El 8 de mayo, el Congreso de Honduras aprobó una ampliación de 45 días del nuevo Código Penal, por lo que la nueva normativa está programada a entrar en vigor el 25 de junio. El código ha sido cuestionado por la sociedad hondureña y organismos internacionales debido a que debilita la efectiva persecución penal de delitos de corrupción, narcotráfico y violencia sexual y contiene disposiciones que limitan los derechos fundamentales de la ciudadania. En reacción, Adriana Beltrán, directora del programa de seguridad ciudadana en WOLA, emitió el siguiente pronunciamiento:
“El nuevo Código Penal no refleja los legítimos reclamos de la sociedad hondureña, ni responde a las serias preocupaciones expresadas por organizaciones de la sociedad civil, las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y múltiples grupos de derechos humanos. Su entrada en vigencia retrocederá aún más la lucha contra la corrupción, facilitará la persecución de defensores y periodistas, y dejará desprotegida a la población vulnerable. Es imperativo que la norma penal del país responda a las realidades y necesidades de la ciudadanía y a los graves índices de violencia, impunidad y corrupción que azotan al país”.