MONITOR CENTROAMERICANO:

EVALUANDO EL NIVEL DE AVANCE

La región del triángulo norte de Centroamérica está enfrentando altos índices de violencia, corrupción e impunidad.

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Evaluando el nivel de avance en Centroamérica

A medida que Guatemala, El Salvador y Honduras luchan con altos niveles de violencia e inseguridad, corrupción sistémica e impunidad generalizada, es fundamental que encontremos formas de evaluar cómo las políticas y estrategias implementadas en la región están contribuyendo al fortalecimiento del Estado de derecho, mejorando la transparencia y la rendición de cuentas, y reduciendo la violencia y la inseguridad. Utilizando una serie de indicadores cuantitativos y cualitativos, el Monitor Centroamericano tiene como objetivo medir el nivel de avance o retroceso e identificar tendencias a lo largo del tiempo en ocho áreas clave directamente relevantes para el Estado de derecho y la seguridad, proporcionando así información crítica que puede informar las políticas e inversiones estratégicas en la región.
El Monitor es una iniciativa subregional desarrollada por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), la Fundación Myrna Mack de Guatemala, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) de El Salvador y el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
Combate a la corrupción
Áreas de progreso
1.

Confianza del pueblo

El índice de percepción de corrupción monitoreado por Transparencia Internacional evalúa 180 países del mundo en una escala de 0 a 100 en la que los valores más cercanos a cien indican un país “limpio de corrupción” y los valores más cercanos a cero representan a un país altamente corrupto. Durante el periodo 2014-2017, El Salvador se posicionó con un índice sumamente bajo, alrededor de 33 a 39 puntos, muy por debajo del promedio anual reportado por esta organización internacional. La Tabla 1 muestra el comportamiento de este índice para el caso Salvadoreño.



En términos de opinión pública, aunque los principales problemas que los ciudadanos advierten en el país son la delincuencia y la economía, desde el año 2013, la proporción de salvadoreños que ha declarado  que el principal problema del país es la corrupción ha registrado un crecimiento sostenido. Esto muestra que existe una mayor identificación de este flagelo en el imaginario colectivo salvadoreño, tal como lo ilustra la siguiente gráfica.

Combate a la corrupción
Áreas de progreso
2.

Alcance e implementación de las leyes para combatir la corrupción

Dentro de la legislación secundaria, el cuerpo normativo más antiguo y polémico en los últimos años es la Ley sobre el enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos (LEIFEP) de 1959. Como puede advertirse existe un rezago normativo respecto a la regulación de los hechos que pueden constituirse como actos de corrupción, especialmente las figuras de la declaración del patrimonio y el enriquecimiento ilícito. Sin embargo, el desfase va más allá, pues el establecimiento de multas está estipulado en colones, una moneda que dejó de circular en el país en el 2000. La Ley establece multas que va desde los $11.43 a los $1,142.86 dólares americanos.

El Salvador logró un avance importante al aprobar la ley de extinción de dominio. En el 2017, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia anuló una reforma adoptada por la Asamblea Legislativa que introducía la figura de la prescripción de la acción de extinción de dominio por un plazo de 10 años. 
Combate a la corrupción
Áreas de progreso
3.

Avances en investigaciones criminales

Durante el periodo 2014-2017 se registran un total de 5,004 casos archivados en delitos de corrupción y 565 casos cuyo resultado fue un sobreseimiento, es decir, que la decisión judicial implicó la suspensión del proceso penal debido a la falta de elementos que pudieran justificar la acusación. Entre 2014 y 2017, los delitos relativos a la administración de justicia registran un total de 452 judicializaciones de un total de 846 casos iniciados en la Fiscalía General de la República. Del total de casos judicializados en los tribunales, solo en 86 se reporta una sentencia condenatoria. También, durante el periodo 2014-2017, se reportaron 140 casos en los que se emitió algún tipo de sobreseimiento. En otras palabras, la suspensión del proceso penal decretada por el juez debido a la falta de elementos que justifiquen la continuación de la acción penal. En total, la FGR reporta 6,064 de casos iniciados por delitos relativos a la administración pública durante el periodo analizado. Según los reportes fiscales durante el periodo analizado se presentaron 1,723 requerimientos fiscales. En 538 casos se obtuvo como resultado una sentencia condenatoria y en 145 el resultado fue la absolución del o los imputados. Los delitos en los que se registra un mayor número de absoluciones son el tráfico de objetos prohibidos en centros penitenciarios (92), el cohecho propio (12), peculado (7) y actos arbitrarios (7), que en conjunto representan el 81.4% de las sentencias absolutorias durante el periodo 2014-2017. No se obtuvieron sentencias condenatorias por los delitos de exacción, malversación y enriquecimiento ilícito. No es posible realizar una comparación entre las estadísticas fiscales y las judiciales debido a que, según la Oficina de Información y Respuesta del Órgano Judicial, los tribunales de sentencia a nivel nacional dejaron de producir sus estadísticas de sentencias condenatorias y absolutorias según tipo de delito.
Combate a la corrupción
Áreas de progreso
4.

