Tras meses de negociaciones, el congreso de los Estados Unidos aprobó el viernes pasado la ley de asignaciones presupuestarias para el año fiscal 2016. Entre los temas en discusión se encontraba la solicitud de mil millones de dólares de la administración de Obama para ayudar a los países del Triángulo Norte a atender los problemas de violencia, falta de oportunidades y débil gobernabilidad que impulsan la migración de la región. Ciertamente, el gran número de niños y jóvenes centroamericanos que continúan huyendo de sus comunidades es una clara evidencia que a menos que los factores que originalmente impulsan a estos jóvenes y familias a huir son atendidos, muchos continuarán buscando refugio en los Estados Unidos.
En relación a la cooperación para Centroamérica, el nuevo presupuesto incluye:
- Un aumento sustancial de los niveles de asistencia para la región. La ley de asignaciones presupuestarias otorgó 750 millones de dólares en asistencia para Centroamérica, particularmente para ayudar a los países del Triángulo Norte a atender los altos niveles de violencia e inseguridad, la débil gobernabilidad, y la falta de oportunidades económicas que impulsan la migración de la región. El monto aprobado está por debajo de los mil millones solicitados por la administración el pasado febrero. No obstante, está por encima de los 675 millones asignados por el Senado en julio y comprende un aumento significativo de más de 450 millones de lo que fue asignado por la Cámara Baja en su proyecto de ley. La asignación presupuestaria constituye un incremento importante a los 294 millones aprobados para el 2015, y probablemente incentive incrementos en la asistencia proporcionada por otros donantes y prestamistas como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este presupuesto no incluye los fondos asignados al Pentágono para operaciones antinarcóticos en la región.
- La inclusión de una agenda más amplia, enfocada no sólo en la seguridad sino también en la débil gobernabilidad y los problemas económicos que enfrenta la región. El 40 por ciento (299,4 millones) de la cooperación estará encaminada para programas de desarrollo, mientras que alrededor del 24 por ciento (183,5 millones) es asistencia económica y el 30 por ciento (222 millones) está destinado a iniciativas de seguridad. Los detalles de la cooperación y su implementación determinarán si la estrategia es eficaz y si realmente responde a las causas subyacentes que han hecho del Triángulo Norte una de las regiones más violentas del mundo.
- Condiciones claras en materia de planificación y coordinación que debe efectuar el Departamento de Estado previa asignación de los fondos. Según la ley, el Departamento de Estado debe presentar planes multianuales detallados por país, con objetivos, indicadores y cronogramas claramente establecidos. Esta medida permitirá una mejor vigilancia de los fondos y permitirá evaluar si la asistencia está logrando los resultados deseados. El congreso está resuelto en asegurar que la ayuda estadounidense contribuya realmente al fortalecimiento de las instituciones públicas, a mejorar la gobernabilidad y a bajar los niveles de violencia e inseguridad en Centroamérica. Los planes también deben establecer cómo la ayuda estadounidense difiere o complementa la asistencia de otros donantes u organismos multilaterales.
- Una serie de condiciones específicas para que los gobiernos centroamericanos puedan erogar los fondos como nunca antes dispuestas para la región. Conforme la ley, el 50 por ciento de los fondos para los gobiernos Centroamericanos no puede ser asignado hasta que el Departamento de Estado certifique que Honduras, El Salvador y Guatemala han adoptado medidas efectivas para:
- Establecer una entidad autónoma y pública para supervisar el plan de la Alianza para la Prosperidad.
- Combatir la corrupción, incluyendo la investigación y persecución penal de funcionarios públicos sobre los que pesen acusaciones verificables de corrupción.
- Implementar reformas, políticas y programas para mejorar la transparencia y fortalecer las instituciones públicas, incluyendo la capacidad e independencia de las fiscalías y los sistemas judiciales.
- Combatir las actividades de redes criminales, el narcotráfico y el crimen organizado.
- Investigar y procesar penalmente en sistemas civiles de justicia a miembros de las fuerzas militares y cuerpos policiales sobre quienes pesen acusaciones creíbles de violaciones a los derechos humanos, y asegurar que las fuerzas militares y policías están cooperando con los casos.
- Garantizar la participación y consulta de la sociedad civil y de gobiernos locales.
- Cooperar con comisiones contra la impunidad e instancias regionales de derechos humanos.
- Apoyar programas para la reducción de la pobreza, creación de empleos y desarrollo económico equitativo en comunidades de donde provienen cantidades importantes de migrantes.
- Desarrollar e implementar planes para crear fuerzas policiales civiles, profesionales y responsables y limitar el papel de las fuerzas militares en actividades policiales.
