El 7 de agosto, una multitud nacional e internacional multiétnica y socialmente diversa inundó la Plaza de Bolívar de Bogotá para presenciar la histórica toma de posesión del primer presidente de izquierda de la Colombia moderna, Gustavo Petro, y su primera vicepresidenta afrocolombiana y mujer, Francia Márquez. Las guardias Cimarrona e Indígena, organizaciones étnicas de autoprotección, vigilaban mientras las mujeres afrocolombianas y otras personas cantaban, bailaban y tocaban tambores e instrumentos tradicionales. Más de 100.000 personas asistieron a la ceremonia, mientras que muchas más inundaron los parques públicos de todo el país.
A diferencia de cualquier cambio de administración anterior en Colombia, las banderas que representaban la diversidad étnica, política y de género del país estaban en todas partes, incluidos los grupos LGTBIQ+, feministas y panafricanos, múltiples movimientos indígenas, así como los sindicatos y el Partido Comunista. El ambiente estaba lleno de celebración, lleno de esperanzas de un nuevo comienzo tras el gobierno del expresidente Iván Duque, que hizo retroceder al país en materia de paz y derechos humanos, así como en violencia generalizada y policial.
Muchos de los grupos presentes en la inauguración fueron fundamentales para la victoria electoral de Petro en junio. Sin embargo, Petro ahora enfrenta el enorme desafío de cumplir con sus expectativas y con las promesas de campaña que hizo para obtener su apoyo, al tiempo que tiene que apaciguar a los opositores y detractores internacionales en un país polarizado.
Esas expectativas se hicieron más claras durante una reunión de comunidades indígenas y afrocolombianas de todo el país el día antes de la inauguración oficial. Dirigiéndose a la multitud, Maricela Londoño de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), afirmó que “el mandato de este gobierno es claro: dialogar, concertar, decidir y ejecutar políticas con la gente”. Luego leyó un documento en nombre de las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas (o habitantes rurales empobrecidos) que consta de ocho propuestas que colectivamente esperan que Petro ponga en marcha. Estas incluyen mejorar las condiciones y los derechos de las mujeres y las comunidades LGTBIQ+, transformar las políticas económicas y antinarcóticos para que respeten el Abya Yala (o Madre Tierra) y la implementación de los derechos de los pueblos indígenas y rurales, así como de los afrodescendientes, que ya están descritas en la progresista constitución de Colombia de 1991, pero que rara vez se respetan. Le pidieron a Petro hacer de Colombia una democracia verdaderamente más incluyente basada en el diálogo y la participación activa de las personas que históricamente han sido excluidas por género, raza, edad, color de piel, discapacidad y residencia en territorios rurales.
Lo más importante que esperan de Petro es que proteja a los líderes sociales y garantice la seguridad de las comunidades afrocolombianas e indígenas. Eso significa trabajar con la Cimarrona y las guardias indígenas, pero también avanzar con su propuesta de reforma de las fuerzas de seguridad de Colombia —incluyendo acabar con la doctrina del conflicto armado interno bajo el cual las fuerzas armadas de Colombia continúan en pie de guerra contra un «enemigo interno», así como el desmantelamiento de la infame policía antidisturbios ESMAD— para lograr proteger a las personas marginalizadas por la violencia estatal.
Tanto la ceremonia previa a la toma de posesión como la toma de posesión en sí estuvieron marcadas por un simbolismo que indica que Colombia ya no está gobernada por aquellos que han tenido el poder desde que el país obtuvo la independencia hace más de 200 años: un grupo de élite, en su mayoría hombres y familias blancas educadas en las mismas escuelas en Bogotá. En cambio, Petro y Márquez esperan representar una Colombia más multiétnica, incluyendo sus comunidades más marginadas, así como sus periferias socioeconómicas y regiones remotas.
El primer acto de Petro una vez tras ser juramentado fue solicitar que la Guardia Presidencial llevara al escenario la espada de Simón Bolívar, el “libertador” de Colombia y muchos otros estados sudamericanos. El gesto fue una reprimenda simbólica a Duque, quien había rechazado su solicitud inicial de tener la espada presente durante la toma de posesión, y una forma de expresar que Colombia estará libre de opresión en el futuro. Márquez, quien vestía un atuendo inspirado en motivos estampados africanos, hizo su juramento inaugural tanto frente a la constitución como a sus antepasados, un guiño a la diversidad de pueblos, culturas y espiritualidad del país.
