(AP Photo/ Oliver de Ros)
(AP Photo/ Oliver de Ros)
Washington, DC—El martes, 11 de febrero, el Congreso de Guatemala utilizó tácticas furtivas para aprobar la iniciativa 5257 que reforma la Ley de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) para el Desarrollo. Las reformas introducidas le otorgan al Estado capacidades para vigilar e intervenir a las ONG y le atribuye la facultad de poder cancelar el registro de cualquier organización que “altere el orden público”. A su vez, establece sanciones civiles y penales a sus directivos y asociados, y restricciones al financiamiento internacional, entre otras medidas. Las reformas afectarían a toda forma de organización, incluyendo asociaciones deportivas, religiosas e incluso empresariales constituidas con acciones.
“La nueva Ley de ONGs es un claro atentado contra la libertad de asociación, reunión y expresión”, señaló Adriana Beltrán, directora del programa de seguridad ciudadana de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés). “Las reformas pueden resultar en el cierre de espacios cívicos importantes y la suspensión o cancelación de manera discrecional de organizaciones que defienden los derechos humanos, apoyan el combate a la corrupción, y trabajan por una mayor rendición de cuentas de parte de las instituciones gubernamentales”.
Según informes, el día de ayer, las bancadas oficialistas usaron artimañas para llevar la propuesta a debate. Dichas bancadas utilizaron una moción introducida para alterar el orden del día y poder discutir medidas frente al brote de coronavirus para en vez introducir la iniciativa 5257 en la agenda. La controversial Ley de ONGs fue presentada originalmente en marzo del 2017, y la legislatura pasada había intentado su aprobación como parte de un paquete de leyes regresivas para contrarrestar la lucha contra la corrupción e impunidad.
“La nueva ley ataca uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia: la sociedad civil”, dijo Beltrán. “Las restricciones que introduce la nueva ley contravienen derechos constitucionales y las obligaciones internacionales de derechos humanos asumidas por el Estado de Guatemala. Hacemos un llamado al presidente Giammattei a vetar la ley y garantizar el espacio de participación y organización de la sociedad civil organizada”.
Desde la introducción de la iniciativa 5257, diversos organismos internacionales y organizaciones locales se han pronunciado en contra de la ley y los riesgos que representa su aprobación. De hecho, analistas señalan que la normativa vigente a la que organizaciones no gubernamentales ya están sujetas contienen requisitos suficientes para inscribir y desarrollar su trabajo y para asegurar el manejo adecuado de fondos públicos cuando este sea el caso.
