AP Photo/Eric Gay
AP Photo/Eric Gay
Este artículo es parte de la iniciativa “Más allá del muro: migración, derechos y seguridad fronteriza” de WOLA, que aborda el impacto de las políticas del gobierno de Trump con análisis basados en hechos, alternativas, estrategias de defensa y promoción de los derechos humanos.
La orden ejecutiva de mejoras a la seguridad fronteriza y control de inmigración, firmada por el presidente Trump el 25 de enero, recomienda un aumento de los centros de detención en la frontera de Estados Unidos y la detención de todos los migrantes que hayan violado la ley de inmigración mientras esperaban su audiencia. Las pautas para la implementación de esta orden ejecutiva estaban incluidas en un memorándum del secretario de Seguridad Interna, John Kelly, del 20 de febrero. El aumento en las detenciones está destinado a poner fin a lo que los agentes de la Patrulla Fronteriza califican de “captura y liberación”, donde los migrantes, tras ser detenidos, son liberados mientras esperan sus audiencias de inmigración. Sin embargo, en los últimos años, la mayoría de los migrantes liberados tras su detención en la frontera han sido solicitantes de asilo, principalmente mujeres con hijos y otras unidades familiares, que son puestos en libertad bajo su palabra o se les colocan tobilleras de seguimiento con GPS después de haber sido procesados y convocados a sus trámites de inmigración. Han surgido críticas que sostienen que la política actual permite que estos migrantes permanezcan indefinidamente en el país, dado el atraso en los casos de inmigración, pero pasan por alto el hecho de que la mayoría de las personas liberadas han sufrido violencia y persecución graves en sus países de origen y buscan asilo en Estados Unidos. Según un análisis del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) sobre las pruebas de “temor creíble” realizadas por oficiales de asilo estadounidenses, se halló que más del 80 por ciento de las mujeres de El Salvador, Guatemala, Honduras y México examinadas al llegar a la frontera con Estados Unidos “tienen una gran posibilidad de cumplir los requisitos para asilo o protección bajo la Convención contra la tortura”.
El memorándum del Departamento de Seguridad Interna (Department of Homeland Security, DHS) estipula que hasta que haya “instalaciones de procesamiento y detención apropiadas”, los migrantes que hayan demostrado un “temor creíble” a la persecución o la tortura pueden ser puestos en libertad, siempre y cuando demuestren no presentar un riesgo de seguridad o de fuga, y que cumplan con otras condiciones de liberación. Esta excepción temporal para los solicitantes de asilo es importante, pero no es permanente.
Como WOLA ha destacado anteriormente, detener indefinidamente a los solicitantes de asilo, muchos de los cuales son víctimas de una violencia terrible, y retenerlos en condiciones de cárcel, los trauma aún más y limita su acceso a un abogado. El impacto en los niños es particularmente grave y hay límites legales en cuanto al tiempo que los niños y sus padres pueden estar detenidos. En julio y agosto de 2015, la jueza de distrito Dolly Gee dictaminó que la política de detención familiar violaba el Acuerdo de Flores de 1997, que dice que las autoridades estadounidenses deben mantener a los niños indocumentados en un lugar lo menos restrictivo que sea posible y favorecer su liberación. El fallo de la jueza Gee estipuló que los padres de los niños también debían ser liberados a menos que presentaran un riesgo de fuga o un peligro para la comunidad e indicó que, para casos individuales en situaciones de “emergencia”, una familia solo podía ser retenida durante 20 días. El 30 de septiembre de 2016, el Comité asesor sobre centros residenciales familiares, creado en 2015 por el DHS, también recomendó que el DHS suspendiera el uso de la detención familiar y que las medidas de control funcionaran bajo la “presunción de que generalmente la detención no es apropiada ni necesaria para las familias”.