A pesar del simbolismo esperanzador, Petro ha heredado un país que enfrenta enormes obstáculos en términos de seguridad, derechos humanos, preocupaciones humanitarias y desigualdad. Al asumir el cargo en 2018, Duque socavó constantemente el Acuerdo de Paz de Colombia de 2016 firmado con las Fuerzas Armadas de Colombia (FARC), adoptando en cambio una política de «paz con legalidad» que alteró las intenciones de aspectos del acuerdo original, mientras que su partido, el Centro Democrático, hizo todo lo posible para debilitar los mecanismos de justicia transicional. Durante su mandato de cuatro años, los grupos armados ilegales, tanto paramilitares como organizaciones criminales, ampliaron sus actividades, cometiendo al menos 281 masacres que dejaron más de 1.050 víctimas muertas. En ese periodo también fueron asesinados al menos 930 líderes y lideresas sociales y 276 personas desmovilizadas de las FARC.
Bajo Duque, los derechos individuales y colectivos de las comunidades afrocolombianas, raizales, palenqueras, indígenas, desplazadas y rurales sufrieron. La región del Pacífico, en su mayoría étnica y rural, vio exacerbados sus desplazamientos internos y crisis humanitarias. Después de que las islas de San Andrés y Providencia fueran golpeadas duramente por el huracán Iota en 2020, Duque prometió ayuda y reconstrucción a los raizales allí, que nunca llegaron. En abril de 2021, estallaron manifestaciones masivas en todo el país en respuesta a los aumentos de impuestos, la reforma de salud propuesta por el gobierno, el aumento de la inseguridad y la corrupción. Las fuerzas de seguridad respondieron a los manifestantes con una violencia excesiva, en la que fueron asesinadas unas 42 personas. Y encima de todo eso, el país fue golpeado duramente por la pandemia del coronavirus. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), los niveles de pobreza de Colombia aumentarán de 36,3 por ciento en 2021 a un 39,3 por ciento proyectado en 2022.
En su discurso de toma de posesión, Petro reiteró su intención de implementar plenamente el Acuerdo de Paz de 2016 y las recomendaciones de la Comisión de la Verdad establecidas por este, así como trabajar para lograr una “paz total”. Como parte de alcanzar ese objetivo, anunció su intención de cambiar las políticas vinculadas a la fallida y violatoria guerra contra las drogas. Hizo hincapié en su compromiso de abordar el cambio climático y reiteró que su gobierno gobernará para y con las mujeres, al establecer un Ministerio de la Equidad para abordar la desigualdad de género en varios sectores.
El primer desafío que enfrentará Petro será el de cómo manejar las expectativas extremadamente altas de los diferentes grupos étnicos y marginalizados de Colombia para no perder su apoyo. Muchas de sus propuestas abordan problemas profundos e históricamente arraigados que no serán resueltos de la noche a la mañana y para los que se requieren presupuestos robustos. Para implementar completamente su estrategia de paz y sus programas sociales, por ejemplo, necesitará aumentar los niveles de recaudo, un tema altamente discutido en Colombia. Al tiempo, tendrá que combatir efectivamente la corrupción y transformar un sistema judicial que no produce suficientes condenas a los autores intelectuales de graves abusos, como el asesinato de líderes sociales.
Y para que Petro promulgue su agenda, deberá aprobar una legislación a través del Congreso colombiano, donde los partidos de su coalición Pacto Histórico ganaron un número significativo de escaños en las elecciones legislativas de marzo, pero necesitará construir alianzas con otros sectores para avanzar su agenda. Esa coalición tampoco es inmune a las divisiones internas. Ya antes de las elecciones legislativas de marzo, los movimientos afrocolombianos criticaban a Petro por dejar a las principales figuras del principal partido afrocolombiano —Soy Porque Somos— fuera de la lista de candidatos de su coalición. Y mientras tanto, Petro se enfrentará a la oposición de una élite política y económica poderosa e históricamente violenta, así como a socios internacionales, incluyendo acérrimos defensores de la guerra contra las drogas en Estados Unidos, que podrían incomodarse con cambios significativos en las agendas económica, política y geopolítica del país.
El racismo estructural, la discriminación racial, la homofobia y la intolerancia también son temas complejos con profundas raíces en Colombia. El hecho de que Colombia ahora tenga una vicepresidenta afrocolombiana que es una experimentada activista en estos temas, y varios nuevos ministros que son indígenas, de hecho, representan grandes pasos en la dirección correcta. Pero Márquez y demás no podrán efectuar el cambio de forma independiente. Para que estos temas se aborden debe haber un enfoque de todo el gobierno y esfuerzos significativos para cambiar las opiniones de la sociedad —incluyendo implementar políticas que aborden la inclusión, respeten la diversidad y aumenten la participación de todas las personas de Colombia—.
Petro puede comenzar priorizando el Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz de 2016, que garantiza un enfoque étnico diferenciado y la participación de las voces étnicas en todos los aspectos de la paz, así como implementando las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Al abordar las injusticias pasadas, puede ganar algo de confianza, algo que necesitará para poder cumplir con las expectativas de las comunidades étnicas y los grupos marginalizados para construir un mejor futuro.