Funcionamiento de los órganos de control

Durante el periodo 2014-2017, un total de 2,050 funcionarios y empleados públicos fueron investigados por una posible infracción de normas éticas contempladas en la Ley de Ética Gubernamental, de los cuales solo el 7.3% (149 personas) fueron sancionados. La Corte de Cuentas de la República (CCR), entidad encargada de auditar el uso de fondos públicos, es una de las entidades públicas con menor disponibilidad de información pública sobre las investigaciones y procedimientos que desarrolla. Sin embargo, de los reportes de denuncias publicados por dicha entidad se obtiene que durante el periodo 2014-2017, la CCR ha recibido un total de 682 denuncias, la mayoría irregularidades administrativas y financieras y aquellas relacionadas al control interno del personal.
GLOSARIO

La Oficina de Washington para América Latina (WOLA), la Fundación Myrna Mack (FMM) de Guatemala, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) de El Salvador, el Instituto Universitario de Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) han desarrollado una serie de indicadores para examinar el nivel de avance o retroceso en Guatemala, El Salvador y Honduras en ocho áreas clave. Esta evaluación permitirá una aproximación del nivel de compromiso de los gobiernos centroamericanos y la eficacia de la cooperación internacional. Los indicadores incluyen una combinación de datos cuantitativos y análisis cualitativos para obtener una comprensión más profunda de los cambios que tienen lugar en cada país. Las fuentes de datos incluyen documentos y estadísticas oficiales, encuestas, entrevistas y revisiones de leyes y reglamentos existentes, los cuales se recopilarán sistemáticamente.

WOLA, la Fundación Myrna Mack, Iudop e IUDPAS desarrollaron estos indicadores en un proceso de meses que incluyó la revisión de estándares internacionales, consultas con expertos y el consenso entre todos los socios sobre los temas clave a tratar.

Nuestro objetivo es proporcionar un instrumento que pueda ayudar a identificar tendencias, avances, patrones y diferencias a lo interno de los tres países y entre los países de la región del triángulo norte de una manera que sea útil para
gestores de política, donantes, académicos, y el público en general.

1
Fortalecimiento de la capacidad e independencia de los sistemas de justicia

Capacidad de los sistemas de justicia: número de funcionarios en materia penal, cobertura geográfica, carga laboral, eficacia y confianza pública.

Independencia interna: existencia e implementación de un proceso de selección público, basado en el mérito, libre de influencia externa, un sistema de evaluación basado en resultados y un sistema disciplinario efectivo.

Independencia externa: Tamaño del presupuesto asignado al sector justicia e implementación de medidas de protección para operadores de justicia

2
Cooperación con comisiones contra la impunidad

Voluntad política y nivel de colaboración: Compromiso del Estado de colaborar y permitir el trabajo de la CICIG en Guatemala, la MACCIH en Honduras, y la CICIES en El Salvador expresado en el avance en casos emblemáticos, la aprobación de reformas legislativas y el apoyo institucional de y a las contrapartes nacionales que trabajan con estas comisiones.

3
Combate a la corrupción

Alcance y aplicación de legislación para combatir la corrupción: Tipificación de nuevos delitos en el código penal y la reforma de leyes que previenen la corrupción conforme a estándares internacionales.

Avances en la investigación penal: Número de casos de corrupción archivados, procesados, y resueltos, y el avance de casos emblemáticos.

Funcionamiento de organismos de control externos: Existencia y capacidad de organismos o agencias de control externos para el combate a la corrupción.

Percepción pública: Percepción de los niveles de corrupción en el país conforme los índices de Transparencia Internacional.

4
Reducción de la violencia y combate al crimen organizado

Fortalecimiento de capacidades: Existencia y funcionamiento de unidades especializadas contra el crimen organizado y crímenes violentos, la aplicación de métodos investigativos científicos y técnicos, y el funcionamiento de jueces y/o tribunales especializados y dedicados a la persecución del crimen organizado.

Avances en la investigación penal: Número de casos de crimen organizado y crímenes violentos archivados, procesados, y resueltos, y el avance de casos emblemáticos.

