Este artículo es el tercero de una serie sobre la necesidad de reformas policiales en el hemisferio. WOLA aboga por la existencia de fuerzas policiales civiles que avancen la seguridad ciudadana y que protejan los derechos humanos, y por esfuerzos que dignifiquen los hombres y mujeres quienes sirven.
Dennis Alexander Martínez Hernández tenía apenas veinte años de edad cuando fue asesinado por miembros de una unidad especializada de la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador en Marzo de 2015. Un empleado de la finca San Blas, ubicada a 20 millas de San Salvador, Martínez fue uno de ocho individuos asesinados, incluyendo una niña de dieciséis años de edad, en lo que la PNC afirmó fue un enfrentamiento entre la policía y un grupo delictivo.
Una investigación publicada en julio de 2015 por el medio salvadoreño El Faro levantó preguntas sobre lo sucedido en San Blas. En abril de 2016, David Morales, quien hasta hace poco fue titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), presentó los resultados de una investigación de nueve meses sobre el caso de San Blas. La PDDH concluyó que Martínez y Sonia Esmeralda Guerrero, la niña de 16 años, fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales por parte de la policía, y que había evidencia suficiente para presumir que los otros seis también fueron ejecutados sumariamente durante la operación. En su informe, la PDDH señaló que la escena del crimen había sido manipulada y apuntó a la posibilidad de un encubrimiento por superiores de la policía. El Procurador también denunció la falta de cooperación de oficiales de seguridad y justicia en su investigación.
En julio, cuatro meses después del informe de la PDDH y un año después del artículo de El Faro, el Fiscal General Douglas Meléndez acusó a nueve miembros del Grupo de Reacción Policial (GRP) en conexión con los asesinatos de San Blas. El caso de la fiscalía es limitado en que sólo se refiere a la muerte de Martínez y no aborda las otras violaciones, incluso la ejecución de Guerrero y las muertes de los otros seis, la manipulación de la evidencia y otras inconsistencias. No obstante, es un paso positivo en la lucha contra la mala conducta y abusos policiales, los cuales con frecuencia han sido recibidos con indiferencia.
Las detenciones se llevaron a cabo una semana después de que el Inspector General de Seguridad Pública afirmara que los oficiales no habían actuado fuera de la ley. Tras las detenciones, funcionarios del gobierno expresaron su apoyo a los miembros de la polícía. “La estamos apoyando (a la Policía) y la vamos a seguir apoyando, porque es la estructura que está en la primera trinchera de combate y enfrentamiento de las pandillas”, dijo el Vicepresidente Óscar Ortiz en respuesta a las detenciones. El Ministro de Justicia y Seguridad Pública Mauricio Ramírez Landaverde insistió en la versión del incidente de la PNC, manteniendo que los agentes del GRP “actuaron bajo órdenes” y “en cumplimiento de su deber”.
El caso de San Blas no es el único ejemplo de un creciente y profundamente alarmante patrón de abusos policiales y limpieza social en El Salvador. Según el Morales, la PDDH ha identificado un “patrón de violencia” que incluye asesinatos por grupos de exterminio y ejecuciones extralegales por parte de miembros de las fuerzas de seguridad. Actualmente, su oficina está investigando 161 homicidios atribuidos a grupos de exterminio y 119 posibles ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de las fuerzas de seguridad entre 2013 y 2016, además de 4 casos de desapariciones forzadas perpetradas por fuerzas de seguridad. En lo que va del año, once miembros de la policía han sido detenidos por supuestos vínculos a grupos de exterminio o sicarios pandilleros, incluyendo las detenciones de cinco policías y cinco civiles en julio por su supuesta participación con un grupo de exterminio vinculado a los asesinatos de cuarenta presuntos pandilleros.
Con más de 6,600 homicidios registrados, El Salvador se convirtió en el país más violento del mundo en 2015. No hay duda de que las pandillas en El Salvador perpetúan una porción significativa de esta violencia, como se puede ver en la dramática disminución de homicidios entre abril de 2012 y junio de 2013, durante la tregua entre pandillas rivales. En comunidades marginalizadas bajo el control de las pandillas, casi nadie se escapa sin ser afectado por la violencia, sin embargo, está afecta significativamente a hombres jóvenes. Según un informe de UNICEF de 2014, El Salvador tuvo la tasa de homicidios de niños y adolescentes más alta del mundo, con 27 homicidios por cada 100,000 habitantes; para niños y adolescentes masculinos, la tasa era 40—también, la más alta del mundo.