- Proteger los derechos de partidos políticos de oposición, periodistas, sindicalistas, defensores de derechos humanos y otros activistas de la sociedad civil.
- Incrementar reformas fiscales y fortalecer las agencias aduaneras.
- Resolver disputas comerciales.
Esta es una lista significativa de prerrequisitos, la cual no solo refleja la postura del congreso que la asistencia de Estados Unidos debería ayudar a los países centroamericanos a atender los factores que impulsan la migración irregular, sino también su convicción de que la asistencia estadounidense tendrá poco impacto si los gobiernos mismos no muestran un compromiso político claro y decisivo para fortalecer el Estado de derecho y combatir la corrupción, pobreza e inequidad.
Lastimosamente, la ley también condicionó el 25 por ciento de la ayuda a medidas para controlar los flujos migratorios e incrementar la seguridad fronteriza, medidas que probablemente resultarán en el maltrato de migrantes sin tener efectos perdurables en el volumen del flujo migratorio. Estos prerrequisitos, por lo menos, reconocen que la deportación y repatriación no aplica a quienes cumplen los requisitos como refugiados bajo derecho internacional.
- El requerimiento de procesos de consulta con la sociedad civil y gobiernos locales. Cabe resaltar que entre las condiciones establecidas sobre los gobiernos centroamericanos el congreso incluyó el deber establecer mecanismos de consulta que garanticen la participación de la sociedad civil, incluyendo comunidades indígenas y otros gru
pos marginados, y de gobiernos locales en el diseño, la implementación y la evaluación del Plan de la Alianza para la Prosperidad. De ser implementado debidamente, este prerrequisito sería un paso importante y positivo.
- Un enfoque importante en la lucha contra la impunidad y corrupción en la región. En la ley de asignaciones presupuestarias el congreso alocó 7.5 millones para apoyar los esfuerzos de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG); un incremento substancial a las cantidades otorgadas en años anteriores. A su vez, incluyó mención de la posibilidad de proporcionar asistencia de crearse comisiones contra la impunidad en El Salvador y Honduras, siempre y cuando tengan la independencia para investigar y otras autoridades comparables a las de la CICIG.
- Un proceso para el escrutinio y suspensión de la ayuda. Conforme la ley, el Departamento de Estado debe revisar periódicamente el progreso de los gobiernos de Honduras, El Salvador y Guatemala en cumplir las condiciones estipuladas y debe enviar un informe al congreso a más tardar el 30 de septiembre de 2016. Tanto el congreso como el Departamento de Estado pueden suspender por completo o en parte la asistencia a un determinado gobierno. A su vez, la ley requiere que, ante un cambio de gobierno en la región, el Departamento de Estado determine y garantice al congreso el compromiso de las nuevas autoridades a cumplir con las condicionantes.
Conclusiones
El aumento sustancial de la asistencia estadounidense para la región y la ampliación de la agenda de un enfoque en la seguridad a uno que busca hacer frente a los problemas económicos y de gobernabilidad que enfrenta la región son pasos positivos. Mas como bien WOLA ha reiterado en ocasiones anteriores, enfocarse en la violencia y pobreza en la región no es meramente una cuestión de recursos sino de elegir inversiones inteligentes. Los planes que deben ser presentados determinarán si la estrategia efectivamente da la debida prioridad a la generación de nuevas oportunidades laborales y educativas para la juventud, a la prevención de la violencia a nivel comunitario, y a la construcción de sistemas de justicia independiente y accesible y fuerzas policiales civiles efectivas, profesionales y responsables, como también a un esfuerzo sostenido contra la corrupción, una mayor transparencia y la activa participación de la sociedad civil.
La serie de condiciones establecidas en la ley resalta la importancia que ha cobrado para la agenda del congreso estadounidense la necesidad de ver resultados reales en la región en la lucha contra la corrupción e impunidad, la protección de derechos humanos, y el fortalecimiento de las instituciones públicas. Indudablemente, la aún pendiente elección del Fiscal General en El Salvador, los nombramientos a puestos clave por el gobierno de Jimmy Morales en Guatemala, el nivel de apoyo que el gobierno entrante éste brinde a los esfuerzos de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)y la Fiscalía General de Guatemala, la elección de magistrados de la Corte Suprema hondureña y la viabilidad de construir un mecanismo internacional anticorrupción con dientes en Honduras serán algunos de los primeros indicadores para evaluar el compromiso y la voluntad política de los gobiernos centroamericanos a fortalecer el Estado de derecho en sus respectivos países.
