por WOLA
2 de junio de 2026
Ante la ausencia de un poder judicial independiente en Venezuela y la falta de voluntad del Estado para investigar y sancionar estas conductas, el equipo de InterJust presentó en junio de 2023 una denuncia penal ante un tribunal federal argentino contra 14 oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) por presuntos crímenes de lesa humanidad. Ello en virtud del principio de jurisdicción universal, reconocido en el ordenamiento jurídico argentino, que habilita a los tribunales nacionales a ejercer competencia sobre crímenes internacionales de la mayor gravedad —independientemente del lugar de comisión y de la nacionalidad de los imputados o las víctimas— cuando el Estado territorial carece de voluntad o capacidad para investigarlos y sancionarlos. Es en este marco que se tramita hoy la solicitud de extradición del excoronel Verdú Torrelles, quien fuera segundo comandante del Destacamento de Seguridad Urbana (Desur) de Tocuyito, estado Carabobo, y quien actualmente se encuentra en España.
Entre las víctimas de estos hechos se encuentra Geraldin Moreno Orozco, estudiante y deportista de 23 años, asesinada por agentes de la GNB en febrero de 2014 mientras participaba en una protesta en Carabobo. Su madre, Rosa Orozco, lleva más de doce años exigiendo que su muerte no quede impune. Este proceso representa, para ella y para las familias de las víctimas, mucho más que un trámite legal: es el reconocimiento de que sus seres queridos murieron en manos de agentes del Estado y que éste no puede perpetuar el silencio indefinidamente.
Venezuela es el único país de las Américas con una investigación abierta ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. La Misión Independiente de Naciones Unidas para la Determinación de los Hechos sobre Venezuela ha documentado graves violaciones a los derechos humanos cometidas desde 2014, y en su informe de 2025 sobre el rol de la GNB menciona explícitamente al excoronel Ephraín Enrique Verdú Torrelles. Esta acumulación de evidencia internacional no hace sino subrayar lo que las víctimas venezolanas llevan años denunciando: que los crímenes cometidos contra ellas fueron sistemáticos, y que sus autores continúan gozando de impunidad.
Los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Este principio, consagrado en el derecho internacional, existe precisamente para que el paso del tiempo no se convierta en un escudo para quienes perpetraron las violaciones más graves contra la dignidad humana. Venezuela necesita transitar hacia un proceso genuino de reinstitucionalización democrática, y ese proceso exige el desmantelamiento del aparato represivo que hizo posibles estos crímenes. Sin verdad ni responsabilidades esclarecidas, y sin garantías de no repetición, lo que se ofrece no es reconciliación sino olvido impuesto, que lejos de cerrar heridas, las perpetúa.
La jurisdicción universal es un mecanismo extraordinario que se activa raramente, lo que hace que cada caso sea, en sí mismo, un hito. El proceso que hoy avanza en Argentina —y cuya suerte depende de la cooperación de España— es una de esas contadas oportunidades en que la comunidad internacional honra su compromiso con las víctimas. No debe desaprovecharse.
WOLA insta a las autoridades competentes de España a conceder la solicitud de extradición de Verdú Torrelles y a cooperar plenamente con el proceso judicial en curso. Instamos asimismo a Argentina a proceder con plenas garantías judiciales y del debido proceso. El camino hacia la justicia para las víctimas venezolanas es largo, pero cada paso cuenta.
