Durante el último año, el caso de los 43 estudiantes desaparecidos forzosamente en Guerrero, México ha provocado indignación a nivel nacional e internacional y ha estado al centro de las discusiones sobre la crisis de derechos humanos en México. La tragedia de los 43 estudiantes desaparecidos a manos de la policía mexicana y la defectuosa investigación del gobierno mexicano sobre un caso de tan alto perfil, ha socavado aún más la confianza en el Estado de Derecho en el país. Con más de 25.000 desapariciones en México desde 2007, entre ellas cientos en el estado de Guerrero, el caso de los 43 estudiantes desaparecidos se ha convertido en un caso emblemático no sólo para exigir la justicia en este caso, pero también para exigir que el gobierno tome acciones para hacer frente al problema de desapariciones en el país.
VÉASE TAMBIÉN: Conclusiones principales del reciente informe del grupo de expertos investigando el caso Ayotzinapa
Desde que los estudiantes fueron atacados la noche del 26 de septiembre de 2014, el gobierno mexicano ha buscado en gran parte restar importancia al caso, con poca consideración por el sufrimiento de las víctimas del ataque y sus familias. En enero de 2015, el gobierno mexicano presentó su “verdad histórica” sobre lo que le pasó a los estudiantes, la que fue rápidamente rechazada por las familias de los estudiantes y más tarde por el Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI) nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a petición de las familias de los estudiantes, sus representantes legales, y el gobierno mexicano, para proporcionar asistencia técnica en la investigación del caso. En un informe de septiembre de 2015 sobre las primeras conclusiones de su investigación, el GIEI concluyó que no hay evidencia científica para justificar la teoría del gobierno que relata que los estudiantes desaparecidos fueron cremados en un basurero.
Un año sin respuestas y sin confianza en el gobierno para aportar esas respuestas ha causado un daño emocional y psicológico significativo en las familias de los estudiantes. En su informe, el GIEI destaca la ansiedad, la frustración y el estado permanente de incertidumbre que las familias de las víctimas han estado viviendo durante el último año, así como el sentido de urgencia que sienten por hacer más para ayudar a recuperar a sus seres queridos. En las palabras de un padre de uno de los estudiantes desaparecidos: “A veces quisiéramos cerrar los ojos y ya no quisiéramos despertar nunca pero decimos… nos dicen: ‘tienes que se fuerte, tienes que echarle ganas porque tu hijo está desaparecido y si tú no lo buscas, ¿quién lo va a buscar?’” (ver página 272 del informe GIEI).
En medio de esta trágica pérdida y la importante búsqueda de respuestas, lo que ha llegado a recibir menos atención es el carácter espantoso del propio ataque y un conocimiento de todos aquellos que se vieron afectados. Los hechos que ocurrieron la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero constituyen un ataque masivo y brutal llevado a cabo por autoridades mexicanas en contra de ciudadanos. Aparte de los 43 estudiantes desaparecidos forzadamente, esa noche seis personas fueron ejecutadas extrajudicialmente y más de 40 personas resultaron heridas, algunas de gravedad, incluyendo un estudiante que ha estado en coma desde los ataques. Más de 110 personas, entre ellas, estudiantes, maestros que vinieron en su ayuda, miembros de un equipo de fútbol y transeúntes, fueron atacados esa noche. Y, por extensión, el incidente afectó a los más de 700 familiares de aquellos que fueron desaparecidos, asesinados, heridos y atacados.
Todas estas víctimas buscan y merecen justicia. Al conmemorar el aniversario de los ataques de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, recordamos a todos aquellos que se vieron afectados por los hechos de violencia. El camino hacia la justicia para las víctimas comienza con una mirada honesta a los ataques. Con este fin, WOLA ha preparado un resumen de los hechos que ocurrieron esa noche, basado en el informe del GIEI.
El 26 de septiembre de 2014, estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero fueron atacados varias veces y en varios lugares en Iguala, Guerrero. Los estudiantes habían llegado a Iguala para incautar autobuses (una práctica tradicional de normalistas y una que nunca antes había provocado una respuesta tan violenta) con el fin de viajar a una manifestación en la Ciudad de México. Después de que los estudiantes salieron de la terminal de autobuses de Iguala en cinco autobuses, tres de los autobuses fueron detenidos cerca del zócalo de Iguala por policía municipal de Iguala y de la ciudad vecina, Cocula. Los policías le dispararon a los autobuses, a los estudiantes y a los choferes, en un ataque que duró aproximadamente una hora. Tres estudiantes sufrieron heridas de bala, entre ellos Aldo Gutiérrez quien recibió un impacto de bala en la cabeza y ha estado en coma desde el ataque. Aproximadamente 21 estudiantes fueron sacados de uno de estos autobuses, golpeados y posteriormente metidos en las patrullas de la policía y desaparecidos.
