La administración Bush anunció el día de hoy sus decisiones de "certificación," un proceso mediante el cual juzga los esfuerzos antinarcóticos de los principales países productores o traficantes de drogas ilícitas. Los países que se vean descertificados enfrentan una serie de sanciones, incluyendo la supresión de la mayor parte de la ayuda extranjera estadounidense no relacionada directamente con programas antinarcóticos o ayuda humanitaria.
Tanto Guatemala como Haiti fueron descertificados, aunque las sanciones en contra de los mismos fueron suspendidas por razones de seguridad nacional.
Los problemas de corrupción en Guatemala y Haití merecen una atención seria por parte de la administración Bush. En Guatemala, evidencia sugiere la existencia de grupos clandestinos vinculados con miembros de las fuerzas de seguridad y del gobierno, los cuales participan en una serie de actividades criminales, incluyendo el tráfico de drogas ilícitas. Asimismo, son responsables por el incremento de violaciones de derechos humanos durante el curso del año pasado. La protección de los derechos humanos en Guatemala requiere que el gobierno guatemalteco investigue, desmantele y sancione a estos grupos clandestinos. Sin embargo, el gobierno guatemalteco todavía no ha enfrentado adecuadamente este problema. Según la oficial del programa sobre Guatemala de WOLA, Adriana Beltrán, "El gobierno guatemalteco tiene que ser presionado sobre sus lazos con grupos clandestinos involucrados en el tráfico de drogas ilícitas y abusos de derechos humanos. De hecho, la administración ha apoyado politicamente la creación de una comisión investigadora para examinar el papel de grupos armados ilegales en Guatemala. Aplaudimos este tipo de esfuerzos para mantener los pies del gobierno guatemalteco sobre la llama. Pero la descertificación de Guatemala no es la solución."
La certificación no es el instrumento correcto para enfrentar la corrupción del narcotráfico y los lazos oficiales con los grupos clandestinos. "La certificación secuestra éste y otros asuntos de la política exterior al tema de la droga," declaró el director ejecutivo de WOLA, Bill Spencer. "No es una herramienta eficaz del control de drogas. Permite al gobierno estadounidense culpar a otros países por nuestra incapacidad de reducir significativamente la demanda de drogas en nuestro propio país."
La administración Bush debe enfrentar directamente los severos problemas de Guatemala sin tener que depender del proceso de "certificación" antidrogas. Una presión constante por parte de los Estados Unidos y organismos internacionales es necesaria para alentar al gobierno guatemalteco a investigar, desmantelar y sancionar a los grupos criminales y a los funcionarios del gobierno ligados a ellos. El gobierno EE.UU. debe empujar a los bancos multilaterales a condicionar préstamos al gobierno guatemalteco en base a acciones decesivas en contra de los grupos clandestinos. Igualmente, el gobierno EE.UU.debe mantener la prohibición existente concerniente a la Asistencia Military Extranjera y al Programa de Educación y Entrenamiento Militar Internacional (IMET, por sus siglas en inglés). Asimismo, el gobierno EE.UU. debe continuar revocando las visas de miembros de las fuerzas armadas o del gobierno guatemalteco quienes se cree están involucrados en violaciones de derechos humanos u otras actividades ilícitas.
Según Spencer, "El gobierno EE.UU. debe crear una nueva política de control de drogas que promueva una verdadera alianza con otros países, detenga los efectos corosivos del narcotráfico en las instituciones democráticas en todo el hemisferio, y adopte el principio primordial de que el control de drogas comienza en casa."
Comunicado de Prensa
Para uso Inmediato
Para mayor información llame a:
Adriana Beltrán o Laurie Freeman (202) 797-2171
31 de enero del 2003
