MONITOR CENTROAMERICANO:

EVALUANDO EL NIVEL DE AVANCE

La región del triángulo norte de Centroamérica está enfrentando altos índices de violencia, corrupción e impunidad.

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Evaluando el nivel de avance en Centroamérica

A medida que Guatemala, El Salvador y Honduras luchan con altos niveles de violencia e inseguridad, corrupción sistémica e impunidad generalizada, es fundamental que encontremos formas de evaluar cómo las políticas y estrategias implementadas en la región están contribuyendo al fortalecimiento del Estado de derecho, mejorando la transparencia y la rendición de cuentas, y reduciendo la violencia y la inseguridad. Utilizando una serie de indicadores cuantitativos y cualitativos, el Monitor Centroamericano tiene como objetivo medir el nivel de avance o retroceso e identificar tendencias a lo largo del tiempo en ocho áreas clave directamente relevantes para el Estado de derecho y la seguridad, proporcionando así información crítica que puede informar las políticas e inversiones estratégicas en la región.
El Monitor es una iniciativa subregional desarrollada por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), la Fundación Myrna Mack de Guatemala, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) de El Salvador y el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
Protección de los derechos humanos
Áreas de progreso
1.

Investigación y condena de violaciones de los derechos humanos

En todas las categorías de violaciones de los derechos humanos, la tendencia predominante es la baja proporción de casos procesados, e incluso una proporción menor que termina en condena. Al respecto de las violaciones a derechos y garantías fundamentales de la persona, los delitos que reportaron mayor número de casos iniciados en la FGR entre 2014 y 2017 fueron el Allanamiento sin Autorización Legal, la Privación de Libertad por Funcionario o Empleado Público, y los Registros y Pesquisas Ilegales. Considerando estos tres delitos en conjunto, los datos muestran que, del total de casos iniciados por estos delitos entre 2014 y 2017, únicamente fue judicializado el 8.5%.

En lo referido a las violaciones a derechos humanos vinculadas a delitos contra la humanidad, el número de casos iniciados en la FGR entre 2014 y 2017 por el delito de Tortura es doble de los casos iniciados por el delito de Desaparición Forzada de Personas. Considerando estos delitos conjuntamente, las estadísticas revelan que, del total de casos iniciados por estos delitos en el periodo analizado, solamente la quinta parte de ellos fueron judicializados.

Existe información sobre varios indicios de la ocurrencia de ejecuciones extrajudiciales en el periodo 2014-2017. Entre estos indicios se halla el elevado número de enfrentamientos entre la PNC y miembros de maras y pandillas en años recientes, que han cobrado la vida de cientos de personas, y en los cuales las cifras de lesionados y fallecidos de los bandos enfrentados tienen una innegable asimetría.

Es necesario recalcar que, en el caso de El Salvador, la ejecución extrajudicial no ha sido tipificada en el código penal, de manera que se posibilite distinguirla del tipo penal de Homicidio Agravado. Consecuentemente, las estadísticas de la FGR no proveen de datos específicos sobre el presunto cometimiento de ejecuciones extrajudiciales.

A partir de una revisión periodística realizada por el Iudop, fueron identificados 111 eventos en 2016 que reunían características de presuntas ejecuciones extrajudiciales, en las que se reportó un saldo de 278 víctimas fatales. De estos, la mitad de los eventos (50.4%) correspondía a muertes en presuntos enfrentamientos armados entre pandilleros y policías y miembros del ejército, una cuarta parte de ellos (26.1%) a enfrentamientos entre fuerzas combinadas y pandilleros, y el 21.6% a muertes causadas por presuntos grupos de exterminio.

Con referencia a la asimetría del número de fallecidos en función de los grupos que se enfrentan durante las agresiones ilegítimas, la siguiente tabla muestra la proporción de personas particulares que fallecieron en los enfrentamientos registrados anualmente, en contraste con el número de agentes policiales que fallecieron en ellos, según datos recopilados por el Observatorio Universitario de Derechos Humanos.
Protección de los derechos humanos
Áreas de progreso
2.

Mecanismos de protección

El Estado salvadoreño carece de un registro oficial entre las instancias correspondientes –como Fiscalía General de la República, Procuraduría General de la República y Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos– que permita dar cuenta de las vulneraciones de los derechos de personas defensoras. Además, las entidades estatales antes mencionadas carecen de unidades especializadas para atender violaciones a derechos de defensores y defensoras, y no cuentan con protocolos específicos o una hoja de ruta para responder a este tipo de hechos violatorios.