Además de las restricciones legales y las preocupaciones por la detención familiar ya señaladas, la detención de cualquier persona aprehendida en la frontera por “ingreso ilegal” también puede desalentar a muchas personas con demandas de asilo legítimas de buscar protección en el país. Estos individuos pueden arriesgarse al viajar por áreas remotas de la frontera para evitar ser descubiertos, o al contratar servicios de traficantes humanos a quienes les importa más su beneficio propio que el bienestar de los migrantes. La detención también limita el acceso a la representación legal. Un estudio de 2015 demostró que, sin representación legal, solo el 1,5 por ciento de las mujeres con hijos que habían aprobado sus entrevistas de temor creíble recibieron asilo en Estados Unidos. También hay un problema inminente de espacio. Si bien se han establecido centros de detención provisorios en el pasado –como Artesia, sitio ampliamente criticado del Centro federal de entrenamiento policial– para retener a mujeres y niños migrantes; actualmente hay muy pocos centros de detención para retener familias. Los tres que existen, en el condado de Berks, Pensilvania (96 camas), en Karnes, Texas (532 camas) y en Dilley, Texas (2.400 camas) no tendrán capacidad para albergar a todas las familias migrantes que crucen la frontera para buscar protección, incluso temporalmente, y mucho menos durante la espera por sus audiencias de inmigración. El Congreso también necesitaría autorizar fondos para la construcción de nuevos centros de detención o contratos con cárceles privadas para retener a otros solicitantes de asilo que se entreguen a los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Un informe del Senado de 2014 concluyó que, en promedio, mantener detenido a un migrante cuesta 266 dólares al día, mientras que existen alternativas a la detención, definidas como más humanas y con mejor relación costo-beneficio –como tobilleras que aseguren que las personas comparezcan en sus audiencias de inmigración– que cuestan, en promedio, 7 dólares al día por migrante.
En 2016, varias ciudades fronterizas mexicanas experimentaron un gran aumento de migrantes transcontinentales, particularmente de Haití, que pasaron semanas y meses en el lado mexicano de la frontera a la espera de una cita con la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza para solicitar permiso humanitario o asilo. Como han destacado varias organizaciones, WOLA entre ellas, en una solicitud de audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los defensores también han observado que las oficinas de CBP rechazan a los solicitantes de asilo, particularmente los de México y Centroamérica, en ciertos puntos de ingreso, y coordinan con el Instituto Nacional de Migración (INM) de México para determinar las citas con agentes estadounidenses.
Mientras que las ciudades fronterizas mexicanas reciben la carga de solicitantes de asilo que esperan obtener una cita con la CBP o cuyas entrevistas están a meses de distancia, la orden ejecutiva sobre seguridad fronteriza y su memorándum acompañante exigen el regreso de los migrantes detenidos en la frontera al país “de donde llegaron, en espera de un proceso formal de expulsión”. Si bien el DHS argumenta que esta práctica ahorraría recursos de detención y adjudicación, no menciona cómo podría afectar esta práctica a los servicios del gobierno mexicano y a las ciudades fronterizas, que podrían enfrentar miles de migrantes de otros países que esperan en el lado mexicano de la frontera por una audiencia en Estados Unidos.
Del mismo modo, la orden de fortalecimiento de la seguridad pública en el interior de Estados Unidos podría acrecentar drásticamente la cifra de migrantes mexicanos que son deportados a las ciudades fronterizas mexicanas. La orden solicita la contratación de 10.000 agentes adicionales de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y un cambio en las categorías de inmigrantes que se consideran prioridad para la deportación, con una redacción tan amplia que les da a los agentes ICE la potestad de considerar cualquier inmigrante indocumentado como prioridad para la deportación. También se pide la cancelación de fondos federales para las ciudades refugio, el restablecimiento de Comunidades Seguras y la promoción de otros acuerdos para incrementar la colaboración con el DHS estatal y local para identificar inmigrantes indocumentados que luego pueden ser deportados. Estos cambios son tan amplios que cualquier persona que no esté autorizada a estar en los Estados Unidos puede ser considerada como una prioridad para expulsión y etiquetada como “delincuente”. De hecho, el memorándum que acompaña esta orden ejecutiva declara explícitamente que “los extranjeros delincuentes constituyen una prioridad para la expulsión”.
