(AP Photo/Salvador Melendez)

18 Dec 2020 | Pronunciamiento conjunto

Implementación de Acuerdo de Cooperación de Asilo (ACA) en El Salvador vulnera derechos de las personas migrantes

En conmemoración del Día Internacional de la persona migrante, las organizaciones aquí firmantes, con base en Estados Unidos (EEUU) y Centroamérica, rechazamos enérgicamente la implementación del Acuerdo de Cooperación de Asilo (ACA) entre El Salvador y Estados Unidos. La decisión de implementar el ACA en El Salvador, que se negoció con falta de transparencia y bajo cuestionamientos de constitucionalidad, resultará en violaciones flagrantes a los derechos humanos de las personas migrantes y vulnerara acuerdos internacionales de los cuales ambos países son parte.

El día 15 de diciembre, el Departamento de seguridad nacional de EEUU (DHS) anunció que en su visita a El Salvador el Secretario interino Chad F. Wolf quien encabeza la agencia, finalizó los planes previstos para implementar ACA, un acuerdo que inicialmente fue firmado en septiembre de 2019 entre los poderes Ejecutivos de ambos países. Bajo el acuerdo, algunas personas migrantes no salvadoreñas que lleguen a la frontera sur de EEUU para solicitar protección humanitaria serán transferidas a El Salvador para pedir asilo en ese país. Detalles sobre la implementación no se han hecho información pública.

El día 2 de diciembre, Organizaciones de Sociedad Civil aliadas presentaron una acción de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra del acuerdo firmado entre El Salvador, y EEUU argumentado que el acuerdo “carece de efectos jurídicos por ser violatorio de la integridad del territorio nacional, la soberanía y los derechos humanos de todas las personas solicitantes de asilo, refugio y protección.” Coincidimos en la denuncia contra políticas que prevalecen en la región “centradas principalmente en un enfoque de seguridad nacional sobre la seguridad humana […] prevaleciendo intereses económicos binacionales sobre por encima de la vida y dignidad de cientos de miles de personas [migrantes].”

En consonancia con las recomendaciones de la CIDH tras su visita in loco a El Salvador en 2019, refutamos la aplicación de esta medida política como reconocimiento del país como un “país seguro,” y legitimando así la política impulsada por la administración de Donald Trump. Según la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en el 2018 la nacionalidad con el número más alto de solicitudes de asilo pendientes en los Estados Unidos era El Salvador. Cada año siguen huyendo decenas de miles de personas de El Salvador en busca de asilo por las condiciones de inseguridad. Es un pais que en los ultimos años ha liderado en números de feminicidios en la región, con altos indices de violencia contra mujeres cis y transgénero y contra la comunidad LGBTI en general.

Incluso, las denuncias a nivel nacional e internacional sobre las crecientes violaciones de derechos humanos, negociaciones secretas con pandillas y ataques a instituciones garantes de transparencia gubernamental, es imposible tener confianza en las reclamaciones que El Salvador pueda servir como un lugar de protección para personas solicitantes de asilo en condición de vulnerabilidad.

Reconocemos que esta política impuesta por el gobierno de Trump en los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras es otro ataque hacia los derechos de personas en búsqueda de asilo. Reiteramos que la implementación de los ACAs es contraria a las obligaciones internacionales de los Estados implicados como lo ha evidenciado el reporte de Refugees International sobre la implementación del acuerdo con Guatemala en Noviembre de 2019 que resultó en la transferencia de 939 personas de El Salvador y Honduras, mayormente mujeres y niñez y solo el 2 por ciento sometieron aplicaciones de asilo en Guatemala, poniendo en evidencia que el ACA “ha sido implementado de una manera que obliga efectivamente a las personas a abandonar sus reclamos”. En la práctica, no existe intención de transferir a las personas migrantes a otro país seguro por lo que rechazamos enérgicamente el racismo y el nativismo que realmente impulsan estas políticas. Hacemos un llamado hemisférico para plantear una nueva visión de cooperación basada en la dignidad y el bienestar de cada ser humano.

Hacemos un llamado a funcionarios estadounidenses a pronunciarse en contra de estos acuerdos e instamos al presidente electo Joe Biden a que ponga fin a estos acuerdos de Tercer País Seguro en toda la región de Centroamérica, que actúe inmediatamente para restaurar el sistema de asilo y que base toda su política migratoria en pleno respecto para los derechos humanos de las personas migrantes.

Organizaciones Firmantes,

El Salvador:
SHARE Foundation
Red Jesuita con Migrantes
Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones capítulo El Salvador
Casa del Migrante Scalabrini El Salvador
Soleterre Strategie di Pace ONLUS
Sínodo Luterano Salvadoreño
Asociación Casa Abierta
Red RAMA
Comisión de Justicia, Paz e Integridad de la Creación-CONFRES
Asociación Comunicando y Capacitando Mujeres Trans en El Salvador -COMCAVIS TRANS
Instituto Salvadoreño de la Persona Migrante
Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho – FESPAD.

Guatemala:
Asociación Pop No’j
Casa del Migrante Scalabrini, Guatemala

Estados Unidos:
Comité en solidaridad con el pueblo de El Salvador (CISPES)
InterReligious Task Force on Central America and Colombia (IRTF Cleveland)
Justice in Motion
Latin America Working Group (LAWG)
Mennonite Central Committee U.S. Washington Office
Unitarian Universalist Service Committee
Witness at the Border
CARECEN – Los Angeles
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
Center for Gender & Refugee Studies
Network in Solidarity with the People of Guatemala
School of the Americas Watch
Denver Justice and Peace Committee (DJPC – Denver, Colorado)
La red de Ciudades Hermanas El Salvador – Estados Unidos

Canada:
Projet Accompagnement Québec-Guatemala
Regional:
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
American Friends Service Committee (AFSC)
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derechos