9 de febrero del 2011
Sr. German Vargas Lleras
Ministro del Interior y de Justicia
Centro de Administración Nacional
Avenida El Dorado con Carrera 52
Bogotá DC, Colombia
Estimado Ministro Vargas Lleras,
Reciba un cordial saludo.
Las organizaciones e individuos abajo firmantes somos una red de organizaciones no-gubernamentales, académicos y activistas en los Estados Unidos, que seguimos de manera activa y consistente la situación de los derechos territoriales y derechos humanos de las comunidades de base Afrodescendientes en su país. Esta carta tiene el propósito de llamar su atención sobre los pronunciamientos realizados en Enero 21 y 27 por organizaciones con las cuales trabajamos cercanamente en Colombia, sobre el proceso de protocolización del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y el proceso de implementación del Auto 005/2009 sobre comunidades afrocolombianas desplazadas.
En primer lugar, dado que los pronunciamientos en cuestión tienen relación con el derecho a la consulta previa y el consentimiento previo libre e informado de las comunidades, queremos expresa que, desde nuestra perspectiva, los mecanismos de consulta y diálogo con el gobierno colombiano establecidos a raíz de la Ley 70 de 1993, ley de las comunidades negras, y fortalecidos por las ordenes de la Corte Constitucional y la Convención de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) 169, son mecanismos que nosotros avalamos y creemos que son de suma importancia, dado que aseguran que los derechos e intereses de las comunidades sean respetados por parte del estado y que leyes, políticas, programas oficiales y proyectos económicos que impactan a sus territorios sean consultados y dialogados con representantes de dichas comunidades. Es precisamente porque nosotros pensamos que dichos mecanismos son de mayor importancia y tienen la gran responsabilidad de representar los derechos e intereses de las comunidades Afrocolombianas, que nos preocupan las alegaciones hechas en la comunicación del 27 de Enero por el Proceso de Comunidades Negras (PCN), de que un miembro de la Consultiva ofreció dineros públicos a varios representantes para influenciar y luego cambiar la posición que tenían dichos representantes frente el Plan Nacional de Desarrollo (PND).
Queremos observar que este tipo de acciones no solo desacreditan a la Comisión Consultiva y llevan a cuestionar la agenda e intereses que ellos están representando, sino que también dicha acción, por demás ilegal, daña la credibilidad del gobierno colombiano y sus relaciones frente las comunidades Afrodescendientes y afecta las posibilidades de espacios y practicas democráticas. Estas alegaciones, por ejemplo, nos hacen cuestionar si esta práctica también se ha dado en los escenarios para el avance de la Orden 005/2009 de la Corte Constitucional y otros planes, programas y políticas que influencian las vidas de millones de Afrocolombianos.
Nosotros entendemos de que la falta de transparencia en procesos de consulta y/o dialogo con comunidades Afrodescendientes no es un fenómeno nuevo y tampoco es un fenómeno que sucede solamente con la Comisión Consultiva. Entendemos que es un problema estructural de muchos niveles que ha influenciado por décadas la definición de programas y políticas para las comunidades, que son contraproducentes para frente a sus derechos y que ha conllevado a indeseables divisiones y conflictos que debilitan esfuerzos colectivos de liderazgo y fortalecimiento de las comunidades negras.
Entendemos igualmente que es la responsabilidad de los líderes democráticamente elegidos por sus comunidades, mantener su integridad y transparencia en esos procesos. La responsabilidad de asegurar que no sucede más este tipo de transacciones y prácticas que afectan la democracia, está en que todos los representantes estén legal y moralmente obligados a rendir cuentas a su constituyente y que las prácticas indebidas sean denunciadas, investigadas y sancionadas oportunamente.
De igual manera observamos que el temor a represalias individuales y contra las comunidades y organizaciones que representan, prevé que los líderes denuncien prácticas coercitivas y procesos ilegales de toma de decisiones. Al respecto y, en relación con el incidente mencionado anteriormente, hemos sido informados de acciones que sugieren retaliación contra miembros del Proceso de Comunidades Negras. El 28 de enero, 2011 un día después de que el PCN denunciara esta actividad ilegal, se nos informo que Fernando Hurtado fue sacado de una reunión de funcionarios de instituciones gubernamentales y representantes de la Comisión Consultiva de Alto Nivel. La razón expresada para dicha exclusión fue que el Sr. Hurtado es miembro de PCN y había un acuerdo de la Comisión Consultiva de Alto Nivel que declaró que la sesión de ese día se realizará sin presencia de miembros del PCN. Tenemos entendido que exclusiones de esta naturaleza se han presentado también durante la implementación del Auto 005/2009.
Le escribimos hoy para pedirle que en su capacidad como Ministro de Interior y Justicia, oriente una investigación sobre las denuncias presentadas por PCN y que su oficina tome pasos concretos y efectivos para garantizar la transparencia en todos los procesos de participación y consulta con representantes de las comunidades Afrodescendientes. Organizaciones que denuncian dichos hechos en un esfuerzo de fortalecer la democracia también deberían ser protegidas por su institución. Debemos señalar que el PCN, es una de las organizaciones declaradas objetivo militar por grupos paramilitares, precisamente por ejercer su derecho a disentir y denunciar.
Adicionalmente, le pedimos que dialogue con la Vicepresidencia acerca de cómo su gobierno puede trabajar para hacer visible y corregir los efectos que este tipo de prácticas tienen en las comunidades y organizaciones Afrodescendientes y fortalecer procesos transparentes de participación y consulta sobre políticas y programas que afectan sus derechos e interese, a nivel nacional, regional y local.
Pensamos que una investigación y sanción de los responsables en este escenario podría conllevar a fortalecer dichos espacios y asegurar que las decisiones tomadas en ellos respetan los derechos y conllevan al bienestar real de las comunidades en cuestión.
Atentamente,
Gimena Sanchez-Garzoli y Anthony Dest
Oficina sobre asuntos latinoamericanos en Washington (WOLA)
Prof. Arturo Escobar
Department of Anthropology
University of North Carolina – Chapel Hill
Roland Roebuck
Activista Afro-Latino
James Vondracek
Chicago Religious Leadership Network on Latin America (CRLN)
Kelly Nichols
U.S. Office on Colombia
Nora Rasman
TransAfrica Forum
Teo Ballvé
University of California-Berkeley
Carlos Quesada Global Rights
James Early
Institute for Policy Studies Board
Prof. Joseph Jordan, PhD
Stone Center UNC at Chapel Hill
Prof. Jessica Heineman-Pieper, PhD
The School of Public Policy en George Mason University
Eunice Mina Escobar
Activista Afro-Colombiana – CRLN
Ajamu Dillahunt
North Carolina Justice Center
Prof. Agustin Lao-Montes, PhD
Center for Latin American, Caribbean, and Latino Studies
Afro-American Studies
University of Massachusetts at Amherst
Prof. Kiran Asher, PhD
IDCE, Clark University
Karen Juanita Carrillo y Lisa J. Scott
AfroPresencia.com.
Nalia Rosario y Ruben Mina
AfroColombia NY
James Winkler
United Methodist General Board of Church and Society
Florida Immigrant Coalition
Beehive Design Collective
Otras Colombias
CC: Angelino Garzón, Vicepresidente de Colombia
Oscar Gamboa, Representante de la Vicepresidencia para Comunidades Afrodescendientes
Ken Yamashita, Director, Misión de USAID en Colombia
Miembros del Congreso Negro, EEUU
Silvia Guillen, Comisionada Especial para Asuntos Afrodescendientes y para Colombia de la CIHD.
U.S. State Department