Como relató uno de los estudiantes, la policía siguió disparando a los estudiantes, aun cuando ellos intentaban ayudar a Gutiérrez: “Al percatarnos del compañero Aldo todavía mostraba reacciones de vida, todavía convulsionaba, quisimos apoyarlo, pero cada vez que intentábamos asomarnos nos abrían fuego, no nos dejaban. En esta ocasión, yo en mi persona, hice tres intentos, para acercarme a él, para poder ayudarlo, y lo que fue en el tercero, donde logré llegar con otros dos compañeros… alcancé lo que era a llegar donde estaba el cuerpo tendido, agarré mi playera y lo que hice fue ponerla en la cabeza, hacer presión para controlar la hemorragia, en el cual los policías me dijeron, tírate al suelo te vamos a matar, fue cuando les dije vámonos, empezamos a correr y nos empezaron a disparar” (ver página 55 del informe GIEI).
En otra zona de la ciudad, a lo largo de la carretera, la policía municipal interceptó un cuarto autobús que llevaba a los estudiantes de Ayotzinapa, disparando tiros al aire y gritando amenazas de muerte a los estudiantes y al chofer. Usando ramas de árboles para romper las ventanillas del autobús, la policía llenó el autobús con gases lacrimógeno y pimienta para sacar a los estudiantes del autobús. Los estudiantes fueron golpeados, detenidos, metidos en las patrullas y desaparecidos.
El chofer del autobús es el único sobreviviente conocido de este ataque; él fue golpeado por la policía municipal y rociado en el rostro con gas pimienta. Como relató a los investigadores, “Al llegar al puente que sube a la pista, se escuchaban detonaciones y, en ese momento me detuve porque una patrulla de color azul completo, la cual no vi su número, se metió en sentido contrario y ya no pude moverme para ningún lado, ahí aproximadamente veinte policías se bajaron de la patrulla, la mayoría encapuchados, se escucharon varias detonaciones y me poncharon las llantas con navajas y gritaron diciendo ‘Los vamos a matar a todos’ y se me acercó un policía y me dijo ‘Hasta a ti también hijo de la chingada’ y me puso la pistola en el pecho por la ventanilla. Mientras trataban de entrar los policías y los estudiantes se lo impedían, uno de ellos dijo ‘Recuerden compañeros, todo esto es por Ayotzinapa’” (ver página 62 del informe GIEI).
Un quinto autobús que llevaba a los estudiantes fue interceptado por agentes de la Policía Federal quienes, con sus armas apuntadas hacia el autobús, ordenaron que los estudiantes se bajaran y que el chofer llevara el autobús hacia una caseta de cobro que estaba cerca. Después de bajar del autobús, el grupo de 14 estudiantes huyó y se escondió en el cerro cercano. Luego, mientras caminaban hacia el centro de Iguala para reagruparse con sus compañeros de clase, los estudiantes fueron interceptados por policías municipales y ministeriales quienes, tras intentar de atropellarlos con sus patrullas, persiguieron a los estudiantes a pie, disparando mientras los estudiantes huían. Este encuentro demuestra el alto nivel de persecución que las autoridades empleaban hacia los estudiantes esa noche, persiguiéndolos y atacando incluso cuando los estudiantes huían.
Muchos transeúntes también se vieron afectados por las acciones violentas de la policía esa noche. Alrededor de las 11:30 de la noche, un autobús que transportaba a un equipo de fútbol juvenil, Los Avispones, fue atacado a balazos por la policía municipal mientras salía de Iguala después de un partido; el GIEI concluye que este autobús fue probablemente confundido con uno de los autobuses que llevaba a los estudiantes de Ayotzinapa. Uno de los jugadores, David Josué García Evangelista, fue asesinado en el ataque, y el chofer del autobús, Víctor Manuel Lugo Ortiz, murió poco después de llegar al hospital. Muchos de los Avispones resultaron heridos, incluyendo un entrenador que sufrió dos heridas de bala en órganos vitales. Dos taxis que pasaban por el lugar del ataque también recibieron disparos, resultando en más lesiones graves y la muerte de una pasajera, Blanca Montiel Sánchez, y también demostrando el carácter indiscriminado del ataque.
