MONITOR CENTROAMERICANO:

EVALUANDO EL NIVEL DE AVANCE

La región del triángulo norte de Centroamérica está enfrentando altos índices de violencia, corrupción e impunidad.

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Evaluando el nivel de avance en Centroamérica

A medida que Guatemala, El Salvador y Honduras luchan con altos niveles de violencia e inseguridad, corrupción sistémica e impunidad generalizada, es fundamental que encontremos formas de evaluar cómo las políticas y estrategias implementadas en la región están contribuyendo al fortalecimiento del Estado de derecho, mejorando la transparencia y la rendición de cuentas, y reduciendo la violencia y la inseguridad. Utilizando una serie de indicadores cuantitativos y cualitativos, el Monitor Centroamericano tiene como objetivo medir el nivel de avance o retroceso e identificar tendencias a lo largo del tiempo en ocho áreas clave directamente relevantes para el Estado de derecho y la seguridad, proporcionando así información crítica que puede informar las políticas e inversiones estratégicas en la región.
El Monitor es una iniciativa subregional desarrollada por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), la Fundación Myrna Mack de Guatemala, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) de El Salvador y el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
Fortalecimiento de cuerpos policiales civiles

Áreas de progreso

Fortalecimiento de cuerpos policiales civiles
Áreas de progreso
1.

Funcionamiento de carrera policial

Desde su creación en 1998, la Policía Nacional de Honduras (PNH) arrastra en su naturaleza, formación y funcionamiento, elementos de la doctrina militar. Los procesos de reforma han enfatizado la necesidad de fortalecer el carácter civil de la institución. Sin embargo, desde el Ejecutivo se impulsa un proceso de remilitarización de la seguridad pública, evidenciando que la doctrina militar no solo se encuentra en la PNH, sino que también prevalece en el sector político.

La PNH arrastra una crisis de legitimidad y confianza ciudadana. Además de las denuncias en su contra, su carácter represivo en el manejo de los conflictos sociales provocó que, en 2014, 72.0% de la población desconfiara de la PNH y 53.0% declarara tenerles miedo. En 2016, 58.6% de las personas consultadas respondieron tener desconfianza en la Policía.

En 2017 se aprobó una nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional y Ley de Carrera Policial. Aunque no ausentas de limitaciones, las nuevas normativas sientan las bases para la modernización de la estructura orgánica y el desarrollo de un sistema de formación, carrera y promoción basado en el mérito.

Aunque ha habido un crecimiento en el tamaño del cuerpo policial, el recurso humano de la Policía Nacional de Honduras (PNH) está muy por debajo del mínimo requerido para lograr al menos una cobertura territorial básica. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) recomienda a los países contar con una media mínima de 300 policías por cada 100 000 habitantes. En 2014, el promedio de policías por cada 100 000 habitantes en Honduras fue de 149 efectivos, de 141 en 2015, 157 en 2016 y 169 en 2017. Sobre esta recomendación, la PNH registró un déficit de 14 604 miembros en 2017. Ha habido un aumento progresivo de las mujeres en el personal policial, hasta representar el 20.0% de los recursos humanos. Durante el periodo de estudio, 24.0% de los nuevos integrantes de la carrera policial eran mujeres; también representaron el 10.0% de los egresados de la Universidad Nacional de la Policía de Honduras (UNPH).
Durante el período examinado se vio un proceso de “privatización” de la seguridad pública. En 2017, la proporción de agentes de seguridad privada por policías fue de 7 a 1. Se constata un acelerado aumento de las agencias privadas, en 2013 se contabilizaron aproximadamente 700 empresas registradas, incrementándose a 1038 en 2017. Esta tendencia demuestra el debilitamiento y los vacíos que deja la PNH en el cumplimiento de sus funciones, así como la rentabilización económica que encuentra el sector privado en la seguridad pública.

Desde el 2000, han habido varios intentos por reformar la Policía Nacional para atender los problemas de abuso y corrupción a lo interno de la institución. En 2012, se creó la Comisión para la Reforma de la Seguridad Pública (CRSP), conformada por representantes nacionales e internacionales y encargada de hacer una reforma profunda de las instituciones de seguridad y justicia. La CRSP presentó varias reformas legislativas que no avanzaron por falta de apoyo en el Legislativo y dejó de funcionar en 2014.  Como parte de ese proceso se creó la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP). La DIECP, sin embargo, fue criticada por la falta de resultados y disuelta en el 2015. De 2012 a 2015, había evaluado 8,546 policías y removido apenas 227 policías, todos de bajo rango.  En 2016, se impulsó una nueva iniciativa, la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional de Honduras, la cual para abril de 2018 había removido a 4,365 policías.
Fortalecimiento de cuerpos policiales civiles
Áreas de progreso
2.

