Combate a la corrupción
MONITOR CENTROAMERICANO:
EVALUANDO EL NIVEL DE AVANCE
La región del triángulo norte de Centroamérica está enfrentando altos índices de violencia, corrupción e impunidad.
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Evaluando el nivel de avance en Centroamérica
A medida que Guatemala, El Salvador y Honduras luchan con altos niveles de violencia e inseguridad, corrupción sistémica e impunidad generalizada, es fundamental que encontremos formas de evaluar cómo las políticas y estrategias implementadas en la región están contribuyendo al fortalecimiento del Estado de derecho, mejorando la transparencia y la rendición de cuentas, y reduciendo la violencia y la inseguridad. Utilizando una serie de indicadores cuantitativos y cualitativos, el Monitor Centroamericano tiene como objetivo medir el nivel de avance o retroceso e identificar tendencias a lo largo del tiempo en ocho áreas clave directamente relevantes para el Estado de derecho y la seguridad, proporcionando así información crítica que puede informar las políticas e inversiones estratégicas en la región.
El Monitor es una iniciativa subregional desarrollada por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), la Fundación Myrna Mack de Guatemala, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) de El Salvador y el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
Combate a la corrupción
Áreas de progreso
1.
Percepción ciudadana de la corrupción
Transparencia Internacional (TI) trabaja anualmente en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), en el cual se clasifica a los países según el grado de corrupción que se percibe como existente entre los funcionarios públicos y políticos. Para ello se usa una escala entre 0 y 100, siendo 0 lo que se percibe como altamente corrupto y 100 ausencia de corrupción. En dicho IPC Guatemala fue ubicada en los puestos que se señalan a continuación, durante 2014 a 2017:
Guatemala bajó 7 posiciones en comparación con 2016 (y se constituyó como uno de los países más corruptos en América Latina). Según TI, los 10 países percibidos como más corruptos tienen la característica de estar en guerra o en crisis económica. Guatemala sin tener estas características se está acercando peligrosamente a integrar dicha lista.
Combate a la corrupción
Áreas de progreso
2.
Alcance e implementación de legislación a combatir corrupción
Si bien se han hecho modificaciones importantes a la legislación interna de Guatemala para mejorar la capacidad de investigación, persecución penal y juzgamiento de los casos de corrupción (La ley contra la delincuencia organizada, la ley contra el lavado de dinero y otros activos, la ley de extinción de dominio, entre otras), aún existen disposiciones legales que deben ser objeto de reforma. Esto se ve claro en los casos de nepotismo o de conflicto de interés, a efecto de estar en consonancia con los compromisos y la legislación internacional en materia de anticorrupción que el Estado de Guatemala ha suscrito.
Combate a la corrupción
Áreas de progreso
3.
Avances en investigaciones criminales
En el MP, además de la creación de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI)- la contraparte principal de CICIG- la creación de la Unidad de Métodos Especiales (UME) y la Dirección de Análisis Criminal (DAC) han sido claves para la investigación de casos complejos de corrupción a gran escala.
Aún existen importantes oportunidades de mejora para el sistema de justicia, particularmente en el Organismo Judicial en las instancias de mayor riesgo, en el cual se tramitan muchos de los casos de corrupción a gran escala. La complejidad de estos casos, en virtud de la magnitud de las organizaciones y redes criminales juzgadas, demandan una revisión de las condiciones logísticas y de la normativa procesal penal. En tal sentido, se considera oportuno aumentar y mejorar la selección, inducción y capacitación continua de quienes trabajan en casos de esa naturaleza; establecer un modelo de gestión judicial adecuado para el juzgamiento de la criminalidad organizada; mejorar la infraestructura; e implementar un mayor uso de tecnología. Asimismo, es necesario que quienes ejercen la judicatura realicen un filtro apegado a Derecho, a modo de reducir las tácticas de litigio malicioso y la prolongación de los procesos en detrimento de la tutela judicial efectiva.
