ajustarse durante el 2017 para que la tendencia a la baja de muertes violentas continúe. Asimismo, deben complementarse con estrategias de intervención que prioricen la prevención del delito, especialmente medidas que faciliten el acceso de los jóvenes al trabajo y la educación.
El desarrollo e implementación de planes para fortalecer el Estado de derecho, crear fuerzas policiales civiles, profesionales y responsables y limitar el papel de las fuerzas militares en actividades policiales, han sido señaladas como algunas de las condiciones del paquete de ayuda de los Estados Unidos a la región. El Ministro de Gobernación ha tomado pasos importantes para reducir los índices de violencia y ha hecho explicito su compromiso con la desmilitarización de la seguridad interior, la profesionalización de la Policía Nacional Civil y el fortalecimiento del sistema penitenciario. La implementación y el fortalecimiento de estas políticas se encuentran en la agenda común de ambos países. Por lo que deben acompañarse, fiscalizarse y fortalecerse.
[1] La tendencia a la baja también se registra en las necropsias practicadas por INACIF, de una tasa por 100,000 habitantes de 50.2 en 2009 a 33.2 en 2016. Las cifras de necropsias son mayores, ya que en estas se registran los casos asociados a hechos criminales en investigación y se incluyen los suicidios y los accidentes con armas de fuego. Las que no se registran en las cifras proporcionadas por la PNC.
[2] Los tres operativos implementados en 2016 fueron “Rescate del Sur” en el mes de mayo, “Rescatando Guatemala” en el mes de julio y “Guatemala es Nuestra” en diciembre.
