Las mujeres de las Américas están siendo encarceladas por delitos menores relacionados con las drogas a un ritmo alarmante. En Argentina, Brasil, Perú y Costa Rica, más del 60 por ciento de la población carcelaria femenina de cada país está encarcelada por delitos relacionados con drogas. La población carcelaria total en América Latina ha crecido también, aumentando un 300 porciento en Colombia en los últimos 25 años. Las políticas que han llevado a este aumento de la prisión han destrozado familias y perjudicado la posibilidad de que las mujeres puedan encontrar un empleo decente y legal una vez que terminan su condena y son puestas en libertad, lo que perpetúa el círculo vicioso de la pobreza, desesperación y el encarcelamiento.
El encarcelamiento de mujeres madres y cuidadoras en particular puede tener consecuencias devastadoras para sus familias y comunidades. Muchas de ellas tienen poca o ninguna educación, viven en condiciones de pobreza y son responsables del cuidado de dependientes niños/as, jóvenes y ancianos/as. A pesar de que llevan la peor parte de las políticas injustas y excesivamente represivas, estas mujeres rara vez son una verdadera amenaza para la sociedad; la mayoría son detenidas por realizar tareas de bajo nivel pero de alto riesgo. Muchas han sido detenidas por la distribución o transporte de drogas a pequeña escala como una manera de sobrevivir a la pobreza o, en algunos casos, como resultado de la coacción de una pareja o familiar.
WOLA, el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (IDPC), Dejusticia y la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, en colaboración con la Asociación Costarricense para el Estudio e Intervención en Drogas (ACEID) y Corporación Humanas están tratando de abordar la cuestión de mujeres encarceladas por delitos de drogas. Las organizaciones patrocinadoras han convocado un grupo de trabajo de oficiales gubernamentales, abogados/as e investigadores/as sobre temas de mujeres y políticas de drogas para promover las políticas que protegen los derechos de este grupo vulnerable y acabar con la criminalización injusta de personas que han cometido crímenes no violentos relacionados con drogas.