Combate a la corrupción
Áreas de progreso
4.
Funcionamiento de mecanismos de control
Es imperativo que entidades de control, como la Contraloría General de Cuentas (CGC), fortalezcan sus mecanismos de prevención. Deben generar una cultura de buen manejo de recursos públicos que permita la ejecución pronta, efectiva, con calidad y transparencia. La intervención de dicha Institución, no solo debe ocurrir de manera reactiva; claro está, que su actuación debe darse en el marco de apego a derecho.
GLOSARIO
La Oficina de Washington para América Latina (WOLA), la Fundación Myrna Mack (FMM) de Guatemala, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) de El Salvador, el Instituto Universitario de Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) han desarrollado una serie de indicadores para examinar el nivel de avance o retroceso en Guatemala, El Salvador y Honduras en ocho áreas clave. Esta evaluación permitirá una aproximación del nivel de compromiso de los gobiernos centroamericanos y la eficacia de la cooperación internacional. Los indicadores incluyen una combinación de datos cuantitativos y análisis cualitativos para obtener una comprensión más profunda de los cambios que tienen lugar en cada país. Las fuentes de datos incluyen documentos y estadísticas oficiales, encuestas, entrevistas y revisiones de leyes y reglamentos existentes, los cuales se recopilarán sistemáticamente.
WOLA, la Fundación Myrna Mack, Iudop e IUDPAS desarrollaron estos indicadores en un proceso de meses que incluyó la revisión de estándares internacionales, consultas con expertos y el consenso entre todos los socios sobre los temas clave a tratar.
Nuestro objetivo es proporcionar un instrumento que pueda ayudar a identificar tendencias, avances, patrones y diferencias a lo interno de los tres países y entre los países de la región del triángulo norte de una manera que sea útil para
gestores de política, donantes, académicos, y el público en general.
1
Fortalecimiento de la capacidad e independencia de los sistemas de justicia
Capacidad de los sistemas de justicia: número de funcionarios en materia penal, cobertura geográfica, carga laboral, eficacia y confianza pública.
Independencia interna: existencia e implementación de un proceso de selección público, basado en el mérito, libre de influencia externa, un sistema de evaluación basado en resultados y un sistema disciplinario efectivo.
Independencia externa: Tamaño del presupuesto asignado al sector justicia e implementación de medidas de protección para operadores de justicia
2
Cooperación con comisiones contra la impunidad
Voluntad política y nivel de colaboración: Compromiso del Estado de colaborar y permitir el trabajo de la CICIG en Guatemala, la MACCIH en Honduras, y la CICIES en El Salvador expresado en el avance en casos emblemáticos, la aprobación de reformas legislativas y el apoyo institucional de y a las contrapartes nacionales que trabajan con estas comisiones.
3
Combate a la corrupción
Alcance y aplicación de legislación para combatir la corrupción: Tipificación de nuevos delitos en el código penal y la reforma de leyes que previenen la corrupción conforme a estándares internacionales.
Avances en la investigación penal: Número de casos de corrupción archivados, procesados, y resueltos, y el avance de casos emblemáticos.
Funcionamiento de organismos de control externos: Existencia y capacidad de organismos o agencias de control externos para el combate a la corrupción.
Percepción pública: Percepción de los niveles de corrupción en el país conforme los índices de Transparencia Internacional.
4
Reducción de la violencia y combate al crimen organizado
Fortalecimiento de capacidades: Existencia y funcionamiento de unidades especializadas contra el crimen organizado y crímenes violentos, la aplicación de métodos investigativos científicos y técnicos, y el funcionamiento de jueces y/o tribunales especializados y dedicados a la persecución del crimen organizado.
Avances en la investigación penal: Número de casos de crimen organizado y crímenes violentos archivados, procesados, y resueltos, y el avance de casos emblemáticos.
Reducción de criminalidad: Sentencias de homicidios, extorsiones y casos de redes criminales, y la reducción de crímenes violentos.