En las últimas semanas se han informado aumentos en las redadas de ICE en zonas con una alta concentración de inmigrantes indocumentados. Esta creciente aplicación de la ley va a separar a muchas familias de condición migratoria mixta. Los procedimientos de expulsión acelerados para los individuos detenidos por violar la ley de inmigración probablemente generen preocupaciones en torno al debido proceso jurídico. También han generado un clima de temor dentro de las comunidades de inmigrantes, donde los niños tienen miedo de ir a la escuela porque piensan que serán detenidos.
En vista de las deportaciones masivas durante el gobierno de Obama, el gobierno mexicano ha incrementado sus esfuerzos para brindar información y servicios a sus ciudadanos que se encuentran en Estados Unidos y para recibir migrantes deportados en la frontera. En 2014 se estimó que 5,8 millones de los inmigrantes no autorizados que vivían en Estados Unidos eran mexicanos; el 52 por ciento del total. Si bien la cantidad de mexicanos no autorizados en los Estados Unidos ha disminuido significativamente en los últimos años, no cabe duda de que otra gran ola sería una sobrecarga para el gobierno mexicano y a los servicios de la sociedad civil. Además de los servicios básicos de acogida brindados por el Programa de Repatriación Humana del INM, la mayor parte de la carga de atender a la población repatriada en la frontera recae en los refugios migratorios, a menudo dirigidos por la Iglesia Católica, otras organizaciones sin fines de lucro que apoyan a esta población y algunos gobiernos estatales y locales. Muchos refugios, particularmente en Tijuana y Mexicali, actualmente se encuentran desbordados de haitianos y otros migrantes transcontinentales; otras ciudades fronterizas, como Reynosa, reportan un aumento en los migrantes centroamericanos que permanecen en la ciudad antes de entregarse al puerto de ingreso o intentar el cruce. Esta saturación se verá exacerbada si el DHS comienza a regresar otros migrantes a México mientras esperan sus procedimientos de expulsión. Un aumento significativo de los migrantes mexicanos deportados conlleva una gran sobrecarga para estos servicios. Como WOLA ha informado anteriormente, estos migrantes, especialmente mexicanos que han pasado muchos años en Estados Unidos y no tienen vínculos con la comunidad local, también corren un gran riesgo de ser blanco de robos, extorsión y secuestro por parte de grupos delictivos.
Si hay un aumento significativo en la deportación de mexicanos, será importante que el DHS trabaje conjuntamente con las autoridades mexicanas para respetar los arreglos locales de repatriación acordados por ambos gobiernos en febrero de 2016. Los nuevos arreglos restringen la práctica de deportaciones nocturnas, exigen que las agencias estadounidenses “tomen todas las medidas posibles para asegurar que los bienes, objetos de valor y dinero” confiscados a los inmigrantes detenidos sean devueltos antes de la repatriación, y afirman el compromiso de ambos países de proteger a los niños migrantes sin acompañantes. Estos arreglos son importantes para garantizar un proceso de repatriación seguro y organizado.
Como ahora todos los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos son una prioridad de expulsión, las familias centroamericanas también están en riesgo. Aparte de los desafíos que enfrentan las personas que cruzaron recientemente la frontera en busca de protección en EE. UU., el aumento del control y las redadas probablemente arrasarán con muchas familias migrantes y las devolverán a sus países de origen, que se han convertido en algunos de los países más violentos del mundo en la última década. En 2015, la agencia de refugiados de las Naciones Unidas informó que niños deportados de Estados Unidos a Centroamérica habían sido atacados, asesinados y desaparecidos. Esto todavía sigue sucediendo.
En los últimos dos años, más de 33.000 personas han sido asesinadas en Honduras, Guatemala y El Salvador. Esta cifra no incluye a los cientos de miles de personas que llegaron a Estados Unidos huyendo por sus vidas, o a los miles que escapan diariamente tras entregar más de la mitad de sus salarios a pandillas callejeras, o a policías y guardias de seguridad privados corruptos.