En enero de 2015, el gobierno salvadoreño anunció el programa “El Salvador Seguro”, una estrategia de seguridad ambiciosa y comprehensiva, de cinco años y que cuesta US$2.1 mil millones. La estrategia da prioridad a programas de prevención de la violencia, rehabilitación, educación y de formación en las zonas más violentas del país, así como el fortalecimiento del Estado de derecho. El plan es bueno. En la práctica, sin embargo, parece que las autoridades salvadoreñas están priorizando una política de mano dura, creando batallones antipandillas como las Fuerzas Especiales de Reacción (FER) y desplegando una nueva, fuertemente armada fuerza militar a las áreas rurales para combatir las pandillas.
Estas medidas han resultado en un creciente número de enfrentamientos entre presuntos miembros de las pandillas y las fuerzas de seguridad. Según el Director de la PNC Howard Cotto, en lo que va del año 318 pandilleros han sido asesinados y 152 detenidos en 316 enfrentamientos con la policía. Un informe de prensa en junio fijó la cifra en 346 pandilleros asesinados, señalando que los enfrentamientos se han incrementado después del despliegue de las Fuerzas Especiales de Reacción el marzo pasado. (Aunque cifras oficiales no están disponibles, un informe sugirió que 17 policías habían sido asesinados desde enero a junio de este año, un marcado contraste que deja claro que la policía tiene la ventaja en la mayoría de estos enfrentamientos.)
Está por verse si la estrategia de mano dura del gobierno en realidad puede reducir las muertes relacionadas con las pandillas. A partir de agosto de 2016, la PNC había registrado un total de 3,542 homicidios. Aunque este solo es siete menos que el mismo periodo del año pasado, el gobierno ha argumentado que, por primera vez después de la tregua controversial, la tasa de homicidios ha dejado de crecer, un cambio que el Vicepresidente Ortíz atribuyó a la estrategia de seguridad del gobierno y las “medidas extraordinarias” contra las pandillas.
Aunque no está claro el impacto de las tácticas agresivas de seguridad sobre los índices de criminalidad, hay consecuencias severas en los crecientes informes sobre abusos de derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales, planteando serias preocupaciones sobre la política de “disparar primero y preguntar después” y la falta de acción por parte del gobierno salvadoreño para refrenar el abuso policial.
No cabe duda de que El Salvador está experimentado una grave crisis de seguridad, con niveles de violencia que no se habían visto desde la época de la guerra civil. A menudo, la policía está bajo una grave presión para responder, exponiéndose a diversos riesgos. A su vez, hay poca simpatía por parte de la población sobre la muerte de presuntos pandilleros a manos de la policía. Pero a lo largo del hemisferio, desde Brasil a los Estados Unidos y a El Salvador, la experiencia ha demostrado las serias consecuencias de hacerse la vista gorda a situaciones generalizadas de abuso y mala conducta policial.
Hay pasos que el gobierno salvadoreño puede y debe tomar para responder al abuso de la policía, aún mientras responde a la violencia de las pandillas. Según Morales, la reemergencia de los grupos de exterminio y la perpetuación de abusos de derechos humanos por parte de miembros de las fuerzas de seguridad es alimentada por la falta de controles internos, e instituciones de seguridad y justicia débiles que permiten que los abusos sean tolerados y queden en la impunidad. Oficiales de la policía y la fiscalía deben investigar exhaustivamente los casos de posibles ejecuciones extrajudiciales que han salido a la luz en los últimos meses. Adicionalmente, es clave que la PDDH, bajo el nuevo procurador, siga con sus investigaciones y monitoreo independiente.
Más allá de investigación, el poder evitar la perpetración de estos perturbadores incidentes requiere de un compromiso profundo con el fortalecimiento y la reforma institucional, y por mejorar las relaciones con la comunidad, así como el compromiso de establecer mecanismos eficaces de rendición de cuentas para garantizar que agentes de la policía están realizando su difícil labor en cumplimiento con la ley y respetando los derechos humanos.
