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WOLA: Los gobiernos de EE.UU. y Cuba deben centrar sus acciones en responder a las necesidades del pueblo cubano y proteger sus derechos

WOLA

por WOLA

Durante más de 50 años, WOLA ha trabajado a favor de una política exterior estadounidense en la región enfocada en los derechos humanos y los valores democráticos, al tiempo que ha denunciado las violaciones a los derechos humanos cometidas por gobiernos de la región, en ocasiones con el apoyo y financiamiento de Estados Unidos. Nuestro trabajo sobre Cuba ha consistido en incidir a favor del levantamiento del embargo estadounidense, la protección de los derechos humanos y la liberación de presos políticos, y en promover el diálogo diplomático, además de hacer un llamado para quitar a Cuba de la Lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo. Estamos profundamente preocupados por las múltiples crisis que enfrenta actualmente la isla.

Cuba lleva muchos años atravesando una profunda crisis humanitaria con un impacto devastador sobre el pueblo cubano. Décadas de fracasos de la política económica del régimen cubano, a lo que se suman sanciones perjudiciales impuestas por Estados Unidos, han agravado la escasez de combustible, alimentos, medicamentos y otros bienes, lo que ha llevado al Secretario General de la ONU a expresar su preocupación por un posible «colapso» humanitario si la situación no cambia.

Esta crisis humanitaria se ha agravado debido a las recientes acciones de Estados Unidos. El 29 de enero, la administración Trump emitió una orden ejecutiva que impone aranceles a cualquier país que venda o suministre petróleo a Cuba, directa o indirectamente. Si bien en las últimas semanas la administración cedió parcialmente, permitiendo a empresas estadounidenses vender petróleo al sector privado en Cuba, ello representa apenas una gota en el océano frente a las necesidades del país. Las Naciones Unidas han advertido que la incapacidad de la isla para importar combustible ha desencadenado una crisis energética.

En los últimos años, la población cubana ha respondido al agravamiento de las dificultades económicas y al aumento de la represión con sus pies, dando lugar a una ola migratoria que la periodista cubana Rachel Pereda describió como la «Generación Caminante». Más de un millón de personas han abandonado la isla desde 2021. En 2025, las personas cubanas fueron el tercer grupo más numeroso en solicitar asilo en todo el mundo.

Aunque la migración ha aumentado entre quienes cuentan con los medios económicos suficientes para salir de la isla, la mayoría busca ahora protección en otros países de América Latina o en España, ya que migrar a Estados Unidos ha dejado de ser una opción viable. Además de poner fin al asilo en la frontera entre Estados Unidos y México, la administración Trump ha eliminado las vías legales abiertas para las personas cubanas durante la administración Biden, dejando a más de 500.000 personas cubanas en Estados Unidos en riesgo de detención y deportación.

La población cubana que permanece en la isla no sólo enfrenta una grave situación humanitaria, sino también violaciones a muchos de sus derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la protesta pacífica, la libertad de expresión y el debido proceso. En una audiencia celebrada el 10 de marzo de 2026 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organizaciones cubanas de derechos humanos, junto con Amnistía Internacional, denunciaron la represión continua en el país, la muerte en prisión de 46 manifestantes detenidos en el contexto de las protestas del 11 de julio de 2021 por falta de atención médica, y el carácter selectivo y opaco de la liberación de más de 500 presos a principios de 2025, algunos de los cuales han sido forzados al exilio o encarcelados nuevamente. Con anterioridad, el 13 de febrero de 2026, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH emitió un comunicado en el que condenó «la nueva ola de represión estatal en Cuba contra periodistas y ciudadanos que ejercen legítimamente sus derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica». Según distintas ONG y sus diversas metodologías, el número de personas detenidas por razones políticas oscila entre 754 y 1.214. Esta es la cifra más alta de presos políticos documentada en las Américas. Tras conversaciones con el Vaticano, el gobierno cubano anunció la liberación de 51 presos en los próximos días. Como han señalado personas defensoras de derechos humanos cubanas, este proceso debe ser transparente y respetar los estándares internacionales, incluidas las garantías de no repetición.

En medio de las tensiones bilaterales con Estados Unidos, el presidente cubano Díaz-Canel confirmó el 13 de marzo que funcionarios de ambos países han mantenido conversaciones. En televisión nacional, afirmó que los diálogos tenían como objetivo «identificar cuáles son los problemas bilaterales que necesitan una solución». La confirmación se produce tras las declaraciones del presidente Trump en las últimas semanas, en las que señaló que se estaban celebrando conversaciones, aparte de sus comentarios en una conferencia de prensa el 9 de marzo, en los que sugirió que podría o no haber una «toma de control amistosa» de Cuba.

Si bien el camino a seguir entre ambos gobiernos sigue siendo incierto, el pueblo cubano continúa cargando con el peso de sus políticas y decisiones. Responder a sus necesidades y respetar sus derechos debe estar en el centro de las acciones de ambos gobiernos.

La población cubana debe poder ejercer sus derechos libremente, incluidos sus derechos a la participación política, y las políticas de represión y censura del gobierno cubano deben cesar. Al mismo tiempo, la política estadounidense hacia Cuba, centrada en medidas coercitivas como el embargo y otras sanciones, está desactualizada y no ha logrado los objetivos planteados, mientras causa un daño severo. Como expresó la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en relación con las recientes restricciones petroleras de Estados Unidos, «los objetivos políticos no pueden justificar acciones que, en sí mismas, violan los derechos humanos.»

Es el pueblo cubano, con el apoyo concertado de la comunidad internacional, quien debe determinar su futuro y ser parte central de cualquier diálogo bilateral. WOLA reafirma su compromiso con la promoción y garantía de los derechos humanos de todas las personas cubanas, así como con una política exterior estadounidense basada en principios democráticos y no en medidas punitivas, como la mejor vía para impulsar la reforma política en Cuba.

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