AP Photo/Felipe Dana
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La población carcelaria a largo de la región ha ido creciendo de manera constante en las últimas décadas. El endurecimiento de leyes antidrogas y las políticas contra las pandillas han llevado a un aumento masivo de la población carcelaria, y consecuentemente a un hacinamiento severo en sistemas penitenciarios inadecuadamente financiados y a menudo descuidados. La mayoría de reclusos aún no han sido juzgados y podrían esperar años a recibir una audiencia. En algunos países, las pandillas continúan operando y reclutando a nuevos miembros dentro de las cárceles, y sus líderes ordenan extorsiones y homicidios desde detrás de las rejas.
Esta cruda situación se ve claramente en Brasil, el cual ha logrado recientemente la desafortunada distinción de tener la cuarta tasa de encarcelamiento más alta del mundo. En los últimos 15 años, la tasa de encarcelamiento del país aumento un 7 por ciento anualmente, siendo diez veces más rápido que su crecimiento demográfico. En los últimos 25 años, la población carcelaria de Brasil aumentó de 90,000 a más de 600,000. Esta población está proyectada a aumentar a 1.9 millones en el 2030, si las tasas actuales persisten.
Este aumento masivo está asociado con dos tendencias interrelacionadas de la década pasada. En primer lugar, la expansión del uso de la detención preventiva, más frecuentemente asociada con la segunda tendencia—arrestos por posesión de drogas, a pesar de un cambio al código penal en el 2006 que despenalizó la posesión de pequeñas cantidades de marihuana para el uso personal. Un estudio realizado en el 2014 por el Centro de Estudios de Criminología y Ciudadanía (Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, CESeC) señala que el 40 por ciento de la población carcelaria en Brasil está esperando juicio. La cifra sólo para Río de Janeiro es del 39 por ciento, o 11,000 personas. En los estados del noreste de Piauí y Maranhão, estas tasas alcanzan el 60 por ciento.
En consonancia con la tendencia carcelaria en los Estados Unidos, la mayoría de los encarcelados en Brasil son jóvenes varones entre los 18 y 29 años de edad. De ellos, el 61.6 por ciento son afrodescendientes. De la creciente población carcelaria en Brasil, el segmento que ha crecido más rápidamente es el de las mujeres, un fenómeno consistente con tendencias similares en la mayoría de los países latinoamericanos. Entre 2005 y 2014, la tasa de encarcelamiento femenino aumentó un 10.7 por ciento anualmente, de 12,925 a 33,793 personas durante el período de nueve años. El tráfico de drogas fue la causa de las condenas de culpabilidad para el 64 por ciento de las mujeres encarceladas.
Al igual que muchas de las provisiones constitucionales y leyes adoptadas en Brasil, la ley aprobada en el 2011 (Lei das Medidas Cautelares), la más reciente de varias leyes sobre sentencias alternativas para delitos no violentos, rara vez se aplica. Un estudio en Río en el 2011 mostró que la prisión preventiva aún se aplica el 73.3 por ciento de los casos, mientras que el pago de una fianza, el monitoreo electrónico u otras alternativas a la prisión antes de ir a juicio son ignoradas por la gran mayoría de jueces.
La gran mayoría de personas detenidas no pueden pagar abogados privados, dejándolos dependientes de un sistema de defensores públicos precario y con escaso personal[1]. Aunque fue requerido por la Constitución de 1988, el establecimiento de oficinas de defensores públicos a nivel estatal ha tomado tiempo en implementar. Las oficinas estatales más recientes se establecieron sólo en el período entre 2011 y 2013. La demanda supera ampliamente la capacidad del sistema—según las propias estadísticas del Ministerio de Justicia de 2009, la demanda aumentó un 45 por ciento entre 2006 y 2008, mientras que el número de defensores públicos creció sólo un 4.5 por ciento.
Las diferencias regionales en términos de cantidad y calidad de las defensorías públicas son significativos. En Río, el 90 por ciento de los casos de defensa criminal son manejados por defensores públicos, mientras que el 72 por ciento de los condados del resto del país carecen de defensores públicos. Una enmienda constitucional aprobada en el 2014 ordenó que cada condado en Brasil deberá tener una agencia de defensoría pública en los próximos ocho años.
Ante las altas tasas de detención, la resistencia a la aplicación de soluciones alternativas de condena, la grave escasez de defensores públicos y las estimaciones de que la población carcelaria llegará a ser casi 2 millones en los próximos 14 años, la sobrepoblación de las 1,424 prisiones del país (que genera el tratamiento inhumano, la tortura y disturbios) crea un terreno fértil para el crecimiento y la dominación de facciones criminales. Estos grupos son capaces de virtualmente gobernar las cárceles como agentes paralelos a la estructura penitenciaria oficial.
En Río, las prisiones han estado dominadas por facciones rivales durante décadas. La organización criminal original en Río, el Comando Rojo (Comando Vermelho, CV) y su rival actual Amigos de Amigos (Amigos dos Amigos, ADA) ahora tienen ramas en la mayoría de las cárceles del país, al igual que el Primer Comando del Capital (Primeiro Comando da Capital, PCC) de São Paulo. El PCC fue creado tras la masacre de 111 presos por la Policía Militar de São Paulo en 1992 en la prisión de Carandiru. Los disturbios en protesta a la sobrepoblación y las condiciones inhumanas han sido frecuentes en todo el país y han resultado en tortura, decapitaciones y asesinatos[2]. En la mayoría de los estados, el PCC y el CV han mantenido una alianza tenue de 20 años que ha facilitado la compra de armas y drogas y ha minimizado la violencia entre pandillas dentro de las prisiones. Sin embargo, esa alianza ahora parece haber terminado después de los ataques del PCC contra el CV a lo interno de centros penitenciarios en los estados norteños de Roraima y de Rondônia el 16 y 17 de octubre, que dejaron a 18 prisioneros muertos. Expertos en prisiones esperan una mayor violencia entre los dos grupos en todo el país[3].