Reducción de criminalidad: Sentencias de homicidios, extorsiones y casos de redes criminales, y la reducción de crímenes violentos.

5
Fortalecimiento de cuerpos policiales civiles

Funcionamiento de carrera policial: Existencia y efectividad de mecanismos de ingreso y ascenso, procesos de formación y de sistemas disciplinarios, así como la estructura organizativa de la institución policial.

Asignación y uso de recursos presupuestarios: Asignación y ejecución efectiva presupuestaria y el porcentaje de recursos destinados al bienestar de los miembros de la policía civil.

Relaciones con la comunidad: La confianza de la ciudadanía en los cuerpos policiales, las relaciones con las comunidades, y con autoridades indígenas.

6
Limitación del papel de las fuerzas armadas en la seguridad pública

Desarrollo e implementación de un plan concreto: Diseño e implementación de un plan de acceso público y verificable con metas, cronogramas, actividades e indicadores claramente establecidos; derogación de normas jurídicas que autorizan participación de las fuerzas armadas en seguridad pública; y acceso a información sobre planilla y recursos asignados.

Actuación de fuerzas militares: Denuncias, acusaciones y sentencias de violaciones de derechos humanos perpetradas por miembros de las fuerzas armadas y nivel de confianza pública en las fuerzas armadas.

7
Protección de los derechos humanos

Investigación y sanción de violaciones a los derechos humanos: Existencia y funcionamiento de unidades de investigación especializadas; número de denuncias, acusaciones y sentencias; manejo de casos emblemáticos; y grado de colaboración de fuerzas de seguridad en las investigaciones.

Mecanismos de protección: Estructura y funcionamiento de mecanismos de protección para defensores(as) víctimas de ataques o violaciones de derechos humanos.

Discurso del odio: Análisis sobre ataques o campañas mediáticas de acoso o difamación dirigidas a defensores de derechos humanos.

8
Mejoramiento de transparencia

Transparencia del presupuesto y calidad del gasto público: Acceso a información pública sobre asignación presupuestaria y uso de fondos públicos para las carteras de seguridad, justicia y defensa.

Alcance y aplicación de ‘Ley de Acceso a Información Pública’: Tipo de información catalogada de acceso restringido o bajo reserva, gratuidad, periodo de reserva, disponibilidad y calidad de estadísticas en materia de seguridad y justicia, y solicitudes brindadas y denegadas.

Cumplimiento y divulgación de declaraciones patrimoniales de funcionarios públicos: Nivel de cumplimiento con normas sobre la declaración patrimonial de funcionarios públicos y el grado en que dichas declaraciones son públicamente accesibles.

METODOLOGÍA

El Monitor Centroamericano se basa en la premisa de que se necesitan datos e información precisos, objetivos y accesibles para el desarrollo de políticas e inciativas que puedan contribuir a la reducción de los altos niveles de violencia e inseguridad y el fortalecimiento del Estado de derecho y la gobernabilidad en un país democrático. Esto permitirá que los esfuerzos vayan más allá de las discusiones abstractas de reforma hacia medidas específicas de cambio.

El Monitor se basa en una serie de más de 100 indicadores cuantitativos y cualitativos que permiten un análisis de los éxitos o retrocesos en ocho áreas clave en Guatemala, El Salvador y Honduras. Más que una lista exhaustiva, los indicadores buscan identificar una forma de examinar y evaluar el nivel de avance de los tres países en el fortalecimiento del Estado de derecho, la construcción de instituciones democráticas, y la reducción de la violencia e inseguridad. Los indicadores buscan identificar los principales desafíos en cada una de las áreas seleccionadas y examinar cómo las instituciones están siendo fortalecidas (o no) con el tiempo. El Monitor utiliza información de diferentes fuentes, incluyendo documentos y estadísticas oficiales, encuestas, entrevistas, información de casos emblemáticos y análisis de leyes y regulaciones existentes.

Los indicadores se desarrollaron durante varios meses en un proceso que incluyó una revisión exhaustiva de estándares internacionales y consultas con expertos. Las ocho áreas analizadas por el Monitor incluyen:

  • 1. Fortalecimiento de la capacidad e independencia de los sistemas de justicia
  • 2. Cooperación con comisiones contra la impunidad
  • 3. Combate a la corrupción
  • 4. Reducción de la violencia y combate al crimen organizado
  • 5. Fortalecimiento de cuerpos policiales civiles
  • 6. Limitación del papel de las fuerzas armadas en la seguridad pública
  • 7. Protección de los derechos humanos
  • 8. Mejoramiento de transparencia