Únase, junto a la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Acción Permanente por la Paz (WFP), el Grupo de Trabajo para América Latina (LAWG), el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos de Colombia, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Amnistía Internacional EE.UU., para un foro virtual.
El 1 de mayo de 2020, la revista colombiana Semana reveló que, entre febrero y diciembre de 2019, unidades de inteligencia militar colombiana llevaron a cabo operaciones de vigilancia ilícita a más de 130 personas. Entre las víctimas se encuentran defensores de derechos humanos, periodistas colombianos e internacionales, políticos, sindicalistas y miembros de la fuerza armada. Varios de ellos fueron objeto de vigilancia por haber denunciado, documentado, o representado a familias de víctimas de asesinatos extrajudiciales, y por haber sacado a la luz otros graves abusos.
Este espionaje ilegal no es un fenómeno nuevo. En el 2011, la ahora extinta agencia de inteligencia colombiana, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), fue desmantelada después de conocerse en el 2009 que dicha agencia estaba escuchando ilegalmente y monitoreando las actividades de líderes de la sociedad civil, jueces, y políticos. Las recientes revelaciones de Semana plantean la pregunta: ¿Por qué este es un problema recurrente en Colombia y qué debe suceder para asegurar que aquellos responsables rindan cuentas y para que finalmente se implementen reformas necesarias a la inteligencia del ejército colombiano y su doctrina militar?
Periodistas, defensores de derechos humanos, y militares informantes están llevando a cabo una labor crucial para promover la paz y defender las prácticas democráticas en medio de una frágil situación de seguridad en Colombia durante el posconflicto. Cuando las unidades militares criminalizan esta labor, se socavan los esfuerzos para construir una Colombia más pacífica y democrática. ¿Qué se debe hacer para garantizar el fin a la vigilancia ilícita a líderes sociales? ¿Qué papel puede desempeñar el gobierno de los Estados Unidos en asegurar que haya rendición de cuentas, dado su rol como el mayor donante y proveedor de entrenamiento militar a Colombia? ¿Cómo puede la Organización de Estados Americanos y las Naciones Unidas garantizar protección, justicia, y no repetición en cuanto a estos crímenes? ¿Qué implican estas revelaciones para el acuerdo de paz de Colombia firmado en el 2016?
Para ayudar a responder a estas preguntas, le invitamos a acompañarnos a un seminario virtual con personas víctimas de esta vigilancia ilegal y con expertos en derechos humanos de Colombia.
Información del evento:
Martes, 19 de mayo de 2020
1:00 p.m. – 3:00 p.m. GMT-4 (Washington, D.C.)
12:00 p.m. – 2:00 p.m. GMT-5 (Bogotá, Colombia)
*Se requiere reservación*
Panelistas:
Danilo Rueda
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Ganador del Premio WOLA de Derechos Humanos 2015
César Jerez
Líder en derechos sobre la tierra
Jomary Ortegón
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR)
Iván Cepeda
Senador, Senado de la República de Colombia
John Otis
Periodista para NPR y WSJ con sede en Colombia
Nicolas Bedoya
Fotoperiodista, VELA Colectivo
Comentarios de apertura:
Director para Veeduría de Defensa, Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
Viviana Kristicevic
Directora Ejecutiva, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Lisa Haugaard
Directora Ejecutiva, Grupo de Trabajo de América Latina (LAWG)
Moderado por:
Directora para los Andes, Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
Tendremos disponible interpretación simultánea en inglés y español.
Las instrucciones para el acceso al seminario virtual se enviarán por correo electrónico a los participantes registrados