Asignación y uso de recursos presupuestarios

La Secretaría de Seguridad recibió 2.5% del total del presupuesto nacional durante los cuatro años de estudio. Sus fondos aumentaron 57.5% desde 2014 al 2017; sin embargo, con la creación de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) la tendencia cambió a partir de 2014, evidenciando que la prioridad presupuestaria en materia de seguridad pública pasó a la Secretaría de Defensa. El 35.8% del presupuesto de la Secretaría de Seguridad se destinó a los servicios policiales preventivos, 30.6% a las actividades comunes entre los diferentes servicios policiales, 24.7% a los servicios de investigación, 5.3% a la seguridad vial y 3.6% a la educación policial. No obstante, en 2017 el presupuesto destinado a la investigación delictiva aumentó 283.0%, el sistema educativo 261.5%, mientras los servicios preventivos se redujeron 72.6% y la seguridad vial 70.5%.  
GLOSARIO

La Oficina de Washington para América Latina (WOLA), la Fundación Myrna Mack (FMM) de Guatemala, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) de El Salvador, el Instituto Universitario de Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) han desarrollado una serie de indicadores para examinar el nivel de avance o retroceso en Guatemala, El Salvador y Honduras en ocho áreas clave. Esta evaluación permitirá una aproximación del nivel de compromiso de los gobiernos centroamericanos y la eficacia de la cooperación internacional. Los indicadores incluyen una combinación de datos cuantitativos y análisis cualitativos para obtener una comprensión más profunda de los cambios que tienen lugar en cada país. Las fuentes de datos incluyen documentos y estadísticas oficiales, encuestas, entrevistas y revisiones de leyes y reglamentos existentes, los cuales se recopilarán sistemáticamente.

WOLA, la Fundación Myrna Mack, Iudop e IUDPAS desarrollaron estos indicadores en un proceso de meses que incluyó la revisión de estándares internacionales, consultas con expertos y el consenso entre todos los socios sobre los temas clave a tratar.

Nuestro objetivo es proporcionar un instrumento que pueda ayudar a identificar tendencias, avances, patrones y diferencias a lo interno de los tres países y entre los países de la región del triángulo norte de una manera que sea útil para
gestores de política, donantes, académicos, y el público en general.

1
Fortalecimiento de la capacidad e independencia de los sistemas de justicia

Capacidad de los sistemas de justicia: número de funcionarios en materia penal, cobertura geográfica, carga laboral, eficacia y confianza pública.

Independencia interna: existencia e implementación de un proceso de selección público, basado en el mérito, libre de influencia externa, un sistema de evaluación basado en resultados y un sistema disciplinario efectivo.

Independencia externa: Tamaño del presupuesto asignado al sector justicia e implementación de medidas de protección para operadores de justicia

2
Cooperación con comisiones contra la impunidad

Voluntad política y nivel de colaboración: Compromiso del Estado de colaborar y permitir el trabajo de la CICIG en Guatemala, la MACCIH en Honduras, y la CICIES en El Salvador expresado en el avance en casos emblemáticos, la aprobación de reformas legislativas y el apoyo institucional de y a las contrapartes nacionales que trabajan con estas comisiones.

3
Combate a la corrupción

Alcance y aplicación de legislación para combatir la corrupción: Tipificación de nuevos delitos en el código penal y la reforma de leyes que previenen la corrupción conforme a estándares internacionales.

Avances en la investigación penal: Número de casos de corrupción archivados, procesados, y resueltos, y el avance de casos emblemáticos.

Funcionamiento de organismos de control externos: Existencia y capacidad de organismos o agencias de control externos para el combate a la corrupción.

Percepción pública: Percepción de los niveles de corrupción en el país conforme los índices de Transparencia Internacional.

4
Reducción de la violencia y combate al crimen organizado

Fortalecimiento de capacidades: Existencia y funcionamiento de unidades especializadas contra el crimen organizado y crímenes violentos, la aplicación de métodos investigativos científicos y técnicos, y el funcionamiento de jueces y/o tribunales especializados y dedicados a la persecución del crimen organizado.

Avances en la investigación penal: Número de casos de crimen organizado y crímenes violentos archivados, procesados, y resueltos, y el avance de casos emblemáticos.