Asimismo, al no existir un mecanismo de protección específico para los defensores y defensoras, cuando ocurre una violación a los derechos humanos de este grupo, y se recurre a las instancias nacionales, esta es atendida como un caso más de delito ordinario. En consecuencia, el nivel de efectividad en la respuesta a denuncias interpuestas por defensores y defensoras es sumamente bajo.
Protección de los derechos humanos
Áreas de progreso
3.

Incitación al odio

El Monitor no pudo encontrar información cuantitativa sobre ataques o campañas de difamación contra defensores y defensoras de derechos humanos. Según fuentes secundarias, los defensores de los derechos de la comunidad LGBTI han sido víctimas de violencia por parte de agentes estatales, grupos criminales y sociedad en general.

El acoso y la estigmatización de parte de las fuerzas de seguridad del Estado se constituyen como un desafío primordial para quienes defienden los derechos de la juventud. Por otra parte, los pueblos originarios se han visto afectados por la violencia y la discriminación, y frecuentemente son criminalizados por ejercer una labor de defensa de sus derechos; en particular, se afirma que han sido objetivo de persecución por parte de grupos económicos explotadores de recursos naturales.
GLOSARIO

La Oficina de Washington para América Latina (WOLA), la Fundación Myrna Mack (FMM) de Guatemala, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) de El Salvador, el Instituto Universitario de Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) han desarrollado una serie de indicadores para examinar el nivel de avance o retroceso en Guatemala, El Salvador y Honduras en ocho áreas clave. Esta evaluación permitirá una aproximación del nivel de compromiso de los gobiernos centroamericanos y la eficacia de la cooperación internacional. Los indicadores incluyen una combinación de datos cuantitativos y análisis cualitativos para obtener una comprensión más profunda de los cambios que tienen lugar en cada país. Las fuentes de datos incluyen documentos y estadísticas oficiales, encuestas, entrevistas y revisiones de leyes y reglamentos existentes, los cuales se recopilarán sistemáticamente.

WOLA, la Fundación Myrna Mack, Iudop e IUDPAS desarrollaron estos indicadores en un proceso de meses que incluyó la revisión de estándares internacionales, consultas con expertos y el consenso entre todos los socios sobre los temas clave a tratar.

Nuestro objetivo es proporcionar un instrumento que pueda ayudar a identificar tendencias, avances, patrones y diferencias a lo interno de los tres países y entre los países de la región del triángulo norte de una manera que sea útil para
gestores de política, donantes, académicos, y el público en general.

1
Fortalecimiento de la capacidad e independencia de los sistemas de justicia

Capacidad de los sistemas de justicia: número de funcionarios en materia penal, cobertura geográfica, carga laboral, eficacia y confianza pública.

Independencia interna: existencia e implementación de un proceso de selección público, basado en el mérito, libre de influencia externa, un sistema de evaluación basado en resultados y un sistema disciplinario efectivo.

Independencia externa: Tamaño del presupuesto asignado al sector justicia e implementación de medidas de protección para operadores de justicia

2
Cooperación con comisiones contra la impunidad

Voluntad política y nivel de colaboración: Compromiso del Estado de colaborar y permitir el trabajo de la CICIG en Guatemala, la MACCIH en Honduras, y la CICIES en El Salvador expresado en el avance en casos emblemáticos, la aprobación de reformas legislativas y el apoyo institucional de y a las contrapartes nacionales que trabajan con estas comisiones.

3
Combate a la corrupción

Alcance y aplicación de legislación para combatir la corrupción: Tipificación de nuevos delitos en el código penal y la reforma de leyes que previenen la corrupción conforme a estándares internacionales.

Avances en la investigación penal: Número de casos de corrupción archivados, procesados, y resueltos, y el avance de casos emblemáticos.

Funcionamiento de organismos de control externos: Existencia y capacidad de organismos o agencias de control externos para el combate a la corrupción.

Percepción pública: Percepción de los niveles de corrupción en el país conforme los índices de Transparencia Internacional.

4
Reducción de la violencia y combate al crimen organizado

Fortalecimiento de capacidades: Existencia y funcionamiento de unidades especializadas contra el crimen organizado y crímenes violentos, la aplicación de métodos investigativos científicos y técnicos, y el funcionamiento de jueces y/o tribunales especializados y dedicados a la persecución del crimen organizado.

Avances en la investigación penal: Número de casos de crimen organizado y crímenes violentos archivados, procesados, y resueltos, y el avance de casos emblemáticos.