Ningún grupo de la comunidad de justicia penal duda de las estadísticas, las proyecciones del crecimiento de la población carcelaria o la realidad de los abusos de los derechos humanos. Sin embargo, las formas de abordar el dilema varían ampliamente dependiendo de quién está proponiendo la solución.
1) Privatización de las prisiones: Ya sea que el modelo incluya subcontratar la administración y/o los servicios penitenciarios o crear asociaciones público-privadas, el modelo de privatización se ha vuelto cada vez más atractivo para varios gobiernos estatales. Al contrario de la tendencia en Estados Unidos y Europa para eliminar la privatización de las prisiones, siete estados brasileños tienen ahora un total de veintidós prisiones privatizadas. Consideradas por sus proponentes como un medio de encarcelamiento más humano y económicamente más eficiente, argumentan que las cárceles privadas ofrecen condiciones más limpias, mejores servicios de salud y educación y “oportunidades de empleo”, es decir, mano de obra barata para las instalaciones de fabricación dentro de las cárceles. Mientras que la Constitución establece que ningún trabajador debe ganar menos del salario mínimo, los trabajadores penitenciarios ganan menos, no reciben beneficios y generalmente cuestan 54 por ciento menos que un trabajador no encarcelado. Los presos son seleccionados para cárceles privadas debido a su buen comportamiento y no conexión con facciones criminales para evitar actos de violencia generada por facciones criminales. Los críticos, como la ONG Juízes para a Democracia, consideran estas cárceles inconstitucionales, señalando que el sector privado no está interesado en procesos efectivos de rehabilitación, sino más bien en generar ganancias económicas. . El eslogan de una prisión recientemente inaugurada en el área metropolitana de Belo Horizonte es “Menos costo y mayor eficiencia”. Como en todos los complejos penitenciarios privatizados, entre mayor sea el número de prisioneros, mayor será el retorno de la inversión[4].
2) Audiencias de custódia: En un esfuerzo para reducir la población carcelaria y los detenidos en prisión preventiva, en el 2011 el senado brasileño aprobó una ley provisional que requiere que todo sospechoso sea llevado ante un juez dentro de las 24 horas de su arresto para determinar la legalidad de la detención y la conveniencia de prisión preventiva o de una alternativa. Las audiencias también se llevan a cabo para determinar si el detenido fue víctima de tortura o maltrato por parte del policía. Brasil es uno de los pocos países latinoamericanos que no ha adoptado audiencias de custodia según lo determinado por el Pacto de San José, del cual Brasil es signatario. Una evaluación del primer proyecto piloto de las audiencias de custodia, coordinado por el Instituto de Defensa de los Derechos de Defensa (Instituto de Defesa do Direitos de Defesa, IDDD) con la participación de investigadores y ONGs de otros ocho estados, concluyó que estas audiencias sólo produjeron una ligera reducción en el número de sospechosos enviados a prisión preventiva. Por otra parte, las condiciones incómodas en las que se realizaron las audiencias, como por ejemplo ante la presencia del policía quien efectuó la detención, generan poca confianza de que no habrán represalias por denuncias de maltrato o violencia. No obstante, los evaluadores concluyeron que las audiencias, de llevarse a cabo correctamente, constituirían un paso importante para reducir las violaciones de los derechos humanos dentro del sistema de justicia penal[5].
En el gobierno de Michel Temer, tras la destitución de la mandataria Dilma Rousseff, no hay seguridad de que los pocos avances logrados para mejorar el acceso a la justicia dentro del sistema de justicia penal (incluyendo los defensores públicos y las audiencias de custodia) continuarán. En el último mes, un juez de la corte de apelaciones de São Paulo anuló las sentencias condenatorias de varios miembros de la Policía Militar quienes habían sido condenados por la masacre de Carandiru en 1992, argumentando que los policías habían actuado en legítima defensa. Asimismo, el nuevo ministro de Justicia, Alexandre de Moraes, ha adoptado una clara postura de “ley y orden”, priorizando la lucha contra el crimen organizado y la seguridad fronteriza como estrategias para reducir los homicidios, en lugar del enfoque más multifacético propuesto por una red de investigadores y profesionales de seguridad pública del gobierno anterior. El Ministro ha afirmado que no se necesitan más investigaciones y diagnósticos; en su lugar, se utilizaran los recursos para la compra de equipo. En respuesta a los disturbios carcelarios en Roraima y Rondônia, Moraes minimizó el conflicto y afirmó que la ruptura era “mera fanfarronería”, una posición que ignora la grave realidad de la violencia carcelaria generada por facciones criminales y los abusos de los derechos humanos.
El personal de la Secretaría Nacional de Seguridad Pública dentro del Ministerio de Justicia ha experimentado un giro total, incluyendo la contratación de personal militar, no visto desde los años noventa. Y con el empuje por privatizar una serie de servicios públicos, la privatización de las cárceles será probablemente alentada. Ahora corresponde a las organizaciones de la sociedad civil aumentar la presión para garantizar que los pocos avances logrados en la última década no se reviertan.