Reducción de criminalidad: Sentencias de homicidios, extorsiones y casos de redes criminales, y la reducción de crímenes violentos.

5
Fortalecimiento de cuerpos policiales civiles

Funcionamiento de carrera policial: Existencia y efectividad de mecanismos de ingreso y ascenso, procesos de formación y de sistemas disciplinarios, así como la estructura organizativa de la institución policial.

Asignación y uso de recursos presupuestarios: Asignación y ejecución efectiva presupuestaria y el porcentaje de recursos destinados al bienestar de los miembros de la policía civil.

Relaciones con la comunidad: La confianza de la ciudadanía en los cuerpos policiales, las relaciones con las comunidades, y con autoridades indígenas.

6
Limitación del papel de las fuerzas armadas en la seguridad pública

Desarrollo e implementación de un plan concreto: Diseño e implementación de un plan de acceso público y verificable con metas, cronogramas, actividades e indicadores claramente establecidos; derogación de normas jurídicas que autorizan participación de las fuerzas armadas en seguridad pública; y acceso a información sobre planilla y recursos asignados.

Actuación de fuerzas militares: Denuncias, acusaciones y sentencias de violaciones de derechos humanos perpetradas por miembros de las fuerzas armadas y nivel de confianza pública en las fuerzas armadas.

7
Protección de los derechos humanos

Investigación y sanción de violaciones a los derechos humanos: Existencia y funcionamiento de unidades de investigación especializadas; número de denuncias, acusaciones y sentencias; manejo de casos emblemáticos; y grado de colaboración de fuerzas de seguridad en las investigaciones.

Mecanismos de protección: Estructura y funcionamiento de mecanismos de protección para defensores(as) víctimas de ataques o violaciones de derechos humanos.

Discurso del odio: Análisis sobre ataques o campañas mediáticas de acoso o difamación dirigidas a defensores de derechos humanos.

8
Mejoramiento de transparencia

Transparencia del presupuesto y calidad del gasto público: Acceso a información pública sobre asignación presupuestaria y uso de fondos públicos para las carteras de seguridad, justicia y defensa.

Alcance y aplicación de ‘Ley de Acceso a Información Pública’: Tipo de información catalogada de acceso restringido o bajo reserva, gratuidad, periodo de reserva, disponibilidad y calidad de estadísticas en materia de seguridad y justicia, y solicitudes brindadas y denegadas.

Cumplimiento y divulgación de declaraciones patrimoniales de funcionarios públicos: Nivel de cumplimiento con normas sobre la declaración patrimonial de funcionarios públicos y el grado en que dichas declaraciones son públicamente accesibles.

METODOLOGÍA

El Monitor Centroamericano se basa en la premisa de que se necesitan datos e información precisos, objetivos y accesibles para el desarrollo de políticas e inciativas que puedan contribuir a la reducción de los altos niveles de violencia e inseguridad y el fortalecimiento del Estado de derecho y la gobernabilidad en un país democrático. Esto permitirá que los esfuerzos vayan más allá de las discusiones abstractas de reforma hacia medidas específicas de cambio.

El Monitor se basa en una serie de más de 100 indicadores cuantitativos y cualitativos que permiten un análisis de los éxitos o retrocesos en ocho áreas clave en Guatemala, El Salvador y Honduras. Más que una lista exhaustiva, los indicadores buscan identificar una forma de examinar y evaluar el nivel de avance de los tres países en el fortalecimiento del Estado de derecho, la construcción de instituciones democráticas, y la reducción de la violencia e inseguridad. Los indicadores buscan identificar los principales desafíos en cada una de las áreas seleccionadas y examinar cómo las instituciones están siendo fortalecidas (o no) con el tiempo. El Monitor utiliza información de diferentes fuentes, incluyendo documentos y estadísticas oficiales, encuestas, entrevistas, información de casos emblemáticos y análisis de leyes y regulaciones existentes.

Los indicadores se desarrollaron durante varios meses en un proceso que incluyó una revisión exhaustiva de estándares internacionales y consultas con expertos. Las ocho áreas analizadas por el Monitor incluyen:

  • 1. Fortalecimiento de la capacidad e independencia de los sistemas de justicia
  • 2. Cooperación con comisiones contra la impunidad
  • 3. Combate a la corrupción
  • 4. Reducción de la violencia y combate al crimen organizado
  • 5. Fortalecimiento de cuerpos policiales civiles
  • 6. Limitación del papel de las fuerzas armadas en la seguridad pública
  • 7. Protección de los derechos humanos
  • 8. Mejoramiento de transparencia