Reducción de criminalidad: Sentencias de homicidios, extorsiones y casos de redes criminales, y la reducción de crímenes violentos.

5
Fortalecimiento de cuerpos policiales civiles

Funcionamiento de carrera policial: Existencia y efectividad de mecanismos de ingreso y ascenso, procesos de formación y de sistemas disciplinarios, así como la estructura organizativa de la institución policial.

Asignación y uso de recursos presupuestarios: Asignación y ejecución efectiva presupuestaria y el porcentaje de recursos destinados al bienestar de los miembros de la policía civil.

Relaciones con la comunidad: La confianza de la ciudadanía en los cuerpos policiales, las relaciones con las comunidades, y con autoridades indígenas.

6
Limitación del papel de las fuerzas armadas en la seguridad pública

Desarrollo e implementación de un plan concreto: Diseño e implementación de un plan de acceso público y verificable con metas, cronogramas, actividades e indicadores claramente establecidos; derogación de normas jurídicas que autorizan participación de las fuerzas armadas en seguridad pública; y acceso a información sobre planilla y recursos asignados.

Actuación de fuerzas militares: Denuncias, acusaciones y sentencias de violaciones de derechos humanos perpetradas por miembros de las fuerzas armadas y nivel de confianza pública en las fuerzas armadas.

7
Protección de los derechos humanos

Investigación y sanción de violaciones a los derechos humanos: Existencia y funcionamiento de unidades de investigación especializadas; número de denuncias, acusaciones y sentencias; manejo de casos emblemáticos; y grado de colaboración de fuerzas de seguridad en las investigaciones.

Mecanismos de protección: Estructura y funcionamiento de mecanismos de protección para defensores(as) víctimas de ataques o violaciones de derechos humanos.

Discurso del odio: Análisis sobre ataques o campañas mediáticas de acoso o difamación dirigidas a defensores de derechos humanos.

8
Mejoramiento de transparencia

Transparencia del presupuesto y calidad del gasto público: Acceso a información pública sobre asignación presupuestaria y uso de fondos públicos para las carteras de seguridad, justicia y defensa.

Alcance y aplicación de ‘Ley de Acceso a Información Pública’: Tipo de información catalogada de acceso restringido o bajo reserva, gratuidad, periodo de reserva, disponibilidad y calidad de estadísticas en materia de seguridad y justicia, y solicitudes brindadas y denegadas.

Cumplimiento y divulgación de declaraciones patrimoniales de funcionarios públicos: Nivel de cumplimiento con normas sobre la declaración patrimonial de funcionarios públicos y el grado en que dichas declaraciones son públicamente accesibles.

METODOLOGÍA

El Monitor Centroamericano se basa en la premisa de que se necesitan datos e información precisos, objetivos y accesibles para el desarrollo de políticas e inciativas que puedan contribuir a la reducción de los altos niveles de violencia e inseguridad y el fortalecimiento del Estado de derecho y la gobernabilidad en un país democrático. Esto permitirá que los esfuerzos vayan más allá de las discusiones abstractas de reforma hacia medidas específicas de cambio.

El Monitor se basa en una serie de más de 100 indicadores cuantitativos y cualitativos que permiten un análisis de los éxitos o retrocesos en ocho áreas clave en Guatemala, El Salvador y Honduras. Más que una lista exhaustiva, los indicadores buscan identificar una forma de examinar y evaluar el nivel de avance de los tres países en el fortalecimiento del Estado de derecho, la construcción de instituciones democráticas, y la reducción de la violencia e inseguridad. Los indicadores buscan identificar los principales desafíos en cada una de las áreas seleccionadas y examinar cómo las instituciones están siendo fortalecidas (o no) con el tiempo. El Monitor utiliza información de diferentes fuentes, incluyendo documentos y estadísticas oficiales, encuestas, entrevistas, información de casos emblemáticos y análisis de leyes y regulaciones existentes.

Los indicadores se desarrollaron durante varios meses en un proceso que incluyó una revisión exhaustiva de estándares internacionales y consultas con expertos. Las ocho áreas analizadas por el Monitor incluyen:

  • 1. Fortalecimiento de la capacidad e independencia de los sistemas de justicia
  • 2. Cooperación con comisiones contra la impunidad
  • 3. Combate a la corrupción
  • 4. Reducción de la violencia y combate al crimen organizado
  • 5. Fortalecimiento de cuerpos policiales civiles
  • 6. Limitación del papel de las fuerzas armadas en la seguridad pública
  • 7. Protección de los derechos humanos
  • 8. Mejoramiento de transparencia