La Policía en México: Muchas Reformas, Pocos Avances

WOLA ha publicado un nuevo informe extenso titulado La Policía en México: Muchas Reformas, Pocos Avances (ahora disponible en español), que analiza las iniciativas para reformar las policías en las últimas dos décadas y examina por que, a pesar de varias iniciativas, la policía en México sigue siendo abusiva y corrupta. En el contexto de la crisis de seguridad que persiste en muchas partes de México, este informe argumenta que, el no fortalecer esfuerzos para asegurar que las policías rindan cuentas de sus acciones solamente perpetuará un patrón de abusos por parte de la policía, y fortalecerá un clima de desconfianza entre la policía y la población.

El estudio examina los cambios estructurales que se han hecho en el sistema de justicia penal en los últimos años, así como las iniciativas federales para apoyar la reforma policial a los niveles estatal y municipal, la depuración de todas las fuerzas policiales a través del sistema de evaluación y control de confianza y el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión, tales como las Unidades de Asuntos Internos. Aunque el presidente de México, Enrique Peña Nieto, ha prometido una nueva estrategia de seguridad, su gobierno ha mantenido en gran medida el modelo policial puesto en marcha por su antecesor, el presidente Felipe Calderón.

Este informe argumenta que, si bien se ha hecho mucho para reformar a la policía en México, establecer fuertes controles internos y externos sobre sus acciones no ha sido una prioridad para el gobierno mexicano. Esto ha significado que los agentes policiales acusados de irregularidades—desde la corrupción a las violaciones graves de derechos humanos—cuentan con pocos incentivos para cambiar sus acciones, porque saben que es poco probable que sean investigados y sancionados.

Asimismo, el informe de WOLA argumenta que urge una reforma policial integral para revertir la tendencia de utilizar a los militares en funciones de seguridad pública. El gobierno mexicano ha argumentado que es necesario utilizar las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública porque las fuerzas policiales son demasiado corruptas o mal entrenadas para poder enfrentar los altos niveles de crimen y violencia que se han visto en los últimos años. Sin embargo, la experiencia de México ha demostrado que desplegar los militares no puede ser un sustituto a la necesidad de construir fuerzas policiales que luchan contra el crimen con la confianza y cooperación de la población, y la militarización de la seguridad pública en el país ha resultado en un aumento dramático de violaciones a los derechos humanos por las Fuerzas Armadas mexicanas.

Siendo la fuerza mejor posicionada para retomar el papel que actualmente juegan los militares mexicanos en las zonas donde hay altos niveles de crimen y violencia, este informe tiene un enfoque especial en la Policía Federal. El gobierno mexicano ha presentado a la Policía Federal como una fuerza moderna, profesional y bien entrenada, la cual ha crecido bastante en los últimos años, pasando de 6.500 agentes en 2006 a 37.000 en 2012. Pero con las exigencias de mostrar resultados en los esfuerzos del gobierno mexicano de lucha contra el crimen organizado y en un ambiente tolerante de abusos, un incremento en el tamaño de la fuerza también resultó en altos números de violaciones de derechos humanos. En el 2006, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió 146 quejas de violaciones a los derechos humanos por parte de la Policía Federal; en 2012, ese número aumentó a 802. En el 2013, la CNDH emitió 14 recomendaciones sobre violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes de la Policía Federal. En un incidente en abril de 2013, agentes de la Policía Federal vestidos de civiles dispararon en contra de dos universitarios que manejaban en un coche en los alrededores de la Ciudad de México, matando a uno de los estudiantes.

Las casas del migrante en México han informado que los agentes de la Policía Federal abusan de los migrantes con mayor frecuencia. Una encuesta realizada por varias casas del migrante en diferentes estados de la República reveló que, en los primeros seis meses de 2013, agentes de la Policía Federal participaron en 59 casos de abusos en contra de los migrantes; esto representa el 35 por ciento de los casos de abusos por parte de autoridades mexicanas, más casos que cualquier otra agencia. En muchos de estos casos, los agentes de la Policía Federal subieron a autobuses de pasajeros comerciales, identificaron a los migrantes centroamericanos, y exigieron un pago, amenazando con entregar a los migrantes a las autoridades migratorias si no pagaban.

El informe también analiza la cooperación de Estados Unidos con México, trazando la evolución de la asistencia estadounidense a través de la Iniciativa Mérida a las policías de México desde su enfoque inicial en el equipo y la tecnología, incluyendo seis helicópteros Blackhawk, hasta su énfasis actual en el fortalecimiento institucional. Analizando la cooperación estadounidense a futuro, el informe advierte que, aunque apoyo en equipo y tecnología puede ayudar a lograr victorias tácticas a corto plazo, no va a contribuir a la construcción de las instituciones eficaces y respetuosas de los derechos humanos que México necesita. Mientras Estados Unidos determina con el gobierno mexicano la forma de asignar los US$900 millones de dólares restantes en fondos asignados a través de la Iniciativa Mérida hasta el 2013, el informe recomienda que el gobierno de Estados Unidos priorice los esfuerzos para fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas de la policía mexicana.

El informe afirma que, durante su sexenio, el presidente Peña Nieto tiene la oportunidad de cambiar el patrón de violaciones de derechos humanos por parte de la policía mexicana y centrarse en medidas para asegurar que las fuerzas de seguridad de México rindan cuentas por sus acciones. Señala que, de no hacerlo, perpetuará un círculo vicioso de abusos policiales y un clima de desconfianza entre la policía y la población. Finalmente, el informe da una serie de recomendaciones para el gobierno mexicano de acciones a tomar para fortalecer los esfuerzos de reforma policial, especialmente en el área de rendición de cuentas.