5
Fortalecimiento de cuerpos policiales civiles
Funcionamiento de carrera policial: Existencia y efectividad de mecanismos de ingreso y ascenso, procesos de formación y de sistemas disciplinarios, así como la estructura organizativa de la institución policial.
Asignación y uso de recursos presupuestarios: Asignación y ejecución efectiva presupuestaria y el porcentaje de recursos destinados al bienestar de los miembros de la policía civil.
Relaciones con la comunidad: La confianza de la ciudadanía en los cuerpos policiales, las relaciones con las comunidades, y con autoridades indígenas.
6
Limitación del papel de las fuerzas armadas en la seguridad pública
Desarrollo e implementación de un plan concreto: Diseño e implementación de un plan de acceso público y verificable con metas, cronogramas, actividades e indicadores claramente establecidos; derogación de normas jurídicas que autorizan participación de las fuerzas armadas en seguridad pública; y acceso a información sobre planilla y recursos asignados.
Actuación de fuerzas militares: Denuncias, acusaciones y sentencias de violaciones de derechos humanos perpetradas por miembros de las fuerzas armadas y nivel de confianza pública en las fuerzas armadas.
7
Protección de los derechos humanos
Investigación y sanción de violaciones a los derechos humanos: Existencia y funcionamiento de unidades de investigación especializadas; número de denuncias, acusaciones y sentencias; manejo de casos emblemáticos; y grado de colaboración de fuerzas de seguridad en las investigaciones.
Mecanismos de protección: Estructura y funcionamiento de mecanismos de protección para defensores(as) víctimas de ataques o violaciones de derechos humanos.
Discurso del odio: Análisis sobre ataques o campañas mediáticas de acoso o difamación dirigidas a defensores de derechos humanos.
8
Mejoramiento de transparencia
Transparencia del presupuesto y calidad del gasto público: Acceso a información pública sobre asignación presupuestaria y uso de fondos públicos para las carteras de seguridad, justicia y defensa.
Alcance y aplicación de ‘Ley de Acceso a Información Pública’: Tipo de información catalogada de acceso restringido o bajo reserva, gratuidad, periodo de reserva, disponibilidad y calidad de estadísticas en materia de seguridad y justicia, y solicitudes brindadas y denegadas.
Cumplimiento y divulgación de declaraciones patrimoniales de funcionarios públicos: Nivel de cumplimiento con normas sobre la declaración patrimonial de funcionarios públicos y el grado en que dichas declaraciones son públicamente accesibles.
METODOLOGÍA
El Monitor Centroamericano se basa en la premisa de que se necesitan datos e información precisos, objetivos y accesibles para el desarrollo de políticas e inciativas que puedan contribuir a la reducción de los altos niveles de violencia e inseguridad y el fortalecimiento del Estado de derecho y la gobernabilidad en un país democrático. Esto permitirá que los esfuerzos vayan más allá de las discusiones abstractas de reforma hacia medidas específicas de cambio.
El Monitor se basa en una serie de más de 100 indicadores cuantitativos y cualitativos que permiten un análisis de los éxitos o retrocesos en ocho áreas clave en Guatemala, El Salvador y Honduras. Más que una lista exhaustiva, los indicadores buscan identificar una forma de examinar y evaluar el nivel de avance de los tres países en el fortalecimiento del Estado de derecho, la construcción de instituciones democráticas, y la reducción de la violencia e inseguridad. Los indicadores buscan identificar los principales desafíos en cada una de las áreas seleccionadas y examinar cómo las instituciones están siendo fortalecidas (o no) con el tiempo. El Monitor utiliza información de diferentes fuentes, incluyendo documentos y estadísticas oficiales, encuestas, entrevistas, información de casos emblemáticos y análisis de leyes y regulaciones existentes.
Los indicadores se desarrollaron durante varios meses en un proceso que incluyó una revisión exhaustiva de estándares internacionales y consultas con expertos. Las ocho áreas analizadas por el Monitor incluyen: