WOLA: Advocacy for Human Rights in the Americas
14 Jun 2017 | Análisis

Preocupaciones claves sobre la cumbre de Centroamérica en Miami

El 15 y 16 de junio, altos funcionarios gubernamentales de los Estados Unidos, México, El Salvador, Guatemala y Honduras se reunirán en Miami, Florida para discutir los desafíos económicos, de seguridad y de gobernabilidad que enfrentan los países del Triángulo Norte de Centroamérica, y el futuro del compromiso de los Estados Unidos hacia la región. La “Conferencia sobre Prosperidad y Seguridad en Centroamérica”, co-presidida por los gobiernos de los Estados Unidos y México, contará con la participación del Vicepresidente estadounidense Mike Pence, el Secretario de Estado Rex Tillerson, el Secretario de Seguridad Interna John Kelly, los presidentes de Guatemala y Honduras, el Vicepresidente de El Salvador y otros altos funcionarios regionales y miembros del sector privado.

WOLA (la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos), una organización líder en investigación e incidencia que promueve los derechos humanos en las Américas, resalta cuatro preocupaciones a considerar sobre la conferencia.

1. Aunque uno de los propósitos de la conferencia es reiterar la continuidad del compromiso del gobierno de los Estados Unidos con El Salvador, Guatemala y Honduras, el evento se realiza en un momento en el cual la administración de Trump ha propuesto recortes significativos en los niveles de asistencia para Centroamérica. La propuesta presupuestaria para el año fiscal 2018 (US$468 millones de dólares) presentada por la administración incluye un recorte de 39 por ciento de los niveles aprobados para el año fiscal 2016 ($750 millones de dólares) y de un 28 por ciento del monto aprobado recientemente para el año fiscal 2017 ($655 millones de dólares).

Por otra parte, la administración ha estado endureciendo su retórica sobre los migrantes centroamericanos llegando a la frontera y sobre las comunidades inmigrantes en los Estados Unidos. Por ejemplo, la administración ha señalado recientemente la posibilidad de no renovar el Estatus de Protección Temporal (Temporary Protected Status, TPS) para El Salvador y Honduras, lo cual genera serias preocupaciones sobre el futuro de más que 250,000 personas quienes llevan casi dos décadas viviendo y estableciendo familias en los Estados Unidos y que podrían ser deportadas a sus países de origen, los cuales carecen de la debida capacidad para recibir y reintegrar a esa cantidad de personas.

2. Un posible giro de la cooperación estadounidense hacia un enfoque más militarizado y centrado en la seguridad. La Estrategia de Acercamiento de los Estados Unidos en Centroamérica impulsada por la administración de Obama para atender los factores que llevan a la migración irregular reconoce, en principio, la necesidad de reducir la violencia, fortalecer las instituciones públicas, combatir la corrupción y expandir las oportunidades económicas. Bajo la actual administración existe el riesgo de regresar a un enfoque tradicional de asistencia en materia de seguridad. La propuesta presupuestaria de la administración de Trump incluye un recorte de 42 por ciento en asistencia económica y para el desarrollo, de aproximadamente $520 millones para el año fiscal 2017 a un poco más de $300 millones para el año fiscal 2018. De aprobarse, estos recortes tendrían un impacto grave en los programas dedicados a la prevención de violencia, la generación de oportunidad educativas y de empleo para jóvenes en riesgo y el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia en la región.

A su vez, la administración ha solicitado un incremento presupuestario para el Departamento de Defensa, lo cual podría resultar en un incremento del papel del Comando Sur en Centroamérica. Esto es particularmente preocupante dada la retórica del Secretario de Seguridad Interna Kelly, el anterior comandante del Comando Sur, quien en varias ocasiones ha caracterizado las causas de la violencia en Centroamérica como producto del narcotráfico: narrativa que no es respaldado por múltiples análisis y que ignora importantes matices sobre los desafíos de seguridad, corrupción e impunidad que socavan la gobernabilidad en la región.

Por otra parte, cabe resaltar la exclusión de la protección de los derechos humanos de la agenda y la falta de consulta y participación de la sociedad civil en la preparación de la cumbre y durante la misma. Diversas organizaciones trabajan en las comunidades más afectadas por la violencia, en temas relacionados con la migración y el desarrollo, cuya perspectiva y experiencia son importantes para el desarrollo de una estrategia integral y sostenible.

3. El rol sobredimensionado del Departamento de Seguridad Interna en discusiones y decisiones de política exterior que deben estar bajo el liderazgo del Departamento de Estado. El segundo dia de la cumbre, dedicado a definir la relación y política de seguridad de los Estados Unidos hacia Centroamérica, será liderado por el Secretario Kelly y tomará lugar en el Comando Sur, la sede de las operaciones militares de los EE.UU. en Centroamerica y America del Sur. No obstante, asuntos de la política exterior suelen estar dentro del ámbito del Departamento de Estado y los desafíos de seguridad ciudadana, corrupción y el Estado de derecho que enfrentan la región son asuntos mejor atendidos por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (United States Agency for International Development, USAID) y el Departamento de Estado. Es revelador que el Secretario de Estado Tillerson no estará presente para el segundo dia de la cumbre.

4. El papel de México como co-anfitrión de la conferencia genera preocupaciones sobre la creciente participación del país en el control de la migración desde Centroamérica. El gobierno de los Estados Unidos considera a México como un aliado importante en el control de migración de los países centroamericanos. Desde el 2014, y a petición de los Estados Unidos, México ha aumentado dramáticamente el control migratorio en México, de tal manera que en el año fiscal de 2015, funcionarios mexicanos detuvieron a más migrantes centroamericanos que los Estados Unidos. El aumento en el control migratorio en México bajo el Programa Frontera Sur ha resultado en un aumento alarmante en delitos y abusos contra migrante como robo, asalto sexual, extorsión y secuestro. Un informe de La 72 Hogar – Refugio para Personas Migrantes revela un número constante de crímenes contra los migrantes cometidos en la primera parte de su viaje a través del estado fronterizo de Tabasco. De 2015 a 2016, el albergue documentó que los secuestros y asaltos sexuales contra migrantes aumentaron más de 50 por ciento.

Por otro lado, México ha visto un aumento dramático en solicitudes de asilo, particularmente desde los países del Triángulo Norte y está implementando importantes medidas para aumentar la protección de personas solicitantes de asilo y refugiados. El gobierno mexicano ha puesto la migración, así como temas de seguridad, entre los temas que están en la mesa de negociación con los Estados Unidos en esta nueva etapa de su relación. Los compromisos que asume el gobierno mexicano en la cumbre darán señales claros de cómo va a posicionarse frente a los flujos migratorios en la región y en su relación con sus países vecinos.

Los expertos de WOLA en Centroamérica, seguridad ciudadana, México y migración realizaron una llamada de prensa el 13 de junio para discutir la conferencia en Miami y sus implicaciones sobre futuros compromisos de los Estados Unidos en la región. Para escuchar una grabación de esta llamada, haga clic aquí (solamente disponible en íngles).