(AP Photo/Moises Castillo)

19 May 2021 | Pronunciamiento conjunto

La ley de ONG de Guatemala facilita la vulneración de los derechos humanos y el debilitamiento de la democracia

Organizarse en un entorno libre y seguro fortalece la democracia

Guatemala, 19 de mayo de 2021- Las organizaciones firmantes manifestamos nuestra preocupación por la vulneración de los derechos fundamentales que pueden surgir ante la inminente entrada en vigencia de la reforma a la Ley de Organizaciones No Gubernamentales (Ley de ONG) y al Código Civil (Decreto Ley 106), avalada recientemente por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala.

Desde su aprobación en el 2020, en concordancia con lo manifestado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala (ACNUDH), señalamos nuestro rechazo a estas reformas, al considerar que las mismas son contrarias a estándares internacionales sobre derechos humanos y obligaciones internacionales del Estado de Guatemala. Las reformas duplican los mecanismos de fiscalización para las organizaciones (que ya existen), promueven procesos de criminalización de sus integrantes y limitan derechos como la libertad de asociación, la libertad de expresión, el debido proceso y el derecho de defensa, entre otros.

Las organizaciones no gubernamentales trabajan para mejorar las condiciones de vida, exigir el respeto de los derechos humanos, informar sobre la utilización de los recursos públicos, denunciar los abusos de poder y, además, mantienen un diálogo necesario entre la ciudadanía y sus representantes. Las ONG trasladan esa voz colectiva, muchas veces ignorada, de personas que se organizan en la búsqueda de justicia social, una voz que muchas veces resulta incómoda para aquellos a quienes critica, denuncia y señala. Las experiencias en otros países que han implementado legislaciones antidemocráticas, que restringen los derechos de las organizaciones y quienes las integran, como Nicaragua, Egipto o Venezuela, demuestran que las mismas son un desincentivo para las organizaciones y que, eventualmente, se utilizan como un instrumento para atacarlas y extinguirlas bajo interpretaciones arbitrarias que sólo responden a los gobiernos de turno.

En uno de los países con los índices más altos de corrupción y desigualdad, que responden a cuestiones históricas y estructurales, es indispensable promover la organización e incentivar la participación efectiva de sus habitantes en la construcción de una sociedad más justa y democrática. Por ello, las organizaciones firmantes respaldamos el trabajo que realizan las ONG guatemaltecas e instamos al Estado de Guatemala a garantizar el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión, asociación y defensa de derechos humanos y a orientar sus iniciativas, políticas y leyes de manera que reflejen un mayor respeto por los derechos humanos y promuevan un ambiente seguro para que las ONG puedan continuar realizando esa valiosa labor.

Organizaciones firmantes
Abogados sin fronteras Canadá (ASFC)
American Jewish World Service (AJWS)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho
Impunity Watch (IW)
Latin American Working Group (LAWG)
Protección Internacional Mesoamérica
Plataforma internacional contra la impunidad (PICI)
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)