En el centro de la ciudad, los estudiantes quienes no fueron detenidos por la policía se reagruparon, junto con maestros y compañeros de clases quienes habían sido contactados por los estudiantes durante los ataques, así como miembros de la prensa y otros que habían oído del ataque. Una conferencia de prensa iba a tener lugar, pero fue interrumpida cuando a las 12:45 en la madrugada del 27 de septiembre, varios vehículos se acercaron y hombres encapuchados dispararon sobre la multitud. Todos se dispersaron caóticamente tratando de evitar los tiros. Uno de los choferes de los autobuses observó toda la escena: “… después como a la hora y media aproximadamente [del primer ataque], estando los estudiantes en pequeños grupos dispersos en la zona del ataque y los autobuses varados yo me encontraba afuera de mi unidad observando la situación, y de pronto escuché como una ráfaga de balazos, venía sobre los que estábamos en el lugar, y todos empezaron a correr, también vi como a cinco metros de donde yo me encontraba cayó el cuerpo de una persona sin vida. Cuando se terminó ese ataque no había nadie, todos se fueron, sólo observé dos cuerpos sin vida sobre la calle mojándose porque estaba lloviendo…”(ver las páginas 99-100 del informe GIEI).
Dos estudiantes murieron en este ataque, Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez Nava; ambos habían llegado a Iguala para ayudar a sus compañeros de clase que sufrieron la primera serie de ataques. Las autopsias revelaron que Solís Gallardo y Ramírez Nava recibieron disparos a quemarropa. Muchos más resultaron gravemente heridos, entre ellos algunos maestros. La mañana siguiente, el cuerpo de Julio César Mondragón fue encontrado en la calle y mostró claros signos de tortura; él había sido separado de un grupo mientras huía del tiroteo en la conferencia de prensa.
En su informe, el GIEI resalta el carácter masivo e indiscriminado de los ataques de la policía en contra de los estudiantes, aquellos que vinieron en su ayuda y transeúntes. Los ataques a los autobuses de los estudiantes duraron alrededor de una hora, y se llevaron a cabo de manera coordinada y simultánea. El GIEI también destaca que “ninguna otra fuerza del Estado que estaba teniendo conocimiento de los hechos o estuvo presente en algunos escenarios cuando se producían y fue testigo del nivel de agresión y violaciones de derechos humanos, actuó en protección de los normalistas” (ver página 325 del informe GIEI).
En el primer aniversario de este ataque brutal, el gobierno mexicano debe cumplir con su obligación de brindar atención integral y reparación a todos aquellos que se vieron afectados por los terribles hechos de la noche del 26 de septiembre de 2014. El presidente Peña Nieto ha expresado su compromiso con las víctimas, diciendo: “Reitero la invariable y permanente disposición de estar cerca de los padres de las víctimas y apoyarlos de manera permanente.”
Pasos concretos que el presidente Peña Nieto y su gobierno pueden tomar para demostrar este expresado compromiso con las víctimas y con la verdad y la justicia son: apoyar el plan de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para proporcionar reparaciones a las víctimas y sus familias y asegurar que ese plan es lo suficientemente exhaustivo; reconocer y pedir disculpas por los graves defectos en la investigación del gobierno y por su tratamiento de las víctimas del ataque y sus familias; implementar las recomendaciones incluidas en el informe del GIEI—por ejemplo seguir con la búsqueda de los estudiantes, abrir nuevas líneas de investigación, investigar a autoridades por la obstrucción de la investigación y por no ayudar a los estudiantes, y abordar el tema general de desapariciones forzadas en México—y asignar a un nuevo equipo de investigadores dentro de la Procuraduría General de la República (PGR) para trabajar con el GIEI quienes están abiertos a la exploración de nuevas líneas de investigación.
Las víctimas, sus familias, la sociedad mexicana y la comunidad internacional tienen derecho a saber la verdad sobre lo que sucedió la noche del 26 de septiembre y ver que los responsables sean llevados ante la justicia. Los próximos pasos tomados por el gobierno mexicano en esta investigación darán una señal clara de si este gobierno está verdaderamente comprometido con la lucha contra la impunidad que prevalece por violaciones de derechos humanos en México, o si sólo continuará a hacer promesas vacías.
