El informe analiza el papel que las instituciones de seguridad pública y de justicia tanto en México como en Guatemala han jugado con respecto a la violencia contra la mujer. Si bien enfocarse únicamente en la justicia criminal no es suficiente para erradicar este flagelo, el sistema de justicia criminal tiene la obligación de garantizar el respeto de los derechos de las mujeres y su protección bajo la ley. “Las instituciones policiales y judiciales de México y Guatemala son débiles, ineficientes, y a menudo, corruptas. A esto se le suman los prejuicios hacia las mujeres dentro de las mismas instituciones, lo cual conlleva a silenciar y discriminar sistemáticamente a las mujeres,” declaró Adriana Beltrán, Titular del programa sobre violencia contra la mujer de WOLA.
La brecha entre la ley y su implementación es preocupantemente ancha, creando numerosas barreras para que mujeres víctimas de violencia logren acceder a la justicia. Las autoridades son incapaces de realizar investigaciones efectivas y por consiguiente de sancionar a los responsables, tienden a culpar a la víctima y a restarle importancia a los actos de violencia contra la mujer como crímenes serios. En algunos casos, leyes anacrónicas permanecen en los códigos. La poca prioridad otorgada a la problemática se ve reflejada en los escasos recursos, equipo y capacitación proporcionados a la policía e instituciones judiciales para prevenir y combatir este flagelo.
“La ausencia de medidas judiciales efectivas ha colocado a las mujeres en una situación de mayor vulnerabilidad y riesgo,” señaló Maureen Meyer, Analista para México y Centroamérica de WOLA. Desde el 2001, más de 2,500 mujeres han sido brutalmente asesinadas en Guatemala. En México, más de 6,000 muertes de mujeres y niñas han sido reportadas entre 1999 y el 2005.
“La continua desaparición y asesinato de mujeres no deben ser consideradas como incidentes aislados. Los asesinatos son en parte, el resultado de la tolerancia gubernamental y social hacia la violencia contra la mujer, y de un sistema de justicia criminal que ha mostrado poca capacidad y voluntad para garantizar a las mujeres un acceso pleno a la justicia y protección bajo la ley,” señaló Beltrán.
“Cambiar la situación requerirá de un esfuerzo serio y concertado para reformar y fortalecer las instituciones de seguridad pública y judiciales de ambos países,” declaró Meyer. El mejorar la respuesta de los estados hacia la violencia contra la mujer requerirá de cambios en cada paso del proceso de la justicia criminal.
Estados Unidos puede jugar un papel clave en apoyar esfuerzos por combatir la violencia contra la mujer en México y Guatemala y ayudar a ponerle fin a esta terrible tragedia. En mayo de 2006, fueron adoptadas las resoluciones bipartidistas de la Cámara, resolución 90, y del Senado, resolución 16, condenando las muertes violentas de mujeres en el Estado de Chihuahua, México. En enero de 2007, la Representante Hilda Solís (D-CA) introdujo la resolución 100, una resolución bipartidista que condena los asesinatos de mujeres en Guatemala y recomienda pasos concretos que las autoridades estadounidenses y guatemaltecas pueden adoptar para resolver estos crímenes y asistir a las familias de las víctimas. “Mediante su firme apoyo a la resolución, Miembros del Congreso pueden contribuir a forjar el camino para la adopción de pasos concretos que puedan contribuir a apoyar a las familias de las víctimas en su búsqueda por la justicia,” declaró Beltrán, “y a su vez puedan resolver algunos de los problemas más profundos que han permitido que la mayoría de los miles de asesinatos de mujeres en Guatemala permanezcan en la impunidad”.
La resolución fue introducida con el apoyo del líder del Comité de Relaciones Internacionales, el representante Tom Lantos (D-CA), el líder y miembro de mayor categoría del Subcomité para el Hemisferio Occidental, los representantes Eliot Engel (D-NY) y Dan Burton (R-IN), y la Representante Barbara Lee (D-CA), miembro del Subcomité sobre Operaciones del Estados, Extranjeras y Programas Relacionados.