Los Militares Mexicanos y los Derechos Humanos
En la última década, México ha transferido a su personal militar un rol cada vez mayor en actividades de lucha contra las drogas y policiales. En esto tuvo algo que ver la asistencia militar de Estados Unidos, con su dotación de equipos y capacitación para los efectivos militares de México. Cuando comenzó esta tendencia, las autoridades aducían que se trataba de una solución temporaria a los problemas de corrupción e ineptitud policial y procesal. Pero, más de una década después, las fuerzas militares están atrincheradas en su función y no dan señales de querer retirarse. Desde que asumió el poder, da la sensación de que el Presidente Calderón recurre cada vez más a los efectivos militares asignándolos a operativos antidrogas y a órganos de seguridad pública. En consecuencia, si bien México está transitando hacia la democracia, la línea divisoria entre responsabilidades militares y policiales está desdibujándose.
Las fuerzas militares mexicanas han cometido graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de su lucha contra la insurgencia y las drogas. Para estos abusos, la norma es la impunidad. Contrariamente a lo que disponen la Constitución de México y las normas internacionales de derechos humanos, las fuerzas militares mexicanas tienen competencia para investigar a soldados acusados de violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos. El sistema de justicia militar es cerrado y secreto, y muy rara vez investiga o castiga a soldados que cometen abusos. WOLA vigila el uso sistemático de las fuerzas militares mexicanas en organismos de seguridad pública del país y la presencia de militares en instituciones civiles. A WOLA también le preocupa la posibilidad de que se cometan violaciones a los derechos humanos en manos de soldados en cumplimiento de operativos antidrogas, particularmente en contra de las poblaciones indígenas de los estados del sur.